martes, 21 de febrero de 2012

Se confirma el fracaso de las políticas europeas

Los últimos datos que acaba de presentar la oficina de estadística europea (EUROSTAT) muestran que Europa entra de nuevo en recesión. Dejando ahora de lado el hecho de que medir la evolución de la actividad económica a través del PIB desvirtúa bastante el conocimiento de lo que de verdad ocurre en las economías, lo cierto es que, incluso utilizando este indicador, la economía europea y la de la zona euro muestran su mal estado al registrar una caída del 0,3% en su actividad. Solo Francia, Eslovaquia, Bulgaria, Hungría y Letonia se salvan de los registros negativos. Y algunas ya empiezan a estar técnicamente en recesión (dos trimestres con crecimiento negativo). Entre ellas Bélgica, Holanda, Italia, República Checa, Dinamarca y Eslovenia. Y, por supuesto, las de Grecia, Portugal y posiblemente Irlanda cuando se conozca el dato del último trimestre. 

Se trata, pues, del primer paso hacia la recesión generalizada en Europa que casi con toda seguridad podemos decir que se está ya produciéndose en el trimestre en el que ahora nos encontramos y que seguramente afectará incluso a la "locomotora" europea, pues Alemania ya registró crecimiento negativo (-0,2%) en el último trimestre de 2011, lo que demuestra que las políticas que impone a los demás ni siquiera son buenas para su propia economía porque ésta vive de la demanda ajena (de lo que está "tirando" de su actividad en los últimos meses es su sector de la construcción).

Más nubarrones en el horizonte
No obstante, sería ingenuo creer que lo que está pasando en Europa es solamente que bajan unas décimas los registros de la actividad económica y que eso se resolverá pronto. 

Si se entra en los detalles de esta caída, las siguientes circunstancias permiten deducir que la situación es más grave de lo que parece y que va a empeorar a lo largo del año: 

- El deterioro se está produciendo en prácticamente todos los países europeos (Francia seguramente se añadirá a los de registro negativo en este primer trimestre de 2012), lo que quiere decir que es el conjunto de las políticas, su impulso y diseño general, lo que falla y no solo su mala aplicación por algunos países. 

- Se viene produciendo una considerable disminución del consumo privado como consecuencia de la moderación salarial y de la subida de impuestos indirectos que están deteriorando la capacidad adquisitiva de la inmensa mayoría de la población europea. Esto significa que aumentará la pobreza y la exclusión social, dando lugar al círculo perverso que siempre origina el deterioro de las condiciones de vida que a la postre lleva consigo cierre de empresas, más desempleo... y peor rendimiento económico. 

- La caída en la utilización de la capacidad productiva adelanta que la inversión no se va a recuperar en bastantes meses. 

- Nada indica que se esté dispuesto a cambiar las políticas de recorte del gasto público, de modo que se va a seguir provocando el aumento del desempleo y del cierre de empresas como consecuencia de la menor demanda y de la pérdida de estímulos esenciales a la inversión y la innovación. 

- Aunque algunos países mejoran el saldo exterior (como España) es más bien como efecto de la caída de las compras al extranjero que de la subida de exportaciones, lo que indica que reducir salarios no ha conseguido en realidad mejorar la competitividad global en Europa, tal y como dicen los defensores de las políticas que se están imponiendo. Ocurre, como hemos comentado en otros artículo, todo lo contrario: el empobrecimiento general. 

- Los indicadores de confianza económica han bajado a los niveles de 2009. 

- Los diferenciales de deuda entre los países han aumentado en los últimos meses, a pesar de que los diferentes países han ido aplicando las recomendaciones de las autoridades europeas y de que el Banco Central Europeo ha intervenido masivamente. Lo que hace prever que el problema de la deuda no solo no está solucionado sino que va a aumentar o incluso a estallar en los próximos meses. Téngase en cuenta que los recursos disponibles del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera y del Mecanismo Europeo de Estabilidad son insuficientes para hacer frente a las necesidades de financiación de España e Italia en los próximos tres años. Con la aportación del FMI llegaría justo pero a poco que la situación en estos o en otros países se agravase se producirá una crisis generalizada. 

