La coacción alemana

La devastadora austeridad impuesta por Berlín a toda la zona euro y en particular a sus socios del Sur (Grecia, Portugal, España, Italia y Chipre) está provocando en estos países una subida de la germanofobia. En sus recientes visitas a Madrid, Atenas y Lisboa, la canciller alemana Angela Merkel ha sido recibida por manifestaciones muy hostiles. Miles de víctimas de las políticas ‘austericidas’ denunciaron en calles y plazas la coacción del “IV Reich” y acogieron a la dirigente alemana con banderas nazis y uniformes de las SS o de la Wehrmacht...

En Francia también –cuando se acaban de celebrar por todo lo alto los cincuenta años del Tratado de amistad franco-alemán, piedra angular de la política europea de París– los amigos del presidente François Hollande ya no dudan en reclamar un “enfrentamiento democrático” con Alemania y acusan al vecino germano de “intransigencia egoísta”. El propio secretario general del Partido Socialista (PS), Harlem Désir, alienta a sus militantes a “colocarse a la cabeza de la confrontación” con Angela Merkel, “la canciller de la austeridad”. Y es que, hasta ahora, se había vivido en la idea de que el carro de la Unión Europea (UE) lo tiraba una yunta de dos Estados, Francia y Alemania, y que tanto montaba, y montaba tanto, París como Berlín. Pero eso –silenciosamente, sin bombo ni platillo–, se ha terminado desde que la crisis, a partir de 2010, golpea violentamente a la mayoría de los países europeos mientras Alemania se afianza como la economía más poderosa de Europa. Francia, que perdió en 2012 su triple A, se descolgó del pelotón de cabeza, y ve ahora cómo su vecino germano se aleja cada vez más, económicamente, de ella...

Hasta en el Reino Unido –que no pertenece a la zona euro–, la clase política se alza igualmente para protestar contra la nueva “hegemonía germana” y denunciar las consecuencias de ello: una “Europa dominada por Berlín, o sea precisamente lo que el proyecto europeo debía, en principio, impedir”. En efecto, la UE fue concebida con la idea de que ningún Estado ni podía, ni debía ser hegemónico. Pero Alemania, después del trauma de la reunificación –que sobrellevó gracias a la solidaridad de todos los europeos– se ha convertido en la gran potencia dominante del Viejo Continente. Es el país rico, sin crisis, que todos envidian y detestan a la vez.

Muchos analistas constatan que la crisis, paradójicamente, es lo que ha permitido a Berlín “conquistar Europa” y alcanzar una posición de dominación que no tenía desde 1941... Lo que le hace decir, con ironía, al semanario Der Spiegel: “Alemania ganó la Segunda Guerra Mundial la semana pasada...” (1).

El hecho es que Alemania lidera en solitario la Unión Europea. Basándose en lo que considera su “éxito económico”, Berlín no duda en imponerle a todos sus socios su detestable receta nacional: la austeridad. En particular a los de la orilla mediterránea, cuyos habitantes son considerados por muchos políticos y por los medios de comunicación alemanes como unos “perezosos”, unos “indolentes”, unos “tramposos” y unos “corruptos”. En cierto modo, esos alemanes están convencidos de que la crisis opone un Norte mayoritariamente protestante, trabajador, hacendoso, austero y ahorrador, a un Sur católico u ortodoxo, gandul, jaranero, vividor y rumboso. ¿No declaró acaso, la propia Angela Merkel, ante los militantes de su partido, la CDU, en mayo de 2011, que “en países como Grecia, España y Portugal, la gente no tendría que jubilarse tan pronto, en todo caso no antes que en Alemania (2), y los asalariados tendrían también que trabajar un poco más, porque no es normal que algunos se tomen largas vacaciones cuando otros apenas tenemos asueto. Esto, a la larga, aunque se disponga de una moneda común, no puede funcionar” (3)?

Otra prueba de esa convicción germana de que mientras el alemán trabaja los ribereños del Mediterráneo viven a la bartola (4), la constituye la provocadora declaración, en Salónica, del ministro adjunto alemán de Empleo, Hans-Joachim Fuchtel, enviado a Grecia por Merkel para ayudar a reestructurar los municipios griegos: “Los estudios demuestran –afirmó Fuchtel– que aquí se precisan tres griegos para hacer el trabajo que haría un solo alemán”. Y partiendo de semejante conclusión, el ministro recomendó el despido de miles de funcionarios locales... Los cuales, al día siguiente, se amotinaron y casi ajustician al cónsul alemán, Wolfgang Hoelscher-Obermaier, al grito de “¡Linchemos a los nazis!” (5)...

Más allá de los viejos clichés –“perezosos” contra “nazis”–, lo que está en juego es la salida de la crisis. Porque, a escala planetaria, las demás grandes economías, Estados Unidos y Japón, han vuelto al crecimiento mientras la UE sigue sumida en la recesión. De ahí que se cuestione más que nunca la “solución única” alemana, basada en la austeridad. Berlín sólo cree en la reducción de los déficits presupuestarios, en la disminución de la deuda soberana y, sobre todo, en la reforma laboral (6). Esta “reforma” ha convertido Alemania en un verdadero “infierno social” para millones de asalariados que trabajan por menos de 5 euros la hora en un país que no posee salario mínimo (7). Uno de cada tres empleos es precario. Y el número de “minijobs”, a menos de 400 euros al mes, se ha disparado. La población alemana es la que más sufre con este “modelo”; en Berlín, uno de cada tres niños vive bajo el umbral de pobreza...

Pero es que, además, está demostrado que la austeridad no funciona y es destructora. Cada mes que pasa, Europa, con ese remedio, se hunde más en la recesión. Los ajustes y los recortes sucesivos matan el crecimiento y tampoco permiten el desendeudamiento de los países. Ya no son sólo los Estados del Sur y sus poblaciones quienes protestan contra las políticas de ajuste, a ellos se suman ahora, entre otros, los Países Bajos, Suecia, los socialdemócratas alemanes y la propia Comisión Europea que considera que “la austeridad ha alcanzado sus límites”. Sobre todo cuando las tesis “científicas” de los profesores Kenneth Rogoff y Carmen Reinhart, en las que se basaban las políticas de austeridad, se han revelado falsas; no se apoyaban en ninguna racionalidad económica (8).

