Este artículo señala que el rescate financiero impuesto a
España por la eurocracia de la Eurozona así como por el Fondo Monetario
Internacional y por el gobierno Merkel en Alemania, ha supuesto una
pérdida de la soberanía española transformando el gobierno español en
una mera correa de transmisión de las decisiones tomadas por aquellas
instituciones.
En un artículo que publicamos ayer Juan Torres y yo en Público
titulado “El rescate traerá más recortes y no sirve para salir de la
crisis”, señalábamos que en España estaba ocurriendo un golpe de Estado
contra la democracia, que se había estado gestando en los últimos años y
que había culminado con el rescate financiero. El artículo ha tenido
cierta repercusión, pues señalábamos que no era cierto –como el Gobierno
Rajoy estaba anunciando- que las condiciones que desde las
instituciones europeas se estaban imponiendo al Estado español
afectarían sólo al sistema financiero, sino que afectarían también a las
políticas fiscales y macroeconómicas del Estado español (tanto central
como autonómico). El artículo mostraba partes de la resolución aprobada
por la Comisión Europea, donde se confirmaba que la intervención
abarcaba también políticas económicas y fiscales, hecho confirmado por
otros portavoces de la Comisión Europea e, igualmente importante, por
portavoces del Gobierno alemán presidido por la canciller Ángela Merkel.
Entre las respuestas a nuestro artículo, merece especial mención por
su representatividad, la del programa económico de Catalunya Información
(radio pública de la Generalitat de Catalunya, próxima a la coalición
conservadora y liberal que gobierna Catalunya). En aquel programa de
tintes conservadores se criticó nuestro artículo definiéndolo como
exagerado, utilizando nuestra definición de lo que estaba ocurriendo
como “un golpe de Estado” como señal e indicador de nuestra exageración.
Siendo yo el que sugirió tal nombre, y siendo ambos, Juan Torres y yo,
los que, a través de nuestros impuestos financiamos tal radio pública
(que excluye sistemáticamente autores de izquierda) me siento en la
necesidad de responder.
Comienzo, pues, por indicar que aunque he recibido toda clase de
insultos o epítetos a lo largo de mi larga vida profesional, el de
“hiperbólico” es nuevo. Suelo evitar el lenguaje exagerado común en la
cultura política y mediática española, y de ahí mi sorpresa de aquella
observación referente a nuestro artículo (que oí mientras conducía el
coche camino de mi casa). Veamos, pues, si tal programa llevaba o no
razón. Y analicemos si llamar “golpe de Estado” a lo que está ocurriendo
en España es o no es un golpe de Estado.
Definamos inmediatamente qué quiere decir un golpe de Estado. Pues
bien, tal definición incluye un proceso que interrumpe un Gobierno
mediante la fuerza para sustituirlo por uno en el que las decisiones son
tomadas por grupos fácticos nacionales y/o internacionales, que imponen
sus decisiones con medidas represivas. Tal fuerza no tiene por qué ser
militar. No hay que asumir que todos los golpes de Estado suponen una
intervención militar. Puede ser una fuerza financiera, económica,
religiosa, o lo que fuere, y la represión no tiene por qué ser militar.
Puede ser policial o político-mediático, prohibiendo o reduciendo de
forma significativa la libertad de expresión.
Veamos pues qué ha estado ocurriendo en España. Desde que ha ocurrido
la crisis, el Estado español (incluyendo sus gobiernos autonómicos) ha
estado imponiendo toda una serie de políticas públicas que están dañando
la calidad de vida y el bienestar de la población –y muy en especial de
las clases populares- sin tener el mandato popular para su realización.
Ninguna de estas políticas públicas estaba en su programa electoral. En
realidad, en el caso del Gobierno Rajoy, su oferta electoral negó lo
que ahora ha estado haciendo. Los Gobiernos españoles (y de una manera
muy acentuada el Gobierno Rajoy) y la Generalitat de Catalunya,
gobernada por CiU, están imponiendo políticas que, tal como documentamos
en el nuevo libro “Lo que España necesita. Una réplica con propuestas
alternativas a la política de recortes del PP” (Vicenç Navarro, Juan
Torres y Alberto Garzón) cuenta con el rechazo de la mayoría de la
población. Formalmente, sin embargo, podría aducirse (aunque con escasa
credibilidad) que el Gobierno que llevaba a cabo tales políticas
españolas implementaba por propia voluntad. Ahora bien, a partir del
rescate, tal argumento ya es insostenible. No sólo en las áreas
financieras, sino también en las áreas macroeconómica y fiscal, los que
dictarán qué debe hacerse serán funcionarios de la Comisión Europea, el
Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional. En realidad,
así lo han dicho y consta en sus declaraciones. El último informe de la
Comisión Europea sobre España (que coincide con el último informe del
FMI sobre nuestro país) lo deja muy claro: se exige la mayor
profundización en la devaluación doméstica –que quiere decir bajar los
salarios- y un mayor desmantelamiento del Estado del Bienestar, medidas
todas ellas ampliamente rechazadas por la gran mayoría de la población.
