domingo, 24 de noviembre de 2013

“Libre Comercio”, una seria amenaza

No se informa ni se comenta públicamente. Pero los gobiernos de la Unión Europea y de Estados Unidos (EEUU) negocian en secreto un tratado de libre comercio. Lejos de luz y taquígrafos, casi inexistente para periódicos e informativos de radio y televisión. Sólo los gobiernos y las multinacionales saben qué se cuece.

Cuando se ha filtrado algo, solo se ha hablado de “las grandes ventajas del tratado”. Aumentar un 1% del PIB de la Unión Europea, 110.000 millones de euros para las haciendas europeas y 95.000 millones de dólares para la de EEUU. Son cálculos de macro economía y en éstos nunca figuran los impactos negativos laborales, sociales o medioambientales.

En América Latina, en los noventa, EEUU quiso establecer un área de libre comercio con Centroamérica y Sudamérica. Con el mantra del libre comercio que todo enriquece, ese multilateral tratado, que no se logró, consistía en imponer el credo neoliberal las neoliberales medidas del Consenso de Washington. Políticas para el beneficio de las élites económicas y financieras.

Entonces EEUU negoció y firmó tratados bilaterales con Colombia, Perú, Chile y el tratado con México y Canadá. Como dan fe las hemerotecas, este último tratado tuvo consecuencias devastadoras para los sectores agrícola e industrial mexicanos, provocó una intensa y abundante migración hacia EEUU y limitó las posibilidades de desarrollo de México. No fue mucho mejor a Perú, Colombia y Chile que han visto crecer sus cotas de desigualdad y no eliminan una pobreza histórica.

Disponemos de otro antecedente: la negociación del tratado de libre comercio de EEUU con once países costaneros del Pacífico, desde Japón, hasta Nueva Zelanda.

WikiLeaks ha conseguido y publicado un borrador de ese Tratado de Asociación Transpacífico y no pinta bien. Para empezar, pretende que los servidores de Internet sean policías y jueces que eliminen contenidos de la Red si creen que perjudican los derechos de autor. Más una especie de tribunales internacionales en defensa de tales derechos que ignorarán  las soberanía y los tribunales nacionales.

En este tratado, EEUU pretende implantar las posturas más reaccionarias sobre propiedad intelectual y su aplicación en la industria farmacéutica. De lograrlo, el tratado Transpacífico provocará un aumento de precio de muchos medicamentos e impedirá el acceso universal a ellos. Incluso pretenden que se patenten procedimientos médicos; es decir, intervenciones quirúrgicas o métodos de diagnóstico serían propiedad de alguien y no podrían ser utilizados universalmente por los centros sanitarios públicos, salvo que paguen a la entidad o empresa dueña de la patente.

Hay mucho más, pero sirva lo dicho como botón de muestra.

La Comisión Europea reconoce el dañino impacto comercial que provocará el tratado de libre comercio en los sectores de producción de carne, fertilizantes, bioetanol, azúcar, maquinaria eléctrica, equipos de transporte, metalurgia, productos de madera, papel y comunicaciones. Según la práctica y lógica neoliberales, esos sectores aplicarán duros ajustes para competir con EEUU, ajustes que se traducirán en millones de trabajadores al paro.

Además EEUU quiere eliminar o reducir severamente las leyes de protección social y medioambiental, más exigentes en Europa aún. Por no hablar de la grave amenaza del tratado para la libertad de expresión en Internet a cuenta de la presunta protección de los derechos de autor.

Y, aún peor, el tratado crearía un arbitraje especial para atender las demandas de las corporaciones e inversores internacionales contra los gobiernos europeos cuando consideren que tienen menos beneficios por culpa de sus leyes de salud pública, medio ambiente o protección social. Sin olvidar un estudio de Thirlwall y Penelope Pacheco-López que expone que “no hay evidencia de que los tratados comerciales hayan mejorado la vida de los ciudadanos de los países firmantes”. ¿Entonces?

Por más que se vista de seda, el Tratado de libre comercio entre la Unión Europea y EEUU (como el Transpacífico, como el de México) busca la total desregulación e intocable libertad para las corporaciones multinacionales en su insaciable búsqueda de beneficios.

Lo ha dicho Stiglitz: una zona de libre comercio entre EEUU y Europa significa un comercio desigual y predador al servicio de la élite económica. En Costa Rica, una gran movilización social impidió la firma de un tratado bilateral de comercio. Ese parece el camino, aunque no sea fácil.

Xavier Caño Tamayo
Periodista
CCS (Centro de Colaboraciones Solidarias)
 

miércoles, 20 de noviembre de 2013

Europa lucha contra la deflación

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La decisión del Banco Central Europeo (BCE) de recortar su tasa de referencia en 25 puntos base, a 0.25 por ciento, el 7 de noviembre, demuestra que toma en serio el riesgo de deflación. Sin embargo, las perspectivas de recuperación siguen siendo frágiles y la fragmentación financiera continuará, pues el mecanismo de transmisión monetaria sigue dañado.

La inflación promedio en la zona euro fue de 0.7 por ciento en octubre (provisional), mucho más débil que la meta oficial de poco menos de 2 por ciento del BCE. No sólo el bajo nivel de inflación ha preocupado al banco, sino también el rápido descenso en meses recientes: entre enero y julio la tasa cayó 0.9 puntos porcentuales, de 1.6 a 0.7 por ciento.

Existe significativa diversidad en la zona. Los países de la periferia experimentan devaluación interna, que recorta la inflación sobre todo mediante factores relacionados con la demanda, como el creciente desempleo y la austeridad, que han conducido a una reducción de salarios y pensiones y a una liberalización de algunos mercados de productos y servicios. Estos países, entre ellos Grecia y España, han tenido un descenso mucho más rápido en la inflación e incluso han caído en deflación (en el caso griego), a diferencia de países del centro, como Alemania, donde las presiones desinflacionarias han arrancado sobre todo de factores relacionados con la oferta, como menores precios de productos primarios, en tanto la demanda interna ha sido más resistente.

Prevemos que la tasa de inflación principal se mantendrá baja en los próximos meses, pues la continua debilidad de la actividad económica restringe la inflación esencial y los costos internacionales de los productos primarios. Es posible que el banco mantenga las tasas de interés en niveles sumamente bajos hasta que exista marcada mejoría en las perspectivas de crecimiento, o bien un periodo de inflación por arriba de la meta. Ninguno de esos sucesos es probable antes de 2015, cuando menos.

¿Por qué es un riesgo importante?
En tiempos económicos relativamente normales, la caída de precios no necesariamente causa preocupación, por ejemplo cuando las perturbaciones en la oferta reducen los precios de los productos primarios y por tanto reducen los costos de insumos para las empresas y elevan el poder adquisitivo de los hogares. Sin embargo, en la zona euro hoy día los efectos del descenso global de precios en el lado de la oferta vienen acompañados por severos impactos del lado de la demanda, causados por la necesidad de austeridad para reducir los altos niveles de deuda (pública y privada). La reducción salarial y el abaratamiento de la vivienda han menguado la capacidad de los hogares para pagar los intereses de sus deudas tanto en países del centro (por ejemplo Holanda) como de la periferia de la zona. A su vez, el aumento de préstamos no pagados pone en riesgo la solvencia de los bancos, los cuales restringen aún más las condiciones de crédito y privan a hogares y compañías del dinero que tanto requieren.

La perspectiva de deflación también puede volverse una profecía que se cumple sola. En anticipación a la caída de precios, las empresas y hogares pueden posponer ciertas compras e inversiones no esenciales, con lo cual reducen agudamente la demanda doméstica. El incentivo de ahorrar en vez de gastar también se incrementa, dado que la carga real de la deuda crece cuando la inflación cae.

Todo esto ocurre con el trasfondo de políticas fiscales restrictivas en toda la zona, en un intento por mejorar las finanzas públicas. Al igual que con consumidores, empresas y bancos, la caída en la inflación dificulta esta tarea para los gobiernos nacionales, pues la carga real de la deuda aumenta. Por tanto, la necesidad de austeridad se extiende o profundiza aún más.

Por si fuera poco, la desinflación también eleva el valor del euro, lo cual encarece las exportaciones y reduce la capacidad de los países de beneficiarse de un auge exportador para compensar el descenso en la demanda interna.