Es hora, por consiguiente, de ir pensando en otras soluciones. Berlín y el “merkiavelismo” (9) pretenden que no las hay. Pero es fácil demostrar lo contrario. Por ejemplo, se le podría dar mucho más tiempo –como ya se está empezando a hacer– a los países europeos para alcanzar el célebre 3% de déficit presupuestario; y también cuestionar esta absurda “regla de oro”...
Habría que reducir el valor del euro, moneda demasiado fuerte para la mayoría de los países de la eurozona, y estimular de ese modo las exportaciones. Japón, segunda economía del mundo, lo ha hecho bajo la dirección de su nuevo Primer ministro conservador, Shinzo Abe, inundando la economía de liquidez (todo lo contrario de la austeridad) (10), reduciendo en seis meses el valor del yen un 22%, mientras la tasa de crecimiento daba un espectacular salto adelante situándose en un 3,5% anual...

Otra perspectiva: los 120.000 millones de euros previstos en el Pacto Fiscal que se firmó el año pasado para el “estímulo del crecimiento”... ¿Qué espera la UE para decidirse a gastarlos? ¿Y los 5.000 millones de euros disponibles de los “Fondos Estructurales Europeos”? ¿Por qué no se utilizan? Con sumas tan colosales, ya presupuestadas, se podrían realizar grandes obras de infraestructura y dar trabajo a millones de desempleados... O sea un verdadero New Deal europeo, o como dice Peer Steinbrück, el candidato socialdemócrata rival de Angela Merkel en las elecciones legislativas alemanas del próximo 22 de septiembre: “Necesitamos un auténtico Plan de desarrollo y de inversiones europeo para estimular un crecimiento sostenible. Porque lo que está en juego no es la estabilidad del euro, sino la estabilidad de todo nuestro sistema social y político. La injusticia social amenaza la democracia” (11).

Otra alternativa a la austeridad consistiría en imitar lo que hizo Berlín después de la reunificación en 1993 en beneficio de los Länder del Este, creando un pequeño impuesto indoloro del 1%. A escala europea supondría un fondo de unos 200.000 millones de euros al año que no les vendría mal a los países en dificultad...

Otra medida sería que la canciller Merkel se decidiese a subir los salarios en Alemania, con lo cual relanzaría el consumo interno, estimularía su propia economía (que con un crecimiento de apenas el 0,1% en el primer trimestre de 2013 ronda la recesión), aumentaría las importaciones procedentes de los demás países europeos y pondría así en marcha el motor del crecimiento en toda la Unión.

Y ni siquiera abordamos aquí otras soluciones como sería sencillamente el abandono del euro y el retorno al Sistema monetario europeo, propuesto recientemente por Oskar Lafontaine, ex ministro de Finanzas alemán y fundador de Die Linke. Como vemos, las soluciones no “austeritarias” existen ¿a qué esperan los gobiernos para adoptarlas?

(1) Georg Diez, “Wir Technokraten mit Goethe unterm Arm”, Der Spiegel, Hamburgo, 11 de noviembre de 2011. http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/s-p-o-n-der-kritiker-wir-technokraten-mit-goethe-unterm-arm-a-797175.html
(2) Esta afirmación es errónea, según la propia prensa alemana, que cita las estadísticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la edad media de jubilación efectiva en Grecia (61,9), España (61,8) y Portugal (67) es semejante, o incluso superior, a la de Alemania (61,8). (Sven Böll y David Böcking, “Merkel's Clichés Debunked by Statistics”, Der Spiegel, Hamburgo, 19 de mayo de 2011.
(3) Ibidem. http://www.spiegel.de/international/europe/the-myth-of-a-lazy-southern-europe-merkel-s-cliches-debunked-by-statistics-a-763618.html
(4) Según un sondeo, el 40% de los alemanes tacha a los españoles de “ociosos o poco trabajadores”. En el mismo sentido, los italianos reciben calificaciones semejantes a las de los españoles, mientras los griegos aún son peor calificados. ABC, Madrid, 24 de abril de 2013.
(5) AFP, 15 de noviembre de 2012.
(6) Esta reforma del mercado del trabajo, es lo que se conoce generalmente como “reforma Schröder”, por el nombre del canciller socialdemócrata Gerhard Schöder que las adoptó – “Agenda 2010”– en 2003-2005. Consiste esencialmente en abaratar los costes del trabajo, facilitar el despido, reducir las indemnizaciones para “flexibilizar” el mercado de trabajo en el sector de los servicios y dar mayor “competitividad” a la economía. O sea un desmantelamiento de los derechos laborales.
(7) En el campo, millones de rumanos y búlgaros son empleados a 3 ó 4 euros la hora...
(8) El País, Madrid, 26 de abril de 2013.
(9) Concepto propuesto por el sociólogo alemán Ulrich Beck. Léase Le Nouvel Observateur, París, 16 de mayo de 2013.
(10) A pesar de que la deuda de Japón representa el 245% de su PIB...
(11) Le Monde, París, 17 de mayo de 2013.

Ignacio Ramonet
Le Monde Diplomatique 
http://www.monde-diplomatique.es/?url=editorial/0000856412872168186811102294251000/editorial/?articulo=5eb3b189-38e8-4519-8dae-f43ee4e4355b

Imagen: Wolfgang Schaüble. Ministro de Finanzas alemán

¿Nos gastamos más de lo que tenemos?

Este artículo cuestiona el argumento de que en España nos estamos gastando más de lo que tenemos, aportando datos que demuestran su poca credibilidad.

Una de las frases que los establishments políticos, financieros y mediáticos remarcan constantemente es que “nos estamos gastando más de lo que tenemos”. De ahí que se nos diga por parte de estos establishments que hay que ser más austeros, a fin de ahorrar y devolver el dinero que habíamos pedido prestado y gastado. Hasta aquí el dogma y la sabiduría convencional repetida día tras día en los mayores medios de difusión, dogma que se promueve para justificar los recortes de gasto público y, muy en particular, del gasto público social.

