Los Attac de Europa dicen "no"
El 11 de marzo de 2007, diecisiete Attacs de Europa hacían públicos sus " 10 principios para un Tratado democrático" , que deberían contribuir a una refundación de la Unión Europea (UE). La lectura atenta del Tratado modificativo adoptado por los Estados miembros de la UE en el Consejo Europeo del 18 y 19 de octubre pone de manifiesto que no respeta ninguno de estos diez principios. Más bien al contrario, el nuevo Tratado es una versión disfrazada del Tratado Constitucional Europeo (TCE) que los electores franceses y holandeses habían rechazado en 2005. Este texto es inaceptable, tanto por su método de elaboración como en su contenido.
Un método antidemocrático: los Attac de Europa proponían lanzar un proceso democrático para la elaboración y la aprobación de cualquier nuevo Tratado, que debería contemplar, entre otras cosas, la instauración de una Asamblea elegida por los ciudadanos; la participación efectiva de los parlamentos nacionales y la obligación de una ratificación mediante referéndum en cada Estado miembro. Deseaban también un Tratado corto, auto-explicativo en su texto y que pudiera ser comprendido por todos los ciudadanos. En vez de eso, tenemos, una vez más, un texto largo e ininteligible, redactado en la sombra, que se propone sea adoptado por vía parlamentaria en la mayoría de los Estados miembros, y ello por la vía rápida , impidiendo así cualquier debate público real.
Un funcionamiento siempre cerrado: con excepción de algunos retoques de modesto alcance, el texto actual, sigue estando caracterizado por la confusión entre los poderes que gobiernan la Unión . El Parlamento Europeo permanece excluido del dominio de las decisiones que se refieren a importantes ámbitos de la vida comunitaria, y, sobre todo, privado de toda iniciativa legislativa. Por su parte, los parlamentos nacionales, incluso si están relacionados con un número limitado de ámbitos, no pueden pronunciarse sobre el fondo de los proyectos de las Directivas. La Comisión, órgano ejecutivo de la Unión, está dotada con poderes legislativos y judiciales, mientras que el Consejo sigue siendo un órgano legislativo, al mismo tiempo que es la reunión de los ejecutivos nacionales. Los grupos de presión seguirán desempeñando un papel esencial, y los miembros de la Comisión no podrán ser elegidos o removidos por los parlamentarios. El derecho de iniciativa ciudadana queda en una declaración de intenciones no definidas . En cuanto al Banco Central Europeo (BCE), escapa a todo control democrático, y conserva como único objetivo la estabilidad de los precios, promovido al mismo rango que el resto de los objetivos de la Unión.
No se ofrece ninguna alternativa al neoliberalismo: la prensa ha hecho un gran alboroto en torno al tema de que la competencia "libre y no falseada" no figura ya entre los objetivos de la Unión. Ello representaría, se nos dice, la prueba de que se ha abandonado completamente el Tratado constitucional. Pero, a lo largo de los artículos, de los protocolos y de las declaraciones, nos damos cuenta que esta competencia sigue estando omnipresente, y que es imposible escaparse del modelo neoliberal. Es la competencia la que regula los servicios de interés económico general (SIEG) y que corre el riesgo extenderse al resto de los servicios públicos. Es esta competencia la que aún que sirve de excusa a la negativa de una armonización social y fiscal por arriba. El Tratado, tal como se presenta, no hace posible para los Estados otra elección que el del liberalismo desmandado.
Los derechos fundamentales siguen teniendo un alcance limitado: la Carta de Derechos Fundamentales no tiene en absoluto un "valor vinculante", pero estos derechos tienen además un alcance muy de limitado y su aplicación se remite a las "prácticas y legislaciones nacionales". Así la Carta no crea ningún derecho social europeo, contentándose con meras formulaciones que no comprometen a nada. Además, algunos Estados como Irlanda y Polonia prevén quedar dispensados de la aplicación de los derechos fundamentales, por muy limitados que sean, mientras que el Reino Unido ya lo está dispensado.
Un Tratado militarista y atlantista: la defensa común de la Unión solo se contempla en el marco de la OTAN, y el militarismo se fomenta oficialmente: "Los Estados miembros se comprometen a mejorar progresivamente sus capacidades militares." "En nombre de la lucha contra el terrorismo, se fomentan incluso las intervenciones militares en el extranjero." Son algunos de los elementos que ya figuraban en el TCE y que han sido retomados palabra por palabra en el nuevo Tratado.
Este Tratado modificativo esta marcado, de principio a fin, por el neoliberalismo, tanto en los principios que promueve como en las políticas que predica. Los escasos puntos positivos no ponen de ninguna manera en entredicho el funcionamiento actual de la Unión y su profundo déficit democrático.
