Los bancos centrales, que tan celosos son en la salvaguarda de su
independencia y autonomía (léase irresponsabilidad democrática), son
aficionados a entrometerse en otras materias económicas muy alejadas de
su competencia. El Banco de España durante más de treinta años ha
intentado y en gran medida ha conseguido dirigir la política económica
nacional. Se convirtió en el principal foco emisor de pensamiento
económico neoliberal, al tiempo que dejaba un triste balance en la
realización de los cometidos que le eran propios, tanto en la
instrumentación de la política monetaria, llena de errores y de
rectificaciones con un alto coste en materia de crecimiento y empleo,
como en la supervisión de las entidades financieras, del que son buena
muestra las frecuentes crisis bancarias que han restado enormes recursos
al erario público y a los españoles. Los últimos años han sido
especialmente llamativos, ya que, mientras se dejaba arder el sistema
financiero, causante de la crisis que sufre la economía española y que
va a gravar a los contribuyentes con una carga cercana a los cien mil
millones de euros, las autoridades del Banco de España se preocupaban de
los salarios y de las reformas laborales.
El Banco Central Europeo cumple fielmente este patrón. A la vez que
se desentiende de su cometido, mantener la estabilidad financiera dentro
de la Eurozona, y permite que los intereses que pagan unos países
miembros sean seis veces superiores a los de otros, se preocupa de los
salarios y de las reformas laborales; todo ello, claro está, siguiendo
una orientación netamente neoliberal y reaccionaria.
En el informe mensual hecho público el día 9 de agosto, el BCE
retorna a sus obsesiones y demanda de los países que reduzcan los costes
salariales con la finalidad de ganar competitividad. Recomienda rebajar
el salario mínimo, relajar las leyes de protección social, conceder
prioridad a la negociación colectiva en la empresa sobre la sectorial, y
abolir la indiciación de los salarios con la inflación. Aplaude la
última reforma laboral aplicada en España. Lo raro sería que no lo
hiciese cuando ha sido impuesta por esta misma institución mediante un
chantaje sin precedentes. Como cuenta Ekaizer en su último libro,
”Indecentes”, Rajoy tan solo ha copiado casi al milímetro la famosa
carta nunca hecha pública pero conocida por todos, que, suscrita por
Trichet y Fernández Ordoñez, el BCE envió al anterior presidente,
Rodríguez Zapatero, como peaje a pagar por la intervención en el mercado
comprando deuda italiana y española. Lo más grave es que se llega a
afirmar que de haberse aprobado antes se habría reducido la destrucción
de empleo.
Cuesta imaginar que los conspicuos expertos de esa institución se
crean sus propias aseveraciones. Solo prejuicios ideológicos basados en
intereses económicos pueden explicar tales posiciones. La desregulación
de los mercados de trabajo únicamente sirve para que los empresarios
ahorren dinero, puedan despedir con mayor facilidad y el paro se
incremente. Si España se sitúa a la cabeza en los niveles de desempleo
europeos se debe en gran medida a las múltiples reformas laborales
emprendidas en los treinta últimos años.
La experiencia ha demostrado reiteradamente que en crisis de demanda
como la actual la reducción de los costes salariales lejos de crear
empleo lo destruye. Los empresarios no acometerán nuevos proyectos ni
contratarán nuevos trabajadores si no existe demanda para sus productos y
servicios y, tal como ha afirmado recientemente la OIT,
la reducción salarial tendrá un efecto negativo sobre el consumo y, por
lo mismo, sobre la demanda interior, con lo que el resultado será el
contrario al pretendido.
El BCE asume un modelo de crecimiento que no se sustenta en la
demanda interna sino en las exportaciones. Es el famoso sistema de
empobrecer al vecino, consistente no en agrandar el pastel, sino en
robar una parte de él a los otros países por el procedimiento de
incrementar la productividad reduciendo los costes laborales. Este
modelo tiene el gran inconveniente de que es previsible que el vecino
reaccione con medidas similares, de modo que los efectos se anulan. El
único resultado es que los trabajadores son más pobres y la demanda
interior se deprime.