Si bien la tasa de inflación de la zona está ahora al nivel de la de Japón (donde los precios sólo en fecha reciente comenzaron a subir, después de cuatro años de deflación sostenida), aún está lejos de un escenario deflacionario como el japonés. El presidente del BCE, Mario Draghi, sostuvo que las expectativas de inflación para los próximos años continúan firmemente en torno a la meta de 2 por ciento. Sin embargo, los riesgos surgidos de la periferia amenazan con hacer el destino de la zona en los próximos años aún más lamentable que el de Japón de la década de 1990 en adelante.

El mayor problema de la zona euro es su heterogeneidad, y la consecuente dificultad en trazar una política monetaria apropiada para todos sus 17 miembros. Si la política monetaria del BCE es demasiado suelta para Alemania, donde el desempleo está en el nivel más bajo en 20 años, ha sido demasiado restrictiva para la afligida periferia.

En los países en crisis, los costos del financiamiento bancario se han elevado (ver tabla). El mecanismo de transmisión monetaria sigue siendo ineficaz, lo que reduce la disponibilidad de crédito para los hogares y compañías de la periferia.

Consciente de ese mecanismo disfuncional, el BCE en su reunión de noviembre intentó aliviar las presiones de financiamiento extendiendo hasta julio de 2015 la provisión de liquidez ilimitada a corto plazo (plena asignación de liquidez a tasas fijas en todas sus operaciones de refinanciamiento).

Tasas de depósito
En su reunión de noviembre, el BCE mantener en 0 por ciento la tasa de depósitos; es decir, la que paga sobre las reservas de los bancos colocadas en el banco central. Conforme a la política actual de plena asignación de liquidez a tasas fijas, la tasa de depósitos se ha vuelto el principal determinante de las tasas de interés del mercado, de las cuales la tasa de préstamo inmediato interbancario, EONIA, está un poco arriba de cero (ver tabla). Una tasa de refinanciamiento más baja ayuda a los bancos de la periferia, que dependen sobre todo de la liquidez del BCE, pero tiene poco impacto en otras partes, puesto que la tasa de depósito no cambia.

Como no queda mucho espacio para recortar la tasa de referencia, Draghi mencionó la opción de llevar la tasa de depósito a territorio negativo, es decir, cobrar a los prestatarios para mantener sus fondos en el banco central. Ese recorte tendería a desalentar a los bancos de tener demasiado efectivo en el banco central, pero también elevaría aún más las tasas de los créditos individuales, pues los bancos trasladarían el costo a los clientes. Por lo tanto, las tasas negativas de depósito no parecen probables a corto plazo, pero siguen siendo un arma potencial en el arsenal del BCE.

No se puede acusar al BCE, bajo la dirección de Draghi, de mantenerse al margen de la crisis de la zona euro: desde la promesa de que haría todo por defender la divisa única, en septiembre de 2012, hasta la guía de acción (anunciada en julio de 2013) para reducir las tasas de interés hasta otro nivel récord, ha actuado con rapidez para conjurar los riesgos de un resurgimiento de la crisis. Todo ello ha abonado a favor de su credibilidad y capacidad directiva.

Sin embargo, las perspectivas de la zona euro aún descansan más en las acciones de sus dirigentes políticos que en las de su banquero central. Aunque el BCE ha dado en teoría mayor espacio a los gobernantes para proporcionar un fundamento estructural más sólido a la zona, hasta ahora éstos no han logrado acuerdos que la conviertan en una federación apropiada, por ejemplo, una unión bancaria total. Por tanto, seguimos escépticos en cuanto al panorama regional a mediano plazo.

Economist Intelligence Unit
Traducción de textos: Jorge Anaya

miércoles, 13 de noviembre de 2013

Cuando perdura la crisis en la eurozona

En los últimos meses se ha instalado una sensación peculiar sobre la crisis en Europa. A pesar de los terribles niveles de desempleo, del desplome en la demanda agregada y de tasas de crecimiento anémicas en los países de la eurozona, ahora predomina la impresión de que ha entrado en una fase de recuperación. Tal parecería que el neoliberalismo merece salvarse: sus recetas frente a la crisis han tenido buen resultado.
 
Por todos lados aparecen señales de que lo peor de la crisis pasó. El indicador más socorrido es la reducción del superávit primario (gasto público sin contar las cargas financieras) en casi todos los países miembros de la zona euro. En el caso de Grecia e Italia hasta se tiene una proyección para 2014 de un superávit primario equivalente a 2.35 por ciento del PIB.

Otro resultado que es exhibido como prueba de la recuperación es el de la estabilidad de los mercados financieros. Se dice que ésta es el principal resultado de la decisión del BCE de intervenir en la compra de bonos en el mercado secundario desde 2011. Pero el indicador que se considera más robusto es el del crecimiento. Según los pronósticos de la Comisión Europea los países de la eurozona mostrarán un crecimiento agregado de 1.1 por ciento en 2014 (después de caer 0.4 por ciento en 2013).

El corolario de este conjunto de buenos resultados es que las recetas impuestas por la troika (Bruselas, el FMI y el Banco Central Europeo). Es decir, la austeridad y la condicionalidad sí funcionan, como dice Ollie Rehn, comisionado europeo de asuntos económicos y monetarios.

¿Es cierto que la crisis en la eurozona terminó? La respuesta es negativa. El regreso a tasas de crecimiento anémicas no puede interpretarse como recuperación. Esos niveles de actividad denotan una gran fragilidad y no deben disfrazar la delicada situación en la que se encuentran los bancos europeos. Un crecimiento de 1.1 por ciento no permitirá revertir la catástrofe social que hoy sufre la eurozona.

En 2014 el desempleo permanecerá en 12.2 por ciento. En Grecia y España la desocupación alcanza 27.5 y 26 por ciento, respectivamente, mientras que en Portugal e Italia ese indicador rebasa 16 y 12.5 por ciento, respectivamente. La magnitud del desastre se aprecia mejor al considerar el desempleo entre los jóvenes: en Grecia, España e Italia alcanza 58, 56 y 41 por ciento, respectivamente.

¿Y qué hay de los indicadores sobre deuda? Todos los países que han aplicado las recetas de austeridad fiscal han experimentado un aumento espectacular en su deuda como proporción del PIB. Es decir, los países que lograron reducir su déficit primario sufrieron el incremento de este coeficiente deuda/PIB. O sea que la austeridad fiscal y la condicionalidad han servido para agravar el problema de la deuda pública en la eurozona. El mejor ejemplo es Grecia, que tenía un coeficiente deuda/PIB de 120 por ciento al iniciarse la crisis y hoy ese coeficiente rebasa 170 por ciento. El saldo de todo esto es claro: para poder pagar esa deuda los países de la periferia tendrían que generar un altísimo superávit primario durante las próximas dos décadas. Eso significa dejar atrás sus inversiones en materia de salud, educación, vivienda e infraestructura. En síntesis, la deuda es impagable.

¿Cómo interpretar todo esto? Las políticas de austeridad se han aplicado en un contexto de gran desendeudamiento del sector privado y de las familias. La única manera de mantener niveles adecuados de actividad sería manteniendo un fuerte superávit en la balanza comercial. El problema es que el resto del mundo no puede funcionarle a Europa como una especie de demanda agregada sustituta porque la economía mundial también se encuentra en una situación de gran fragilidad.

La arquitectura de la unión monetaria, marcada por los dogmas del neoliberalismo, contiene vicios de origen que deberán ser subsanados para que sobreviva la eurozona. La eurozona no podrá sobrevivir sin cambios significativos en la arquitectura de los acuerdos que condujeron a la unión monetaria.

Entre las reformas más urgentes se encuentra la introducción de una euro-tesorería que permitiera reconectar la política fiscal con la política monetaria. Esto permitiría financiar la inversión pública de manera estable, quitarle el poder que hoy tienen las agencias calificadoras y proporcionar un estímulo a las economías más necesitadas de la eurozona para comenzar a salir del marasmo en el que se encuentran. Este tipo de reformas deberían ir acompañadas de un fuerte impulso a las políticas de redistribución del ingreso para generar mayor estabilidad en la demanda agregada.

