martes, 27 de noviembre de 2012

Europa contra los desahucios

La señora Julien Kokott, tercera mujer que ocupa el puesto de Abogado General ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha declarado en sus conclusiones de 8 de noviembre pasado en el Asunto Mohamed Aziz contra Catalanyacaixa del que conoce este Tribunal, que el sistema español de ejecución hipotecaria es contrario al derecho europeo, ya que priva al deudor de obtener una tutela judicial efectiva para defender sus derechos como consumidor. Las conclusiones de la Abogado no tienen fuerza de obligar y menos aún valor de cosa juzgada. Sin embargo, su figura desempeña un papel esencial en el Tribunal de Justicia, institución que garantiza el cumplimiento del derecho europeo. La función jurisdiccional del Tribunal ha consolidado dos principios básicos que se han convertido en los pilares del edificio jurídico de la Europa unida. El primero, el principio del efecto directo de las normas europeas que otorga a los ciudadanos la facultad de invocarlas ante los tribunales naciones. Segundo, el principio de supremacía del derecho europeo sobre los derechos nacionales que obliga a los jueces a aplicar las normas europeas. Para ayudar a cumplir esta importante función, el Tratado de la Unión atribuye a los órganos jurisdiccionales de los 27 Estados miembros la posibilidad de dirigirse al Tribunal de Justicia cuando, al tener que aplicar una norma europea, consideren que existen dudas sobre su validez o interpretación en el caso concreto que están juzgando. Es lo que se conoce como procedimiento de decisión prejudicial. El juez pregunta al Tribunal Europeo si es de aplicación al caso que juzga una norma europea o como debe interpretarse la misma. El Tribunal contesta a su pregunta y con la respuesta, que si tiene fuerza de cosa juzgada, el juez dicta su sentencia. En este caso que comentamos, el señor Aziz suscribió en julio de 2007 con Catalunyacaixa un préstamo hipotecario de 138.000 euros para adquirir su vivienda familiar. Comoquiera que se demoró en el pago de varias mensualidades, la Caja cargó los intereses de demora pactados, al 18,75%. A partir de mayo de 2008, el señor Aziz dejo de pagar su crédito. La Caja inició, entonces, en marzo de 2009 el procedimiento de ejecución hipotecaria, procedimiento especial y sumario, que restringe los motivos de oposición del ejecutado. Cualquier reclamación que quiera hacer el deudor distinta a los motivos tasados en la Ley, incluso la nulidad del título, vencimiento del mismo, extinción o cuantía de la deuda, no pueden plantearse en el procedimiento hipotecario si no que el deudor deberá interponer otro procedimiento distinto-juicio declarativo ordinario-en el que se resuelvan estas cuestiones, sin que este segundo procedimiento suspenda o paralice la ejecución hipotecaria. En diciembre de 2009, el juzgado decretó la ejecución de la vivienda y en julio de año siguiente tuvo lugar la subasta judicial a la que no acudieron licitadores, por lo que la Caja solicitó la adjudicación del bien por el 50 % del valor de tasación, opción que permite la Ley. El señor Aziz perdió su vivienda, pero siguió debiendo 40.000 euros de principal, más la liquidación de los intereses y las costas. Entonces, el señor Aziz planteó una demanda- esta vez un juicio declarativo ordinario- en el que puso de manifiesto el carácter abusivo de las cláusulas del contrato de préstamo y la nulidad del procedimiento hipotecario ejecutado contra su vivienda. Tramitado este pleito ante el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona, su titular el magistrado D. José María Fernández Seijó, se dirigió al Tribunal de Justicia Europeo para plantearle la cuestión prejudicial de si el sistema de ejecución hipotecaria previsto en la Ley española de Enjuiciamiento Civil limita la protección contra las cláusulas abusivas de los contratos prevista en el derecho europeo. La Abogado General considera, efectivamente, que el procedimiento hipotecario español es incompatible con el ordenamiento europeo de protección de los derechos consumidores, ya que no permite al ejecutado obtener una tutela efectiva de estos derechos, como es, por ejemplo, paralizar o suspender provisionalmente la ejecución forzosa y el desahucio de la vivienda. El fundamento de esta opinión la encuentra la señora Kokott en el llamado “principio de efectividad” que establece que el ordenamiento procesal nacional no puede impedir ni obstaculizar la tutela de los derechos de los consumidores garantizados por las normas europeas. De este modo, se impide que el procedimiento ejecutivo cree una situación perjudicial para el consumidor que posteriormente sea de difícil o imposible reparación. Si el Tribunal de Justicia acoge, finalmente, en su fallo la opinión de la Abogada General, la norma procesal española que no permite esta suspensión de la ejecución hipotecaria no debe ser aplicada por el juez español.