Todos estos hechos quedan bien definidos por la expresión “golpe de
Estado”. El hecho de que los intereses bancarios y las entidades
empresariales europeas, centrados en el capital alemán, no hayan
utilizado ejércitos no niega lo apropiado del término. ‘Hoy en España se
hace lo que el Gobierno alemán impone y la Comisión Europea dispone,
medidas que se toman en colaboración con el Gobierno español, que no
tiene mandato para realizarlas’. No hay duda de que el coste político de
tal golpe para la legitimidad democrática del Estado español es enorme,
situación que debería preocupar a todas las personas con sensibilidad
democrática en nuestro país.
Tal coste político también será enorme para el partido gobernante,
como muestran ya las últimas encuestas. Ahora bien, lo que considero
también preocupante no es el declive del partido gobernante, sino la
falta de cambio del partido en la oposición, el PSOE, que es quién tiene
mayores posibilidades de gobernar de nuevo. Es frustrante ver que en el
país, España, donde la crisis (junto con Grecia, Portugal e Irlanda) es
más acentuada, las propuestas del partido de la oposición con
posibilidades de gobernar de nuevo, continúan estancadas en el mismo
plano conceptual que las políticas de Zapatero, causa del gran rechazo
que tal partido recibió en las últimas elecciones. Una consecuencia de
ello es que el descenso del PP no va acompañado del aumento del apoyo
popular al partido socialista. Un tanto parecido ocurre en Catalunya,
donde la coalición conservadora-liberal no ha descendido como lo ha
hecho el PP debido a su habilidad y astucia política de ocultar el
conflicto de clases bajo el conflicto de naciones, atribuyendo la crisis
de las cuentas de la Generalitat al “expolio” por parte de España,
olvidándose de que, aunque tal supuesto “expolio” se eliminara,
Catalunya continuaría con el gasto público social por habitante más bajo
de la UE-15, resultado de la escasa contribución al Estado de las
clases sociales y grupos financieros y económicos que los financian,
apoyan y sustentan al partido gobernante.
Pero, igualmente frustrante en Catalunya es el continuismo de las
políticas económicas y fiscales del PSC, habiendo visto en las últimas
semanas, economistas de tal tradición política, como Josep Oliver,
apoyar la política de recortes de gasto público realizadas por el
Gobierno de la Generalitat, e incluso, ayer, Joan Majó, en la televisión
catalana TV3, defender el rescate financiero. Es más que preocupante
que la alternativa al Gobierno actual sea ésta. En un partido en que
todas sus corrientes destacan la necesidad de abrirse a la sociedad,
brilla su falta de apertura en temas económicos, en los que se excluye
de sus debates sistemáticamente a economistas de sensibilidad
socialdemócrata, críticos de su conservadurismo. Un tanto parecido
ocurre a nivel del Estado con el PSOE. Hoy la socialdemocracia española
está todavía enquistada en su socioliberalismo, causa de su derrota.
Algo está ocurriendo en la socialdemocracia en Europa, pero muy
insuficiente. Sin desmerecer el valor que tendrá para las clases
populares de la Eurozona la victoria socialista en Francia, el hecho es
que su apoyo al Pacto Fiscal (medida que imposibilitará el desarrollo de
la Europa Social) y su escaso compromiso con la política de crecimiento
limita lo que debería ser (y todavía espero que sea) un paso importante
en la urgente reforma progresista en la Eurozona. Hoy la gran esperanza
es la Izquierda Griega, que es la primera con posibilidades de gobernar
que ha criticado de frente las políticas de austeridad. Es improbable
que gane, resultado del enorme dominio anti democrático de los
eurócratas en la política doméstica de Grecia, imponiendo un miedo a la
población que puede producir, como ha ocurrido en el referéndum en
Irlanda, apoyo a las medidas de austeridad, apoyo, en realidad,
inexistente en aquel país. Pero, con su pérdida, se habrá perdido la
posibilidad de hacer un cambio profundo en esta zona monetaria
abriéndose un enorme interrogante sobre el futuro de la Eurozona y de la
Unión Europea.
Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC España
vnavarro.org
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