Quizás el cambio más importante es revertir la tendencia a expropiarle a los pueblos de Europa la capacidad de decidir sobre el futuro de sus economías. Hoy vemos una situación en la que las facultades soberanas de los gobiernos europeos en materia económica están concentradas en organismos que no responden al acuerdo de las mayorías en un proceso democrático o electoral.

Alejandro Nadal
La Jornada

martes, 12 de noviembre de 2013

Contradicciones Centro/Periferia en la Unión Europea y la crisis del euro

La crisis desencadenada en Estados Unidos en los años 2007-2008 alcanzó con fuerza a los países de la Unión Europea en 2008, provocando graves perturbaciones en la Eurozona a partir de 2010 |1|. Los bancos de los países europeos más fuertes se encuentran en el origen del contagio de Europa, puesto que habían realizado inversiones masivas en productos financieros estructurados. Dicho esto, es importante explicar por qué esta crisis afecta más duramente a la Unión Europea, y en particular a la zona euro, que a Estados Unidos.

Entre los 28 países de la Unión Europea, 18 de ellos tienen una moneda común, el euro |2|. La UE cuenta con una población de unos 500 millones de habitantes |3|, o sea, casi la mitad de la de China, de África o de la India; dos tercios de la latinoamericana, y un 50 % más que la estadounidense.

Se observa una gran desigualdad entre los Estados de la Unión Europea: los países industrializados y más fuertes de la UE son Alemania, el Reino Unido, Francia, los Países Bajos, Italia, Bélgica y Austria; hay once países que provienen de la antigua Europa del Este (tres repúblicas bálticas —Estonia, Letonia y Lituania—, Polonia, la República Checa, Eslovaquia, Hungría, Bulgaria y Rumania que formaban parte del bloque soviético; Croacia y Eslovenia, que constituían una parte de Yugoslavia); y luego están los países fuertemente afectados por la crisis del euro: Grecia, Portugal, España, Irlanda y Chipre.

Una disparidad salarial de la que se benefician las grandes empresas privadas
La disparidad salarial es enorme: el salario mínimo legal en Bulgaria (156 euros de salario bruto mensual en 2013) es entre 8 y 9 veces inferior al de países como Francia, Bélgica y los Países Bajos |4|. Pero la desigualdad salarial puede ser también muy grande dentro de un mismo país de la UE. Por ejemplo, en Alemania 7,5 millones de trabajadores se deben contentar con un salario mensual de 400 euros, cuando es normal que sea de más de 1.200 euros (en Alemania no existe un salario mínimo legal nacional).

Esta disparidad permite a las grandes empresas europeas ser muy competitivas, en particular las empresas industriales alemanas que trasladan una parte de su producción para que la realicen obreros y obreras de países como Bulgaria, Rumania y otros de Europa central y del Este. Luego se retornan las piezas a Alemania para su ensamblaje y el acabado del producto final. Por último, esos productos, cuyo coste salarial fue comprimido al máximo, se exportan a países de la Unión Europea o al mercado mundial. Hay que subrayar que en el interior de la UE no se pagan tasas de importación/exportación.

Disparidades reforzadas entre países
La negativa de la UE a desarrollar unas verdaderas políticas comunes para ayudar a los nuevos miembros en la reducción de su desventaja con respecto a los países europeos más fuertes, contribuyó a reforzar unas disparidades estructurales perjudiciales en el proceso de integración. Los tratados europeos fueron concebidos para servir a los intereses de las grandes empresas privadas, que aprovechan la desigualdad de las economías de la Unión para aumentar sus beneficios y reforzar su competitividad.

El presupuesto de la Unión Europea es minúsculo, ya que es el uno por ciento (1%) de su producto interior bruto, mientras que el presupuesto normal de un país industrializado representa el 45 o el 50 %, o más, de su PIB. Es el caso del presupuesto federal de Estados Unidos, administrado por Barack Obama, o el de Bélgica, Españao Francia |5|. Para dar una idea de hasta qué punto el presupuesto gestionado por la Comisión Europea es irrisorio baste decir que es comparable al de Bélgica, que tiene 10 millones de habitantes, o sea, una quincuagésima parte de la población de la Unión Europea. Se debe señalar que la política agrícola común representa cerca del 50 % del presupuesto de la UE.

La crisis no fue provocada por la competencia exterior
La crisis no se debe a la competencia de China, Corea del Sur, Brasil, la India o de otras economías de países en desarrollo.

En el curso de los últimos diez años, Alemania (así como los Países Bajos y Austria) se lanzó a una política neomercantilista: logró aumentar sus exportaciones especialmente en el interior de la Unión Europea y de la eurozona, reduciendo los salarios de sus propios trabajadores |6|. Ganó así competitividad con respecto a sus socios, y especialmente frente a países como Grecia, España, Portugal, Italia (que participan de la Eurozona) e incluso Rumania o Hungría. Éstos vieron como se instalaba o se profundizaba su déficit comercial con respecto a Alemania y a otros países del Centro.

El euro como camisa de fuerza
Cuando se implantó el euro, la moneda alemana fue subvaluada (a pedido de Alemania) y, en cambio, las monedas de los países más débiles fueron sobrevaluadas. Esto hizo más competitivas las exportaciones alemanas en el mercado de los otros países europeos, y los más débiles de entre ellos resultaron particularmente afectados (Grecia, Portugal, España, países de Europa Central y del Este…)

En general, el endeudamiento de los países de la periferia de la Unión Europea se debe esencialmente al comportamiento del sector privado (la banca, las empresas de construcción inmobiliaria, el resto de la industria y el comercio). Incapaces de competir con las economías más fuertes, los sectores privados se endeudaron con los bancos del Centro (Alemania, Francia, Países Bajos, Bélgica, Austria, Luxemburgo…) y también con agentes internos, habiéndose financiarizado ampliamente la economía de estos países después de la adopción del euro. El consumo experimentó un boom en los países periféricos, y en algunos de ellos (por ejemplo España) se desarrolló una burbuja inmobiliaria que finalmente estalló. Además, los gobiernos de estos países acudieron en auxilio de sus bancos, lo que provocó un fuerte aumento de la deuda pública.

Evidentemente, los países que integran la Eurozona no pueden devaluar sus monedas porque adoptaron el euro. Estados como Grecia, Portugal o España se encuentran así en un brete a causa de su pertenencia a la Eurozona. Las autoridades europeas y sus gobiernos nacionales aplican entonces lo que se denomina una devaluación interna: imponen la reducción de los salarios en gran beneficio de los dueños y directivos de las grandes empresas privadas. La devaluación interna es por consiguiente sinónimo de reducción de salarios, y se utiliza para aumentar la competitividad. Sin embargo, se comprueba su muy poca eficacia para recuperar el crecimiento económico, ya que las políticas de austeridad y de represión salarial se aplican en todos los países. En cambio, los dueños de las empresas están satisfechos pues hacía mucho tiempo que deseaban reducir radicalmente los salarios. Desde este punto de vista, la crisis de la Eurozona, que se agudizó a partir de los años 2010-2011, constituye una ganga para la patronal. El salario mínimo legal ha sido fuertemente reducido en Grecia, Irlanda y otros países.

El mercado único de capitales y la moneda única
Mientras que la crisis surgió en Estados Unidos en 2007, el impacto que tuvo en la Unión Europea fue mucho más violento que en las instituciones políticas y monetarias estadounidenses. De hecho, la crisis que sacude la zona euro no es sorprendente puesto que es un avatar de los dos principios que rigen esta zona: el mercado único de capitales y la moneda única. En una perspectiva más amplia, la crisis es la consecuencia de las lógicas que dominan la integración europea: la preeminencia que se da a los intereses de las grandes empresas industriales y financieras privadas, la importante promoción de los intereses privados, el desarrollo de la competencia, en el interior del espacio europeo, de economías y productores con fuerzas totalmente desiguales, la voluntad de retirar de los servicios públicos un número creciente de sectores, el desarrollo de la competencia entre asalariados que implica el rechazo a la unificación, utilizando los estándares más altos, de los sistemas de seguridad social y de la normativa laboral, para ampliar la protección de los trabajadores. Todo esto persigue un objetivo preciso, el de favorecer la acumulación máxima de beneficios privados, especialmente al poner a disposición del Capital una mano de obra lo más maleable y precaria posible.