Debemos, pues, estar atentos al fallo del Tribunal de Justicia Europeo en este caso, que puede cuestionar las garantías que goza nuestro sistema hipotecario y condicionar la reforma que está estudiando el Gobierno, después de aprobar el Real Decreto- Ley de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios. Se trata de dar una solución equilibrada a un problema que requiere una reflexión en profundidad sobre nuestra legislación hipotecaria y más en concreto de la Ley concursal y de Enjuiciamiento Civil.

José Luis Ruiz-Navrro
República.com
http://www.republica.com/2012/11/26/europa-contra-los-desahucios_581671/

lunes, 19 de noviembre de 2012

¡Aquel Tratado de Maastricht!

Es curioso que solo muy poca gente se acuerde ahora del Tratado de Maastricht, cuando es en él donde se encuentra el origen de los problemas que tiene ahora la Unión Europea. A base de muchas mentiras se está haciendo creer a la gente que lo que le sucede a los países que sufren las mayores perturbaciones es que han realizado mucho gasto público social y que eso ha aumentado hasta niveles insoportables el peso de la deuda pública, de donde deducen la exigencia de llevar a cabo políticas de austeridad basadas en el recorte de derechos y prestaciones sociales. La realidad es otra bien distinta: lo que verdaderamente ha hecho que crezca la deuda pública (además del impacto más reciente de la crisis financiera internacional y la subsiguiente caída en los ingresos públicos) no ha sido el incremento del gasto público primario (es decir, el asociado a gastos corrientes o de inversión), sino el dedicado a pagar intereses y la deuda que ha ido siendo necesaria para afrontar la deuda anterior.
 
Se calcula que los Estados europeos vienen pagando a la Banca privada unos 350.000 millones de euros cada año en concepto de intereses desde que dejaron de ser financiados por sus antiguos Bancos centrales y después por el Banco Central Europeo (Jacques Holbecq y Philippe Derudder, ‘La dette publique, une affaire rentable : A qui profite le système ?’, Ed. Yves Michel, París, 2009). Esa es, pues, la verdadera losa que ahora lastra a las economías europeas y no en el peso insoportable, como quieren hacer creer, del Estado de Bienestar. No podemos cansarnos de repetir que si los saldos primarios que ha ido teniendo el Estado español desde 1989 se hubieran financiado a un interés del 1% por un Banco central (como es lógico que hubiera sido) el peso de la deuda pública española sería ahora del 14% del PIB y no el 87% actual (Eduardo Garzón Espinosa. ‘Situación de las arcas públicas si el estado español no pagara intereses de deuda pública’: http://eduardogarzon.net/?p=328). Esa es la demostración palpable de que son los intereses financieros y no el gasto social el verdadero origen de la deuda, que se quiere combatir a base de recortar derechos y democracia.
 
