A 100 días de cerrar esta legislatura europea se puede hacer un
balance de los principales aspectos que tendrán que mejorar después de
las elecciones del 25 de mayo, que darán lugar a un nuevo Parlamento
(PE) y a una nueva Comisión (CE). Hay dos experimentos, por encima de
los demás, que no han funcionado, lo que se ha hecho muy visible en
momentos de gran recesión: primero, una unión monetaria sin prestamista
de última instancia y sin transferencias entre países, lo que ya era
insólito en la historia mundial de estas experiencias; y segundo, un
mercado único sin armonización fiscal y laboral. Ambas circunstancias
han devenido en debilidades estructurales del proceso europeo en tiempos
de crisis, y la ciudadanía las ha padecido en forma de falta de
resultados de las políticas económicas aplicadas.
El actual PE, que transformará su composición en tres meses, tiene
dos comisiones estudiando lo sucedido en los países intervenidos desde
el año 2010 (Grecia, Portugal, Irlanda y Chipre). La primera, la
Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, ya ha hecho público su trabajo, y
en él se concluye que las políticas aplicadas por la troika (Comisión
Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) han
contribuido a deteriorar los niveles de bienestar de los cuatro países, y
que las medidas se elaboraron sin una valoración suficiente de sus
consecuencias. La cuestión, ahora, es quién ha de pagar las
responsabilidades del daño causado a las poblaciones escarnecidas. El
eurodiputado socialista español Alejandro Cercas (que previsiblemente no
repetirá en la próxima legislatura del PE) lo argumentaba así: “Podían
haber actuado como cirujanos y lo han hecho como carniceros”.
Esta crítica exterior se suma a la autocrítica que el FMI se hizo
respecto a la actuación de la troika en Grecia: en el año 2012 esperaba
una reducción del 5,5% del PIB con respecto a 2009, pero en realidad fue
del 17%; el paro llegó al 25% de la población activa en vez del 15%
previsto, y la deuda pública alcanzó el 170% del PIB en lugar del 156%.
¿Por qué? Por una suma de factores entre los que se contaban cálculos
erróneos de los multiplicadores fiscales, expectativas no realistas
sobre las reformas estructurales que podían llevarse a cabo y la
renuncia desde el principio a reestructurar la deuda griega.
El segundo informe del PE, de su Comisión de Economía, todavía no se
ha hecho público pero promete tener mucha significación, pues además de
valorar los efectos directamente económicos de los rescates a estos
cuatro países, ha de analizar el papel institucional de la propia
troika, una fórmula inorgánica creada de un día para otro para evitar la
quiebra de Grecia.
El PE ha funcionado hasta ahora en una especie de bipartidismo
imperfecto de las dos grandes familias ideológicas europeas
(conservadores y democristianos), con adherencias de liberales y verdes.
Los sondeos indican que ese bipartidismo cederá tras las elecciones del
25 de mayo, que entre populares y socialistas conseguirán solo
alrededor del 55% de los escaños (60%, con los liberales) y que podrían
entrar en la Cámara tres clases de representantes de “la otra Europa”,
distintos entre sí: los eurofóbicos, los euroescépticos y los
eurocríticos, con dificultades para formar grupo parlamentario propio
porque se necesitan al menos 25 diputados de siete países diferentes.
El Tratado de Lisboa, con sus imperfecciones, da mayores poderes que
nunca al PE. ¿Podrá jugar de contrapoder del resto de los órganos de la
UE? En su libro La impotencia democrática (Catarata) —de imprescindible
lectura—, el politólogo Ignacio Sánchez Cuenca escribe: “Las
instituciones europeas están claramente sesgadas a favor de los países
acreedores. La única salida que se ofrece [a los deudores] consiste en
una devaluación interna que restaure la competitividad. Pero la
devaluación interna lleva mucho tiempo, es tremendamente costosa para la
población y se enfrenta a una de las regularidades mejor conocidas en
el ámbito económico: la rigidez a la baja de los salarios nominales. La
devaluación interna puede descarrilar si los sacrificios que exige
provocan una crisis social y política”. Mientras tanto, las opiniones
públicas europeas han revisado sus convicciones europeístas y muestran
posiciones muy críticas hacia la UE, pero las élites, tanto económicas
como políticas, continúan difundiendo un europeísmo incondicional.
Joaquín Estefanía
El País
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