- Las encuestas de los bancos centrales apuntan a que empeoran las condiciones de acceso al crédito y esto es, muy posiblemente, lo que va a marcar el tipo de crisis asociada a la nueva etapa de recesión: un nuevo racionamiento del crédito que al añadirse al que ya se viene produciendo puede llegar a paralizar a toda la economía europea provocando con ello otra debacle mundial. Hasta el Banco Mundial acaba de señalar en un reciente informe que hay riesgo de "una crisis global de dimensiones iguales o superiores a la crisis de Lehman Brothers, en 2008“ (Global Economic Prospects 2012a: Uncertainties and Vulnerabilities. Resumen ejecutivo en español en: http://bit.ly/x4safr). 

Empeñados en fracasar para no actuar contra los bancos
A nuestro juicio, estos datos muestran de forma clamorosa el fracaso indisimulable de las políticas que se vienen aplicando en Europa. 

Y es además es un fracaso largamente anunciado porque nace de no querer reconocer ni enfrentarse a la situación real de partida: tratando de aumentar ad infinitum su negocio (la generación de deuda) la banca ha destrozado el sistema financiero haciéndolo saltar en mil pedazos. Y como consecuencia de ello ahora nos encontramos con dos problemas entrecruzados. Por un lado, con una necesidad extraordinaria de financiación para hacer frente tanto a la deuda privada auspiciada por la banca como a la pública acelerada por la crisis. Y, por otro, con un sistema financiero que no está en condiciones de proporcionar el crédito que necesita la economía sencillamente porque la banca está quebrada, porque, por mucho que se permita que se manipulen sus balances con artimañas contables, lo cierto es que ha consumido su capital propio y el ajeno en las operaciones de altísimo riesgo y completamente improductivas que lleva realizando desde hace años. Y, para colmo, porque en lugar de disciplinar a la banca, las autoridades le permiten que utilicen los cientos de miles de millones de euros que pone en sus manos para que siga especulando y para que, en lugar de financiar a la economía, se lave la cara y siga disimulando la magnitud del destrozo que ha provocado. 

En lugar de hacerle frente con realismo, ante esta situación las autoridades europeas han decidido ponerse al lado de los banqueros para darle todo tipo de facilidades y ayudarles a salir adelante. Renunciando así a la fórmula de solucionarla más racional y efectiva y menos onerosa para los ciudadanos: dejar caer a la banca arruinada y garantizar la financiación como un servicio público esencial a través del Banco Central Europeo y de bancos nacionalizados. 

Para justificar su política de apoyo a la banca mienten a los ciudadanos sobre el origen y naturaleza de la deuda y les dicen una y otra vez que lo urgente es aliviarla y moderar la demanda adicional de financiación (porque hemos vivido, dicen, por encima de nuestras posibilidades) y que ello solo se puede conseguir reduciendo los salarios y recortando el gasto público. Porque con salarios más bajos las economía serán más competitivas y obtendrán más ingresos para pagar la deuda y porque con menos gasto público habrá más recursos para pagarla. 

Se trata de una política completamente errónea y falsa. Y la mejor prueba de ello son los datos que muestran, como vimos al comienzo, que la economía europea se viene de nuevo abajo cuando se pone en marcha. 

La verdad es que lo que persiguen las autoridades europeas es otra cosa. Lo primera, como hemos dicho, salvar a los banqueros porque estos se lo imponen gracias al gran poder político que han acumulado y que ya se traduce en su presencia directa en los gobiernos. , es otra cosa. Y complementariamente aplicar la creencia liberal que afirma que la economía sale adelante solo si se dan alas al sector privado. Y eso es lo que les lleva a imponer la privatización del poco capital público que ya va quedando para regalárselo al capital privado, las reformas (laborales, financieras,...) que permitan multiplicar rápidamente los beneficios empresariales y poniendo cada vez más recursos en manos de los bancos y los grandes fondos de inversión (mediante el salvamente bancario o la privatización de las pensiones y del ahorro público). 

El problema es que esto no solo es una forma sumamente injusta de repartir de la riqueza, sino también una quimera desde la perspectiva del funcionamiento global de la economía: lo que consiguen es deteriorar la demanda y sin ella solo pueden salir adelante las empresas que tengan mucho poder de mercado y una clientela completamente fidelizada. Para ellas y para los bancos que siguen teniendo barra libre en el Banco Central Europeo y copiosas ayudas de los gobiernos es una jugada perfecta. Pero es letal para las pequeñas y medianas, para los trabajadores y para la economía en general. 

Ahora bien. Ya no basta con creer que asistimos a un fracaso indisimulable de la política económica por culpa de errores o de una mala coyuntura. Las políticas de austeridad y recorte de derechos económicos sociales fallan porque simplemente se orientan a distribuir ingresos a favor del gran capital y a aumentar el poder de sus propietarios. Y si tomamos en cuenta el daño que conscientemente están haciendo a millones de seres humanos hemos de reconocerlas no como un error, sino como un crimen económico.