El monopolio del crédito a los Estados está reservado a los bancos privados
Frente a esta explicación, podríamos replicar que estas lógicas dominan también ampliamente la economía de Estados Unidos. Por lo tanto, también se debe tener en cuenta otros factores: mientras que las necesidades de crédito de los gobiernos de los países desarrollados, entre los cuales el de Estado Unidos, se pueden satisfacer mediante su Banco Central —en particular por la intermediación de la creación de moneda— los países miembros de la Eurozona han renunciado a esta posibilidad. De acuerdo a sus estatutos, el Banco Central Europeo tiene la prohibición de financiar directamente a los Estados. Además, en virtud del Tratado de Lisboa, la solidaridad financiera entre los Estados miembros esta formalmente prohibida. Según su artículo 125, los Estados deben asumir en solitario sus compromisos financieros, y ni la Unión Europea ni los otros Estados pueden responsabilizarse de ellos |7|. El artículo 101 del tratado de Maastricht |8|, retomado integralmente por el Tratado de Lisboa |9|, agrega: «Le está prohibido al BCE y a los bancos centrales europeos de los Estados miembros […] conceder descubiertos o cualquier otro tipo de crédito a las instituciones u órganos de la Comunidad, a las administraciones centrales, a las autoridades regionales, a otras autoridades públicas.»

La UE se coloca por lo tanto voluntariamente al servicio de los mercados financieros ya que, en tiempos normales, los gobiernos de los países de la Eurozona dependen totalmente del sector privado para su financiación.

Los inversores institucionales (bancos, fondos de pensiones, aseguradoras) y los hedge funds se precipitaron sobre Grecia en 2010, que era el eslabón más débil de la cadena europea de endeudamiento, antes de atacar Irlanda, Portugal, España e Italia. Actuando de esa manera, esos inversores realizaron grandes beneficios ya que obtuvieron de esos países una remuneración importante por los tipos de interés que exigieron a los poderes públicos para refinanciar sus deudas. Entre estos inversores institucionales (los zinzins), se encuentran los bancos privados que consiguieron máximos beneficios al poder financiarse directamente por medio del BCE, obteniendo préstamos al 1 % de interés |10|, mientras estos mismos bancos prestan a Grecia, a tres meses, con un tipo de interés del 4 o 5 %. Al lanzar sus ataques sobre los eslabones más débiles, los bancos y otros zinzins estaban también convencidos de que el BCE y la Comisión Europea deberían, de una u otra manera, ir en ayuda de los Estados víctimas de la especulación, prestándoles los capitales que les permitiera proseguir con los reembolsos. Y no se equivocaron. En colaboración con el FMI, la Comisión Europea cedió y otorgó préstamos, por medio de los fondos europeos de estabilidad financiera (FEEF) y del mecanismo europeo de estabilidad (MEDE), a algunos Estados miembros de la Eurozona (Grecia |11|, Irlanda, Portugal y Chipre) para que puedan prioritariamente pagar sus deudas a los bancos privados de los países más fuertes de la UE. Por consiguiente, la UE no respetó la letra del artículo 125 del Tratado de Lisboa citado anteriormente. Pero sí que respetó el espíritu neoliberal de ese Tratado: en efecto, el FEEF y el MEDE toman prestado de los mercados financieros el dinero que a su vez prestan a los Estados. Además, exigen unas condiciones draconianas para conceder esos préstamos: privatizaciones, reducciones de salarios y de pensiones, despidos en los servicios públicos, reducción de los gastos públicos en general, y sociales en particular.

Un pequeño recordatorio: mientras que los reglamentos de la UE no permiten que el BCE preste a los Estados de la UE, la situación es muy diferente en Estados Unidos donde la Reserva Federal presta una media de 40.000 millones de dólares por mes a la administración de Obama mediante la compra de bonos del tesoro (lo que representa 480.000 millones de dólares por año). Asimismo, en el Reino Unido, que no forma parte de la Eurozona, el Banco de Inglaterra presta masivamente al gobierno británico. Las reglas aplicadas en la zona euro vuelven la crisis mucho más grave que en Estados Unidos o en el Reino Unido.

Políticas que profundizan la crisis
Desde 2010, las políticas aplicadas por la CE y los gobiernos nacionales sólo han profundizado la crisis y esto es particularmente cierto en los países más débiles de la Eurozona. Al comprimirse la demanda pública y la demanda privada, los recursos del crecimiento económico se redujeron, en la práctica, a la nada.

La política de los dirigentes europeos no es un fracaso desde el punto de vista de los patronos.
Los dirigentes europeos de los países más fuertes y la patronal de las grandes empresas se felicitan de la existencia de una zona económica, comercial y política común donde las transnacionales europeas y las economías del Centro de la zona euro sacan provecho de la debacle de la Periferia para reforzar la ratio de rentabilidad de las empresas, y obtener logros, en términos de competitividad, en relación a sus competidores estadounidenses y chinos. Su objetivo, en el estadio actual de la crisis, no es el de relanzar el crecimiento y reducir las asimetrías entre las economías fuertes y débiles de la UE. Por otro lado consideran que la debacle del Sur se traducirá en oportunidades para privatizaciones masivas de empresas y de bienes públicos a precio de saldo. La intervención de la Troika y la complicidad activa de los gobiernos de la Periferia los ayudan. El gran Capital de los países periféricos es favorable a estas políticas ya que cuenta con obtener una parte del pastel que codiciaba desde hace años. Las privatizaciones de Grecia y de Portugal prefiguran lo que le llegará a España e Italia, donde los bienes públicos que se podrían adquirir son mucho más importantes, vista la talla de esas economías.

Considerar que la política de los dirigentes europeos es un fracaso porque el crecimiento económico no ha vuelto, es una gran equivocación en el criterio de análisis utilizado. Efectivamente, los objetivos perseguidos por la dirección del BCE, por la Comisión Europea, por los gobiernos de las economías más fuertes de la UE, por las direcciones de los bancos y de otras grandes empresas privadas, no es ni la vuelta rápida al crecimiento ni la reducción de las asimetrías en el seno de la Eurozona y de la UE, que conseguiría un conjunto más coherente, donde sería posible el retorno de la prosperidad.

Sobre todo no se debe olvidar un factor fundamental: la capacidad de los gobernantes, que se pusieron dócilmente al servicio de los intereses de las grandes empresas privadas, para actuar de acuerdo con lo que éstas quieren o para gestionar una situación de crisis. El estrecho lazo entre los gobiernos y el gran Capital ya ni siquiera se disimula. A la cabeza de varios gobiernos, colocados en puestos ministeriales importantes y en la presidencia del BCE, encontramos hombres provenientes directamente de las grandes finanzas, comenzando por el banco de negocios Goldman Sachs. Algunos políticos de primera fila son recompensados por un puesto en un gran banco o en una gran empresa una vez que cumplieron con sus buenos oficios para con el gran Capital. No es nuevo pero es más evidente y habitual que en el transcurso de los últimos 50 años. Se puede hablar de verdaderos y transparentes vasos comunicantes.

Los efectos sociales de la crisis
Lo que están viviendo actualmente los trabajadores y las personas que reciben ayudas de los servicios sociales en Grecia, Portugal, Irlanda y España fue impuesto a los trabajadores de los países en desarrollo durante la crisis de la deuda de los años 1980-1990. En el transcurso de la década de los 80, la ofensiva también había afectado a los trabajadores de América del Norte a partir de la presidencia de Ronald Reagan, de Gran Bretaña bajo la férula de Margaret Thatcher—la Dama de hierro—, y los de sus émulos del viejo continente. Los trabajadores del ex bloque del Este también estuvieron sometidos durante los años 90 a las brutales políticas impuestas por sus gobiernos y el FMI. A continuación, y ciertamente de una manera mucho menos brutal que la que afectó a los pueblos del Tercer Mundo (desde los más pobres hasta las llamadas economías emergentes), la ofensiva tomó como objetivo a los trabajadores de Alemania a partir de 2003-2005. Los nefastos efectos para una significativa parte de la población alemana se sienten incluso ahora, aunque el éxito de las exportaciones alemanas |12| limite la cantidad de desempleados y que una parte de esa clase obrera no sufra directamente las consecuencias.