Este dogma, sin embargo, carece de credibilidad. Y los que lo están promoviendo son conscientes de ello. De ahí que tengan un gran temor a que aparezcan y se escuchen voces críticas en los medios de información de mayor difusión que muestren los datos que cuestionan sus argumentos, demostrando su falsedad. Y puesto que tienen una enorme influencia sobre tales medios de información, evitan que esas voces críticas aparezcan en esos medios. En realidad, la evidencia empírica existente permite muy fácilmente señalar no solo la falsedad de esos argumentos, sino también la motivación existente detrás de los recortes. Veamos los datos, comenzando por el argumento de que no tenemos dinero para gastarnos, por ejemplo, en nuestro ya subfinanciado Estado del Bienestar.

España, incluyendo Catalunya, no es pobre. Todo lo contrario. España es ya casi tan rica como el promedio de los países de la UE-15, que es el grupo de países más ricos de la UE. Su PIB per cápita es ya el 94% del PIB per cápita promedio de la UE-15. Y Catalunya es incluso más rica: su PIB per cápita es el 110% del promedio de la UE-15. Y, sin embargo, tanto España como Catalunya se gastan mucho menos en su Estado del Bienestar que el promedio de la UE-15. El 74% en el caso de España, y el 72% en el caso de Catalunya. Es decir, el gasto público social (que incluye el gasto en transferencias públicas –como las pensiones- y en servicios públicos –como sanidad, educación, servicios sociales, entre otros-) por habitante en España y en Catalunya es sólo el 74% y el 72% del gasto público social por habitante promedio de la UE-15. En realidad, si España se gastara en su Estado del Bienestar lo que le corresponde por el nivel de riqueza que tiene, España se gastaría 66.000 millones de euros más al año, y Catalunya 19.600 millones. Este dinero existe en España y en Catalunya. Lo que ocurre es que el Estado no lo recoge. En realidad, tanto España como Catalunya tienen los ingresos al Estado (tanto central como autonómico) más bajos de la UE-15. Y ello como consecuencia de que tanto el Estado central como la Generalitat de Catalunya ingresan muy poco. Y ahí está el problema. No es, pues, que nos gastemos más de lo que, como país, tenemos, sino que ingresamos al Estado (central y Generalitat) menos de lo que tenemos. Y de esto casi nada aparece en los medios de mayor difusión. ¿Por qué?

La gran mala distribución de las rentas

La respuesta a esta pregunta que dan los medios del establishment es que la gente no quiere ni oír hablar de subir impuestos. Y de ahí el discreto silencio de los medios. Pero la evidencia existente muestra otra realidad. De hecho, la mayoría de la gente que trabaja y está en nómina ya paga impuestos a un nivel semejante (algo menos, pero no mucho menos) al promedio de la UE-15. La evidencia esta ahí para aquellos que quieran verla. Los trabajadores de la manufactura, por ejemplo, pagan un porcentaje de su sueldo en impuestos semejante a lo que paga en impuestos el trabajador de la manufactura promedio de la UE-15. Los que no pagan impuestos no son la gente normal y corriente, sino una minoría enormemente poderosa que controla los medios, en los que goza de una enorme influencia, y que deriva sus rentas de la propiedad del capital. Estamos hablando de las grandes fortunas, de las grandes empresas y de la banca, y que en España deja de pagar al Estado (central, Generalitat y otras CCAA) 44.000 millones de euros al año. Y la situación ha empeorado todavía más durante la crisis. A pesar de que teóricamente los impuestos han subido (de acuerdo con las medidas tomadas por el gobierno del PP para reducir el déficit), los ingresos al Estado han bajado nada menos que seis puntos del PIB, pasando del 36% al 30%. La respuesta tradicional es que este descenso de ingresos al Estado se debe al descenso de la actividad económica, lo cual es cierto, pero no es suficiente para explicar un descenso tan marcado. El descenso de la actividad económica, aún cuando ha sido muy notable, ha sido menor que la bajada de ingresos al Estado. Y puesto que la mayoría de la gente que trabaja y está en nómina ha visto aumentar sus impuestos, debe entonces preguntarse por qué no suben los ingresos al Estado. Y la respuesta es, en parte, que hay menos gente trabajando y pagando impuestos, pero otra razón es que la falta de contribución al Estado de aquella minoría que deriva sus rentas del capital ha continuado, e incluso se ha incrementado. Mientras se está recortando más y más en el Estado del Bienestar, la gente rica y súper rica está evitando, cada vez más, pagar impuestos.

Esta situación, muy clara y acentuada en los países periféricos de la Eurozona (como España, Grecia, Portugal e Irlanda), pero presente en todos los países, ha alcanzado un nivel escandaloso. Según la propia Comisión Europea (su Comisaria de Fiscalidad) cada año en la Unión Europea los Estados que la componen pierden un billón (repito, un billón, con “b”) de euros debido a la evasión y fraude fiscal, cantidad que sería más que suficiente para evitar todos los recortes en dichos países. España contribuye a esta cantidad con la friolera cantidad de 90.000 millones de euros, cantidad que, de nuevo, evitaría tener que hacer recortes. Y toda la evidencia acumulada es que la mayoría del fraude fiscal ocurre entre las grandes empresas, la banca y las grandes fortunas. Y mientras tanto se subraya en los medios que “nos gastamos más de lo que tenemos”, cuando la evidencia es abrumadora de que el problema está en que el Estado (tanto central como autonómico y local) no está recogiendo tanto como podría y debería hacerlo. Y, ¿por qué no lo hace? La respuesta es la influencia que tales sectores de la sociedad (los establishmnents financieros y de las grandes empresas) tienen sobre el Estado, tanto en sus ramas ejecutivas –el gobierno- como en la legislativa –las Cortes y los Parlamentos Autonómicos-. Así de claro. Y de ahí el enorme desprestigio y pérdida de legitimidad de las instituciones llamadas representativas. No es de extrañar que el eslogan del 15-M “no nos representan” sea compartido –según las últimas encuestas- por el 78% de la población española.