Alberto Garzón Espinosa y Juan Torres López
Altereconomía

lunes, 6 de febrero de 2012

¿Tributamos como los suecos?

Este artículo muestra que en contra de lo que se está diciendo estos días en los mayores medios de difusión, la carga fiscal real (y no tanto nominal) en España es mucho menor que la existente en Suecia, situación incluso más acentuada en las rentas superiores.

A partir de la propuesta de aumentar los impuestos del IRPF que ha hecho el Gobierno del PP, se ha generado un gran número de reportajes en los medios de información que han comparado lo que pagan los ciudadanos de este país en impuestos sobre la renta personal con lo que pagan los ciudadanos de otros países. Y una observación muy generalizada es que, con el incremento nada menos que de siete puntos en la carga impositiva de las personas con mayores rentas, el tipo nominal superior (52%) ya es casi lo que pagan sus homólogos, los ricos, en Suecia. Con este entendimiento se concluye que, aun cuando estamos pagando impuestos como los suecos, nuestros beneficios y servicios públicos del Estado del bienestar están mucho menos desarrollados que los de aquel país, lo cual se atribuye erróneamente a un supuesto despilfarro del gasto público social. La prensa ha estado llena estos días de denuncias de cómo España no ha estado gastando bien su erario público social, como justificación para realizar recortes sustanciales en tal gasto.

En este argumento, sin embargo, se olvidan varios hechos, siendo el más importante el que los ingresos al Estado son mucho más bajos en España (32% del PIB) que en Suecia (54%) debido, precisamente, a que los españoles (y sobre todo las rentas superiores) pagan muchos menos impuestos que los suecos. Es cierto que la escala nominal en las gravaciones del IRPF nos acerca ya ahora al nivel sueco. Ahora bien, hay que aclarar inmediatamente que este aumento impositivo, aún siendo positivo por generar mayores recursos al Estado, será dramáticamente insuficiente para corregir el enorme déficit de ingresos al Estado. España es el país de la UE-15 que tiene menos ingresos al Estado debido, en parte, a la baja carga impositiva real de las rentas superiores.

Veamos los datos. Uno, es la enorme divergencia que existe entre carga nominal (lo que aparece en los libros) y carga real. Esta diferencia aumenta con el nivel de renta. Los superricos de España no pagan un 52% de sus ingresos al fisco del Estado (sea este central o autonómico). Los porcentajes reales son mucho más bajos que el 52%. Y una causa es que tienen muchas deducciones y maneras de evitar impuestos, de forma que su nivel real es mucho menor. Es más, además de deducciones, sus ganancias se derivan mayoritariamente de las rentas del capital, que se gravan mucho menos que las rentas del trabajo (alrededor de un 21% nominalmente). Mucho más bajo en la realidad.

Pero, además de ello, hay otra manera de evitar el fisco: no declarando la renta. El fraude fiscal alcanza dimensiones enormes. Según profesionales de la propia Agencia Tributaria del Estado, el fraude fiscal alcanza unas dimensiones de alrededor de 90.000 millones de euros, procedentes en su mayoría (el 72% del fraude fiscal) de las grandes fortunas, de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año, y de la banca. Y ahí está uno de los orígenes de los escasos ingresos al Estado en España. Los superricos no pagan lo que pagan los superricos en Suecia, donde el fraude fiscal es mucho menor, la gravación de las rentas del capital son mayores y las deducciones apenas existen. En España las deducciones, como herramienta fiscal, favorecen sobre todo a las rentas superiores, las cuales tienen a su disposición toda una batería de ayudas legales que les enseñan cómo no pagar impuestos.

Otra gran diferencia con Suecia es la desigualdad de rentas existente en ambos países. Las desigualdades son mucho mayores en España que en Suecia. Así, en España, el ciudadano promedio que paga el tipo máximo, ingresa nominalmente 13 veces lo que ingresa el ciudadano medio y corriente que trabaja y paga impuestos a través de su nómina (y esta diferencia es incluso mayor cuando se consideran los ingresos reales, en lugar de los nominales). Tal diferencia en Suecia es mucho menor. Además, la tasa impositiva nominal para los que en España cobran más de 300.000 euros al año (el 52%, tipo impositivo máximo) se aplica en Suecia a los que ingresan dos veces lo que ingresa el ciudadano medio. De ahí que la mayoría pague más impuestos aunque sus tasas nominales de gravación sean casi iguales a las de España. La igualdad de rentas entre la población aumenta los ingresos al Estado.