Durante los años 2012 y 2013, la crisis se agravó en Grecia, Irlanda, Portugal y España debido a las políticas de austeridad brutal aplicadas por gobiernos cómplices de las exigencias de la Troika. En Grecia, la caída acumulada del PIB desde el comienzo de la crisis alcanza el 25 %. El poder adquisitivo de una gran mayoría de la población se redujo de un 30 a un 50 %. El desempleo y la pobreza literalmente explotaron. Mientras que en marzo de 2012, todos los grandes medios de comunicación se alinearon con el discurso oficial que afirmaba que la deuda había sido reducida a la mitad |13|, la realidad era bien distinta: la deuda pública griega que representaba el 130 % del PBI en 2009 y el 157 % en 2012, después de la anulación parcial de la deuda, alcanzó una nueva cumbre en 2013: el 175 %. La tasa de desempleo que era del 12,6 % en 2010 se eleva en 2013 al 27 % (siendo del 50 % para los jóvenes de menos de 25 años). En Portugal, las medidas de austeridad son tan violentas y la degradación económica es tan grave que un millón de portugueses se manifestaron espontáneamente el 15 de septiembre de 2012, cifra que sólo se había alcanzado el 1 de mayo de 1974 para festejar la victoria de la Revolución de los claveles. El fracaso de la política de austeridad provocó una crisis gubernamental. En Irlanda, de la que los medios de comunicación hablan mucho menos, el desempleo alcanzó proporciones enormes y produjo el éxodo de 182.900 jóvenes de entre 15 a 29 años, que abandonaron el país después del estallido de la crisis de 2008. Un tercio de los jóvenes que tenían un empleo antes de la crisis, ahora se encuentra desempleado. El rescate bancario representó hasta ahora más del 40 % del PIB (cerca de 70.000 millones de euros sobre un PIB de 156.000 millones de euros en 2011). El retroceso de la actividad económica llegó a un 20 % desde 2008. El gobierno de Dublín reiteró que suprimiría 37.500 puestos de trabajo en el sector público hasta 2015. En España la tasa de desempleo alcanza el 50 % entre los jóvenes. Desde el comienzo de la crisis, 350.000 familias fueron expulsadas de sus viviendas debido a los impagos hipotecarios. En 2012, el número de familias en las que todos sus miembros estaban desempleados aumentó en 300.000 para alcanzar un total de 1,7 millones, o sea el 10 % de todas las familias de España. La situación se degrada de manera continua en los países del ex bloque del Este miembros de la UE, comenzando por los que se adhirieron a la Eurozona.

Una Europa de los pueblos y de la solidaridad internacional
Únicamente mediante poderosas movilizaciones populares se podrá acabar con la estrategia de las clases dominantes. Es imprescindible que los movimientos populares construyan una estrategia continental. En todos lados, el pago de la deuda pública es el pretexto invocado por los gobernantes para justificar políticas que atacan los derechos económicos y sociales de una aplastante mayoría de la población. Si los movimientos sociales y, entre ellos, los sindicatos quieren afrontar victoriosamente esta devastadora ofensiva, es necesario atacar la cuestión de la deuda pública de forma radical con el fin de sacarle al poder su argumento principal. La anulación de la parte ilegítima de la deuda pública, el abandono de las políticas de austeridad, la imposición masiva al gran capital, la expropiación de los bancos para integrarlos en un servicio público del ahorro y del crédito, la reducción del tiempo de trabajo, el fin de las privatizaciones y el refuerzo de los servicios públicos son medidas esenciales de un programa alternativo a la gestión capitalista de la crisis |14|.

Su implantación puede comenzar paulatinamente, país a país, pero el proceso no se podrá detener en las fronteras nacionales. Se necesitará una auténtica constituyente de los pueblos de Europa con el fin de abrogar una serie de tratados europeos y hacer nacer una federación donde la garantía de los derechos humanos en todas sus dimensiones será el principal objetivo. Simultáneamente, será necesario practicar una política de ruptura con el modelo productivista consumista con el objetivo de respetar la naturaleza y sus límites. Surgirá, en el curso de este proceso, una Europa de los pueblos que debe recomenzar de cero sus relaciones con el resto del mundo, restituyendo a las poblaciones de otros continentes, víctimas de siglos de expolio y de dominación europea, lo que se les debe.

Traducido por Griselda Piñero y Raul Quiroz
notes articles:
|1| Este texto proviene de la conferencia pronunciada por Eric Toussaint el 31 de octubre de 2013 en la Facultad de Etnología de la Universidad de Port au Prince (Haití) sobre el tema de la crisis del euro. El autor agradece a Michel Charles las notas tomadas, que alentaron la redacción de este texto.
|2| La zona euro fue creada en 1999 por once Estados: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal. Más tarde se incorporaron Grecia en 2001, Eslovenia en 2007, Chipre y Malta en 2008, Eslovaquia en 2009, Estonia en 2011 y Letonia lo hará el 1 de enero de 2014.
|3| http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A...
|4| Véase http://epp.eurostat.ec.europa.eu/st... con datos hasta 2013
Ver también: http://www.inegalites.fr/spip.php?a..., que contiene datos que lamentablemente sólo llegan a 2011.
|5| Ver http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tg...
|6| Véase Eric Toussaint, «Le couperet sur les acquis sociaux: l’exemple allemand», http://cadtm.org/IMG/pdf/06.pdf
|7| Artículo 125 del Tratado de Lisboa (2009): «La Unión no asumirá ni responderá de los compromisos de los Gobiernos centrales, autoridades regionales o locales u otras autoridades públicas, organismos de Derecho público o empresas públicas de los Estados miembros, sin perjuicio de las garantías financieras mutuas para la realización conjunta de proyectos específicos. Los Estados miembros no asumirán ni responderán de los compromisos de los Gobiernos centrales, autoridades regionales o locales u otras autoridades públicas, organismos de Derecho público o empresas públicas de otro Estado miembro, sin perjuicio de las garantías financieras mutuas para la realización conjunta de proyectos específicos.» (El subrayado es nuestro).
|8| Se trata del Tratado constituyente de la Comunidad Europea
|9| Artículo 123 del Tratado sobre el funcionamiento de la Unión Europea.
|10| Desde mayo de 2013, el tipo de interés al que el BCE presta a los bancos se redujo al 0,5 %. Luego, el 7 de noviembre de 2013, Mari Draghi anunció la caída del tipo de interés de los préstamos del BCE al 0,25 %. Hay que agregar que el BCE suavizó sus exigencias de calidad (calificación) de los títulos aportados por los bancos como garantía para obtener liquidez. En efecto, el umbral mínimo de calificación de los títulos admitidos por el BCE está suprimido «¡hasta nueva orden!»
|11| En el caso de Grecia hay además prestamos bilaterales otorgados por países de la eurozona.
|12| Alemania tuvo un crecimiento económico debido a sus exportaciones mientras que la mayoría de sus socios de la UE y, en particular, de la Eurozona sufren duramente la crisis. Visto que en toda la UE se asiste a un descenso de la demanda de las familias descrita antes, a la que se agrega una reducción de la demanda pública, las salidas para las exportaciones alemanas se reducen claramente. El efecto bumerán sobre la economía alemana ya se está produciendo.
|13| El CADTM denunció desde el comienzo la maniobra de propaganda de la Troika y del gobierno griego. Véase «Le CADTM dénonce la campagne de désinformation sur la dette grecque et le plan de sauvetage des créanciers privés », http://cadtm.org/Le-CADTM-denonce-l..., publicado el 10 de marzo de 2012. Véase también Christina Laskaradis «La Grèce a déjà fait défaut aux conditions des créanciers; leur crainte est de voir celle-ci imposer ses propres conditions», http://cadtm.org/La-Grece-a-deja-fa... , publicado el 31 de mayo de 2012.
|14| Para tener un desarrollo de estas propuestas véase: Damien Millet, Éric Toussaint: «Europa: ¿Qué programa de urgencia frente a la crisis? http://cadtm.org/Europa-Que-program..., 22 de junio de 2012. Véase también: Thomas Coutrot, Patrick Saurin y Éric Toussaint: «Anular la deuda o gravar al capital: ¿Por qué elegir?» http://cadtm.org/Anular-la-deuda-o-...

infos article
URL: http://www.cadtm.org Éric Toussaint, doctor en ciencias políticas, es presidente del CADTM Bélgica (Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, www.cadtm.org) y miembro del consejo científico de ATTAC. Autor, entre otros libros, de Una mirada al retrovisor: el neoliberalismo desde sus orígenes hasta la actualidad, Icaria 2010; La Deuda o la Vida (junto a Damien Millet) Icaria, Barcelona, 2011; La crisis global, El Viejo Topo, Barcelona, 2010;. La bolsa o la vida: las finanzas contra los pueblos, Gakoa, 2002. Autor de Procès d’un homme exemplaire, Editions Al Dante, Marsella, 2013.