La escasa capacidad redistributiva del Estado (tanto Central como Autonómico)

Una prueba más de la enorme influencia que los establishments financieros y empresariales (de las grandes empresas) así como las clases pudientes, tienen sobre el Estado (lo que la ciudadanía suele llamar la clase política) aparece en el escasísimo impacto redistributivo del Estado en España, uno de los menos redistributivos de la UE-15- Así, las transferencias y servicios públicos reducen la pobreza en España solo 4 puntos, pasando a ser del 24% de la población a un 20%, en comparación a 8 puntos, pasando del 24% al 16% en el promedio de la UE-15 y 14 puntos, pasando del 27% al 13%, en Suecia (donde históricamente las fuerzas progresistas han sido más influyentes desde la II Guerra Mundial). Tal reducida capacidad redistributiva del Estado aparece también en Grecia, Portugal e Irlanda, países donde las fuerzas conservadoras han tenido históricamente gran influencia sobre sus Estados. En realidad, en estos países las rentas del capital han subido de una manera muy marcada a costa de las rentas del trabajo, habiendo alcanzado en España una situación nueva este año, en que las primeras ya son mayores que las segundas. Y de ello apenas se habla en los medios de mayor difusión. En su lugar, se acusa al Estado de gastarse más de lo que el país tiene. La evidencia, resumida n este artículo, muestra claramente que el país tiene tales recursos. Lo que ocurre es que aquellos que los tienen, con la ayuda de sus instrumentos políticos gobernantes, no quiere contribuir con ello al Estado tal como hace la mayoría de la población empleada en España.

Vicenç Navarro

http://www.vnavarro.org/?p=9089 

La UE, contra los derechos laborales

En las últimas semanas, la Comisión Europea y el comisario de Empleo han hecho una serie de «recomendaciones» al Estado español que suponen la solicitud de la enésima contrarreforma laboral y la apuesta por el modelo de relaciones laborales neoliberal.

El vicepresidente de la Comisión, Olli Rehn, requiere romper con el vínculo existente entre sueldos e inflación. Alguien le debería explicar que la legislación vigente y las actuaciones gubernamentales no garantizan que los sueldos se incrementen como lo hace la inflación, además de ser España el Estado de la Unión que registró la mayor caída en sus salarios en el último trimestre del 2012, el 4,3 %, frente a un aumento del 1,4% del conjunto de los 27 miembros de la Unión Europea.

También el semanario Der Spiegel reproducía las declaraciones de la Comisión Europea en el sentido de que «se debía superar la rigidez del mercado laboral y reducir el coste del despido». Curiosamente, nos siguen hablando de rigidez cuando la legislación vigente permite modificar cualquier condición de trabajo con una ligera justificación. Respecto a las extinciones contractuales debemos recordar que la mayoría de los contratos realizados en el 2012 han sido temporales y les corresponde una indemnización de apenas 9 días por año trabajado. De la misma manera, tras la ley 3/2012 se posibilita de facto la extinción objetiva, con una indemnización de 20 días por año con el tope de una anualidad para la práctica totalidad de empresas, habiendo generado que los costes del despido para las sociedades mercantiles bajasen un 23% en el 2012. Si fuese muy costosa la indemnización, sería inexplicable los 850.000 empleos perdidos en el ejercicio.

La gran alternativa laboral que nos ha ofrecido el comisario de Empleo ha sido el contrato único, del que no sabemos si es peor su resultado o sus justificaciones.

La primera argumentación que se utiliza para la nueva modalidad contractual es que reduciría la temporalidad porque todos los contratos serían indefinidos. En el terreno de la práctica lo que determina la estabilidad de una relación laboral no es la formalidad del contrato sino la dificultad y el coste de su extinción. Así, esta nueva realidad en la que no sería necesaria causa alguna para proceder a extinguir el contrato y la indemnización correspondiente nunca sería superior a las ahora vigentes, provocaría que trabajadores y trabajadoras estemos ante un fácil y rápido despido.

La segunda argumentación que se utiliza para justificar su supuesta necesidad es que se crearía empleo. Debemos de entender que la creación de empleo, e incluso la contratación, no dependen de la facilidad que se establezca para despedir, sino por la existencia de demanda y la necesidad de fuerza de trabajo. Por el contrario, facilitar la extinción contractual provoca que el despido pase a ser el primer recurso empresarial ante situaciones de inestabilidad económica o rechazo del trabajador, tal y como hemos podido comprobar en estos últimos años.

La tercera argumentación es que se acabaría con la dualidad entre temporales e indefinidos. Lo que no se explica es que se estarían reduciendo derechos de los indefinidos, que verían cómo con el nuevo contrato ya no percibirían una indemnización de 33 o 20 días por año trabajado durante los primeros años de relación laboral, sino otras significativamente más reducidas. Por el contrario, la realidad de contrato temporal que tendría garantizada una indemnización mínima de 9 días por año (hasta 12 días por año a partir del 2015) y máxima de 33 días por año (en los supuestos de fraude de ley en la contratación) en ningún caso mejorarían las mismas.

Por último, desde la Comisión se criticaba la aplicación que hacen los jueces españoles de la legislación laboral. Lo que realmente se reclama, como antes lo han pregonado los sectores patronales, es que la judicatura no interprete la normativa con la consiguiente indefensión para trabajadores y trabajadoras. Hasta la fecha, con las sucesivas contrarreformas sociales, se ha vaciado de contenido el Estado social; ahora, además, con la solicitud de que los jueces no interpreten, no juzguen, y, por lo tanto, no cumplan con la función jurisdiccional, se estaría cuestionando la propia esencia del Estado de derecho.

En definitiva, de la misma manera que las instituciones de la UE han impuesto un determinado modelo social a través de la limitación del déficit público, pretenden ahora un sistema social de relaciones laborales precarias. No solo no refuerzan derechos como necesidad y garantía de protección ante los efectos de la crisis sino que construyen un modelo laboral degradado como realidad permanente para el futuro.

Vidal Aragonés

El Periódico.com

http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/contra-los-derechos-laborales-2402361

“Más Europa” sí, pero ¿a qué precio?