Y se olvida ahora que fue el artículo 104 del Tratado de Maastricht el que consagró esa prohibición de que los Bancos centrales financiaran a los gobiernos. Una condición completamente absurda desde el punto de vista económico y financiero, que solo beneficia a la Banca privada, que así ha podido hacer un negocio de dimensiones auténticamente astronómicas: es fácil calcular que gracias a ello los Bancos europeos habrán recibido graciosamente alrededor de unos siete billones de euros desde que se ratificó el Tratado de Maastricht en concepto de intereses. Un dinero, además, que en lugar de haberse dedicado a financiar preferentemente el desarrollo productivo europeo ha sido el que ha alimentado la especulación financiera, la formación de burbujas que al estallar se han llevado por delante a economías enteras y las cuentas multimillonarias que los Bancos europeos mantienen en los paraísos fiscales o que dedican a financiar todo tipo de crímenes y delitos, el tráfico de armas, de personas, de droga o la corrupción política.
 
Para que eso fuese posible, el Tratado también estableció otra medida igualmente carente de fundamento científico: la independencia de los Bancos centrales que, en realidad, simplemente ha sido el procedimiento que permite que actúen con total libertad al servicio de la Banca privada. Prueba de ello es que la gestión de los Bancos centrales desde que son independientes ha sido la menos exitosa de toda su historia, pues en esta época es cuando se ha producido el mayor número de crisis financieras y los episodios más graves de inestabilidad monetaria. Aunque, eso sí, la mayor distribución de renta a favor de los poderosos gracias a la política de tipos de interés y al manejo de la cantidad de dinero circulante.
 
Con tal de favorecer a la Banca privada, el Tratado de Maastricht es el responsable original de que los Estados europeos estén maniatados a la hora de hacer política económica, cuyo éxito se basa inexcusablemente en la coordinación constante entre sus diferentes responsables y entre sus diferentes manifestaciones e instrumentos. Y de ahí, desde Maastricht, que sean tan impotentes para controlar lo que ahora se nos está viviendo encima.
 
También fue ese Tratado el que por primera vez estableció reglas igualmente absurdas de convergencia nominal, que el tiempo se ha encargado de demostrar que eran completamente inútiles para conseguir el equilibrio y la armonía que precisa una unión monetaria para funcionar correctamente y sin generar más problemas que los que resuelve. O las de estabilidad presupuestaria, tan infundadas e injustificadas desde el punto de vista científico, que han sido incumplidas en unas 140 ocasiones por los diferentes Estados. Y cuya perversión se demuestra simplemente preguntándonos en qué situación se encontrarían hoy día los países, ahora más avanzados del mundo, si hubieran estado sometidos a esas normas de estabilidad presupuestaria desde hace 100 o 150 años.
 
Pero el Tratado de Maastricht no solo fue decisivo por la introducción de estas ataduras económicas y privilegios que condenaron a los pueblos de Europa y a sus diferentes naciones a la situación en la que ahora nos encontramos, sino que igualmente lo fue por la forma tan antidemocrática en la que se ratificó, soslayando el debate social sobre este tipo de aspectos esenciales, o mejor dicho, ocultando a los ciudadanos sus consecuencias, e incluso haciendo trampas a la hora de aprobarlo.
 
Maastricht fue, por eso, la primera y más clara alerta de que los constructores y beneficiarios de la Europa neoliberal que allí se ponía en marcha no necesitaban democracia, sino todo lo contrario y que, por tanto, con el Tratado comenzaba su desmantelamiento real.
 
El lado positivo de Maastricht es que demuestra el origen ilegítimo que ha tenido la deuda que injustamente se hace recaer sobre los pueblos europeos. Y, por lo tanto, la primera razón para auditarla en toda Europa y repudiarla cuanto antes.
 
Juan Torres López
Sistema Digital
 

Por una condicionalidad keynesiana

Hace diez años se reunió por primera vez en Florencia el Foro Social Europeo, y ha vuelto a hacerlo, en un contexto de grave crisis como el actual, durante el fin de semana pasado. Coincidiendo con esta convocatoria, se han encontrado también en Florencia diferentes redes de economistas críticos de toda Europa que desean participar activamente en el debate público a favor de un cambio en la orientación de las políticas económicas.

