¿Qué significa el reciente rescate a la banca española? ¿Pondrá fin a
la crisis bancaria? ¿Es la solución definitiva de la economía española?
¿Restituirá el crédito a empresas y «familias»? Nada de eso, el rescate
es sólo un parche más en la creciente y penosa situación financiera de
la banca europea así como una nueva toma de posición de los poderes
financieros sobre las economías públicas. Su desarrollo se puede
explicar a través de las siguientes cinco cuestiones.
¿A quién se rescata, al Estado o los bancos? ¿Cómo afecta este rescate a la población?
El préstamo de 100.000 millones de euros se concede a una entidad
estatal, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Éste fue
creado en junio de 2009 con el fin de financiar el proceso de
saneamiento y fusión de las cajas de ahorros, con una dotación de hasta
99.000 millones de euros. Tres años después y a pesar de varias
inyecciones milmillonarias, los procesos de fusión han terminado con la
quiebra técnica del mayor de estos engendros financieros creado por la
«bancarización» de las cajas: la creación de Bankia, producto de la
fusión principalmente de Caja Madrid y Bancaja.
El FROB, institución que responde al Estado central, recibe 100.000
millones de las instituciones europeas, a un tipo de interés, aún por
decidir, del 3 o el 4%. Dicho de otro modo, el Estado recibe de Europa
una cantidad similar al 10 % del PIB español a un tipo de interés
notable, muy superior a las líneas de crédito que el Banco Central
Europeo ha dispuesto para distintos bancos europeos desde hace ya más de
tres años, y que ahora mismo están al 1%. Y la recibe para inyectar
capital sobre las entidades financieras que así lo «soliciten». Teniendo
en cuenta que los dos mecanismos de intervención del FROB son el
préstamo o la compra de activos a las propias entidades, ¿no es probable
que el Estado se encuentre una gran cantidad de préstamos de dudoso
cobro, al tiempo que adquiere de forma masiva una gran cantidad de
activos devaluados como suelo y vivienda? Sencillamente, el rescate nos
devuelve a la situación típica de estos últimos años, es la población, a
través del Estado, quien asume el riesgo de la crisis bancaria.
¿Soluciona este rescate en algo la crisis bancaria española? ¿Y la europea?
El préstamo no soluciona, de hecho, el grave problema de los activos
devaluados de las entidades financieras españolas, ya que su cuantía es
probablemente mucho mayor a los 40.000 millones de euros. En abril, el
Banco de España estimaba en 160.000 millones los activos crediticios
dudosos, lo que correspondía a una tasa de mora del 8 % respecto a los
dos billones de euros que las entidades financieras españolas mantenían
como crédito vivo, cantidades que sólo habrán de subir.
Pero el rescate tampoco soluciona, en nada, la grave crisis bancaria
de las grandes entidades financieras europeas. Desde hace dos años,
éstas han ido sorteando los graves desequilibrios de sus balances
contables (plagados de activos devaluados o ya sin valor) a través del
sencillo mecanismo de pedir prestado muy barato al BCE (ahora al 1 %) y
prestar muy caro a los Estados llamados PIIGS (entre el 5 y el 10 %).
Este espectacular negocio sobre la deuda pública de los países
periféricos ha permitido sortear, a trancas y barrancas, la quiebra de
los gigantes del continente. Pero esta misma política de
«nacionalización bancaria», que ahora se impone sobre España haciendo al
Estado responsable de «sus» bancos, supone la renuncia a cualquier
forma de unión bancaria europea, y esto en la medida en que no se toma
ninguna medida de mutualización de los riesgos, como por ejemplo pudiera
ser la creación de un Fondo de Garantía de Depósitos europeo que
respondiese a las quiebras en cualquier punto de la zona euro, o aún
mejor que el BCE actuase como un verdadero banco central respondiendo
como prestamista en última instancia de la crisis bancarias. En
cualquier caso, los «rescates bancarios nacionales» no van a contener
los riesgos en único país. En caso de quiebra de España o luego de
Italia, el arrastre se extenderá, a través de los nuevos activos tóxicos
(la deuda pública), a todo el sistema financiero europeo,
desencadenando la crisis financiera que hasta ahora se ha intentado
contener.
¿Ayuda el rescate a mejorar la situación económica de fondo? ¿Volverá el crecimiento?
El Estado español, al igual que el italiano, y antes el griego, el
irlandés o el portugués, no va a poder hacer frente de forma indefinida
al aumento del coste de la deuda, que está en la base del modelo de
expolio financiero de las grandes bancos europeos. Sin ninguna forma de
mutualización de la deuda pública a nivel continental o de intervención
contundente y sostenida del BCE, la elevación de los tipos de interés
impulsados por las rebajas de las notas crediticias de las agencias de
rating y la elevación de la prima de riesgo en los mercados secundarios
acabarán por quebrar la capacidad de pago de los estados. Así lo han
entendido los llamados «mercados» (esto es, el puñado de agentes
financieros que operan en los llamados mercados de deuda) en los días
que han seguido al rescate, con un aumento sostenido de la presión sobre
la prima de riesgo de España e Italia, empujando la situación a una
nueva intervención.