CADTM
http://cadtm.org/spip.php?page=imprimer&id_article=9610
 

lunes, 1 de julio de 2013

La coacción alemana

La devastadora austeridad impuesta por Berlín a toda la zona euro y en particular a sus socios del Sur (Grecia, Portugal, España, Italia y Chipre) está provocando en estos países una subida de la germanofobia. En sus recientes visitas a Madrid, Atenas y Lisboa, la canciller alemana Angela Merkel ha sido recibida por manifestaciones muy hostiles. Miles de víctimas de las políticas ‘austericidas’ denunciaron en calles y plazas la coacción del “IV Reich” y acogieron a la dirigente alemana con banderas nazis y uniformes de las SS o de la Wehrmacht...

En Francia también –cuando se acaban de celebrar por todo lo alto los cincuenta años del Tratado de amistad franco-alemán, piedra angular de la política europea de París– los amigos del presidente François Hollande ya no dudan en reclamar un “enfrentamiento democrático” con Alemania y acusan al vecino germano de “intransigencia egoísta”. El propio secretario general del Partido Socialista (PS), Harlem Désir, alienta a sus militantes a “colocarse a la cabeza de la confrontación” con Angela Merkel, “la canciller de la austeridad”. Y es que, hasta ahora, se había vivido en la idea de que el carro de la Unión Europea (UE) lo tiraba una yunta de dos Estados, Francia y Alemania, y que tanto montaba, y montaba tanto, París como Berlín. Pero eso –silenciosamente, sin bombo ni platillo–, se ha terminado desde que la crisis, a partir de 2010, golpea violentamente a la mayoría de los países europeos mientras Alemania se afianza como la economía más poderosa de Europa. Francia, que perdió en 2012 su triple A, se descolgó del pelotón de cabeza, y ve ahora cómo su vecino germano se aleja cada vez más, económicamente, de ella...

Hasta en el Reino Unido –que no pertenece a la zona euro–, la clase política se alza igualmente para protestar contra la nueva “hegemonía germana” y denunciar las consecuencias de ello: una “Europa dominada por Berlín, o sea precisamente lo que el proyecto europeo debía, en principio, impedir”. En efecto, la UE fue concebida con la idea de que ningún Estado ni podía, ni debía ser hegemónico. Pero Alemania, después del trauma de la reunificación –que sobrellevó gracias a la solidaridad de todos los europeos– se ha convertido en la gran potencia dominante del Viejo Continente. Es el país rico, sin crisis, que todos envidian y detestan a la vez.

Muchos analistas constatan que la crisis, paradójicamente, es lo que ha permitido a Berlín “conquistar Europa” y alcanzar una posición de dominación que no tenía desde 1941... Lo que le hace decir, con ironía, al semanario Der Spiegel: “Alemania ganó la Segunda Guerra Mundial la semana pasada...” (1).

El hecho es que Alemania lidera en solitario la Unión Europea. Basándose en lo que considera su “éxito económico”, Berlín no duda en imponerle a todos sus socios su detestable receta nacional: la austeridad. En particular a los de la orilla mediterránea, cuyos habitantes son considerados por muchos políticos y por los medios de comunicación alemanes como unos “perezosos”, unos “indolentes”, unos “tramposos” y unos “corruptos”. En cierto modo, esos alemanes están convencidos de que la crisis opone un Norte mayoritariamente protestante, trabajador, hacendoso, austero y ahorrador, a un Sur católico u ortodoxo, gandul, jaranero, vividor y rumboso. ¿No declaró acaso, la propia Angela Merkel, ante los militantes de su partido, la CDU, en mayo de 2011, que “en países como Grecia, España y Portugal, la gente no tendría que jubilarse tan pronto, en todo caso no antes que en Alemania (2), y los asalariados tendrían también que trabajar un poco más, porque no es normal que algunos se tomen largas vacaciones cuando otros apenas tenemos asueto. Esto, a la larga, aunque se disponga de una moneda común, no puede funcionar” (3)?

Otra prueba de esa convicción germana de que mientras el alemán trabaja los ribereños del Mediterráneo viven a la bartola (4), la constituye la provocadora declaración, en Salónica, del ministro adjunto alemán de Empleo, Hans-Joachim Fuchtel, enviado a Grecia por Merkel para ayudar a reestructurar los municipios griegos: “Los estudios demuestran –afirmó Fuchtel– que aquí se precisan tres griegos para hacer el trabajo que haría un solo alemán”. Y partiendo de semejante conclusión, el ministro recomendó el despido de miles de funcionarios locales... Los cuales, al día siguiente, se amotinaron y casi ajustician al cónsul alemán, Wolfgang Hoelscher-Obermaier, al grito de “¡Linchemos a los nazis!” (5)...

Más allá de los viejos clichés –“perezosos” contra “nazis”–, lo que está en juego es la salida de la crisis. Porque, a escala planetaria, las demás grandes economías, Estados Unidos y Japón, han vuelto al crecimiento mientras la UE sigue sumida en la recesión. De ahí que se cuestione más que nunca la “solución única” alemana, basada en la austeridad. Berlín sólo cree en la reducción de los déficits presupuestarios, en la disminución de la deuda soberana y, sobre todo, en la reforma laboral (6). Esta “reforma” ha convertido Alemania en un verdadero “infierno social” para millones de asalariados que trabajan por menos de 5 euros la hora en un país que no posee salario mínimo (7). Uno de cada tres empleos es precario. Y el número de “minijobs”, a menos de 400 euros al mes, se ha disparado. La población alemana es la que más sufre con este “modelo”; en Berlín, uno de cada tres niños vive bajo el umbral de pobreza...

Pero es que, además, está demostrado que la austeridad no funciona y es destructora. Cada mes que pasa, Europa, con ese remedio, se hunde más en la recesión. Los ajustes y los recortes sucesivos matan el crecimiento y tampoco permiten el desendeudamiento de los países. Ya no son sólo los Estados del Sur y sus poblaciones quienes protestan contra las políticas de ajuste, a ellos se suman ahora, entre otros, los Países Bajos, Suecia, los socialdemócratas alemanes y la propia Comisión Europea que considera que “la austeridad ha alcanzado sus límites”. Sobre todo cuando las tesis “científicas” de los profesores Kenneth Rogoff y Carmen Reinhart, en las que se basaban las políticas de austeridad, se han revelado falsas; no se apoyaban en ninguna racionalidad económica (8).

Es hora, por consiguiente, de ir pensando en otras soluciones. Berlín y el “merkiavelismo” (9) pretenden que no las hay. Pero es fácil demostrar lo contrario. Por ejemplo, se le podría dar mucho más tiempo –como ya se está empezando a hacer– a los países europeos para alcanzar el célebre 3% de déficit presupuestario; y también cuestionar esta absurda “regla de oro”...
Habría que reducir el valor del euro, moneda demasiado fuerte para la mayoría de los países de la eurozona, y estimular de ese modo las exportaciones. Japón, segunda economía del mundo, lo ha hecho bajo la dirección de su nuevo Primer ministro conservador, Shinzo Abe, inundando la economía de liquidez (todo lo contrario de la austeridad) (10), reduciendo en seis meses el valor del yen un 22%, mientras la tasa de crecimiento daba un espectacular salto adelante situándose en un 3,5% anual...

Otra perspectiva: los 120.000 millones de euros previstos en el Pacto Fiscal que se firmó el año pasado para el “estímulo del crecimiento”... ¿Qué espera la UE para decidirse a gastarlos? ¿Y los 5.000 millones de euros disponibles de los “Fondos Estructurales Europeos”? ¿Por qué no se utilizan? Con sumas tan colosales, ya presupuestadas, se podrían realizar grandes obras de infraestructura y dar trabajo a millones de desempleados... O sea un verdadero New Deal europeo, o como dice Peer Steinbrück, el candidato socialdemócrata rival de Angela Merkel en las elecciones legislativas alemanas del próximo 22 de septiembre: “Necesitamos un auténtico Plan de desarrollo y de inversiones europeo para estimular un crecimiento sostenible. Porque lo que está en juego no es la estabilidad del euro, sino la estabilidad de todo nuestro sistema social y político. La injusticia social amenaza la democracia” (11).