Cuando terminó la segunda guerra mundial, que provocó un enfrentamiento entre los países de Europa con un coste de vidas y bienes que destrozó el viejo continente, algunos dirigentes europeos —como Adenauer, Churchill, De Gasperi—, pensaron que era el momento de buscar nuevas bases de entendimiento entre las naciones europeas. Y para ello prefirieron comenzar por el comercio: en los años cincuenta se funda la Comunidad Europea del Carbón y del Acero entre unos pocos países, que fue el embrión de los acuerdos más ambiciosos que habrían de seguirle, como el Tratado de Roma que consagra la Comunidad Económica Europea o Mercado Común, antecedente inmediato de la actual Unión Europea, veintisiete naciones que comparten una amplia legislación común y muchas de ellas la misma moneda.

Cuando los tratados comerciales iniciales maduraron hacia la actual unión política, muchos pensamos —ingenuamente— que esto inauguraba un modelo único en el mundo por su amplitud y contenidos, que podía dar lugar a una Europa confederal que terminara una vez con rivalidades etnocéntricas y guerras fratricidas y generara una mayor igualdad social entre los países. Nos equivocamos, como siempre: el carácter comercial del los orígenes de la Unión ha vuelto a imponerse sobre las decisiones políticas. O mejor dicho: las decisiones políticas han adoptado como modelo los intereses comerciales, subordinando a ellos los objetivos políticos de la Unión.

Pero con una diferencia con el pasado: si en los comienzos los tratados comerciales se referían a la economía real, ocupándose de bienes tan concretos como el carbón y el acero, en la actualidad el protagonismo ha pasado a abstractas transacciones financieras gestionadas por especuladores cuyo anonimato los convierte en invulnerables frente a cualquier legislación y cuyo poder llega a poner y quitar gobiernos y modificar constituciones, como ha sucedido en nuestro país. Pero lo realmente grave de esta situación consiste en la sumisión del poder político frente a estos intereses. Los bancos alemanes y otras entidades financieras, que han tenido buena parte de responsabilidad en la crisis, han conseguido que el gobierno de Alemania —entre otros— represente sus intereses ante la Unión Europea, haciendo cierta la afirmación de Marx, que consideraba al Estado como representante político de los intereses del capital.

Esta defensa de la Sra. Merkel y sus aliados de los intereses de la banca no sería excesivamente preocupante si no fuera porque la legislación de la Unión Europea les concede suficiente poder para imponer sus decisiones a los demás países, y sobre todo para bloquear políticas que hagan posible el crecimiento que necesitan las naciones más débiles. Resulta sintomático el hecho de que Grecia, el país del que ha surgido la cultura europea, esté al borde de la ruina. Está dentro de la lógica del sistema capitalista que los mercados financieros tengan miras cortas: a un acreedor lo único que le interesa es que los deudores dispongan de fondos suficientes para saldar sus deudas en los plazos estipulados. Sería impensable que un especulador se preocupara por el crecimiento sostenible a largo plazo, el problema del paro, la sanidad, la educación o la política científica. Pero que la jefa de gobierno de la nación más poderosa de Europa se convierta en intérprete de los intereses financieros de sus bancos y sea capaz de bloquear el crecimiento de muchos países para salvar las ganancias de una economía improductiva a costa del bienestar de millones de ciudadanos, constituye un hecho que pone en cuestión el mismo concepto de la Unión. Sus declaraciones, afirmando que “no habrá eurobonos mientras yo viva”, se parecen más a una frase pronunciada por un monarca absoluto que por uno de los veintisiete gobernantes de la Unión.

El problema de fondo radica en la alternativa entre política y economía. Aristóteles decía que la finalidad de la política —inseparable de la ética— se orientaba a  “vivir bien” otorgándole por ello un papel privilegiado entre las ciencias. La economía forma parte, sin duda, de este bien vivir, en cuanto es la que regula, según su etimología, “el gobierno de la casa”. Pero para cumplir su función debe estar subordinada al bienestar general que busca la política. Y supongo que nadie en su sano juicio puede pensar que la gestión actual de la actividad financiera tiene como finalidad asegurar el “vivir bien” de la mayoría de los ciudadanos: los intereses de esos mercados afectan a un contado número de personas, cuyo poder y riqueza ha ido aumentando a medida que una economía abstracta, que solo maneja símbolos, ha desplazado el intercambio de bienes y servicios que constituía su función original. La política ha acompañado este desplazamiento, aceptando la prioridad de las finanzas por encima de los intereses concretos de los ciudadanos: si es necesario estos deben hacer sacrificios para que cuadren las cuentas de un reducido número de especuladores.

Esta pérdida de protagonismo de la política ha sido gestionada por una clase dirigente de vuelo bajo, preocupada por su futuro inmediato e incapaz de pensar en un proyecto a largo plazo para Europa y mucho menos para el mundo. Basta recordar  nombres como Churchill, Adenauer, De Gasperi u Olof Palme para advertir el vacío de talento que predomina hoy entre los dirigentes europeos. Un vacío que hasta admitió a un personaje como Berlusconi al frente de una de las naciones más importantes de esta pobre Europa. Es evidente que la grandeza de esos antiguos políticos no constituye por sí misma una garantía de acierto en sus decisiones, pero también es evidente que la mediocridad actual es casi una garantía de fracaso.

Se repite hasta la saciedad que los problemas de Europa solo se pueden solucionar con “más Europa”. Sin duda es verdad. Pero para que esta solución sea eficaz es necesaria una profunda revisión de la legislación europea, para que sea capaz de dirigir la gestión de las finanzas y no se limite a complacer a los mercados para ganarse su confianza. No faltan propuestas concretas de razonables economistas en este sentido: la creación de una potente banca pública, los impuestos a las transacciones financieras, una agencia de riesgos europea, la lucha contra los paraísos fiscales, el control de la evasión impositiva, la emisión controlada de eurobonos. Algunas de ellas discutibles y difíciles de aplicar, sin duda, pero que indicarían que la política no está dispuesta a ser esclava de la economía, y mucho menos de la economía financiera actual.