Pero no es sólo Florencia. Por ejemplo, después de tres días de intensa y documentada discusión en Galway (Irlanda), un grupo internacional de economistas críticos, muchos de ellos muy conocidos, elaboró una declaración concisa y sólida, que es el texto que se reproduce en este artículo. Partiendo del evidente fracaso de las políticas de austeridad, del cual los economistas críticos han sido profetas, el documento propone un cambio del órden de prioridades de la política ecnómica europea: el crecimiento del empleo es el objetivo prioritario, que se debe conseguir con una adecuada política fiscal y distributiva que sostenga la demanda agregada; la política monetaria debe estar subordinada a la fiscal, asegurando tipos de intereses mínimos. A diferencia del OMT propuesto por Draghi –el programa de intervención del BCE condicionado a la aplicación de medidas de austeridad- proponemos una condicionalidad invertida: debe garantizarse la intervención del BCE para los países que se comprometan con políticas anti–austeridad, que son aquellas que conjugan el crecimiento con la estabilización de las cuentas públicas. Por tanto, no se trata de ningún aventurismo, sino una “condicionalidad Keynesiana”: los países se comprometen a lograr la estabilidad de la deuda, pero a través de políticas fiscales expansivas apoyadas por el BCE. Y no se provocará tampoco inflación, dada la amplia capacidad productiva inutilizada. El aventurismo, ciego y cínico, es el de la austeridad y sus paladines, nacionales y europeos.

Es fundamental que estos razonamientos sean conocidos y que se transformen en instrumentos de lucha política. Una iniciativa significativa en este sentido tendrá lugar en Madrid, organizada por un grupo de economistas críticos (http://econonuestra.org/) el 22 y 23 de noviembre, con el  apoyo de movimientos sociales y asociaciones estudiantiles españolas, portugueses, griegas, e italianas, como LINK y UDS (los documentos del encuentro y el programa pueden consultarse en www.economy4youth.com). Estarán presentes economistas de los cuatros países involucrados, incluido un diputado de Syriza, y tendré el placer de abrir el encuentro.

Una visión alternativa de la Crisis en la Eurozona
De acuerdo con el diagnóstico más ortodoxo, la crisis en la Eurozona se reduce a una crisis fiscal causada por un excesivo gasto público y una brecha de competitividad entre el Norte y el Sur. Y la solución que se propone desde este punto de vista es eliminar estas diferencias de competitividad a través de una supuesta “austeridad fiscal expansiva” y de reducciones salariales. Sin embargo, hasta el propio FMI admite ya que esta vía es un callejón sin salida.

En nuestra opinión, la raíz de la crisis del Euro se encuentra tanto en la inadecuada configuración institucional de la Eurozona, que no dispone de un auténtico prestamista de última instancia ni de políticas fiscales y salariales suficientemente coordinadas, como en las consecuencias de la actuación de un mercado financiero internacional con excesiva liquidez y poco regulado, que se mostró dispuesto en el pasado a financiar cualquier desequilibrio, sin importar su sostenibilidad.

En Europa se han desarrollado dos modelos de crecimiento mutuamente dependientes. El modelo de crecimiento mercantilista del Norte, liderado por las exportaciones, no hubiera podido sostenerse sin un modelo liderado por el endeudamiento (señalémoslo, fácil de financiar) en el Sur, que tenía como consecuencia la acumulación de déficits comerciales y deuda pública y, sobre todo, privada. Como secuela de la crisis financiera, de hecho, la deuda privada se ha convertido en deuda soberana. Después, las políticas de austeridad impuestas han aumentado el paro hasta un nivel socialmente inaceptable. Si se mantienen, estas políticas llevarán a una depresión económica prolongada y a todavía más descontento social.

Las instituciones europeas no han sido ni son capaces de resolver estos desequilibrios estructurales de un modo adecuado. El desempleo masivo y la privación social que resultan de las políticas de austeridad amenazan la supervivencia de la democracia en la Unión Europea.

Perspectivas alternativas
Partiendo de este diagnóstico alternativo, estamos convencidos de que Europa debe revertir la actual orientación de sus políticas de austeridad. Esto requiere un profundo cambio institucional y político.

