martes, 26 de junio de 2012

Rescate vergonzoso

Rajoy ha hecho el ridículo ante el mundo asegurando primero que España no necesitaba rescate, nacionalizando Bankia sin tener dinero para pagarla y, finalmente, apelando a un rescate diciendo que no era tal sino tan sólo ayuda financiera para los bancos y no al Gobierno, sin consecuencias sobre las políticas económicas. Siendo así que los fondos de recapitalización van al FROB, o sea al Gobierno, y que, como le han recordado desde la Comisión Europea, el Gobierno es el responsable en último término de la deuda contraída. Es más, la troika supervisora (BCE, CE y FMI) ha condicionado la continuidad del crédito de 100.000 millones al cumplimiento de objetivos macroeconómicos y a la continuidad de las "reformas" (léase más recortes de prestaciones sociales y empleo público). Alusiones irónicas al orgullo español, que se niega a aceptar la realidad de economía asistida (de hecho intervenida desde mayo del 2010), llenan páginas de la prensa internacional. Lo que sería simplemente un nuevo episodio tragicómico de nuestra impresentable clase política si no fuera porque tiene consecuencias graves sobre la credibilidad del rescate con relación a mercados e inversores. Así que tras haber hipotecado aún más el país, asumiendo desde el Estado la insolvencia de la gran mayoría de las instituciones financieras, la prima de riesgo sigue por encima de los 500 puntos de diferencial con Alemania y el tipo de interés de los bonos a diez años cerca del nivel de alarma del 7%. Y la jactancia de que hemos conseguido mejores condiciones que Grecia, Portugal e Irlanda ha provocado la lógica demanda de dichos socios de obtener condiciones equivalentes, reabriendo la negociación de sus rescates.

Es cierto, sin embargo, que la debilidad de la economía española no está en la economía propiamente dicha, una vez superada la burbuja inmobiliaria, sino en el nivel de endeudamiento privado, en la insolvencia de entidades financieras, de empresas y de hogares. Y como la huida hacia delante de Zapatero gastándose lo que no tenía para sostener la ficción de que no había crisis endeudó también al Estado, hemos acabado sepultados por esa masa de deuda cuyas proporciones ni siquiera se conocen por la opacidad de las instituciones financieras y por el trapicheo de las cuentas de gobiernos central y autonómicos. Deuda impagable en las actuales condiciones de recesión económica. Tanto más cuanto que el Gobierno se ha comprometido irresponsablemente a reducir el déficit público, que era del 8,9% del PIB en el 2011, al 3% en el 2014. Y aunque no será capaz de cumplirlo, simplemente hacer como que lo intenta implica redoblar recortes hasta dejarnos en los huesos e imponer condiciones draconianas a los trabajadores públicos y privados so pena de despido. De forma que el rescate de la banca se hace a través del Gobierno, gravando aún más los intereses de la deuda pública, que pagan los ciudadanos, endureciendo las condiciones sociales y laborales y profundizando la recesión por la caída de la demanda interna.

Lo único que aún mantiene el pulso económico es la actividad exportadora, pero con tendencia decreciente porque cae la demanda en la eurozona, nuestro mercado principal, y se cierra el grifo del crédito a las empresas. Es decir que el rescate de los bancos, indispensable para evitar una catástrofe financiera y un eventual corralito, se ha hecho de tal forma que agrava todavía más la situación de la economía real sin introducir perspectivas de salida de la crisis a corto plazo. Más aún: como no hay posibilidad de reducir el déficit al nivel que se ha prometido y como poco más se puede ya ajustar en condiciones laborales, ni siquiera es seguro que los controladores teutones acepten mantener hasta el final la línea de crédito de financiación bancaria. Y todo ello sin explicación honesta a los ciudadanos de cuáles son los datos del rescate ni sus implicaciones. Sin explicación del monumental fallo en las tareas de supervisión del Banco de España, dejando que su expresidente se vaya de rositas diciendo que nadie sabía la gravedad de la crisis (por cierto, yo sí...) y echándoles la culpa a los políticos. ¿Y por qué, entonces, no se explican los políticos? ¿Por qué no hacemos como en Islandia cuando, tras el colapso bancario del 2008, se convocaron nuevas elecciones porque banqueros y políticos habían tejido una madeja de intereses que no se podía desenredar?

Ante todo este sacrificio, todo este secretismo en aras de la supervivencia del euro y hasta de la UE, recordemos que hay diez países en la Unión que no están en el euro y que están mejor que la eurozona. ¿O es que el ideal europeo se reduce a la unión bancaria y monetaria? ¿Se está intentando crear una federación europea sin decirlo y sin someterlo a referéndum popular? Si la única salida de la crisis de la economía real a corto plazo es la exportación y la única forma inmediata de estimular la competitividad es devaluar saliendo del euro, habrá que elegir en su momento entre extinguirnos paulatinamente con un euromarco que no podemos sostener o reconvertirnos a la peseta y rehacer la economía y la vida con autonomía de país y gobernantes democráticos que acepten corregir un error histórico que benefició sobre todo al sistema financiero y a Alemania y su entorno. Como es Alemania quien de verdad necesita el euro, si lo quiere que pague por él mutualizando la deuda, invirtiendo en la reconstrucción económica de la periferia y compartiendo poder en las instituciones europeas. Federalismo sí, pero no en sentido único. Y si los ciudadanos tienen que sacrificarse por el euro, que se sepa por qué, que se abra un debate real, que se sepan los costes y los beneficios en lugar del actual terrorismo ideológico de amenazar con catástrofes innombrables a quienes se atreven a poner en duda el pensamiento único del euro. La disolución del euro es ahora la hipótesis más probable. Hagámoslo ordenadamente, en función de los intereses de los ciudadanos y bajo su control.

Manuel Castells
La Vanguardia

lunes, 25 de junio de 2012

Rescate Bancario en España: ¿Cuáles son las implicaciones?

La semana pasada el Gobierno de España decidió abandonar todas las pretensiones existentes respecto a su capacidad para hacer frente de forma solitaria a la crisis que sacude a la zona Euro. En una breve rueda de prensa por parte del Ministro de Economía de España, Luis de Guindos, se anuncio un acuerdo con las autoridades europeas para establecer una línea de crédito por 100 mil millones de euros destinados a refinanciar y recapitalizar entidades en el sector bancario español experimentando problemas de liquidez y solvencia a causa de la crisis. De acuerdo al anuncio oficial, se espera que los recursos a ser transferidos a los bancos no superen los 60 mil millones de euros, dejando así un espacio de 40 mil millones para asegurar a los mercados de la capacidad de las autoridades españolas y europeas de estabilizar el sistema financiero del país. No menos importante, es que si bien el destino de los recursos es el sector bancario, el crédito es respaldado por el Estado Español y, en un elemento que incrementara en relevancia con el paso del tiempo, toma precedencia en la estructura de pagos respecto al resto de los acreedores públicos y privados de dicho Estado.

El acuerdo se da en un contexto caracterizado por el progresivo deterioro de la situación del sector hipotecario en el país ibérico. En los años previos a la crisis el sistema bancario español, y de manera específica las Cajas, incrementaron de forma exponencial su exposición a crédito hipotecario. A finales del 2011 se estima que los bancos retenían en sus hojas de balance, créditos asociados al sector constructor e hipotecas por un valor superior a 1 millón de millones de euros. Como en el caso de los Estados Unidos, mientras los precios de las viviendas mantuvieran una tendencia al alza no había necesidad de preocuparse por la salud de los bancos. Sin embargo, los precios de la vivienda en España alcanzaron su pico a finales del 2007 y desde entonces han experimentado una caída superior al 20%, con pronósticos que señalan una posible caída de un 30% adicional para asegurar el retorno de los precios a su tendencia de largo plazo[1]. Tal situación se tradujo en un sensible incremento de las pérdidas de los bancos españoles, al punto que se estima que tan solo los 8 principales bancos del país aun deban reconocer perdidas por 146 mil millones de euros, el 60% de estas concentradas en el sector hipotecario[2].

Las preocupaciones respecto a la salud del sistema bancario español y su capacidad de hacer frente a las crecientes perdidas solo se vio incrementada tras el anuncio de la necesidad de inyectar 19 mil millones de euros a Bankia para mantener a dicha entidad a flote. Dado el monto de créditos hipotecarios en la hoja de balance de esta entidad financiera, la cuantía del rescate indica porcentajes de perdidas en créditos de este tipo muy superiores al 30% que se maneja de forma conservadora por parte de analistas[3]. La incertidumbre asociada a la cantidad real de las perdidas a las cuales deba hacer frente la banca española, junto a la creciente posibilidad de una salida de Grecia de la zona Euro, han tenido tres efectos concretos sobre el sistema bancario ibérico. Primero, ha causado un significativo incremento de los costos de financiamiento en el sistema interbancario. Segundo, ha forzado a los bancos españoles a reemplazar dicho financiamiento por crédito del ECB, el cual ya supera los 300 mil millones de euros. Tercero, a medida que decrece la confianza en la capacidad de España de permanecer en la zona Euro, ha provocado el retiro de depósitos por cerca de 60 mil millones de Euros entre Enero y Abril de este año, agravando así los problemas de financiamiento de los bancos[4].

Ante esta situación, la premisa oficial del objetivo del rescate es relativamente simple. El objetivo principal es buscar consolidar la confianza de los mercados en los bancos y el Estado Español a través de una línea de crédito cuyo mensaje implícito es la voluntad de la comunidad europea de continuar la protección a toda costa del sistema financiero continental. En teoría, la restauración de la confianza en los mercados permitiría una reducción de los costos de financiamiento de las entidades públicas y privadas españolas, que a su vez facilitaría la consolidación de sus hojas de balance. Tal proceso de consolidación serviría a su vez para ponerle un límite a las pérdidas de los bancos, y a las necesidades de financiamiento externo del Estado Español, razón por la cual los recursos inyectados en las entidades financieras serian eventualmente devueltos en primera instancia al Estado y posteriormente al EFSF (European Financial Stability Fund)[5]. Es decir, en la versión oficial el programa de crédito recientemente anunciado no representaría una socialización de las perdidas del sector financiero.