¿Qué significa en la actualidad el mantra de “más Europa”? ¿Seguir cediendo competencias nacionales, como la política fiscal, a los intereses de los bancos y gestores financieros para que sus inversores vuelvan a confiar en nosotros? Nada sería más deseable que una Europa unida, a la cual los países que la integran pudieran ceder sus competencias nacionales en la seguridad de que los objetivos políticos comunes tienen prioridad sobre los intereses de algunos especuladores. Y que desapareciera el derecho de los países más poderosos económicamente a imponer sus decisiones al resto. Aunque nada justifica actualmente este optimismo, creo que merece la pena seguir  intentándolo.

Augusto Klappenbach
Filósofo y escritor
Público.es 
http://blogs.publico.es/dominiopublico/6724/mas-europa-si-pero-a-que-precio/

Qué pasa en Chipre y por qué

La mayoría de la gente se ha quedado muy sorprendida cuando se ha dado a conocer que la Troika (la Comisión Europa, el Banco Central Europeo y el FMI) acaba de dar un préstamo a Chipre a condición, además de privatizar servicios públicos y recortar gastos, de establecer un impuesto sobre los depósitos bancarios del 9,9% (como si las oferta de un supermercado se tratase) para los de más de 100.000 euros y del 6,75% para los de menos.

Cuando los chipriotas salieron corriendo a los cajeros automáticos para sacar su dinero se encontraron con que la cantidad correspondiente a ese impuesto no la podían sacar, se había establecido un corralito bajo la forma de simple y pura incautación. Y, como siempre suelen suceder estas cosas, sin que haya habido de por medio una decisión del Parlamento que es en donde se supone que radica la soberanía popular que debe acordar las grandes decisiones en las sociedades que se llaman democráticas.

Chipre es una de las economía más pequeñas de la Unión Europea (sus depósitos bancarios representan más o menos el 0,2% de los totales) y un país escasamente conocido por los europeos, si no es por su tradicional oferta turística. Pero ahora conviene saber algo más de él porque igual resulta que lo que ha pasado allí vuelve a suceder dentro de poco en las economías más grandes de Europa.

Una brevísima historia

Chipre mantuvo desde los años noventa una economía modesta y relativamente saneada gracias a su oferta de turismo tradicional. Sin embargo, entre 2001 y 2008 su PIB creció un 3,7% de media, bastante más que el de la mayoría de los países de la Unión, mientras que su deuda pública se mantuvo baja, sin ni siquiera llegar, cuando estalló la crisis, al 60% exigido por la UE.

Pero a partir de 2010-2011 las cosas se pusieron mal para la banca chipriota, las agencias de calificación rebajaron la nota a Chipre y el 26 de junio de 2012 el gobierno solicitó formalmente una ayuda a la Unión Europea. Lo que había pasado en esos años de crecimiento y las razones de la caída son muy parecidas a lo ocurrido en otros lugares de Europa.

Chipre entró a formar parte del euro en 2007 pero había vinculado su moneda con la europea desde antes. Eso le permitió tener tipos de interés reales muy bajos y como al mismo tiempo ofrecía impuestos muy ventajosos (en realidad, actuaba como un auténtico paraíso fiscal) registró grandes entradas de capital que le permitían crecer mucho. Muchas de ellas (algunas estimaciones dicen que entre el 30 y el 40% del total de los depósitos) procedentes de los oligarcas rusos que blanqueaban allí su dinero, y también del Reino Unido e incluso (cuando estalló la crisis) de Grecia.

Los bancos canalizaron la entrada de esa gran cantidad de liquidez y la dedicaron en su mayor parte a financiar una burbuja inmobiliaria muy parecida a la de España. Y a partir de 2008-2009 a comprar grandes volúmenes de deuda griega que era muy rentable por la presión que los mercados ejercían sobre el país heleno (los bancos chipriotas dedicaron a ello el equivalente al 25% del PIB de Chipre).

Los economistas neoliberales, y entre ellos las autoridades europeas, habían estado considerando en los años de bonanza que un sector bancario super desarrollado y los impuestos muy bajos eran una gran virtud de la economía de Chipre (lo mismo que decían de Irlanda). La realidad se encargó de poner su sabiduría en su sitio: cuando en 2011 se realizó una quita de la deuda griega (como será inevitable que vaya ocurriendo en otros países), los bancos chipriotas quebraron. Y los bajos impuestos solo se tradujeron en un mayor incremento de deuda y en casi una nula capacidad de maniobra cuando la dinámica se torció y los gastos públicos tuvieron que elevarse (entre otras cosas, porque el desempleo se disparó).

Y en medio de todo eso, no se puede olvidar que también hubo (como en otros países europeos y también aquí en España) un banco central dirigido por cómplices de los banqueros que no dijeron nada cuando se estaba larvando el desastre.

La intervención

Ahora, como ya ocurriera en otros países, los bancos quebrados arrastran tras ellos al conjunto de la economía. Es normal. Ya lo hemos dicho muchas veces: la financiación es como la sangre de la economía y sin ella, la actividad económica muere sin remedio. Es verdad que dejarlos caer sin alternativa de financiación es suicida, pero no lo es menos dejarlos vivir simplemente como zombis que se tragan todos los recursos que les den.

En cuanto cambió ganó las elecciones y entró en el gobierno el protegido de Merkel, la suerte estaba echada, aunque esta vez la Troika ha ido mucho más lejos de lo que podría esperarse porque, con tal de darle un empujoncito más a la alemana frente a su electorado, se ha tomado una decisión que se vende de nuevo como el castigo ejemplar a los derrochadores (ahora en forma de mafiosos rusos) pero que puede hacer saltar el sistema bancario europeo.

Tratar de rescatar a un sistema bancario muerto, como el chipriota, significa más o menos duplicar la deuda pública del Estado (situarla en el 150% del PIB). El préstamo que le dan a Chipre y que irá directamente a los bancos será de 10.000 millones de euros. Poco para Europea (recordemos que solo Francia y Alemania se gastaron ochenta veces más para rescatar a sus bancos) pero mucho para Chipre: casi la mitad de su PIB.