El modelo es tanto más incongruente en cuanto que las recomendaciones
se orientan a un conjunto de países tal como hace el BCE; porque si se
trata de ganar cotas de mercado en la Eurozona, ninguno de ellos lo
conseguirá si todos aplican la misma política, el único efecto
previsible será el estancamiento económico, cuando no la recesión. Si lo
que se pretende es aumentar la competitividad de los países de la
Eurozona frente al exterior, el BCE tiene en su mano un instrumento
mucho más eficaz y directo, mantener una política monetaria más laxa que
deprecie el euro frente a las otras divisas de tal manera que los
productos europeos se abaraten respecto a los de terceros países.
Porque, además, el BCE olvida o quiere olvidar otra variable. Son los
precios los que en todo caso hacen más competitivos los productos y
servicios, no los costes laborales. La disminución de estos puede no
traducirse en una reducción de la inflación sino en un incremento del
excedente empresarial, como así ha ocurrido en España desde nuestro
ingreso en la Unión Monetaria. Los costes laborales unitarios en
términos reales han evolucionado por debajo de los del resto de países
europeos. De nada ha valido, ya que los precios han seguido una
evolución inversa, con la consiguiente pérdida de competitividad, origen
en buena medida de las actuales dificultades. La situación se ha
agudizado a partir de la crisis. En estos años el incremento salarial
medio en convenios ha sido inferir al incremento del IPC. Los
trabajadores, los que aun conservan su empleo, han perdido poder
adquisitivo y los empresarios se han apropiado de todo el crecimiento de
la productividad, muy alto en estos cuatro últimos años (cercano al
3%), al ser los puestos de trabajo destruidos los de peor calidad.
El BCE en su ofensiva contra los salarios cuenta en el interior con
importantes aliados. El sábado día 11 de agosto, un periódico de tirada
nacional titulaba en portada, a propósito del informe del BCE y como
ratificación de sus recomendaciones, “Los salarios en España han subido
en la crisis más que en Alemania”. Y en páginas interiores ofrecía datos
de Eurostat
sobre la evolución de los costes laborales (incluyendo las cotizaciones
a la seguridad social) en distintos países. Según dichas cifras, los
costes laborales españoles habían crecido en los últimos cuatro años
(2008-2011) un 8,9%, porcentaje superior a los de Alemania (6%), Francia
(7,5%) y a la media de la Eurozona (6,9%).
Este análisis parte de un error de bulto. No considera la
productividad, variable muy importante teniendo en cuenta la
modificación surgida en el mercado laboral español, en el que más de
cuatro millones de trabajadores se han incorporado al paro, trabajadores
que en su mayoría pertenecían a los sectores más precarios y con peores
salarios. Existe por tanto un mero efecto estadístico. Los costes
laborales, al ser una media, se incrementan sustancialmente, al igual
que la productividad, por el simple hecho de no considerar ya a estos
trabajadores, pero eso en ningún caso significa que hayan aumentado las
retribuciones de los asalariados que mantienen su empleo.
Las cifras cambian sustancialmente si consideramos la productividad y
atendemos a los costes laborales unitarios. Estos (según el informe de
primavera de 2012 de European Economy publicado por la
Comisión) descienden en España 3,5 puntos, mientras se incrementan 6
puntos en Francia y Alemania, y 4 en la media de la Eurozona. La
diferencia sería aun mayor si considerásemos la inflación y hablásemos
de costes laborales unitarios en términos reales. Como se puede
apreciar, es preciso saber interpretar las cifras si no se desea ofrecer
informaciones sectarias y tendenciosas.
Si los datos de costes laborales en valores absolutos facilitados por
Eurostat y el citado medio no nos sirven para juzgar la evolución de
los salarios, sí son útiles para hacernos una idea del nivel en el que
se mueven las retribuciones de los trabajadores en los distintos países.
Así, si el coste laboral por hora trabajada en España es de 20,6 euros;
en Noruega, Bélgica, Suecia y Dinamarca ronda los 40; en Francia, 34,2;
en Alemania, 30; en Italia, 27, y la media de la zona euro se sitúa en
27,6. España se encuentra tan solo por encima de Grecia, Portugal y los
antiguos países del Este.
Dos cuestiones surgen ante estas estadísticas. La primera es saber
hasta qué nivel quieren el BCE y sus seguidores que desciendan los
salarios de los trabajadores españoles. ¿Hasta el de Bulgaria? La
segunda cuestión radica en que si la economía española no es
competitiva, no parece que la culpa sea de los salarios. Otras serán las
causas, tal vez entre ellas estén los incrementos del excedente
empresarial, bastante mayores que los de los otros países.
Juan Fco Martín Seco
República.com