Es por esta razón por la que los Attac de Europa no pueden aceptarlo. Corresponde a los pueblos y a los ciudadanos europeos decidir su futuro, de ahí la necesidad de una ratificación del Tratado por referéndum en cada uno de los Estados europeos.
Un método antidemocrático: los Attac de Europa proponían lanzar un proceso democrático para la elaboración y la aprobación de cualquier nuevo Tratado, que debería contemplar, entre otras cosas, la instauración de una Asamblea elegida por los ciudadanos; la participación efectiva de los parlamentos nacionales y la obligación de una ratificación mediante referéndum en cada Estado miembro. Deseaban también un Tratado corto, auto-explicativo en su texto y que pudiera ser comprendido por todos los ciudadanos. En vez de eso, tenemos, una vez más, un texto largo e ininteligible, redactado en la sombra, que se propone sea adoptado por vía parlamentaria en la mayoría de los Estados miembros, y ello por la vía rápida , impidiendo así cualquier debate público real.
Un funcionamiento siempre cerrado: con excepción de algunos retoques de modesto alcance, el texto actual, sigue estando caracterizado por la confusión entre los poderes que gobiernan la Unión . El Parlamento Europeo permanece excluido del dominio de las decisiones que se refieren a importantes ámbitos de la vida comunitaria, y, sobre todo, privado de toda iniciativa legislativa. Por su parte, los parlamentos nacionales, incluso si están relacionados con un número limitado de ámbitos, no pueden pronunciarse sobre el fondo de los proyectos de las Directivas. La Comisión, órgano ejecutivo de la Unión, está dotada con poderes legislativos y judiciales, mientras que el Consejo sigue siendo un órgano legislativo, al mismo tiempo que es la reunión de los ejecutivos nacionales. Los grupos de presión seguirán desempeñando un papel esencial, y los miembros de la Comisión no podrán ser elegidos o removidos por los parlamentarios. El derecho de iniciativa ciudadana queda en una declaración de intenciones no definidas . En cuanto al Banco Central Europeo (BCE), escapa a todo control democrático, y conserva como único objetivo la estabilidad de los precios, promovido al mismo rango que el resto de los objetivos de la Unión.
No se ofrece ninguna alternativa al neoliberalismo: la prensa ha hecho un gran alboroto en torno al tema de que la competencia "libre y no falseada" no figura ya entre los objetivos de la Unión. Ello representaría, se nos dice, la prueba de que se ha abandonado completamente el Tratado constitucional. Pero, a lo largo de los artículos, de los protocolos y de las declaraciones, nos damos cuenta que esta competencia sigue estando omnipresente, y que es imposible escaparse del modelo neoliberal. Es la competencia la que regula los servicios de interés económico general (SIEG) y que corre el riesgo extenderse al resto de los servicios públicos. Es esta competencia la que aún que sirve de excusa a la negativa de una armonización social y fiscal por arriba. El Tratado, tal como se presenta, no hace posible para los Estados otra elección que el del liberalismo desmandado.
Los derechos fundamentales siguen teniendo un alcance limitado: la Carta de Derechos Fundamentales no tiene en absoluto un "valor vinculante", pero estos derechos tienen además un alcance muy de limitado y su aplicación se remite a las "prácticas y legislaciones nacionales". Así la Carta no crea ningún derecho social europeo, contentándose con meras formulaciones que no comprometen a nada. Además, algunos Estados como Irlanda y Polonia prevén quedar dispensados de la aplicación de los derechos fundamentales, por muy limitados que sean, mientras que el Reino Unido ya lo está dispensado.
Un Tratado militarista y atlantista: la defensa común de la Unión solo se contempla en el marco de la OTAN, y el militarismo se fomenta oficialmente: "Los Estados miembros se comprometen a mejorar progresivamente sus capacidades militares." "En nombre de la lucha contra el terrorismo, se fomentan incluso las intervenciones militares en el extranjero." Son algunos de los elementos que ya figuraban en el TCE y que han sido retomados palabra por palabra en el nuevo Tratado.
Este Tratado modificativo esta marcado, de principio a fin, por el neoliberalismo, tanto en los principios que promueve como en las políticas que predica. Los escasos puntos positivos no ponen de ninguna manera en entredicho el funcionamiento actual de la Unión y su profundo déficit democrático.
Es por esta razón por la que los Attac de Europa no pueden aceptarlo. Corresponde a los pueblos y a los ciudadanos europeos decidir su futuro, de ahí la necesidad de una ratificación del Tratado por referéndum en cada uno de los Estados europeos.
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