La mejora de la competitividad es el nuevo mantra de las instituciones europeas para ahondar en el recorte de derechos sociolaborales impulsado con el pretexto de la crisis.Fue tan común el empleo que hizo Margaret Tatcher de la expresión “There is no alternative” (no hay alternativa), que la prensa inglesa creó el acrónimo ‘Tina’ para sintetizar los discursos de la dama de hierro acerca de la necesidad de los recortes y el desmantelamiento del Estado de Bienestar. Con la premisa de que “Zapatero no tenía otra alternativa más que ir a los mercados financieros ante la crisis” –según dijo el filósofo de confianza del presidente, el francés Philipe Petit–, en los postres del acuerdo global, a los que se acercó la canciller alemana Angela Merkel, se dio a conocer el próximo movimiento para el que “no existe alternativa”.
El llamado Pacto de la Competitividad es una propuesta esbozada por Francia y Alemania que busca homogeneizar la política de los Estados de la UE en tres aspectos fundamentales. En primer lugar, las locomotoras económicas de Europa plantean que las legislaciones nacionales impongan un tope máximo al endeudamiento de los Estados. De este modo, el déficit público admitido quedará fijado en torno al 3%, cuando el FMI ha previsto que España cierre 2011 con un déficit superior al 6%. En segundo lugar, el pacto de competitividad plantea una reforma fiscal para tratar de paliar ventajas de unos países sobre otros a la hora de que las empresas transnacionales se instalen en la UE; en el Estado español esto se traducirá en una bajada del impuesto de sociedades. Por último, el aspecto más conocido de la propuesta es la intención de que las revisiones de los salarios dejen de estar ligadas a la inflación y pasen a depender de la productividad.
Como apunta el economista Nacho Álvarez, este tercer punto significará en la práctica “la institucionalización de un mecanismo de ajuste salarial permanente”. El problema, según ha explicado el analista político José María Zufiaur en la web nuevatribuna, no es tanto que los salarios evolucionen conforme al incremento de la productividad, sino que la propuesta no habla de los salarios reales, ligados al poder adquisitivo que proporciona el sueldo, sino de los salarios nominales, que, en caso de inflación, se ven mermados al desligarse del valor de los objetos de consumo. En el caso español, como señala Álvarez, esta modificación supondría que los efectos de la crisis repercutirán sobre los trabajadores por medio de la depresión salarial.
A la espera de lo que los gobiernos europeos decidan en la próxima cumbre de Bruselas respecto al Pacto de Competitividad, las principales transnacionales “españolas” han movido ficha. Así, el 21 de febrero se presentó el Consejo Empresarial para la Competitividad, un lobby que agrupa a 17 altos cargos, todos varones, de 17 empresas cuya facturación suma el 35,2% del Producto Interior Bruto español. Por si había alguna duda de la sintonía del Gobierno con este proyecto, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, se encargó de aclarar que el Consejo para la Competitividad “complementa la acción del Gobierno”.
“Cultura del esfuerzo”
Entre los asistentes a este acto estuvieron el presidente del consejo, César Alierta, de Telefónica, quien apeló a la necesidad de consolidar “la cultura del esfuerzo”; Antonio Brufau, presidente de Repsol, cuya empresa triplicó beneficios en 2010 con respecto a 2009; o Ignacio Sánchez Galán, de Iberdrola, otra empresa que batió récord de facturación en 2010. De las 17 empresas representadas, sólo cuatro (El Corte Inglés, Mercadona, Grupo Planeta y Grupo Barceló) no pertenecen al Ibex-35; mientras que las otras 13, que sí están presentes en este selectivo, utilizan paraísos fiscales para reducir el pago de impuestos según el informe del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa. La presencia de empresas en el Ibex en centros offshore ha crecido un 19% en los tres años que llevamos de crisis.
Pablo Elorduy
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