El argumento oficial se choca contra el simple hecho que gracias a las políticas de desregulación que imperaron en el viejo continente a lo largo de la última década el sistema bancario español creció hasta alcanzar un tamaño equivalente al de 3 veces la economía de España. Aun si las pérdidas se contuvieran en los niveles actuales, el Estado Español tendría problemas para mantener solvente al sistema bancario del país sin poner en entredicho su solvencia. Con tasas de desempleo superiores al 20% y una economía continental dirigiéndose a pasos acelerados hacia una nueva recesión, las pérdidas del sector bancario podrían superar fácilmente los 220 mil millones de euros[6]. En caso de continuar con la política de socialización de las pérdidas, ello representaría un incremento de la deuda pública en más de 20 puntos del PIB. Partiendo de los cálculos del Banco de España que ubican la deuda bruta del país en un 86.5% del PIB a finales del 2011, y sin tener en cuenta las garantías entregadas a entidades financieras y deudas de gobiernos regionales por un valor equivalente a 16% del PIB, la deuda pública superaría la barrera del 100% del PIB. A este punto, la combinación de altas tasas de interés y bajo crecimiento crearía un efecto bola de nieve que colocarían a la deuda pública de España en una senda de crecimiento perpetuo, y por ende insostenible, similar a la de Grecia.

Este escenario pone de relieve que la insistencia en salvar al sistema financiero, al atar de manera definitiva el destino de las finanzas públicas al de los bancos, raya en una actitud suicida por parte de las autoridades europeas. Si bien en el corto plazo la medida da un pequeño margen de maniobra a las entidades financieras que reciben los recursos en términos preferenciales, en el largo plazo (lo cual en Europa se mide actualmente en semanas) acelera el circulo vicioso existente entre degradación crédito bancario y soberano. Independiente de cualquier consideración desde el punto de vista de legitimidad y justicia social, la actual política de rescates bancarios solo incrementa de manera exponencial los costos de mantener la zona Euro a cambio de ningún beneficio tangible como ha quedado de relieve con el incremento posterior de la prima de riesgo de España durante la última semana.

Así el rescate, antes que restablecer la calma, ha vuelto a poner sobre la mesa un argumento que se convirtió en la justificación para los primeros rescates europeos. Era necesario proteger a Grecia, porque España y su sistema financiero eran demasiado grandes para ser salvados. El rescate por 100 mil millones de Euros será solo la primera parte de la que será una muy costosa demostración práctica de esta realidad.
 
Daniel Munevar
Madrilonia.org

viernes, 22 de junio de 2012

Comunicado de la Red Europea de ATTAC

“Siete principios para liberar nuestras sociedades de la dominación de los mercados financieros”

Desde 2007, una crisis global convulsiona la economía mundial y la UE está en el centro de ello. Sus políticas económicas están agravando la crisis social, económica y ecológica, poniendo la democracia en peligro. El Banco Central Europeo (BCE) y el Euro son símbolos de estas políticas, que están entregando las llaves de la economía a bancos privados y mercados financieros bajo el pretexto de la llamada crisis de la deuda pública. Al mismo tiempo, la Troika (la Comisión Europea, el BCE y el FMI) junto con los gobiernos de la UE están desmantelando el estado de bienestar e imponiendo medidas de austeridad destructivas, haciendo que la gente pague por deudas de las que no son responsables. El modelo neoliberal de integración europea ha ensanchado la brecha entre los países del núcleo y de la periferia y aumentado las desigualdades existentes tanto dentro como fuera de Europa al alentar el dumping social, medioambiental y fiscal. 
Los gobiernos de la UE han ido un paso más allá en la renuncia de la democracia, imponiendo un proceso tecnocrático a su gente y Parlamentos, en ocasiones incluso instalando a sus propios representantes (como en Grecia e Italia), para llevar a cabo políticas destructivas de reducción de deuda. El funcionamiento democrático de la UE queda además comprometido por la creación de un consejo de administración informal - el llamado “Grupo de Frankfurt” consistente en la canciller alemana, el presidente de Francia, el presidente del BCE, el presidente del Eurogrupo, la directora del FMI, el presidente de la Comisión Europea y el presidente del Consejo Europeo - que emite decisiones políticas estratégicas en nombre de la urgencia de la crisis. En este sentido, la ya frágil legitimidad de la UE y su proceso de toma de decisiones quedan aún más socavados. La Red Europea de Attac se opone firmemente a la forma actual de integración europea y al Euro y su forma actual de funcionamiento ya que subordinan los intereses y las necesidades de la gente a los intereses de los mercados financieros.
 La cuestión sobre si salirse del Euro o profundizar la forma actual de integración europea no responde a los principales elementos de la crisis actual. La urgencia actual es liberarse de la dominación de los mercados financieros y promover un conjunto de medidas coordinadas que aborden de manera progresiva políticas económicas, monetarias, sociales y ecológicas. Para esta finalidad, los ciudadanos y los movimientos sociales han de luchar a nivel nacional y europeo para cambiar las reglas que subyacen en el sistema económico e institucional actual – y hacer otra Europa posible!

Para liberar nuestras sociedades de la dominación de los mercados financieros y coordinar políticas progresistas económicas, monetarias, sociales y ecológicas, debemos perseguir los siguientes siete principios:
  1. Sacar las finanzas públicas de los mercados financieros: permitir una financiación pública democrática, mediante un banco central controlado democráticamente que preste directamente a los gobiernos.
  2. Escapar de la trampa de la deuda: finalizar las políticas de austeridad y establecer auditorías de la deuda que conduzcan a cancelaciones de la deuda. Bancos y actores financieros privados deben responsabilizarse de su parte de pérdida.
  3. Dotar a las finanzas públicas de una base sostenible: incrementar los impuestos a la riqueza y los beneficios corporativos y armonizar los impuestos a los niveles altos para erradicar la desigualdad fiscal. Acabar con la evasión fiscal e implementar un “embargo financiero” a los paraísos fiscales.
  4. Desarmar a los mercados financieros y poner al sector bancario bajo control: prohibir mecanismos especulativos dañinos (por ejemplo negociación de alta frecuencia, ventas en corto descubiertas, especulación con derivados, acuerdos extrabursátiles) e imponer un impuesto a las transacciones financieras a una tasa de al menos el 0,1%; una regulación bancaria estricta (por ejemplo separar los bancos comerciales tradicionales de los bancos de inversión, desmantelar los bancos “demasiado grande para caer”).
  5. Permitir una forma de financiación pública y democrática de la economía: construir un sector bancario público y cooperativo bajo control democrático, para asegurar la financiación de las necesidades sociales y económicas, garantizar los derechos sociales y financiar una transición ecológica. Las políticas comerciales deberían ser revisadas para adherirse a estos objetivos, en cooperación con los países en desarrollo.
  6. Europa para la gente, no para los beneficios: promover políticas económicas y sociales a nivel europeo, y restituir y ampliar los servicios públicos democráticamente controlados para reducir desequilibrios, promover la transición ecológica de las economías, fomentar empleo de calidad, promover equidad de género y ampliar derechos básicos económicos y sociales (salud, educación, vivienda, movilidad, comida, acceso al agua y la energía, información, cultura, bienestar social, etc.) y asegurar que se proveen mediante una red de servicios públicos.
  7. Democracia Real ya: entablar un proceso constitutivo dirigido a democratizar la toma de decisiones a todos los niveles; elaborar democráticamente un nuevo Tratado ratificado por referéndum en todos los países, y apoyar y promover un debate público, transparente y responsable sobre las visiones para Europa y sobre políticas europeas alternativas. 
Red Europea ATTAC

martes, 19 de junio de 2012

Sí, un golpe de estado

Este artículo señala que el rescate financiero impuesto a España por la eurocracia de la Eurozona así como por el Fondo Monetario Internacional y por el gobierno Merkel en Alemania, ha supuesto una pérdida de la soberanía española transformando el gobierno español en una mera correa de transmisión de las decisiones tomadas por aquellas instituciones. 

En un artículo que publicamos ayer Juan Torres y yo en Público titulado “El rescate traerá más recortes y no sirve para salir de la crisis”, señalábamos que en España estaba ocurriendo un golpe de Estado contra la democracia, que se había estado gestando en los últimos años y que había culminado con el rescate financiero. El artículo ha tenido cierta repercusión, pues señalábamos que no era cierto –como el Gobierno Rajoy estaba anunciando- que las condiciones que desde las instituciones europeas se estaban imponiendo al Estado español afectarían sólo al sistema financiero, sino que afectarían también a las políticas fiscales y macroeconómicas del Estado español (tanto central como autonómico). El artículo mostraba partes de la resolución aprobada por la Comisión Europea, donde se confirmaba que la intervención abarcaba también políticas económicas y fiscales, hecho confirmado por otros portavoces de la Comisión Europea e, igualmente importante, por portavoces del Gobierno alemán presidido por la canciller Ángela Merkel.

Entre las respuestas a nuestro artículo, merece especial mención por su representatividad, la del programa económico de Catalunya Información (radio pública de la Generalitat de Catalunya, próxima a la coalición conservadora y liberal que gobierna Catalunya). En aquel programa de tintes conservadores se criticó nuestro artículo definiéndolo como exagerado, utilizando nuestra definición de lo que estaba ocurriendo como “un golpe de Estado” como señal e indicador de nuestra exageración. Siendo yo el que sugirió tal nombre, y siendo ambos, Juan Torres y yo, los que, a través de nuestros impuestos financiamos tal radio pública (que excluye sistemáticamente autores de izquierda) me siento en la necesidad de responder.

