La semana pasada el Gobierno de España decidió abandonar todas las
pretensiones existentes respecto a su capacidad para hacer frente de
forma solitaria a la crisis que sacude a la zona Euro. En una breve
rueda de prensa por parte del Ministro de Economía de España, Luis de
Guindos, se anuncio un acuerdo con las autoridades europeas para
establecer una línea de crédito por 100 mil millones de euros destinados
a refinanciar y recapitalizar entidades en el sector bancario español
experimentando problemas de liquidez y solvencia a causa de la crisis.
De acuerdo al anuncio oficial, se espera que los recursos a ser
transferidos a los bancos no superen los 60 mil millones de euros,
dejando así un espacio de 40 mil millones para asegurar a los mercados
de la capacidad de las autoridades españolas y europeas de estabilizar
el sistema financiero del país. No menos importante, es que si bien el
destino de los recursos es el sector bancario, el crédito es respaldado
por el Estado Español y, en un elemento que incrementara en relevancia
con el paso del tiempo, toma precedencia en la estructura de pagos
respecto al resto de los acreedores públicos y privados de dicho Estado.
El acuerdo se da en un contexto caracterizado por el progresivo deterioro de la situación del sector hipotecario en el país ibérico. En los años previos a la crisis el sistema bancario español, y de manera específica las Cajas, incrementaron de forma exponencial su exposición a crédito hipotecario. A finales del 2011 se estima que los bancos retenían en sus hojas de balance, créditos asociados al sector constructor e hipotecas por un valor superior a 1 millón de millones de euros. Como en el caso de los Estados Unidos, mientras los precios de las viviendas mantuvieran una tendencia al alza no había necesidad de preocuparse por la salud de los bancos. Sin embargo, los precios de la vivienda en España alcanzaron su pico a finales del 2007 y desde entonces han experimentado una caída superior al 20%, con pronósticos que señalan una posible caída de un 30% adicional para asegurar el retorno de los precios a su tendencia de largo plazo[1]. Tal situación se tradujo en un sensible incremento de las pérdidas de los bancos españoles, al punto que se estima que tan solo los 8 principales bancos del país aun deban reconocer perdidas por 146 mil millones de euros, el 60% de estas concentradas en el sector hipotecario[2].
Las preocupaciones respecto a la salud del sistema bancario español y su capacidad de hacer frente a las crecientes perdidas solo se vio incrementada tras el anuncio de la necesidad de inyectar 19 mil millones de euros a Bankia para mantener a dicha entidad a flote. Dado el monto de créditos hipotecarios en la hoja de balance de esta entidad financiera, la cuantía del rescate indica porcentajes de perdidas en créditos de este tipo muy superiores al 30% que se maneja de forma conservadora por parte de analistas[3]. La incertidumbre asociada a la cantidad real de las perdidas a las cuales deba hacer frente la banca española, junto a la creciente posibilidad de una salida de Grecia de la zona Euro, han tenido tres efectos concretos sobre el sistema bancario ibérico. Primero, ha causado un significativo incremento de los costos de financiamiento en el sistema interbancario. Segundo, ha forzado a los bancos españoles a reemplazar dicho financiamiento por crédito del ECB, el cual ya supera los 300 mil millones de euros. Tercero, a medida que decrece la confianza en la capacidad de España de permanecer en la zona Euro, ha provocado el retiro de depósitos por cerca de 60 mil millones de Euros entre Enero y Abril de este año, agravando así los problemas de financiamiento de los bancos[4].
Ante esta situación, la premisa oficial del objetivo del rescate es relativamente simple. El objetivo principal es buscar consolidar la confianza de los mercados en los bancos y el Estado Español a través de una línea de crédito cuyo mensaje implícito es la voluntad de la comunidad europea de continuar la protección a toda costa del sistema financiero continental. En teoría, la restauración de la confianza en los mercados permitiría una reducción de los costos de financiamiento de las entidades públicas y privadas españolas, que a su vez facilitaría la consolidación de sus hojas de balance. Tal proceso de consolidación serviría a su vez para ponerle un límite a las pérdidas de los bancos, y a las necesidades de financiamiento externo del Estado Español, razón por la cual los recursos inyectados en las entidades financieras serian eventualmente devueltos en primera instancia al Estado y posteriormente al EFSF (European Financial Stability Fund)[5]. Es decir, en la versión oficial el programa de crédito recientemente anunciado no representaría una socialización de las perdidas del sector financiero.
El argumento oficial se choca contra el simple hecho que gracias a las políticas de desregulación que imperaron en el viejo continente a lo largo de la última década el sistema bancario español creció hasta alcanzar un tamaño equivalente al de 3 veces la economía de España. Aun si las pérdidas se contuvieran en los niveles actuales, el Estado Español tendría problemas para mantener solvente al sistema bancario del país sin poner en entredicho su solvencia. Con tasas de desempleo superiores al 20% y una economía continental dirigiéndose a pasos acelerados hacia una nueva recesión, las pérdidas del sector bancario podrían superar fácilmente los 220 mil millones de euros[6]. En caso de continuar con la política de socialización de las pérdidas, ello representaría un incremento de la deuda pública en más de 20 puntos del PIB. Partiendo de los cálculos del Banco de España que ubican la deuda bruta del país en un 86.5% del PIB a finales del 2011, y sin tener en cuenta las garantías entregadas a entidades financieras y deudas de gobiernos regionales por un valor equivalente a 16% del PIB, la deuda pública superaría la barrera del 100% del PIB. A este punto, la combinación de altas tasas de interés y bajo crecimiento crearía un efecto bola de nieve que colocarían a la deuda pública de España en una senda de crecimiento perpetuo, y por ende insostenible, similar a la de Grecia.
Este escenario pone de relieve que la insistencia en salvar al sistema financiero, al atar de manera definitiva el destino de las finanzas públicas al de los bancos, raya en una actitud suicida por parte de las autoridades europeas. Si bien en el corto plazo la medida da un pequeño margen de maniobra a las entidades financieras que reciben los recursos en términos preferenciales, en el largo plazo (lo cual en Europa se mide actualmente en semanas) acelera el circulo vicioso existente entre degradación crédito bancario y soberano. Independiente de cualquier consideración desde el punto de vista de legitimidad y justicia social, la actual política de rescates bancarios solo incrementa de manera exponencial los costos de mantener la zona Euro a cambio de ningún beneficio tangible como ha quedado de relieve con el incremento posterior de la prima de riesgo de España durante la última semana.
Así el rescate, antes que restablecer la calma, ha vuelto a poner sobre la mesa un argumento que se convirtió en la justificación para los primeros rescates europeos. Era necesario proteger a Grecia, porque España y su sistema financiero eran demasiado grandes para ser salvados. El rescate por 100 mil millones de Euros será solo la primera parte de la que será una muy costosa demostración práctica de esta realidad.
Daniel Munevar
Madrilonia.org
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