En términos de política monetaria, creemos que el BCE debería actuar como un prestamista de última instancia creíble para aliviar la crisis de deuda soberana. Un paso adicional es la regulación estricta de los mercados financieros, siendo necesario separar banca de inversiones de banca comercial.

En términos de política fiscal, el nexo entre el BCE y la condicionalidad fiscal debería transformarse radicalmente. La política monetaria debería apoyar y acomodar reglas fiscales progresivas orientadas claramente hacia la creación de empleo y el crecimiento. El déficit fiscal sólo puede reducirse en una economía que crece.

Estas políticas de estímulo al crecimiento son consistentes con la estabilización a largo plazo de la relación Deuda/PIB y, en la situación actual de paro masivo, estas políticas no suponen ningún riesgo significativo de inflación.

Creemos también que el ajuste necesario debe ser apoyado mediante una política de mayores salarios que estimule el consumo, empezando por los países con superávit (como Alemania) donde las políticas anteriores de restricción salarial han contribuido considerablemente a las crecientes desigualdades en la distribución del ingreso y a los desequilibrios por cuenta corriente en la Eurozona.

Si el Ministro Federal de Finanzas alemán cree en lo que dice, que ningún país puede vivir siempre por encima de sus posibilidades, entonces debe tener igualmente claro que ningún país puede vivir indefinidamente por debajo de sus posibilidades. Esto implica que una parte importante de la solución debe ser un cambio en la política salarial en Alemania.

Debe quedar claro que la prosperidad conjunta de los países de la Eurozona y de sus ciudadanos a través de la expansión de la demanda, y no la contracción de la demanda a través de la consolidación fiscal en beneficio de las altas finanzas, es la condición indispensable para la viabilidad política del proyecto Euro. Debemos tener la honestidad intelectual y el coraje de actuar en consecuencia.

Sergio Cesaratto
Catedrático de Política Económica, Universidad de Siena, Italia*

*La declaración a la que hace referencia este artículo ha sido firmada también por Amit Bhaduri (India), Thomas Boylan (Irlanda), Nadia Garbellini (Italia), Torsten Niechoj (Alemania), Gabriel Palma (Reino Unido), Srinivas Raghavendra (Irlanda), Rune Skarstein (Noruega), Herbert Walther (Austria) y Ariel L. Wirkierman (Italia).

Público.es


viernes, 2 de noviembre de 2012

¿ No hay dinero? " Por supuesto que hay dinero, lo tienen los ricos "

El mismo día en el que comparece Rajoy en el Congreso de los Diputados para repetir - entre otras muchas falacias - uno de sus mantras más queridos, "no podemos gastar más de lo que tenemos", o que la Comunidad de Madrid anuncia la imposición del "euro por receta" a pesar de que criticaron esta medida cuando la aplicaron sus correligionarios de CIU en Cataluña, nos enteramos que la salida de capitales de España se ha multiplicado por 620 en el último año. En concreto en los últimos 14 meses se han fugado de nuestro país 343.000 millones de euros. Aunque hay muchas más evidencias, sólo con observar este dato queda demostrada la falsedad de ese otro mantra que repite la derecha neoliberal que asume que "el Estado no tiene recursos", o que "no tenemos dinero" porque "hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, algo que difunden ampliamente a través de sus medios de comunicación y que muchos ciudadanos han asumido como ciertos.