Comienzo, pues, por indicar que aunque he recibido toda clase de insultos o epítetos a lo largo de mi larga vida profesional, el de “hiperbólico” es nuevo. Suelo evitar el lenguaje exagerado común en la cultura política y mediática española, y de ahí mi sorpresa de aquella observación referente a nuestro artículo (que oí mientras conducía el coche camino de mi casa). Veamos, pues, si tal programa llevaba o no razón. Y analicemos si llamar “golpe de Estado” a lo que está ocurriendo en España es o no es un golpe de Estado.

Definamos inmediatamente qué quiere decir un golpe de Estado. Pues bien, tal definición incluye un proceso que interrumpe un Gobierno mediante la fuerza para sustituirlo por uno en el que las decisiones son tomadas por grupos fácticos nacionales y/o internacionales, que imponen sus decisiones con medidas represivas. Tal fuerza no tiene por qué ser militar. No hay que asumir que todos los golpes de Estado suponen una intervención militar. Puede ser una fuerza financiera, económica, religiosa, o lo que fuere, y la represión no tiene por qué ser militar. Puede ser policial o político-mediático, prohibiendo o reduciendo de forma significativa la libertad de expresión.

Veamos pues qué ha estado ocurriendo en España. Desde que ha ocurrido la crisis, el Estado español (incluyendo sus gobiernos autonómicos) ha estado imponiendo toda una serie de políticas públicas que están dañando la calidad de vida y el bienestar de la población –y muy en especial de las clases populares- sin tener el mandato popular para su realización. Ninguna de estas políticas públicas estaba en su programa electoral. En realidad, en el caso del Gobierno Rajoy, su oferta electoral negó lo que ahora ha estado haciendo. Los Gobiernos españoles (y de una manera muy acentuada el Gobierno Rajoy) y la Generalitat de Catalunya, gobernada por CiU, están imponiendo políticas que, tal como documentamos en el nuevo libro “Lo que España necesita. Una réplica con propuestas alternativas a la política de recortes del PP” (Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón) cuenta con el rechazo de la mayoría de la población. Formalmente, sin embargo, podría aducirse (aunque con escasa credibilidad) que el Gobierno que llevaba a cabo tales políticas españolas implementaba por propia voluntad. Ahora bien, a partir del rescate, tal argumento ya es insostenible. No sólo en las áreas financieras, sino también en las áreas macroeconómica y fiscal, los que dictarán qué debe hacerse serán funcionarios de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional. En realidad, así lo han dicho y consta en sus declaraciones. El último informe de la Comisión Europea sobre España (que coincide con el último informe del FMI sobre nuestro país) lo deja muy claro: se exige la mayor profundización en la devaluación doméstica –que quiere decir bajar los salarios- y un mayor desmantelamiento del Estado del Bienestar, medidas todas ellas ampliamente rechazadas por la gran mayoría de la población. Todos estos hechos quedan bien definidos por la expresión “golpe de Estado”. El hecho de que los intereses bancarios y las entidades empresariales europeas, centrados en el capital alemán, no hayan utilizado ejércitos no niega lo apropiado del término. ‘Hoy en España se hace lo que el Gobierno alemán impone y la Comisión Europea dispone, medidas que se toman en colaboración con el Gobierno español, que no tiene mandato para realizarlas’. No hay duda de que el coste político de tal golpe para la legitimidad democrática del Estado español es enorme, situación que debería preocupar a todas las personas con sensibilidad democrática en nuestro país.

Tal coste político también será enorme para el partido gobernante, como muestran ya las últimas encuestas. Ahora bien, lo que considero también preocupante no es el declive del partido gobernante, sino la falta de cambio del partido en la oposición, el PSOE, que es quién tiene mayores posibilidades de gobernar de nuevo. Es frustrante ver que en el país, España, donde la crisis (junto con Grecia, Portugal e Irlanda) es más acentuada, las propuestas del partido de la oposición con posibilidades de gobernar de nuevo, continúan estancadas en el mismo plano conceptual que las políticas de Zapatero, causa del gran rechazo que tal partido recibió en las últimas elecciones. Una consecuencia de ello es que el descenso del PP no va acompañado del aumento del apoyo popular al partido socialista. Un tanto parecido ocurre en Catalunya, donde la coalición conservadora-liberal no ha descendido como lo ha hecho el PP debido a su habilidad y astucia política de ocultar el conflicto de clases bajo el conflicto de naciones, atribuyendo la crisis de las cuentas de la Generalitat al “expolio” por parte de España, olvidándose de que, aunque tal supuesto “expolio” se eliminara, Catalunya continuaría con el gasto público social por habitante más bajo de la UE-15, resultado de la escasa contribución al Estado de las clases sociales y grupos financieros y económicos que los financian, apoyan y sustentan al partido gobernante.

Pero, igualmente frustrante en Catalunya es el continuismo de las políticas económicas y fiscales del PSC, habiendo visto en las últimas semanas, economistas de tal tradición política, como Josep Oliver, apoyar la política de recortes de gasto público realizadas por el Gobierno de la Generalitat, e incluso, ayer, Joan Majó, en la televisión catalana TV3, defender el rescate financiero. Es más que preocupante que la alternativa al Gobierno actual sea ésta. En un partido en que todas sus corrientes destacan la necesidad de abrirse a la sociedad, brilla su falta de apertura en temas económicos, en los que se excluye de sus debates sistemáticamente a economistas de sensibilidad socialdemócrata, críticos de su conservadurismo. Un tanto parecido ocurre a nivel del Estado con el PSOE. Hoy la socialdemocracia española está todavía enquistada en su socioliberalismo, causa de su derrota.

Algo está ocurriendo en la socialdemocracia en Europa, pero muy insuficiente. Sin desmerecer el valor que tendrá para las clases populares de la Eurozona la victoria socialista en Francia, el hecho es que su apoyo al Pacto Fiscal (medida que imposibilitará el desarrollo de la Europa Social) y su escaso compromiso con la política de crecimiento limita lo que debería ser (y todavía espero que sea) un paso importante en la urgente reforma progresista en la Eurozona. Hoy la gran esperanza es la Izquierda Griega, que es la primera con posibilidades de gobernar que ha criticado de frente las políticas de austeridad. Es improbable que gane, resultado del enorme dominio anti democrático de los eurócratas en la política doméstica de Grecia, imponiendo un miedo a la población que puede producir, como ha ocurrido en el referéndum en Irlanda, apoyo a las medidas de austeridad, apoyo, en realidad, inexistente en aquel país. Pero, con su pérdida, se habrá perdido la posibilidad de hacer un cambio profundo en esta zona monetaria abriéndose un enorme interrogante sobre el futuro de la Eurozona y de la Unión Europea.

Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC España
vnavarro.org

sábado, 16 de junio de 2012

Respuestas a los interrogantes sobre el rescate a España

¿Qué significa el reciente rescate a la banca española? ¿Pondrá fin a la crisis bancaria? ¿Es la solución definitiva de la economía española? ¿Restituirá el crédito a empresas y «familias»? Nada de eso, el rescate es sólo un parche más en la creciente y penosa situación financiera de la banca europea así como una nueva toma de posición de los poderes financieros sobre las economías públicas. Su desarrollo se puede explicar a través de las siguientes cinco cuestiones.

¿A quién se rescata, al Estado o los bancos? ¿Cómo afecta este rescate a la población?
El préstamo de 100.000 millones de euros se concede a una entidad estatal, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Éste fue creado en junio de 2009 con el fin de financiar el proceso de saneamiento y fusión de las cajas de ahorros, con una dotación de hasta 99.000 millones de euros. Tres años después y a pesar de varias inyecciones milmillonarias, los procesos de fusión han terminado con la quiebra técnica del mayor de estos engendros financieros creado por la «bancarización» de las cajas: la creación de Bankia, producto de la fusión principalmente de Caja Madrid y Bancaja.

El FROB, institución que responde al Estado central, recibe 100.000 millones de las instituciones europeas, a un tipo de interés, aún por decidir, del 3 o el 4%.  Dicho de otro modo, el Estado recibe de Europa una cantidad similar al 10 % del PIB español a un tipo de interés notable, muy superior a las líneas de crédito que el Banco Central Europeo ha dispuesto para distintos bancos europeos desde hace ya más de tres años, y que ahora mismo están al 1%. Y la recibe para inyectar capital sobre las entidades financieras que así lo «soliciten». Teniendo en cuenta que los dos mecanismos de intervención del FROB son el préstamo o la compra de activos a las propias entidades, ¿no es probable que el Estado se encuentre una gran cantidad de préstamos de dudoso cobro, al tiempo que adquiere de forma masiva una gran cantidad de activos devaluados como suelo y vivienda? Sencillamente, el rescate nos devuelve a la situación típica de estos últimos años, es la población, a través del Estado, quien asume el riesgo de la crisis bancaria.

 ¿Soluciona este rescate en algo la crisis bancaria española? ¿Y la europea?
El préstamo no soluciona, de hecho, el grave problema de los activos devaluados de las entidades financieras españolas, ya que su cuantía es probablemente mucho mayor a los 40.000 millones de euros. En abril, el Banco de España estimaba en 160.000 millones los activos crediticios dudosos, lo que correspondía a una tasa de mora del 8 % respecto a los dos billones de euros que las entidades financieras españolas mantenían como crédito vivo, cantidades que sólo habrán de subir.