Lo que equivale a decir que será materialmente imposible que se pueda pagar y muchos menos con el plan de austeridad que también se impone. Tendrá que haber nuevas quitas más adelante pero, mientras tanto, la Troika hunde así hasta la miseria a otro país que hasta ahora más o menos salía adelante (aunque, desde luego, podría haber salido mucho mejor si la Unión Europea no fuese cómplice de los paraísos fiscales y no se hubiera alentado un modelo de financiarización neoliberal insostenible).

Pero eso, en el caso de Chipre, no es todo. Con la incautación de una parte de los depósitos bancarios la Unión Europea se salta sus propias normas y abre la espita para que la gente acuda cuanto antes a los bancos a retirar su dinero. No solo en Chipre, donde ya está sucediendo sino en otros países. Veremos a ver si no se da ahora la paradoja de que haya sido la propia Troika quien va a hundir también a los bancos al provocar que la gente saque el dinero de ellos ya no solo por indignación sino por la desconfianza que ella misma ha provocado

Claro que esto no será un desastre para todos. Ya hay muchas páginas web especializadas que aconsejan que los ahorradores europeos se lleven el dinero a bancos de Alemania, Holanda, Finlandia o Luxemburgo. Sus bancos harán el agosto anticipadamente.

Una vez más la Troika actúa con una falta de inteligencia y con una desfachatez imperdonables. Se va a cargar para muchos años el sistema bancario chipriota, al intentar revivir a un muerto que no podrá levantar cabeza. Hunde una economía al dejarla sin financiación, mucho más endeudada que antes y sin recursos para poner en marcha la actividad económica. Empobrece para décadas a una población a la que hace responsable de los desmanes de la banca, a la que se limita a rescatar graciosamente. Y no hace, por mucho que diga que actúa contra el dinero negro de los rusos, por acabar con los paraísos fiscales. Aunque eso sí, siembra en ese desastre las bases para que grandes grupos empresariales se hagan con la riqueza de los chipriotas, con sus recursos naturales y con sus servicios públicos.

¿Hasta cuándo?

Juan Torres López

Público.es

http://blogs.publico.es/juantorres/2013/03/18/que-pasa-en-chipre-y-por-que/

El rapto de Europa

El 23 de febrero cientos de miles de personas se manifestaban en España convocadas por la Marea Ciudadana bajo el lema "por la democracia, la libertad y los derechos sociales". El próximo 10 de marzo, la ciudadanía volverá a las calles, convocada por la Cumbre Social, gritando "contra el paro y la regeneración democrática", en una semana de protestas de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y un crisol de organizaciones sociales (Alter Summit) que se manifestarán "contra la Europa de los mercaderes". 

Todos esos lemas resumen la indignación de la ciudadanía, que sufre recortes de servicios públicos y del sistema universal de protección social; aumento del desempleo, reducción de salarios y deterioro de las condiciones de trabajo; y un trato injusto frente a tanta corruptela, fraude, despilfarro y malas prácticas que corroen las cúpulas del PP, de la CEOE o de varias empresas del Ibex, sin sanción y cambios legislativos reparadores.

Si la corrupción, despilfarro y fraude son pecados que tienen una mayor intensidad en los países del sur y este de Europa, no pueden servir de coartada para que los gobiernos del norte se desentiendan de su corresponsabilidad en la crisis económica y el deterioro de las condiciones de vida en toda la Unión. La CES y el Alter Summit reclaman una mayor justicia social, el fortalecimiento del Estado del Bienestar y la derogación del Pacto por la Estabilidad y el Crecimiento, que con su receta dogmática de austeridad y competencia salarial está precipitando a los trabajadores de toda Europa a un foso de pérdida de calidad de vida, incierto porvenir y desigualdades crecientes.

26 millones de parados; políticas que destruyen empleo y aumentan la concentración de la riqueza, la emigración y el miedo; una desigualdad en la renta familiar media que supera la relación 1:10 entre la región más pobre y la más rica de la UE; unos salarios mensuales que van de los 300 ? a los más de 100.000 para algunos profesionales; un peso cada vez mayor de las rentas del capital frente a los salarios; y un 23% de población en el umbral de la pobreza, frente a un 3% que pertenece a la casta de los millonarios. Estos son los datos del malestar que recorre Europa, y para los que no hay respuesta adecuada en las instituciones comunitarias y en los gobiernos nacionales.

El rescate bancario en Europa, que ha costado más del 13% del PIB de la UE ha incorporado leña a la hoguera, pues se han cubierto los riesgos de los prestamistas, que se beneficiaron del boom especulativo, con deuda pública de la que responden los contribuyentes europeos. Y en el caso de España, no solo hemos socializado las pérdidas del sector financiero, sino que hemos blindado sus créditos al sector público, pues intereses y amortización de sus préstamos están garantizados por la Constitución, caiga quien caiga, aunque para hacer frente a esos pagos se tengan que poner a la cola proveedores, cerrar servicios públicos, reducir drásticamente las prestaciones sociales y malvender o privatizar el patrimonio público. 

Es inmoral exigir la garantía del pago de la deuda (en España, 40.000 millones de intereses al año y más de 300.000 millones que habrá que amortizar para cumplir el objetivo del 60% de deuda sobre el PIB que exige el Tratado de Lisboa), cuando las políticas de austeridad impuestas por Bruselas hacen imposible que ese coste se cubra sin deterioro de las condiciones de vida de la ciudadanía. Quitas y reestructuración de la deuda en algunos países; mancomunar la garantía de los depósitos, homogeneizar y elevar la fiscalidad directa y tasas que penalicen las transacciones especulativas; eurobonos, transferencias a las regiones con elevado desempleo y BCE que preste a Estados, son reformas imprescindibles si queremos evitar que la zona euro explosione.

Estas exigencias son las que la ciudanía reclama al Gobierno español, para que las defienda en las reuniones del Consejo Europeo, aunque buena parte de los problemas que tenemos son responsabilidad exclusiva de nuestros gobernantes. El desprestigio y la pérdida de confianza en las cúpulas de los partidos mayoritarios es de tal magnitud que fortalecer la democracia exige, a estas alturas, una reforma constitucional y legislativa que satisfaga las aspiraciones de cohesión social, de participación ciudadana, de vínculo contractual de las promesas electorales, de transparencia y control de la gestión pública y de los partidos políticos, de separación de poderes o de ausencia de privilegios en las instituciones públicas. 