Otra alternativa a la austeridad consistiría en imitar lo que hizo Berlín después de la reunificación en 1993 en beneficio de los Länder del Este, creando un pequeño impuesto indoloro del 1%. A escala europea supondría un fondo de unos 200.000 millones de euros al año que no les vendría mal a los países en dificultad...

Otra medida sería que la canciller Merkel se decidiese a subir los salarios en Alemania, con lo cual relanzaría el consumo interno, estimularía su propia economía (que con un crecimiento de apenas el 0,1% en el primer trimestre de 2013 ronda la recesión), aumentaría las importaciones procedentes de los demás países europeos y pondría así en marcha el motor del crecimiento en toda la Unión.

Y ni siquiera abordamos aquí otras soluciones como sería sencillamente el abandono del euro y el retorno al Sistema monetario europeo, propuesto recientemente por Oskar Lafontaine, ex ministro de Finanzas alemán y fundador de Die Linke. Como vemos, las soluciones no “austeritarias” existen ¿a qué esperan los gobiernos para adoptarlas?

(1) Georg Diez, “Wir Technokraten mit Goethe unterm Arm”, Der Spiegel, Hamburgo, 11 de noviembre de 2011. http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/s-p-o-n-der-kritiker-wir-technokraten-mit-goethe-unterm-arm-a-797175.html
(2) Esta afirmación es errónea, según la propia prensa alemana, que cita las estadísticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la edad media de jubilación efectiva en Grecia (61,9), España (61,8) y Portugal (67) es semejante, o incluso superior, a la de Alemania (61,8). (Sven Böll y David Böcking, “Merkel's Clichés Debunked by Statistics”, Der Spiegel, Hamburgo, 19 de mayo de 2011.
(3) Ibidem. http://www.spiegel.de/international/europe/the-myth-of-a-lazy-southern-europe-merkel-s-cliches-debunked-by-statistics-a-763618.html
(4) Según un sondeo, el 40% de los alemanes tacha a los españoles de “ociosos o poco trabajadores”. En el mismo sentido, los italianos reciben calificaciones semejantes a las de los españoles, mientras los griegos aún son peor calificados. ABC, Madrid, 24 de abril de 2013.
(5) AFP, 15 de noviembre de 2012.
(6) Esta reforma del mercado del trabajo, es lo que se conoce generalmente como “reforma Schröder”, por el nombre del canciller socialdemócrata Gerhard Schöder que las adoptó – “Agenda 2010”– en 2003-2005. Consiste esencialmente en abaratar los costes del trabajo, facilitar el despido, reducir las indemnizaciones para “flexibilizar” el mercado de trabajo en el sector de los servicios y dar mayor “competitividad” a la economía. O sea un desmantelamiento de los derechos laborales.
(7) En el campo, millones de rumanos y búlgaros son empleados a 3 ó 4 euros la hora...
(8) El País, Madrid, 26 de abril de 2013.
(9) Concepto propuesto por el sociólogo alemán Ulrich Beck. Léase Le Nouvel Observateur, París, 16 de mayo de 2013.
(10) A pesar de que la deuda de Japón representa el 245% de su PIB...
(11) Le Monde, París, 17 de mayo de 2013.


Ignacio Ramonet
Le Monde Diplomatique 
http://www.monde-diplomatique.es/?url=editorial/0000856412872168186811102294251000/editorial/?articulo=5eb3b189-38e8-4519-8dae-f43ee4e4355b

Imagen: Wolfgang Schaüble. Ministro de Finanzas alemán

domingo, 16 de junio de 2013

¿Nos gastamos más de lo que tenemos?

Este artículo cuestiona el argumento de que en España nos estamos gastando más de lo que tenemos, aportando datos que demuestran su poca credibilidad.

Una de las frases que los establishments políticos, financieros y mediáticos remarcan constantemente es que “nos estamos gastando más de lo que tenemos”. De ahí que se nos diga por parte de estos establishments que hay que ser más austeros, a fin de ahorrar y devolver el dinero que habíamos pedido prestado y gastado. Hasta aquí el dogma y la sabiduría convencional repetida día tras día en los mayores medios de difusión, dogma que se promueve para justificar los recortes de gasto público y, muy en particular, del gasto público social.

Este dogma, sin embargo, carece de credibilidad. Y los que lo están promoviendo son conscientes de ello. De ahí que tengan un gran temor a que aparezcan y se escuchen voces críticas en los medios de información de mayor difusión que muestren los datos que cuestionan sus argumentos, demostrando su falsedad. Y puesto que tienen una enorme influencia sobre tales medios de información, evitan que esas voces críticas aparezcan en esos medios. En realidad, la evidencia empírica existente permite muy fácilmente señalar no solo la falsedad de esos argumentos, sino también la motivación existente detrás de los recortes. Veamos los datos, comenzando por el argumento de que no tenemos dinero para gastarnos, por ejemplo, en nuestro ya subfinanciado Estado del Bienestar.

España, incluyendo Catalunya, no es pobre. Todo lo contrario. España es ya casi tan rica como el promedio de los países de la UE-15, que es el grupo de países más ricos de la UE. Su PIB per cápita es ya el 94% del PIB per cápita promedio de la UE-15. Y Catalunya es incluso más rica: su PIB per cápita es el 110% del promedio de la UE-15. Y, sin embargo, tanto España como Catalunya se gastan mucho menos en su Estado del Bienestar que el promedio de la UE-15. El 74% en el caso de España, y el 72% en el caso de Catalunya. Es decir, el gasto público social (que incluye el gasto en transferencias públicas –como las pensiones- y en servicios públicos –como sanidad, educación, servicios sociales, entre otros-) por habitante en España y en Catalunya es sólo el 74% y el 72% del gasto público social por habitante promedio de la UE-15. En realidad, si España se gastara en su Estado del Bienestar lo que le corresponde por el nivel de riqueza que tiene, España se gastaría 66.000 millones de euros más al año, y Catalunya 19.600 millones. Este dinero existe en España y en Catalunya. Lo que ocurre es que el Estado no lo recoge. En realidad, tanto España como Catalunya tienen los ingresos al Estado (tanto central como autonómico) más bajos de la UE-15. Y ello como consecuencia de que tanto el Estado central como la Generalitat de Catalunya ingresan muy poco. Y ahí está el problema. No es, pues, que nos gastemos más de lo que, como país, tenemos, sino que ingresamos al Estado (central y Generalitat) menos de lo que tenemos. Y de esto casi nada aparece en los medios de mayor difusión. ¿Por qué?

La gran mala distribución de las rentas
La respuesta a esta pregunta que dan los medios del establishment es que la gente no quiere ni oír hablar de subir impuestos. Y de ahí el discreto silencio de los medios. Pero la evidencia existente muestra otra realidad. De hecho, la mayoría de la gente que trabaja y está en nómina ya paga impuestos a un nivel semejante (algo menos, pero no mucho menos) al promedio de la UE-15. La evidencia esta ahí para aquellos que quieran verla. Los trabajadores de la manufactura, por ejemplo, pagan un porcentaje de su sueldo en impuestos semejante a lo que paga en impuestos el trabajador de la manufactura promedio de la UE-15. Los que no pagan impuestos no son la gente normal y corriente, sino una minoría enormemente poderosa que controla los medios, en los que goza de una enorme influencia, y que deriva sus rentas de la propiedad del capital. Estamos hablando de las grandes fortunas, de las grandes empresas y de la banca, y que en España deja de pagar al Estado (central, Generalitat y otras CCAA) 44.000 millones de euros al año. Y la situación ha empeorado todavía más durante la crisis. A pesar de que teóricamente los impuestos han subido (de acuerdo con las medidas tomadas por el gobierno del PP para reducir el déficit), los ingresos al Estado han bajado nada menos que seis puntos del PIB, pasando del 36% al 30%. La respuesta tradicional es que este descenso de ingresos al Estado se debe al descenso de la actividad económica, lo cual es cierto, pero no es suficiente para explicar un descenso tan marcado. El descenso de la actividad económica, aún cuando ha sido muy notable, ha sido menor que la bajada de ingresos al Estado. Y puesto que la mayoría de la gente que trabaja y está en nómina ha visto aumentar sus impuestos, debe entonces preguntarse por qué no suben los ingresos al Estado. Y la respuesta es, en parte, que hay menos gente trabajando y pagando impuestos, pero otra razón es que la falta de contribución al Estado de aquella minoría que deriva sus rentas del capital ha continuado, e incluso se ha incrementado. Mientras se está recortando más y más en el Estado del Bienestar, la gente rica y súper rica está evitando, cada vez más, pagar impuestos.