Pero el rescate tampoco soluciona, en nada, la grave crisis bancaria de las grandes entidades financieras europeas. Desde hace dos años, éstas han ido sorteando los graves desequilibrios de sus balances contables (plagados de activos devaluados o ya sin valor) a través del sencillo mecanismo de pedir prestado muy barato al BCE (ahora al 1 %) y prestar muy caro a los Estados llamados PIIGS (entre el 5 y el 10 %). Este espectacular negocio sobre la deuda pública de los países periféricos ha permitido sortear, a trancas y barrancas, la quiebra de los gigantes del continente. Pero esta misma política de «nacionalización bancaria», que ahora se impone sobre España haciendo al Estado responsable de «sus» bancos, supone la renuncia a cualquier forma de unión bancaria europea, y esto en la medida en que no se toma ninguna medida de mutualización de los riesgos, como por ejemplo pudiera ser la creación de un Fondo de Garantía de Depósitos europeo que respondiese a las quiebras en cualquier punto de la zona euro, o aún mejor que el BCE actuase como un verdadero banco central respondiendo como prestamista en última instancia de la crisis bancarias. En cualquier caso, los «rescates bancarios nacionales» no van a contener los riesgos en único país. En caso de quiebra de España o luego de Italia, el arrastre se extenderá, a través de los nuevos activos tóxicos (la deuda pública), a todo el sistema financiero europeo, desencadenando la crisis financiera que hasta ahora se ha intentado contener.

¿Ayuda el rescate a mejorar la situación económica de fondo? ¿Volverá el crecimiento?
El Estado español, al igual que el italiano, y antes el griego, el irlandés o el portugués, no va a poder hacer frente de forma indefinida al aumento del coste de la deuda, que está en la base del modelo de expolio financiero de las grandes bancos europeos. Sin ninguna forma de mutualización de la deuda pública a nivel continental o de intervención contundente y sostenida del BCE, la elevación de los tipos de interés impulsados por las rebajas de las notas crediticias de las agencias de rating y la elevación de la prima de riesgo en los mercados secundarios acabarán por quebrar la capacidad de pago de los estados. Así lo han entendido los llamados «mercados» (esto es, el puñado de agentes financieros que operan en los llamados mercados de deuda) en los días que han seguido al rescate, con un aumento sostenido de la presión sobre la prima de riesgo de España e Italia, empujando la situación a una nueva intervención.

Obviamente, las restricciones presupuestarias y el sacrosanto principio de la austeridad impuesto por el látigo de Merkel-BCE no pueden ayudar a resolver la situación. La austeridad impuesta como ley del gobierno de los acreedores, sólo puede funcionar en favor de estos últimos a corto plazo. En plena fase de recesión continental, por no decir mundial, y por lo tanto de contracción de las exportaciones, así como de prevención y ahorro de empresas y economías domésticas, la restricción presupuestaria es sinónimo de más recesión y de reducción de la base fiscal. Destruidas las bases del crecimiento económico, el único modo de mantener la capacidad de pago de los estados sólo puede ser a costa de las poblaciones, esto es, reduciendo los servicios sociales, restringiendo las pensiones, aumentados los impuestos, disminuyendo todas las partidas del gasto público. ¡Todo ello para pagar los intereses de una deuda pública artificialmente inflada! A falta de otras medidas, el futuro inmediato para la economía española es más ajuste y más recesión, acompañados de nuevos rescates condicionados a la imposición de una nueva batería de reformas draconianas en todos los segmentos claves de la economía. A medio plazo, la alternativa será o la pauperización irreversible o la rebelión.

¿Qué responsabilidad han tenido los políticos españoles y europeos en que estemos en esta situación?
En el caso español, la estulticia y la irresponsabilidad de la clase política resulta manifiesta. Lo fue en la época de la burbuja inmobiliaria, cuando utilizaron las Cajas de Ahorro (tomados los consejos de administración) como un colador monetario para financiar toda clase de macroproyectos (parques de atracciones, obras públicas, macroeventos) casi siempre ruinosos, para apoyar a promotores «amigos» o para lanzar crédito hasta el último rincón de un negocio inmobiliario condenado a medio plazo. Y lo es, actualmente, cuando tanto el gobierno central como los autonómicos se muestran incapaces de mostrar la más mínima nota de rebeldía contra una disciplina presupuestaria que condena al país a un empobrecimiento sin límite definido.

Igualmente, el rescate muestra la incapacidad de la clase política europea de poner orden en el gobierno de las finanzas continentales, aplazando sólo un poquito más allá el necesario ajuste financiero de un sistema bancario sobresaturado por la grasa acumulada durante 30 años de desregulación, sofisticación de la ingeniería financiera y patética permisividad a todas sus prácticas. La única solución que hasta ahora ha aplicado la clase política europea es la de solventar temporalmente la crisis financiera a costa de la presión y especulación con la deuda pública. Dicho de otro modo, entre rescatar a las poblaciones y rescatar a los bancos, han optado por estos últimos a costa de las primeras.

¿Qué alternativas tenemos al rescate?
La insolvencia de los grandes bancos europeos es inevitable. La sobrevaloración de sus activos y la acelerada devaluación de los mismos en estos años han producido enormes agujeros contables que hasta ahora se han solventado (desplazado hacia al futuro) por medio de una cruel y desmedida especulación con la deuda pública. El reconocimiento de la quiebra del sistema financiero europeo es, por lo tanto, el primer punto de partida político por el que podría pensarse una solución social a la crisis. Las actuales «soluciones» basadas en la nacionalización bancaria y el endeudamiento de los Estados sólo van a conseguir agravar el actual modelo de extorsión financiera y de socialización de pérdidas sin resolver la enorme inflación de los balances bancarios, para la que no hay, y no va a haber (conviene insistir) dinero público suficiente.

En este sentido, la toma política de la instituciones financiera permite pensar en otro modelo de quiebra bancaria que no esté fundado ni el rescate puro y simple para mantener una calma imposible, ni la desbandada que produciría un default en cascada completamente desordenado. El reconocimiento de la insolvencia financiera podría servir de oportunidad para poner en marcha las primeras medidas de un extraordinario programa de reparto de la riqueza social financiarizada a partir de la «valorización social (no económica) de los activos sobrevalorados». El procedimiento debería partir, tal y como han defendido distintas plataformas, de una auditoría social de la deuda de las entidades en quiebra: un análisis pormenorizado de aquellos «activos» que afectan a sectores sociales vulnerables (hipotecados, pequeños ahorristas, tenedores de preferentes, etc.) y que tendrán una posición preferente en las compensaciones; así como una reapropiación pública de aquellos «activos» actualmente sin valor de mercado (principalmente viviendas) pero que pueden tener un enorme valor social como bienes de uso.

16/06/2012
Emmanuel Rodríguez – Observatorio Metropolitano
Madrilonia.org

jueves, 14 de junio de 2012

Las siete grandes mentiras sobre el rescate español

Luis de Guindos: “Es un apoyo financiero que no tiene nada que ver con un rescate”. “No hay ni el más mínimo rescate al respecto”.
Falso. El dinero sale de los fondos europeos de rescate y se presta al Estado, no directamente a los bancos, como pretendía España. Aunque las condiciones sean algo diferentes al de los demás países rescatados, la realidad es que España se ha convertido en el cuarto país de Europa en recurrir a estas ayudas, tras Grecia, Irlanda y Portugal. Así lo ve toda Europa y la prensa internacional.

Mariano Rajoy: “Lo que hay es una línea de crédito”.
Falso. No son los bancos quienes piden el dinero prestado a Europa, se comprometen a devolverlo y pagan los intereses. Es España, a través de una entidad pública: el FROB. La mayoría de los bancos no recibirán préstamos desde el FROB –no los podrían devolver–, sino inyecciones de capital.

Mariano Rajoy: “No afecta al déficit público”.
Falso. Todo el dinero que pida prestado al FROB irá a la deuda pública y sus intereses, al déficit. Si se alcanzan los 100.000 millones y el tipo de interés, como se dice, es del 3%, supondrá 3.000 millones de euros más en el déficit anual: por comparar, es dos veces lo que ahorró Zapatero congelando las pensiones en 2010.

Mariano Rajoy: “El que ha presionado he sido yo. A mí nadie me ha presionado”.
Falso. Europa –especialmente Alemania y los países del norte– ha presionado a España para que acepte esta opción. Dentro del desastre, el procedimiento de rescate no es especialmente malo: había opciones mucho peores. Pero tampoco es el modelo soñado por el Gobierno español, que habría preferido una intervención del BCE o un rescate directo a los bancos sin que el Estado tuviese que avalar la operación.

Luis De Guindos: “Ayudará a las familias y a las empresas”. “Servirá para que vuelva a fluir el crédito, para que crezca la economía y se cree empleo”.
Falso. El dinero público inyectado a los bancos irá a provisiones de pérdidas, no al crédito. De hecho, a corto plazo lo más probable es que el crédito se restrinja aún más porque todas las entidades financieras –las buenas, las malas y las regulares– tendrán que aumentar aún más sus provisiones, por lo que no podrán prestar.

Cristóbal Montoro: “No van a venir los hombres de negro”.

Falso. La temida troika –el FMI, el BCE y la Comisión Europea– también va a aterrizar en España. Serán ellos quienes decidan la reestructuración del sector financiero y también quienes vigilen “de cerca y regulamente” el cumplimento de los compromisos españoles contra el déficit.

Luis de Guindos: “Las condiciones se les van a imponer a los bancos”.
Falso. España va a tener que firmar un ‘memorandum of understanding’: un tratado, como el de Grecia, Irlanda y Portugal. Y en el propio comunicado del Eurogrupo queda claro que la ayuda al sector financiero está condicionada al cumplimiento de los compromisos anteriores de España en la lucha contra el déficit. No hay condiciones explícitas, pero sí las hay imeldiario.esplícitas. En breve veremos nuevos recortes y subidas de impuestos, por mucho que el Gobierno hoy los niegue con la misma contundencia con la que antes negó el rescate.