Queda claro que sí hay dinero, por supuesto que hay dinero, lo que ocurre es que el Estado no lo recoge. ¿Por qué no se gravan los movimientos de capitales?, ¿por qué no existe todavía una tasa a las Transacciones Financieras como vienen reclamando desde hace años organizaciones como ATTAC?. No sabemos quiénes son las personas o sociedades que han sacado su dinero de España, pero sí está muy claro que los capitales siguen campando a sus anchas por todo el mundo sin ningún - o muy insuficiente - control y gravamen. Se hunden las economías europeas, se esquilman los recursos de los Estados, se crea pobreza y miseria entre los ciudadanos, y sin embargo, después de cinco años de "crisis" todavía no se han tomado medidas contra las causas y los causantes de esta monumental estafa financiera y democrática que sufrimos. Los dirigentes españoles, europeos, y mundiales, ocultan deliberadamente que el origen de la "crisis financiera" está en la desregulación de los mercados financieros, iniciada en los años 80 por Ronald Reagan y Margaret Thatcher y ampliadas en 1999 por Clinton cuando el Congreso de los Estados Unidos derogó la ley Glass-Steagall, que separaba la  Banca Comercial de la Banca de inversión; y a la que hay que añadir una continua bajada de los salarios que redujo la demanda interna y desvió las inversiones hacia la economía especulativa, mucho más rentable que la economía productiva. ¿Qué se ha hecho para revertir esta situación?. Nada, absolutamente nada. Qué "risa" da recordar a Sarkozy hablando de "refundar el capitalismo" cuando a principios de la crisis le temblaban las piernas al ver la que se venía encima. Cinco años después es el capitalismo el que ha refundado a las democracias.

En la "rica" Unión Europa capitalista - premio Nobel de la "Paz" - sobreviven 116 millones de pobres, de los que 40 millones sufren "carencia de alimentos" (bonito eufemismo para no decir que pasan hambre). Las autoridades europeas destinan 28 miserables céntimos de euro por día y persona para "luchar" contra esa pobreza europea. Esta misma Europa neoliberal ha regalado a través de su BCE la indecente cifra de 1,6 Billones de euros a los Bancos europeos, de ellos 500.000 mill. a Bancos españoles e italianos, que dedican ese dinero a especular con la deuda pública de los Estados.

En España hay más de 11,5 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social; el 22% de los hogares españoles están por debajo del umbral de la pobreza; 2.267.000 niños viven en España por debajo del umbral de la pobreza. Y en esta misma España, los gobiernos del PSOE-PP han inyectado 52.548 millones de euros de dinero público a los Bancos españoles desde que se desató la "crisis" financiera, a los que hay que sumar  los avales por valor 72.171 millones correspondientes a emisiones de bonos y obligaciones de las entidades bancarias. Y a todo ello habrá que añadir unos 40.000 millones de euros del "rescate" europeo. Un total de 165.000 millones de euros de "rescate" de los ciudadanos españoles hacia los ricos Bancos. Es evidente que sí hay dinero, por supuesto que hay dinero. También podemos añadir los 66.000 millones que defraudan cada año en España las grandes fortunas y las grandes empresas del IBEX 35 (la Marca España).

¿Quién dice que no hay dinero en Europa y en España?. Por supuesto que hay dinero, esos grandes movimientos de capitales así lo demuestran. En los paraísos fiscales también hay dinero a raudales. Pero sobre todo, existe capacidad para crearlo. El BCE y los Bancos Centrales de los Estados de la Eurozona tienen la capacidad de imprimir dinero de forma ilimitada (como hacen con los Bancos) para ponerlo al servicio de la economía productiva, la creación de empleo, la inversión pública, el mantenimiento de los servicios públicos, el desarrollo del Estado del Bienestar, erradicar la pobreza, y en definitiva, de acabar con la recesión económica en la está sumida gran parte de Europa. La inflación es sólo una excusa para no hacerlo. Si no se hace es porque la UE - y la derecha neoliberal española - pretende resituarse en el nuevo orden mundial, y lo hacen devaluando a las personas en lugar de devaluar su moneda, el Euro; es decir, lo hacen a costa de reducir los salarios y la protección social de los trabajadores, y adelgazando el Estado desmantelando el Estado del Bienestar y el sector público, para beneficiar a la Banca y las grandes empresas multinacionales frente a las economías emergentes, mucho más "competitivas". La crisis está sirviendo de excusa para aplicar un guión que ya estaba escrito de antemano. También en España. 

Adolfo Ferrera Martinez
El Mirador