Para nada de todo esto hay que pedir permiso a Europa, aunque sea de interés comunitario cómo lo resolvamos, pues de la calidad democrática de cada uno de los países de la UE depende el bienestar y la cohesión social de toda la Unión. Las recientes elecciones en Italia, como antes en Grecia, Francia o Portugal o las próximas en Alemania son de interés colectivo, no solo porque sus resultados afectan a la prima de riesgo o las expectativas de empleo en teceros países, sino porque son esos gobiernos los que finalmente negocian en la Comisión Europea las reglas de juego que imperan en un espacio sin fronteras para las mercancías, los capitales y las personas. 

Legislar por fanáticos del neoliberalismo o bajo la presión de sospechosos de corruptelas y nepotismo, sean del país que sean, no augura nada bueno para la ciudadanía, ni en Alicante, Madrid, Bruselas o Berlín.

Clementa Hernández

 Diario Información de Alicante 

http://www.diarioinformacion.com/opinion/2013/03/05/rapto-europa/1349971.html

La autonomía del banco central, peligroso espejismo

Hace cuarenta años, en enero de 1973, se aprobó una nueva ley para el banco central en Francia. La ley 73-7 del Banco de Francia contenía disposiciones críticas sobre la independencia del instituto monetario. Su artículo 25 es especialmente relevante por el giro que ha tomado la crisis en Europa. Dicho precepto prohibía al Banco de Francia otorgar financiamiento al gobierno.

Esta regla representó una transformación histórica de gran calado y dejó al Estado a merced del sistema bancario internacional. En lugar de utilizar la capacidad de creación monetaria del banco central, el gobierno francés se embarcó en un nuevo camino que estaría marcado por grandes dificultades. Incidentalmente, cuando la ley se aprobó el presidente francés era Georges Pompidou, quien fue director de la Banca Rothschild entre 1956 y 1962, hecho que levantó muchas sospechas sobre los motivos para aprobar la nueva ley del banco de Francia.

La ley francesa fue precursora en el largo proceso de desregulación financiera que comenzó en la década de los setenta. Muchos otros países adoptarían el mismo principio en los años siguientes, aunque las modalidades específicas en cada caso fueron cambiando. El entorno económico que rodeó este acontecimiento estuvo marcado por la decisión del entonces presidente Nixon en 1971 de suspender las operaciones de compra y venta de oro por parte del tesoro estadounidense. Esa medida terminó con los días de la convertibilidad del dólar y destruyó el sistema de Bretton Woods de tipos de cambio fijos establecido en 1944. Poco tiempo después, el secretario del Tesoro, John Connally, escandalizó a un grupo de líderes europeos preocupados por que el nuevo régimen para el dólar podría transmitir la inflación de Estados Unidos a Europa. Connally les espetó: “Es nuestra divisa, pero es su problema”. Evidentemente eso no ayudó a tranquilizar a los financieros y banqueros europeos.

El derrumbe de Bretton Woods trajo aparejadas grandes transformaciones en el sistema financiero. El nuevo régimen de tipos de cambio flexibles representaba un riesgo importante para cualquier inversionista que ahora podría sufrir pérdidas por las variaciones en las paridades. Pero al mismo tiempo, dicho sistema abría grandes oportunidades para la especulación en los mercados de divisas. Para protegerse de los nuevos riesgos y aprovechar las oportunidades de especulación se necesitaba una importante desregulación financiera y, en especial, se requería abolir las restricciones a los flujos de capital entre países. Esto era indispensable para realizar arbitrajes que harían posible obtener ganancias derivadas de los diferenciales en tasas de interés, inflación y movimientos en las paridades.

Las operaciones internacionales de la banca hicieron cada vez más difícil la tarea de regular la oferta monetaria por parte de los bancos centrales. Las restricciones sobre topes en tasas de interés, composición de la cartera de préstamos y los requisitos de reservas y encaje legal eran ahora fácilmente evadidos y se prefirió eliminarlos poco a poco. En ese contexto también se consideró necesario cambiar el régimen legal de los bancos centrales y pronto se comenzó a manejar la idea de que era necesario hacerlos autónomos para protegerlos de los políticos y evitar la monetización de los déficit en el gasto público. También se dijo que esto permitiría a los bancos centrales preservar la estabilidad de precios. Ahora sabemos que nunca existió la estabilidad macroeconómica, pero a finales de la década de los ochenta la retórica sobre independencia del banco central era machacada en la prensa, como si la mencionada autonomía representara el remedio para todos los males del sistema económico.

Al concretarse la unión monetaria en Europa, las leyes nacionales sobre autonomía del banco central fueron remplazadas por el artículo 104 del tratado de Maastricht y el artículo 123 del tratado de Lisboa. Estas disposiciones prohíben de manera explícita cualquier tipo de créditos por el Banco Central Europeo y por los bancos centrales nacionales a los gobiernos y autoridades regionales o locales de los países miembros. Y este tipo de restricciones no se limita a los países europeos. Un estudio reciente del Fondo Monetario Internacional revela que en dos terceras partes de una muestra de 152 países el banco central tiene prohibido hacer préstamos al gobierno. De este modo se acabó por someter a las finanzas públicas al escandaloso sistema que permite a los bancos privados crear dinero de la nada, prestarlo y cobrar intereses.

El resultado ha sido la colosal expansión en el pago de intereses de los gobiernos a los bancos privados. Datos de Eurostat revelan que los países de la Unión Europea destinaron más de 370 mil millones de euros a pagar intereses a bancos comerciales en 2011, lo que equivale a 2.9 por ciento del PIB de la UE. La autonomía de los bancos centrales es un espejismo detrás del cual se esconde la subordinación de las finanzas públicas a la banca comercial.

Alejandro Nadal

La Jornada

 http://www.jornada.unam.mx/2013/02/20/economia/032a1eco