Ignacio Escolar
Escolar.net

miércoles, 13 de junio de 2012

Reino de España: tras el rescate

El grupo de mayor vulnerabilidad de la población española son ya los niños. En toda la UE, sólo Rumania tiene una proporción mayor de niños que viven por debajo del umbral oficial de pobreza. Los jóvenes no lo tienen mucho mejor: más del 50% están en el desempleo, una proporción peor que la de Grecia; los mejores y más formados, emigran en masa, como sus padres y sus abuelos: a Alemania, a Inglaterra, a la Argentina. Y el paro a fines de este año, “en el peor escenario” previsto por los tecnócratas que han diseñado el rescate del sector financiero español decidido ayer, superaría ampliamente el 25% de la población.
En plena sintonía con estas malas nuevas, la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dejó boquiabierto al auditorio la pasada semana –en la presentación del último libro de un periodista conservador barcelonés en el candelero madrileño— confesando como cariacontecida que, en el futuro mundo que nos preparan, “nuestros hijos vivirán peor que nosotros”.
Tal vez no haya hoy en el planeta lugar mejor que el Reino de España para atestiguar la quiebra de las eufóricas promesas y de las instituciones de la “globalización”, de la “sociedad de la información”, de la “economía del conocimiento”—esa que habría superado para siempre los “ciclos económicos”—, de la “sociedad del riesgo”, de la “postmodernidad líquida” y de todos esos eufemismos ridículamente pomposos con que los peritos en legitimación de turno han venido disfrazando en las últimas décadas la verdadera contrarrevolución económica, social, política y espiritual que han venido desplegando los nuevos mandamases del capitalismo tardío, herederos resucitados de los “monarcas financieros” combatidos por Roosvelt y de aquellos “rentistas” a los que Keynes recomendó encarecidamente aplicar la “eutanasia”.
La primera víctima de esa “guerra de clases desde arriba” ha sido, como en todas las guerras, la verdad. De aquí el triunfo apoteósico de los eufemismos.
Con esa mezcla tan suya de gesto firme, paupérrima contundencia adverbial –“absolutamente”— y dicción insegura y trastabillada, el ministro De Guindos se empeñó anteayer en otro: no es un “rescate”, “en absoluto”, “vamos a ver”, “es, es… es… una ayuda financiera, un préstamo a intereses mucho más bajos, como usted bien sabe, que los del mercado”. Inútilmente: toda la prensa, nacional e internacional, amiga y menos amiga –que entre bueyes no hay cornadas—, titula en primera plana: “Rescate del Reino de España”.
La segunda víctima es la democracia, entendida simplemente como predominio político de la opinión pública de los más. Porque no hay modo de que los menos impongan políticas abiertamente hostiles a los más. Sobre todo cuando los más se percatan, como obviamente lo hacen, de la mentira, ya vaya eufemísticamente vestida y al agravio se sume el insulto. El rescate ha llegado tras negarlo enfática y repetidamente los dirigentes más importantes del PP: el propio Rajoy el pasado 28 de mayo, y esta misma semana pasada, el ministro de Hacienda Montoro, y anteayer mismo, el ministro de Industria, Soria, la vicepresidenta del gobierno y la irritante secretaria general del partido, la señora de Cospedal, la del rictus avinagrado.
Cuando falla el eufemismo, quedan la policía y la “necesidad”. De la policía mucho hay que hablar; la austeridad trae inexorablemente consigo autoritarismo. Y con ministros del interior de escasa convicción democrática –como el grotesco Puig en Cataluña, como el exfranquista Fernández Díaz en el gobierno central—, cosas mucho peores. Por ejemplo, robustecimiento del espíritu de cuerpo y del fanatismo represor entre los subordinados: se estima que en Grecia el 50% de las llamadas fuerzas de orden público son ahora mismo votantes del neonazi grupúsculo Alba Dorada.
Pero hoy toca hablar de la “necesidad”.
Necesidad, arbitrariedad y legitimidad política
Nadie votó a Zapatero para hacer lo que hizo a partir del 12 de mayo de 2012, pero el hombrecillo dijo, tan contristado, que lo haría “cueste lo que cueste y me cueste lo que me cueste”. Era “necesario”, ¡qué diablos!
Rajoy se ha empeñado en superarle. No sólo nadie le votó para que negociara un rescate, sino que se presentó a las elecciones del pasado noviembre con el explícito mensaje de que sólo él podía evitarlo. Lo cual habría de ser relativamente fácil, habida cuenta de que todo se reducía a un problema de “confianza” de los mercados financieros, y para inspirar “confianza”, ahí estaban el chico de Pontevedra y sus amiguetes (como Rato, mismamente). Ahora ha descubierto la “necesidad”, que –como la “confianza”— vaya usted a saber en qué consiste exactamente, pero que parece servirle también para salir arbitrariamente del paso y, como a Zapatero, para ciscarse en sus electores. Todo muy quevedesco:
No olvides que es comedia nuestra vida
y teatro de farsa el mundo todo
que muda el aparato por instantes
y que todos en él somos farsantes.
En unas declaraciones a la emisora Onda Cero realizadas a fines de mayo, cuando negaba por fas y por nefás que el sistema financiero español necesitara rescate, decidió de todas formas curarse en salud, con un buen baño de arbitraria “necesidad”:   “haré cualquier cosa que sea necesaria, aunque no me guste y aunque haya dicho que no lo iba a hacer”. Y lo hizo.
Con este resultado: la legitimidad política del gobierno de Rajoy terminó ayer, como la de Zapatero se hundió irreversiblemente el 12 de mayo de 2012 [1].
¿Quién decide lo que es “necesario” en un momento dado? La cuestión no tiene siquiera que ver con la representación democrática (de los intereses de los más), sino con la representación política tout court. La representación política fiduciaria de unos intereses ciudadanos –grandes o pequeños— no es un mandato personal para que el elegido por cuatro años decida por su cuenta y riesgo qué políticas (le) imponen las cambiantes “necesidades” interpretadas a su antojo y acomodo.—Eso sería, a lo sumo, usurpación tecnocrática de la representación política.— Es, al contrario, un mandato para desarrollar y poner por obra un programa de gobierno que se supone ex ante factible y realizable, es decir, un programa que incorpora ya explícitamente y somete al electorado, si se quiere como restricciones, todos las posibles “necesidades” (las anankaia de Aristóteles: así de viejo es el problema). Cuando un programa se revela, por lo que sea, irrealizable, termina el mandato político legítimo, y el representante no tiene sino cesar o someter un nuevo programa a una cuestión de confianza ante la ciudadanía.
Política ilegítima, tecnocracia de medio pelo y una derecha dividida
Es harto sabido: la sufrida izquierda social española arrastra desde el comienzo mismo de la Transición un grave problema de representación política. La célebre ley de hierro de las oligarquías políticas formulada por Robert Michels en 1910 se ha cebado espectacularmente con el pueblo español de izquierda. Carrillo impuso sin mayores discusiones –y para más INRI, desde una universidad norteamericana— el abandono del leninismo a los comunistas; luego, sin mayores explicaciones a nadie, decidió el abandono de la República y la aceptación de la Monarquía y su himno y su bandera. Felipe González, contra el parecer abrumadoramente mayoritario de los socialistas españoles, hizo repetir un congreso del partido para imponerles el abandono del marxismo en 1979; luego, contra las promesas electorales que le llevaron a un triunfo arrollador en otoño de 1982, chantajeó a su electorado hasta lograr imponerle –por los pelos— la permanencia de España en la OTAN en 1986. Buena parte del éxito inicial de Zapatero en su primera legislatura consistió en que, y para pasmo de todos, cumplió con su compromiso electoral de retirar las tropas españolas de Irak. Tanto más devastadora psicológicamente resultó la vuelta a la “normalidad” con la traición a su electorado  en el giro de mayo de 2010.
Una de las más llamativas –y trágicas— consecuencias de ese endémico problema de representación política fiduciaria de la (demográficamente mayoritaria) izquierda social española, fraguado en el arranque de la Transición, se manifiesta en la poca calidad de sus dirigentes políticos. Pues se afianzó y prosperó todo un conjunto de mecanismos de selección inversa, que ha solido enviar sucesiva y regularmente a casa, o al basurero de la historia –como decían los viejos estalinistas—, a los mejores y más capaces, promoviendo generalmente a los incapaces, a los mediocres, a los serviles, a los cerriles, a los cainitas chiflados, y muchas veces –hay que decirlo—, a los más corrompibles (como, por señalado ejemplo, Roldán). Y a tenores huecos, a barítonos bufos, a revolucionarios de salón y tartarines de oficina, a buscavidas sin oficio ni beneficio conocido y a logreros de diversa laya (como los del “tamayazo”, que lograron la imposible hazaña de aupar a Esperanza Aguirre al poder en Madrid). Y a inconsistentes zascandiles, como Zapatero. Todo un espectáculo coral. El asombroso descrédito de la política entre el pueblo –todos los sondeos de opinión coinciden en que el tercer problema percibido como más grave por los ciudadanos es la “clase política”— tiene que ver también con eso, más, desde luego, que con una espontánea querencia ibérica por la antipolítica.
La representación política fiduciaria de la (demográficamente minoritaria) derecha económica y social española nunca había conocido ese tipo de problemas, no con la gravedad con que los ha padecido la izquierda. Baste recordar cómo se desembarazaron sin pestañear de Hernández Mancha –el “parlanchín delirante” (Javier Pradera)— en la Alianza Popular antecesora del actual PP, o –mayúsculo ejemplo— la saña y rapidez con que liquidaron a Adolfo Suárez y a su UCD, tan pronto empezaron a resultarles incómodos. La diferencia con el destino de Felipe González –el de los gatos negros y los gatos blancos y la “mirada tontiastuta del gatazo castrado y satisfecho” (Rafael Sánchez Ferlosio)— salta a la vista.
Pues bien; en menos de seis meses de gobierno, la crisis y su gestión por el gobierno Rajoy lo está consiguiendo. El periodista Federico Quevedo –un informado correveidile del mundo de la derecha (El Confidencial) y la extrema derecha (Intereconomía) mediáticas madrileñas— contaba el pasado 1 de junio esta infidencia de “un importantísimo ministro del Gobierno de Mariano Rajoy ante un reducido grupo de empresarios”:
“Nunca pensamos que a seis meses de ganar unas elecciones con mayoría absoluta, con un poder como nunca había tenido un partido político en España, íbamos a sufrir un desgaste tan brutal hasta el punto de que se cuestione nuestra continuidad. Y lo peor es que no sabemos qué hacer”.
Obviamente, el “brutal desgaste” a que se refiere el “ministro importantísimo” no puede ser electoral (tienen tres años y medio por delante), sino que alude a la pérdida de confianza de su base social fideicomitente directa, es decir, al reducido núcleo de intereses sociales y económicos granempresariales del que el gobierno del PP es, supuestamente, fideicomisario.