Obviamente, las restricciones presupuestarias y el sacrosanto
principio de la austeridad impuesto por el látigo de Merkel-BCE no
pueden ayudar a resolver la situación. La austeridad impuesta como ley
del gobierno de los acreedores, sólo puede funcionar en favor de estos
últimos a corto plazo. En plena fase de recesión continental, por no
decir mundial, y por lo tanto de contracción de las exportaciones, así
como de prevención y ahorro de empresas y economías domésticas, la
restricción presupuestaria es sinónimo de más recesión y de reducción de
la base fiscal. Destruidas las bases del crecimiento económico, el
único modo de mantener la capacidad de pago de los estados sólo puede
ser a costa de las poblaciones, esto es, reduciendo los servicios
sociales, restringiendo las pensiones, aumentados los impuestos,
disminuyendo todas las partidas del gasto público. ¡Todo ello para pagar
los intereses de una deuda pública artificialmente inflada! A falta de
otras medidas, el futuro inmediato para la economía española es más
ajuste y más recesión, acompañados de nuevos rescates condicionados a la
imposición de una nueva batería de reformas draconianas en todos los
segmentos claves de la economía. A medio plazo, la alternativa será o la
pauperización irreversible o la rebelión.
¿Qué responsabilidad han tenido los políticos españoles y europeos en que estemos en esta situación?
En el caso español, la estulticia y la irresponsabilidad de la clase
política resulta manifiesta. Lo fue en la época de la burbuja
inmobiliaria, cuando utilizaron las Cajas de Ahorro (tomados los
consejos de administración) como un colador monetario para financiar
toda clase de macroproyectos (parques de atracciones, obras públicas,
macroeventos) casi siempre ruinosos, para apoyar a promotores «amigos» o
para lanzar crédito hasta el último rincón de un negocio inmobiliario
condenado a medio plazo. Y lo es, actualmente, cuando tanto el gobierno
central como los autonómicos se muestran incapaces de mostrar la más
mínima nota de rebeldía contra una disciplina presupuestaria que condena
al país a un empobrecimiento sin límite definido.
Igualmente, el rescate muestra la incapacidad de la clase política
europea de poner orden en el gobierno de las finanzas continentales,
aplazando sólo un poquito más allá el necesario ajuste financiero de un
sistema bancario sobresaturado por la grasa acumulada durante 30 años de
desregulación, sofisticación de la ingeniería financiera y patética
permisividad a todas sus prácticas. La única solución que hasta ahora ha
aplicado la clase política europea es la de solventar temporalmente la
crisis financiera a costa de la presión y especulación con la deuda
pública. Dicho de otro modo, entre rescatar a las poblaciones y rescatar
a los bancos, han optado por estos últimos a costa de las primeras.
¿Qué alternativas tenemos al rescate?
La insolvencia de los grandes bancos europeos es inevitable. La
sobrevaloración de sus activos y la acelerada devaluación de los mismos
en estos años han producido enormes agujeros contables que hasta ahora
se han solventado (desplazado hacia al futuro) por medio de una cruel y
desmedida especulación con la deuda pública. El reconocimiento de la
quiebra del sistema financiero europeo es, por lo tanto, el primer punto
de partida político por el que podría pensarse una solución social a la
crisis. Las actuales «soluciones» basadas en la nacionalización
bancaria y el endeudamiento de los Estados sólo van a conseguir agravar
el actual modelo de extorsión financiera y de socialización de pérdidas
sin resolver la enorme inflación de los balances bancarios, para la que
no hay, y no va a haber (conviene insistir) dinero público suficiente.
En este sentido, la toma política de la instituciones financiera
permite pensar en otro modelo de quiebra bancaria que no esté fundado ni
el rescate puro y simple para mantener una calma imposible, ni la
desbandada que produciría un default en cascada completamente
desordenado. El reconocimiento de la insolvencia financiera podría
servir de oportunidad para poner en marcha las primeras medidas de un
extraordinario programa de reparto de la riqueza social financiarizada a
partir de la «valorización social (no económica) de los activos
sobrevalorados». El procedimiento debería partir, tal y como han
defendido distintas plataformas, de una auditoría social de la deuda de
las entidades en quiebra: un análisis pormenorizado de aquellos
«activos» que afectan a sectores sociales vulnerables (hipotecados,
pequeños ahorristas, tenedores de preferentes, etc.) y que tendrán una
posición preferente en las compensaciones; así como una reapropiación
pública de aquellos «activos» actualmente sin valor de mercado
(principalmente viviendas) pero que pueden tener un enorme valor social
como bienes de uso.
16/06/2012
Emmanuel Rodríguez – Observatorio Metropolitano
Madrilonia.org
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