Y una última razón de la enorme diferencia de ingresos al Estado entre Suecia y España es que hay mucha más gente trabajando y pagando impuestos en Suecia. El porcentaje de la población adulta que trabaja y paga impuestos es mucho más alta que en España. Y ello como consecuencia de la mayor participación laboral de la mujer en Suecia (70% versus 52% en España). La red de servicios a las familias (que quiere decir mujer) en Suecia facilita la integración de la mujer al mercado de trabajo. Y ello no ocurre en España.
En España, el enorme dominio de hombres procedentes de la burguesía, pequeña burguesía y clase media alta en los procesos de toma de decisiones económicas en el Estado, explica que se invierta mucho más en el AVE (tren de alta velocidad utilizado predominantemente por estas clases sociales) que en escuelas públicas de infancia y en servicios domiciliarios a las personas con dependencias, que al ayudar a la integración de la mujer al mercado de trabajo y a la creación de empleo, estimulan la economía mucho más que aquellas inversiones en el AVE. No es casualidad que los países donde las clases más pudientes (y los hombres) tienen mayor dominio sobre el Estado sean países (como España) más desiguales, con menos carga fiscal, mayor fraude fiscal y menor eficacia y equidad en sus políticas públicas, que países donde las clases populares han tenido históricamente mayor dominio sobre el Estado (Suecia). Así de claro.

Vicenç Navarro
 Público

domingo, 5 de febrero de 2012

El chantaje de la deuda en Europa

Los discursos hegemónicos sobre la crisis y su salida nos sitúan en un solo escenario de sacrificio y temor paralizante. La cobertura mediática sobre las turbulencias financieras en la UE es un buen ejemplo. Pero crisis significa también cambio y redefinición de lo existente, al menos como posibilidad. Para ello necesitamos otras miradas de la situación, para un análisis colectivo propio, desde la perspectiva de los movimientos sociales de base. Aportamos una reflexión sobre el euro y la Eurozona, hoy.

La mayoría de los países desarrollados, dentro y fuera de Europa, habían visto aumentar su endeudamiento antes del estallido de la crisis como consecuencia de la fiscalidad neoliberal.

Pero la crisis agravó el problema del déficit público por el descenso de la recaudación fiscal y el aumento del gasto.

Los países periféricos de la zona euro sufrieron de forma especial el problema porque su estructura fiscal –basada en gran parte en la imposición indirecta– era mucho más vulnerable ante el descenso de la actividad económica, a pesar de que en algunos casos –como Irlanda y España– presentaban presupuestos equilibrados al comienzo de la crisis.

A lo largo de los años 2009 y 2010, el déficit y el endeudamiento aumentaron de forma imparable dentro de estos países y empezaron a crecer las dificultades para colocar su deuda en los mercados financieros.

Ello no fue consecuencia, tan solo, de su excesivo endeudamiento. En algunos casos –como España– el ratio de la deuda sobre el PIB era –y sigue siendo aun hoy– menor que en alguno de los países considerados ‘solventes’ de la zona euro –particularmente, Alemania y Francia– y está muy por debajo del que tienen algunas economías que han conservado su soberanía monetaria, como Japón, Gran Bretaña y EE UU, que, a pesar de ello, no han tenido dificultades para colocar sus emisiones de deuda a tipos de interés relativamente moderados en comparación con los que pagan los países periféricos de la zona euro.

El motivo por el cual el endeudamiento público se ha convertido en el problema fundamental de la crisis económico-financiera dentro de la zona euro ha sido la conjunción de dos factores. Por un lado, el factor objetivo: la pésima arquitectura del sistema monetario europeo, destinada exclusivamente a crear un paraíso para la especulación financiera y que ni siquiera garantiza la supervivencia futura de la unión monetaria como un espacio económico unificado.

Los Estados de la zona euro deben hacer frente a una profunda crisis económica sin moneda propia y solo pueden modificar su relación real de intercambio mediante costosos y lentos ajustes del nivel general de precios. Pero, por encima de todo, carecen de capacidad para garantizar sus pagos mediante la emisión de nuevo dinero.

Pero los Estados de la zona euro no solo carecen de soberanía monetaria: carecen también de la garantía y la protección de un Estado supranacional con soberanía. Es el peor de los escenarios posibles para las finanzas públicas: los Estados de la zona euro son las regiones de un Estado que no existe.