Unos días antes, el diario El País había publicado un artículo firmado por tres destacados economistas jóvenes del principal think tank de la derecha española (la Fedea generosamente financiada por las grandes empresas nacionales), al que ya tuvimos ocasión de referirnos la semana pasada, y en el que se daba por amortizado al gobierno de Rajoy y se venía a pedir un gobierno tecnocrático de unidad nacional para mantener al Reino en el euro. El gobierno, principalmente De Guindos, el propio Rajoy y el secretario económico de presidencia, Álvaro Nadal, consideraron eso poco menos que alta traición, y algún periodista afín a ese grupo llegó a hablar de intento de golpe de Estado. (Véase “El día en que Fedea propugnó un golpe de Estado (y cavó su tumba)”, El Confidencial, 9 de junio de 2012.) Pero la fidelidad del periodista a la fracciónn de Rajoy, De Guindos y Nadal le hace verosímilmente presentar las cosas al revés. Descubierto el “complot” para terminar con Rajoy, estos chicos estarían acabados, porque, supuestamente, el Gobierno Rajoy y las grandes empresas que financian a Fedea serían una y la misma cosa. ¿O no?:
“ ‘No se trata –aseguran estas fuentes- de cuestionar a Fedea ni su labor durante estos años, que ha sido excelente, sino de plantearnos por qué una institución que nace con la voluntad de aportar ideas, se erige de pronto en un baluarte de la oposición al Gobierno hasta el punto de promover la destitución del mismo’. La Fundación ha cruzado una línea roja peligrosa, y ahora tiene en su contra nada menos que al Gobierno de España –BBVA, Banesto, Santander, Abengoa, El Corte Inglés, Telefónica, La Caixa, Sabadell, Iberdrola, Repsol…-, y resulta cuando menos poco probable que los patronos de la Fundación, los que ponen el dinero con el que se paga a economistas supuestamente de reconocido prestigio para que escriban artículos como el mencionado, estén dispuestos a respaldar semejante propuesta de Golpe de Estado… ¿O si?.”
Por lo pronto, nadie que sepa un poco del negocio bancario puede creer que en el Santander, el BBVA y la Caixa –los tres grandes— estén precisamente entusiasmados con las exigencias indiscriminadas de recapitalización de la banca. Los directivos de Bankinter –una entidad mucho más pequeña, pero con balances ajustados— han sido los primeros en denunciar en público que esas exigencias son consecuencia de las dos sucesivas “reformas financieras” erráticamente acometidas en un trecho de menos de tres meses por el ministro de Economía. Responsables directas, dicho sea de paso –como no se mordió la lengua en decirlo Rato—, de la inopinada aparición del agujero negro en el ejercicio contable 2011 de Bankia y la consiguiente escandalera internacional, que ha terminado por hacer imparable el rescate.
Por lo demás, los no tan velados amagos de amenaza de salir del euro y provocar la Grn Catástrofe –que cierta prensa atribuye a Nadal y al propio de Guindos, y el mismísimo New York Times (7/6/2012), al propio Rajoy, que tendría “un as en la manga”—, a fin de evitar a toda costa el rescate y ganar tiempo, forzando al BCE a volver a comprar títulos españoles de deuda pública en los mercados secundarios, lejos de conseguirlo, con toda probabilidad aceleraron las fugas de depósitos de los bancos españoles y agravaron las sensaciones de angustia y desconcierto[2].
Pero lo cierto es que la terrorífica presión internacional a que se sometió la pasada semana al gobierno de Rajoy –televisiva aparición Obama incluida— no tenía que ver con eso. El Reino podía aguantar perfectamente un buen tiempo, no estando, como no estaba, a diferencia de Italia, urgido por grandes vencimientos inmediatos de sus títulos de deuda pública. Acababa, además de colocar –el jueves— títulos por un monto superior a los 2.000 millones de euros con una demanda que triplicaba la oferta, sirviéndose del clásico truco de los últimos tiempos de forzar a los propios bancos españoles en dificultades a entrar en el negocio de comprar esos títulos (negocio grotescamente irracional donde los haya, pero redondo: la banca española toma prestado dinero del BCE al 1% y compra títulos de deuda pública española que, en el caso de los bonos a diez años, rinden unos intereses superiores al 6%). En suma, el Reino y sus banqueros podía aguantar todavía: ya se sabe que los borrachos tambaleantes pueden tenerse cierto tiempo en pie sostenidos unos en otros.
Lo que verdaderamente aceleró el rescate, como luego habrá ocasión de explicar, es el miedo, el pánico, al resultado de las elecciones en Grecia el próximo 17 de junio, y a un probable triunfo allí del partido de la izquierda griega Syriza, que ha sido capaz de desafiar inteligentemente a la eurocracia.
“Líneas de crédito”, “condicionalidades” y “rescates”
¿En que consiste, pues, la “línea de crédito” negociada en tan “favorables” términos y después de “haber presionado tanto” Rajoy?
Tras el informe del FMI, publicado apresuradamente ante el anuncio de la teleconferencia del eurogrupo, que estimaba las necesidades en unos 40.000 millones de euros, el gobierno Rajoy se allanó a solicitar el rescate de un sector financiero español incapaz ya de financiarse en los mercados de capitales. Alemania se negó en redondo a la pretensión inicial de España –apoyada, en cambio, por Hollande y Rehn— de una ayuda directa a los bancos que lo solicitaran del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEE), tras su prevista constitución y modificación de sus estatutos en julio próximo.
Por lo tanto, la única formula posible era un crédito al FROB, garantizado por el estado español, que a su vez inyectaría el capital necesario, directamente o a través de los llamados bonos convertibles contingentes, con un techo estimado de 100.000 millones de euros.
Esta cantidad, lejos de ofrecer como afirma De Guindos un “confortable colchón”, se queda corta tras las poco meditadas exigencias fijadas por las dos últimas reformas financieras, porque la mayoría de los estudios realizados hasta la fecha por grupos y bancos de inversión privados sobre las necesidades de recapitalización de la banca española las cifran entre los 134 y los 180 mil millones de euros. Lo cierto es que los inversores esperan lo mejor, pero se preparan para el peor de los escenarios posibles. Y esta es su cifra. Al señalar un techo finalista de 100 mil millones a los dos evaluadores privados contratados para escarnio del Banco de España y sus funcionarios –Oliver Wyman y Roland Berger—, es evidente que se pone abiertamente coto a su independencia, por otra parte más que cuestionable. Para semejante viaje, no merecía la pena haberse empeñado antes en la destrucción de la credibilidad evaluadora del banco central español.
Con la política de transparencia que caracteriza al gobierno Rajoy, se desconocen hasta ahora las condiciones impuestas por el eurogrupo en la negociación, a despecho de que De Guindos repitiera hasta la saciedad en la rueda de prensa la muletilla “como usted bien sabe”. Pero se han ido filtrando algunas, y otras resultan obvias. En primer lugar, el Financial Times revela hoy (11 de junio) que queda aún por resolver si el dinero vendrá del MEE, cuando se cree en julio, o de la Facilidad Europea para la Estabilidad Financiera (FEEF). La diferencia no es baladí, porque implica en el primer caso la prioridad condicionada en el pago de los intereses. Y eso es lo que exigen Países Bajos y Finlandia.
En segundo lugar, serán los representantes directos del eurogrupo, de la Comisión y del MEE o del FEEF, y no el gobierno de Rajoy, quienes decidan y vigilen –con la ayuda del FMI— la reestructuración del sector bancario español, con todas las consecuencias que eso trae consigo, como garantizar el objetivo de la “reprivatización” y cerrar el paso a cualquier veleidad de una banca pública. Eso sí, la “responsabilidad” será del gobierno.
En tercer lugar, porque como establece negro sobre blanco el comunicado del eurogrupo: “el Eurogrupo confía en que España respetará sus compromisos bajo el procedimiento por déficit excesivo y con respecto a las reformas estructurales, con vistas a corregir los desequilibrios macroeconómicos en el marco del semestre europeo. El progreso en estas áreas será revisado de cerca y regularmente en paralelo con la asistencia financiera. Más allá de la aplicación decidida de estos compromisos, el Eurogrupo considera que las condiciones de la asistencia financiera deberían centrarse en reformas específicas dirigidas al sector financiero”.  Y por mucho que Rajoy insista en negar los hechos, la parte de los 100 mil millones de euros (10% del PIB) que se utilicen, vendrá a sumarse a ese 70% del PIB que, aproximadamente, supone ahora la deuda pública.
Una cifra que no sería alarmante –seguiría por debajo de la media comunitaria, y en particular, de la alemana—, si no fuera porque el gobierno Rajoy opta por recapitalizar la banca privada a costa de aumentar y prolongar en el tiempo los recortes del gasto social. Que no del gasto público, volcado, como es harto sabido, en un sector financiero que ha recibido ya, entre pitos y flautas, la friolera de unos 150 mil millones de euros desde 2008, una suma que, sumada a los millones ahora previstos por el rescate, podría llegar a alcanzar el 25% del PIB.
En una devastadora crítica del rescate español, el conocido columnista del Spiegel y del Financial Times, Wolfgang Münchau se muestra más que escéptico (FT, 11 de junio 2012). El rescate del sistema financiero español solo habrá conseguido volver a ganar tiempo en la crisis del euro, que no se desencallará mientras no se avance resueltamente hacia una unión bancaria. Una unión bancaria que exige un nuevo tratado intergubernamental que instituya una autoridad bancaria central reguladora y supervisora, un sistema de garantía de depósitos y, lo más difícil, corte por lo derecho el nudo gordiano que ha apalancado la deuda privada en la deuda soberana de los estados. Porque en el caso español la pública aún no supera el 75% del PIB, pero la suma de la pública y la privada montaba un 363% del PIB en 2011. Y este es el perverso mecanismo que no han hecho sino reforzar las cuatro reformas financieras –emprendidas sucesivamente por los gobiernos del PSOE y del PP— y los dos programas de crédito barato puesto por obra por el BCE para inyectar liquidez al sistema bancario. Con el rescate de la banca, el estado español se ha convertido en el mayor propietario de su propia deuda soberana. ¿Qué sentido tiene en esta situación la palabra “solvencia”?
Pendientes resbaladizas, desfiles de horrores, y el factor decisivo: la izquierda griega
La urgencia del rescate español y su grandiosa escenificación internacional –ya va dicho— tiene sobre todo que ver con las elecciones griegas del próximo 17 de junio. Es evidente: para la UE, arde Troya. Y el caballo de la desdicha no es la disciplinada y autoritaria Esparta, sino la democrática Atenas.
Nadie mejor que el economista griego Varoufakis, uno de los mejores economistas científicos de Europa, y hombre cercano a Syriza, para dibujar el escenario de la crisis del eurogrupo:
“La falta de un proceso constitucional (o habilitado mediante Tratado) para salir de la eurozona está respaldada por una sólida lógica. Todo el desarrollo de la moneda común estaba concebido para impresionar a los mercados con la idea de que se trataba de una unión permanente que garantizaría pérdidas enormes para quienquiera osare apostar contra su solidez. Basta una sola salida para hacerle un descosido a esa percepción de solidez. Como una leve línea de fisura de un dique de portentosa contención, una salida de Grecia traerá inevitablemente consigo el colapso del edificio, demolido por las irrepresables fuerzas desintegradoras que se colarán por esa línea de fisura. En el momento en que Grecia se vea empujada a abandonar, ocurrirán dos cosas: una fuga masiva de capitales desde Dublín, Madrid, Lisboa, etc., seguida de la acrecida renuencia del BCE y de Berlín a autorizar liquidez ilimitada a los bancos y a los Estados. Eso significará la inmediata bancarrota de todos los sistemas bancarios, y la de Italia y España. Llegados a ese punto, Alemania se enfrentará a un terrorífico dilema: poner en riesgo la solvencia del Estado alemán (comprometiendo unos cuantos billones de euros en la tarea de salvar lo que quede de la eurozona) o salvarse a sí misma (es decir, abandonando ella la eurozona). No tengo la menor duda de que optará por lo segundo. Y puesto que eso  significará romper unos cuantos Tratados y Estatutos (incluido el del BCE), la UE, en substancia, habrá pasado a mejor vida.” [–Pulse AQUÍ para ver la fuente]
El increíble revuelo internacional provocado a cuenta del rescate del Reino de España, la ciclópea y estudiada dramatización mediática del problema –filtración de Reuters incluida— estaban primordialmente destinados a dar a entender al electorado griego estas dos cosas. La primera: que, caso de ganar las elecciones la izquierda, de ningún modo se renegociarán los tratados de austeridad que han devastado social y económicamente a Grecia, y que la salida de Grecia del euro resultaría entonces inevitable. Y la segunda: que a la Troika no le temblará el pulso, porque ha tomado ya todas las medidas necesarias para evitar el contagio catastrófico a España, y a su través, a Italia. (A la hora de escribir esto, Reuters hace otra filtración interesada: un grupo de superexpertos  de la UE lo tiene ya todo estudiado para el caso de Grecia salga del euro, corralitos bancarios incluidos, en Grecia y … ¡ay! … en otros países miembros.)
No llevaba razón ayer Rajoy cuando, tras comparecer a rastras ante los medios de comunicación antes de irse al fútbol, proclamó propagandísticamente que el rescate era tan bueno para el Reino como para la eurozona.
No es bueno para nuestra economía. Primero, porque, además de avalar, y con toda seguridad agudizar, las catastróficas políticas procíclicas de austeridad de su gobierno, avala también el pésimo diagnóstico que anda por detrás del “reformismo” financiero del PP (idéntico al del PSOE): no es verdad que el saneamiento de la banca española se reduzca a un problema de capitalización. La enorme deuda privada de las familias y las empresas españolas en los años del “España va bien” (Aznar) y “España ha entrado en la Liga de Campeones” (Zapatero) es el principal problema de la economía española, y a causa de ese problema estamos en una recesión de balances y la banca privada española más comprometida con la burbuja inmobiliaria se halla en situación de insolvencia. Sanear la banca en serio no quiere decir recapitalizarla con inyecciones infinitas de liquidez –que, dada la recesión de balances, se va sin más por el sumidero, como acaban de comprobar amargamente a su costa los clientes y los empleados de Bankia que se dejaron embaucar en la compra de emisiones de capital—, sino proceder a una reestructuración a gran escala, cuyo centro debe ser la quita de la deuda. En una cosa lleva razón el PP cuando carga ahora oportunistamente el muerto al PSOE, alegando que si los socialistas hubieran hecho una reforma financiera a tiempo, ahora no nos veríamos abocados al rescate. Pero no en los argumentos para avalar esa razón. Lo cierto es que Zapatero, acaso demasiado entretenido en batallitas culturales miopes y en fotogénicos ágapes con Botín, perdió en 2008 la gran ocasión de proceder a una nacionalización de la enorme parte de la banca privada más dañada por el ladrillo –entonces había dinero público para hacerlo: nuestra deuda pública apenas representaba un tercio del PIB, y nuestra prima de riesgo era inferior a 100 puntos—, crear una gran banca estatal –incluyendo el robustecimiento de la constitución social de las cajas de ahorros—, sanear a fondo todo el sistema financiero con quitas masivas de deuda privada y, de paso, generar un gran parque público de vivienda de alquiler barata.
Sic transit: en el primer día hábil tras el rescate, la bolsa ha cerrado en -0,54 puntos, después de un subidón a primera hora de +5,9. Y la prima de riesgo ha vuelto a superar los niveles anteriores al rescate, pasando de 462 a 520 puntos. Es como si los mercados se hubieran enterado ya de que, gracias a la incalificable política económica en curso, el Reino de España, además del rescate de su sector financiero, deberá, de aquí al 2014, buscar refinanciación para su deuda soberana por valor de 155 mil millones de euros y conseguir otros 121 mil millones de euros para cubrir su déficit presupuestario.
Pero el rescate no es bueno tampoco para Europa. Lo que Europa necesitaría es quebrar la resistencia de Merkel, abandonar lo antes posible las catastróficas políticas procíclicas de austeridad, instituir rápidamente una autoridad fiscal unificada, mutualizar la deuda de la eurozona y poner por obra políticas fiscalmente expansivas. Por eso los desafíos y amenazas del tándem austérico Rajoy-De Guindos eran, además de ridículas, increíbles. Exigían limosnas, a cambio de seguir destruyendo a su aire, y tan dañina como innecesariamente, la vida económica y social española. No desafiaban ni amenazaban al núcleo de las políticas suicidas de la Troika, y muy señaladamente, de Berlín. Por eso les doblaron el brazo.
¿Pero quién quita que esta victoria “preventiva” de Merkel, Rehn y el resto de la eurocracia neoliberal no termine por hacerles avanzar un paso para retroceder dos? En Portugal y en Irlanda, especialmente tras el reciente referéndum sobre el Pacto Fiscal, se levantan ya por todos lados voces que exigen una renegociación de los términos de sus rescates, sobre la base del que el gobierno Rajoy jura por su honor haber obtenido en mejores condiciones.  La periferia de la eurozona se alborota, justo antes de la prueba decisiva en Grecia.
Estar por ver si el pueblo griego, a diferencia del irlandés, será capaz de resistir el chantaje de la Troika el próximo domingo 17 de junio. Y entonces veríamos, gracias a Syriza, si Berlín, Bruselas y el FMI son capaces también de doblegar al pequeño gigante de la decencia resistente europea en que se habrá convertido la Atenas en que nació la primera democracia radical plebeya, la que echó a andar, con Solón, poniendo por obra un programa político tan sencillo como actual: reparto de la propiedad de la tierra (géa anasdesmos) y cancelación de la servidumbre por deudas (kreón apokopé).
NOTAS:
[1] Aunque desde mediados de febrero se podía percibir la inflexión en la tendencia al voto del PP, desde marzo de ha desplomado más de 9 puntos, hasta un 37,1%. Rajoy recoge actualmente un rechazo del 78%. Pero los electores no olvidan quién inició en mayo del 2010 el plan de ajuste: el PSOE solo ha remontado en la oposición 2,9% y Rubalcaba tiene un rechazo del 89%, superior a Rajoy. Los electores han ido desarrollando estos meses tres certezas, que parecen guiar sus prospectivas de futuro: que la situación económica ira a peor (90,2%), que el rescate era inevitable (64%), dada la inutilidad de la clase política, y nefasto (70%). (http://politica.elpais.com/politica/2012/06/09/actualidad/1339258034_213987.html)
[2] Usura del tiempo, esto es lo que, el 21 de Noviembre de 2011, tras ganar Rajoy las elecciones, escribimos desde estas mismas páginas de SinPermiso::
“El gobierno del PP va a tener que enfrentarse, quieras que no, a la siguiente y poco prometedora disyuntiva.
1) Obediencia más o menos ciega del gobierno de Rajoy a las directrices de los mandamases de una UE dominada por las actuales concepciones de la señora Merkel y la élite político-bancaria alemana. Esa opción tiene dos escenarios posibles: http://www.sinpermiso.info/articulos/ficheros/20n2011.pdf
a) De persistir en la actual negativa alemana a cambiar rápidamente el diseño institucional de la política fiscal de la eurozona, no se llega sino al desastre y al final del euro. La eurozona, simplemente, se desmembraría, y el gobierno de Rajoy se convertiría básicamente en un aterrorizado gestor político, o de la europeseta, o de un nuevo euro devaluado, del que habría salido ya una Alemania resuelta a crear una nueva zona Deutschemark (verosímilmente, con Holanda, Austria, Finlandia, Luxemburgo y quizá Bélgica, pero no Francia). En cualquier caso, la implosión de la eurozona significaría una catástrofe económica, no ya para España, no ya para el continente europeo, sino para la economía mundial: un verdadero tsunami financiero que haría palidecer por contraste al provocado por la decisión norteamericana de dejar caer al banco Lehman Brothers en 2008: la Gran Recesión de 2008-2011 se convertiría con toda probabilidad en una Gran Depresión II de duración indefinida y de resultados económicos y políticos de todo punto inciertos.
b) De cambiar rápidamente la actual política dictada por la señora Merkel a la UE, yendo resueltamente a una salvación del euro con pasos prestos hacia un Tesoro común europeo, con eurobonos y un Banco Central normal, capaz de desempeñar la función de prestamista de último recurso, entonces, caso de llegarse a tiempo, se abriría en Europa un escenario algo mejor, pero simplemente semejante al norteamericano: comenzaría el debate político sobre qué política económica es mejor: si una política derechista (à la Tea Party) de austeridad fiscal, ajustes estructurales, etc., o una política progresista de expansión fiscal, crecimiento económico y reequilibrio entre la economía alemana y las periféricas. Este último escenario tendría la ventaja de que volverían a aparecer, como problemas propiamente políticos, y no meramente técnicos, dos opciones distintas de política económica a escala europea. Las perspectivas políticas del gobierno de Rajoy no serían muy halagüeñas aquí, pues las políticas ultraderechistas de austeridad fiscal a escala europea difícilmente podrían presentarse ante la opinión pública como compatibles con los intereses nacionales más elementales de los países periféricos.
2) La segunda opción que se ofrece al gobierno de Rajoy es la de una resistencia desde el primer día a Merkel, ya por la vía de intrigar, como parece estar comenzando a hacer (véase al respecto la información proporcionada por el conservador Times de Londres el pasado 18 de noviembre) con Cameron y el gobierno conservador británico (fuera de la eurozona), y/o con un cada vez más alarmado Sarkozy (dentro de la eurozona). Pero esta segunda opción, si no lograra vencer el empecinamiento de Merkel –que aterra ya hasta a la derecha económica más encallecida de nuestro país—, significaría un serio agrietamiento de la elite político-bancaria eurocrática, y es lo más probable que terminara con la destrucción de la eurozona y, de nuevo, como en el escenario presentado en 1a, con un Rajoy gestor político de la europeseta, con todas la tremebundas consecuencias de alcance mundial ya dichas allí.”