Esta situación, muy clara y acentuada en los países periféricos de la Eurozona (como España, Grecia, Portugal e Irlanda), pero presente en todos los países, ha alcanzado un nivel escandaloso. Según la propia Comisión Europea (su Comisaria de Fiscalidad) cada año en la Unión Europea los Estados que la componen pierden un billón (repito, un billón, con “b”) de euros debido a la evasión y fraude fiscal, cantidad que sería más que suficiente para evitar todos los recortes en dichos países. España contribuye a esta cantidad con la friolera cantidad de 90.000 millones de euros, cantidad que, de nuevo, evitaría tener que hacer recortes. Y toda la evidencia acumulada es que la mayoría del fraude fiscal ocurre entre las grandes empresas, la banca y las grandes fortunas. Y mientras tanto se subraya en los medios que “nos gastamos más de lo que tenemos”, cuando la evidencia es abrumadora de que el problema está en que el Estado (tanto central como autonómico y local) no está recogiendo tanto como podría y debería hacerlo. Y, ¿por qué no lo hace? La respuesta es la influencia que tales sectores de la sociedad (los establishmnents financieros y de las grandes empresas) tienen sobre el Estado, tanto en sus ramas ejecutivas –el gobierno- como en la legislativa –las Cortes y los Parlamentos Autonómicos-. Así de claro. Y de ahí el enorme desprestigio y pérdida de legitimidad de las instituciones llamadas representativas. No es de extrañar que el eslogan del 15-M “no nos representan” sea compartido –según las últimas encuestas- por el 78% de la población española.

La escasa capacidad redistributiva del Estado (tanto Central como Autonómico)
Una prueba más de la enorme influencia que los establishments financieros y empresariales (de las grandes empresas) así como las clases pudientes, tienen sobre el Estado (lo que la ciudadanía suele llamar la clase política) aparece en el escasísimo impacto redistributivo del Estado en España, uno de los menos redistributivos de la UE-15- Así, las transferencias y servicios públicos reducen la pobreza en España solo 4 puntos, pasando a ser del 24% de la población a un 20%, en comparación a 8 puntos, pasando del 24% al 16% en el promedio de la UE-15 y 14 puntos, pasando del 27% al 13%, en Suecia (donde históricamente las fuerzas progresistas han sido más influyentes desde la II Guerra Mundial). Tal reducida capacidad redistributiva del Estado aparece también en Grecia, Portugal e Irlanda, países donde las fuerzas conservadoras han tenido históricamente gran influencia sobre sus Estados. En realidad, en estos países las rentas del capital han subido de una manera muy marcada a costa de las rentas del trabajo, habiendo alcanzado en España una situación nueva este año, en que las primeras ya son mayores que las segundas. Y de ello apenas se habla en los medios de mayor difusión. En su lugar, se acusa al Estado de gastarse más de lo que el país tiene. La evidencia, resumida n este artículo, muestra claramente que el país tiene tales recursos. Lo que ocurre es que aquellos que los tienen, con la ayuda de sus instrumentos políticos gobernantes, no quiere contribuir con ello al Estado tal como hace la mayoría de la población empleada en España.

Vicenç Navarro

viernes, 14 de junio de 2013

La UE, contra los derechos laborales

En las últimas semanas, la Comisión Europea y el comisario de Empleo han hecho una serie de «recomendaciones» al Estado español que suponen la solicitud de la enésima contrarreforma laboral y la apuesta por el modelo de relaciones laborales neoliberal.

El vicepresidente de la Comisión, Olli Rehn, requiere romper con el vínculo existente entre sueldos e inflación. Alguien le debería explicar que la legislación vigente y las actuaciones gubernamentales no garantizan que los sueldos se incrementen como lo hace la inflación, además de ser España el Estado de la Unión que registró la mayor caída en sus salarios en el último trimestre del 2012, el 4,3 %, frente a un aumento del 1,4% del conjunto de los 27 miembros de la Unión Europea.

También el semanario Der Spiegel reproducía las declaraciones de la Comisión Europea en el sentido de que «se debía superar la rigidez del mercado laboral y reducir el coste del despido». Curiosamente, nos siguen hablando de rigidez cuando la legislación vigente permite modificar cualquier condición de trabajo con una ligera justificación. Respecto a las extinciones contractuales debemos recordar que la mayoría de los contratos realizados en el 2012 han sido temporales y les corresponde una indemnización de apenas 9 días por año trabajado. De la misma manera, tras la ley 3/2012 se posibilita de facto la extinción objetiva, con una indemnización de 20 días por año con el tope de una anualidad para la práctica totalidad de empresas, habiendo generado que los costes del despido para las sociedades mercantiles bajasen un 23% en el 2012. Si fuese muy costosa la indemnización, sería inexplicable los 850.000 empleos perdidos en el ejercicio.

La gran alternativa laboral que nos ha ofrecido el comisario de Empleo ha sido el contrato único, del que no sabemos si es peor su resultado o sus justificaciones.

La primera argumentación que se utiliza para la nueva modalidad contractual es que reduciría la temporalidad porque todos los contratos serían indefinidos. En el terreno de la práctica lo que determina la estabilidad de una relación laboral no es la formalidad del contrato sino la dificultad y el coste de su extinción. Así, esta nueva realidad en la que no sería necesaria causa alguna para proceder a extinguir el contrato y la indemnización correspondiente nunca sería superior a las ahora vigentes, provocaría que trabajadores y trabajadoras estemos ante un fácil y rápido despido.

La segunda argumentación que se utiliza para justificar su supuesta necesidad es que se crearía empleo. Debemos de entender que la creación de empleo, e incluso la contratación, no dependen de la facilidad que se establezca para despedir, sino por la existencia de demanda y la necesidad de fuerza de trabajo. Por el contrario, facilitar la extinción contractual provoca que el despido pase a ser el primer recurso empresarial ante situaciones de inestabilidad económica o rechazo del trabajador, tal y como hemos podido comprobar en estos últimos años.

La tercera argumentación es que se acabaría con la dualidad entre temporales e indefinidos. Lo que no se explica es que se estarían reduciendo derechos de los indefinidos, que verían cómo con el nuevo contrato ya no percibirían una indemnización de 33 o 20 días por año trabajado durante los primeros años de relación laboral, sino otras significativamente más reducidas. Por el contrario, la realidad de contrato temporal que tendría garantizada una indemnización mínima de 9 días por año (hasta 12 días por año a partir del 2015) y máxima de 33 días por año (en los supuestos de fraude de ley en la contratación) en ningún caso mejorarían las mismas.

Por último, desde la Comisión se criticaba la aplicación que hacen los jueces españoles de la legislación laboral. Lo que realmente se reclama, como antes lo han pregonado los sectores patronales, es que la judicatura no interprete la normativa con la consiguiente indefensión para trabajadores y trabajadoras. Hasta la fecha, con las sucesivas contrarreformas sociales, se ha vaciado de contenido el Estado social; ahora, además, con la solicitud de que los jueces no interpreten, no juzguen, y, por lo tanto, no cumplan con la función jurisdiccional, se estaría cuestionando la propia esencia del Estado de derecho.

En definitiva, de la misma manera que las instituciones de la UE han impuesto un determinado modelo social a través de la limitación del déficit público, pretenden ahora un sistema social de relaciones laborales precarias. No solo no refuerzan derechos como necesidad y garantía de protección ante los efectos de la crisis sino que construyen un modelo laboral degradado como realidad permanente para el futuro.

Vidal Aragonés
El Periódico.com