Los intentos de hacer frente al problema de la deuda en Europa mediante fondos de estabilidad y rescate han fracasado estrepitosamente y han demostrado su completa inutilidad.

No han servido, ni tan siquiera, para evitar la restructuración de la deuda griega, el más pequeño de los países afectados por la crisis de la deuda. Y resulta imposible imaginar el tamaño del fondo que sería necesario para rescatar a países como España o Italia ante un agravamiento de su crisis financiera.

Los Estados de la zona euro no solo carecen de soberanía monetaria: carecen de la garantía y la protección de un Estado supranacional

Ante este panorama catastrófico para el euro y las finanzas europeas, la única política defendida hasta ahora por las élites dirigentes del capitalismo europeo ha sido la reducción del déficit mediante los llamados Planes de Austeridad. Esto nos conduce directamente al segundo factor, imprescindible, para explicar la crisis de la deuda europea.

Una crisis muy rentable
El segundo factor es el subjetivo: como dijo un alto cargo de la administración Obama: “Una crisis es una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar”.

Los intentos de hacer frente al problema de la deuda en Europa vía fondos de estabilidad y rescate han fracasado, demostrando su inutilidad

Así lo ha entendido, exactamente, la oligarquía financiera europea: la crisis de la deuda no es solo un grave problema que pone en riesgo la supervivencia de la moneda única, es también la gran ocasión para poner en práctica todo aquello con lo que siempre habían soñado: el desmantelamiento del Estado del Bienestar en la Unión Europea, reduciendo sus prestaciones al nivel de la beneficencia para indigentes.

El empleo público deberá ser privatizado y externalizado, al igual que cualquier actividad del Estado o servicio público susceptible de producir beneficios. Y todos los salarios, públicos y privados, deberán ser reducidos para aumentar la ‘competitividad’ de la economía; lo cual se conseguirá mediante reformas laborales que privarán a los trabajadores de los derechos conseguidos mediante la lucha y el sacrificio de muchos años.

Es evidente que esta política de reducción del gasto deprimirá la demanda interior y toda la actividad económica. Y el resultado económico de los planes de austeridad será una depresión económica profunda y el efecto sobre el bienestar social será desastroso. Ya lo estamos viendo. Como también es claro, y la evidencia lo está demostrando, que la mayor parte de la reducción del gasto será devorada por la reducción de ingresos fiscales como consecuencia de la depresión. Por lo tanto, la reducción del déficit será dudosa. Y, en ausencia de la garantía de un banco emisor, tampoco servirá para solucionar el problema de la deuda soberana.

Esclavitud
La ciudadanía se resistirá a aceptar esta nueva forma de esclavitud económica, impuesta por la oligarquía financiera europea. Pero aquí entra en escena un instrumento adicional: el chantaje y el terror ejercidos sobre la población a través del miedo al endeudamiento catastrófico y la quiebra del Estado.

La crisis de la deuda europea no es el producto exclusivo de una conspiración, pero sería inexplicable sin la existencia de una voluntad política deliberada que pretende utilizarla como una nueva forma de chantaje y terrorismo económico al servicio de las políticas más conservadoras.

El miedo y el estado de shock, utilizados de forma tan eficiente en anteriores ocasiones, vuelven a ser, una vez más, las herramientas perfectas para paralizar a la población ante esta guerra de clases generalizada que ha emprendido la oligarquía europea en contra de los asalariados.

Los acuerdos impuestos por Alemania en la reunión del 9 de diciembre pasado son una declaración de guerra social en toda regla contra los asalariados europeos, pero también representan una apuesta muy arriesgada por parte de la élite financiera europea. Sabe que la supervivencia del euro y el sistema monetario europeo es vital para sus proyectos económicos de futuro, y sabe también que el problema de la deuda soberana europea es insoluble a medio y largo plazo sin redefinir el papel del Banco Central Europeo.

Es evidente que el resultado de los planes de austeridad será una depresión económica y el efecto sobre el bienestar social será desastroso

Pero ha renunciado a hacerlo, al menos por ahora, porque ello le privaría de la herramienta para sus planes de austeridad y esclavitud económica: el chantaje de la deuda soberana, la nueva arma utilizada en la lucha de clases para la destrucción masiva de los derechos sociales.

Jesús Rodríguez Barrio. Profesor de Análisis Económico en la UNED.
Diagonal