Antoni Domènech es el Editor general de SinPermiso. Gustavo Búster y Daniel Raventós son miembros del Comité de Redacción de SinPermiso.

¿Cómo afecta el rescate de España al nivel de déficit y deuda pública?

Escribo este post con la intención de resolver algunas dudas que he visto han surgido en relación al rescate de España por parte de la Unión Europea y sus efectos en el nivel de déficit y de deuda pública. El gobierno se está esforzando por maquillar y suavizar la gravedad del asunto recurriendo a artimañas contables, declaraciones sesgadas, empleo de eufemismos e incluso vergonzosas mentiras. La última de ellas y de la que me ocuparé enseguida es la propinada por el presidente del gobierno Mariano Rajoy cuando aseguró que el rescate no afectaría al déficit público. Es difícil resistirse a desmontar una mentira tan escandalosa y más aún cuando proviene de la persona que, sobre el papel, representa a los ciudadanos españoles.

Cuando en un año concreto un estado presenta más gastos que ingresos (presenta déficit), tiene que cubrir esa diferencia de alguna forma. La forma más usual es la de pedir dinero prestado a los inversionistas en los mercados financieros. Imaginemos que un estado presenta en un año determinado unos gastos por valor de 30.000 millones de euros, y unos ingresos de 20.000 millones. La diferencia será el déficit: 10.000 millones de euros. El estado necesitará dinero por esa cantidad para poder cubrir todos sus gastos; y por lo tanto pedirá dinero prestado a los inversionistas. De esta forma, la deuda pública se incrementará en la misma cantidad (10.000 millones), puesto que será el volumen de capital que tendrá que pedir prestado el estado y devolver en un futuro. Si en el próximo año nuestro estado vuelve a presentar déficit, tendrá que volver a pedir prestado más dinero, por lo que la deuda pública volverá a incrementarse.

Pero la deuda pública no es exactamente equivalente a la acumulación de déficits públicos. Para ser más precisos, la deuda pública es todo el dinero que un estado tiene que devolver porque en su día lo pidió prestado. Puede ocurrir que la deuda pública aumente súbitamente sin que haya cambios en los niveles de déficit. Esto es precisamente lo que va a ocurrir en principio con el rescate al que se va a acoger el estado español. La Unión Europea va a prestarle a la economía española una cantidad de dinero (ampliable a 100.000 millones de euros) que en un futuro tendrá que devolver. La deuda pública española se incrementará (se calcula que lo hará aproximadamente en un 10% del PIB), porque el estado se endeudará y tendrá que devolver ese dinero en un plazo acordado. Con este primer movimiento, el déficit español no cambiará, puesto que no habrá alteraciones en los gastos ni en los ingresos. Este préstamo por parte de la UE no computará como ingreso porque el dinero no irá a las arcas del estado, sino que se apartará en un fondo especial: el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Obviamente tampoco computará como gasto; por lo que el nivel del déficit público no se verá alterado en un principio. Pero la deuda pública española sí aumentará.

Este movimiento hay que entenderlo de la siguiente forma: la UE reúne una cantidad de dinero y lo ingresa en el FROB. Puesto que el FROB está al margen del Tesoro, las cuentas del estado español no se inmutan con esta acción. Sin embargo, en un préstamo siempre tiene que haber algún agente que se haga responsable del mismo. Cuando pedimos un préstamo para comprar una vivienda, alguien tiene que hacerse responsable y comprometerse a devolver el dinero. En caso de que esa persona no pueda devolver el dinero, tendría que afrontar su responsabilidad de alguna otra forma, por ejemplo entregando otros bienes patrimoniales como la propia vivienda. El agente económico que se hace responsable del préstamo es quien se compromete a devolver el dinero. Por ejemplo, yo puedo pedir un préstamo a un banco y en el contrato nombrar como responsable a mi padre. Será mi padre quien se comprometa a devolver el dinero prestado y a compensar al banco de alguna forma si finalmente no pudiera amortizar el préstamo. Pues bien, en el caso del rescate de la UE, el responsable del préstamo es el estado español. La UE ingresa el dinero en el FROB, pero quien se responsabiliza del préstamo es el Tesoro Público (es decir, todos los contribuyentes). Será el estado quien tenga que devolver el dinero en un futuro, por lo que la deuda pública aumentará su cuantía tanto como sea el volumen de dinero prestado por la UE. En el acto del préstamo, el déficit del estado español no aumenta pero sí lo hace el nivel de deuda pública.

Ahora bien, no importa solamente la acción del préstamo como tal. También hay que tener en cuenta que el préstamo tiene un precio en concepto de intereses, y que los mismos tienen que ir pagándose a lo largo del tiempo. Si la economía española finalmente usa los 100.000 millones de euros que puede emplear, y el tipo de interés del préstamo es del 3% (como parece que será finalmente), el estado tendrá que devolver los 100.000 millones de euros en un futuro pero además tendrá que pagar 3.000 millones de euros extra por haber pedido el préstamo. En este caso la deuda pública aumentaría su nivel en 100.000 millones. Pero los 3.000 millones de euros de intereses no se añadirían a la deuda pública, sino que quedarían contabilizados como gastos del estado. Los intereses no conforman un dinero que haya que devolver porque fuese prestado en un pasado, sino que son el coste adicional que tiene que contraer el estado por haber pedido el préstamo. Y este aumento de gastos obviamente repercutiría negativamente sobre el déficit público del estado.

En resumen, el acto en sí del préstamo no afecta al déficit; solo afecta a la deuda pública española, incrementándola. Pero el pago de los intereses que tendrá que ejecutarse anualmente sí aumentará el déficit público, y en una cantidad nada despreciable. Rajoy mintió en su declaración, intentando quitarle hierro a un asunto muy preocupante. Es intolerable que el presidente del gobierno mienta y oculte información a los ciudadanos a los que representa, especialmente cuando se está tratando un tema tan importante para sus vidas. Puesto que España se ha comprometido a reducir su nivel de déficit al 3% en 2013, este aumento extra del déficit no hará sino complicar aún más las cosas. Si el gobierno quiere cumplir ese objetivo ahora tendrá que realizar más recortes de los que tendría que realizar si el rescate por parte de la UE no se hubiera llevado a cabo. Y todo esto sin tener en cuenta dos factores importantes: el primero, que la deuda pública se incrementará en un 10% y eso dificultará la situación financiera del país. El segundo, que inevitablemente la UE impondrá condiciones macroeconómicas y políticas al gobierno (tales como subida del IVA, aumento de la edad de jubilación, recorte de funcionarios…) que perjudicarán la situación a la mayoría de la población española.

El precio que tendremos que pagar por el rescate será muy elevado, y la ciudadanía debería estar perfectamente informada de ello. Resulta aberrante contemplar cómo el gobierno emplea buena parte de su tiempo y esfuerzo en engañar al pueblo, en vez de destinar esas energías a otras actividades más nobles y convenientes.