sábado, 25 de abril de 2009

El hueco discurso europeísta

El índice que se elabora periódicamente en la Unión Europea (UE) acerca de la confianza que los ciudadanos tienen en las instituciones de la UE, ha sufrido un descenso significativo desde que se inició la crisis económica. No me extraña en absoluto este dato dado a conocer recientemente, pues he venido denunciando, en varios artículos de esta página digital de la fundación sistema, la falta de respuesta de la UE ante la gravedad de la situación económica. La UE no ha estado a la altura de las circunstancias, y esto adquiere unos mayores grados de preocupación como consecuencia de la existencia del euro, y la pérdida por parte de los países de la zona euro de autonomía en la política monetaria y del tipo de cambio. Una moneda europea, pero no políticas europeas para ofrecer respuestas conjuntas y globales ante la crisis económica y del modelo de desarrollo actualmente vigente.

Todo ello no es sino un reflejo de las debilidades y carencias de la construcción de la integración europea, que se ha sustentado en un mercado, una moneda, pero no en instituciones políticas sólidas capaces de articular una Constitución Europea, una política social y una política exterior común, entre otras. No existe una integración política y social en la misma medida que tiene lugar la económica y la del mercado. El dominio del mercado sin que éste tenga mecanismos compensatorios suficientes, aún admitiendo la relativa importancia de los Fondos Estructurales, ha favorecido en la UE la hegemonía del capital transnacional sobre los derechos de ciudadanía. No tenemos, por tanto, una Europa de los ciudadanos, sino la de los mercaderes y financieros. No hay una cohesión social a escala global, sino que ésta queda en manos de los diferentes estados-nación. Este proceso ha debilitado el modelo social europeo, que tan buenos resultados dio desde finales de la segunda guerra mundial hasta la década de los setenta.

Es cierto que la mayor parte de los países que componen la UE han tenido, y aún conservan, a pesar de los recortes habidos en los últimos años, un adelantado estado del bienestar, pero las políticas sociales y educativas varían notablemente de un país a otro, dependiendo de las políticas internas y no de las comunitarias.

La situación es bastante desigual, así tenemos, por ejemplo, que en el Reino Unido se produjo un desmantelamiento del Estado del bienestar desde el gobierno de Thatcher, y que no ha sido reconstruido por los laboristas. Los países como España. Portugal y Grecia, tienen bastante más subdesarrollado el Estado del bienestar que los más avanzados, los nórdicos, pero también que Francia y Alemania. Los países del este europeo desmantelaron la red social heredera del régimen anterior, y sus dirigentes, en su mayor parte, se han convertido, como todos los conversos, en fervientes fundamentalistas de mercado y en enemigos del estado social.

No es extraño, por tanto, la pérdida de confianza que los ciudadanos tienen en las instituciones de la UE y el desapego hacia éstas, que se viene manifestando en las elecciones al parlamento europeo y los bajos niveles de participación en las votaciones, que se vienen dando en las últimas convocatorias, y en casi todos los países. Ante la próxima convocatoria de elecciones todo esto es bastante preocupante y pone de manifiesto ese gran déficit democrático que se padece. Un déficit que se viene ya denunciando hace ya bastantes años y que no se ha corregido, tal vez porque no interese ni a los dirigentes políticos conservadores, pero tampoco parece que a los socialdemócratas, ni mucho menos al capital.

Esta realidad trata de ser encubierta en numerosos discursos con alusiones constantes al europeismo, sin que se sepa muy bien que significa esto, y queda como un paquete que tiene un bonito envoltorio, pero en el que dentro no hay realmente nada. Por esto considero que la mayor parte de los discursos que escuchamos haciendo gala de europeismo, no dejan de ser sino planteamientos absolutamente huecos sin contenido de ninguna clase. En España se padece en bastantes círculos políticos y académicos, un papanatismo ante todo lo que se considera que es Europa, que no es sino un síntoma del aislamiento que sufrimos durante los años de la dictadura franquista, para no irnos más lejos, pero que en este periodo al no participar de esa Europa de posguerra que fue capaz de rehacerse, desarrollarse con libertades, y con Estado del bienestar, nos ha dejado un complejo de inferioridad bastante considerable y que aún padecemos.

Así parece que con sólo mencionar la palabra Europa todo es extraordinario, sin entrar a considerar qué Europa queremos y qué hacer para llevar a cabo ese proyecto. Esperamos que en las próximas elecciones los partidos nos ofrezcan algo más que un bonito envoltorio en una caja vacía de contenido y significados. Pero a veces se deposita demasiada confianza en una Europa que no existe como unidad política y social, sino sólo económica, y se espera que las soluciones vengan de fuera haciendo bueno lo de que Europa no es el problema sino la solución.

Un ejemplo de esto lo pudimos observar cuando se llevó a cabo la propaganda a favor del euro. Se dijo que era una gran oportunidad para progresar y cambiar al sistema productivo de la economía española. El euro al impedirnos devaluar se dijo sería un revulsivo para mejorar la productividad, pues ya los ajustes no se podían hacer a través de modificaciones del tipo de cambio y eso nos obligaría necesariamente a mejorar nuestra capacidad para innovar y competir. Los resultados se encuentran a la vista. Se ha perdido productividad, y en lugar de modificar el aparato productivo, España entera se ha convertido en un paisaje lleno de grúas construyendo por doquier, a diestro y siniestro. Se ha especulado y se ha degradado el medio ambiente. Los resultados de todo ello lo tenemos delante y las consecuencias las estamos padeciendo, sobre todo los desempleados.

Otro tanto, salvando las distancias se está produciendo, con el Espacio Europeo de Educación Superior, conocido vulgarmente como Bolonia. Escuchamos a los fervientes partidarios de este proceso decir con frecuencia que Bolonia es una oportunidad para cambiar la universidad española y de mejorarla. Es no cabe duda un fundamentalismo que confía en las fuerzas externas más que en las internas. Espero por el bien de todos que esta gran mejora que nos prometen los grandes predicadores de la buena nueva no sean como el equivalente del euro con relación a la mejora de la productividad de la economía española.

Huyamos, por tanto, de los falsos discursos europeístas, huecos, y sin contenido, y no esperar que los cambios vayan a venir sin más desde fuera. Dejémonos de eslóganes fáciles y construyamos una Europa de los ciudadanos, y no usemos el término europeismo para encubrir los grandes intereses financieros y empresariales, que son los que realmente son globales, y no los derechos.

Carlos Berzosa - Consejo Científico de ATTAC España

Fuente: Sistema Digital

domingo, 19 de abril de 2009

¿Cuándo terminará el consenso de Bruselas?

En gran número de análisis de las posturas mostradas por los distintos dirigentes que participaron en la última reunión del G-20 se han resaltado las diferencias existentes entre las propuestas realizadas por el Presidente Obama de EE.UU., favorables a las políticas expansivas de gasto público, y las realizadas por el eje Alemania-Francia, representadas por la Canciller Merkel de Alemania, y el Presidente Sarkozy de Francia, que se opusieron a la propuesta de expansión de tal gasto. Uno de los argumentos aducidos por estos dos últimos gobernantes es que tal expansión incrementaría el déficit público de la mayoría de países de la Unión Europea, que según ordena el Pacto de Estabilidad, no debe sobrepasar el 3% de PIB. Esta postura ha regido el consenso de Bruselas que ha dictado las políticas económicas y fiscales durante estos años de construcción de la Unión Europea.

Este consenso es la versión europea del consenso liberal de Washington, que era hasta hace poco, el acuerdo existente en los establishments políticos, económicos y financieros del gobierno federal de EE.UU. (y de las instituciones afines a tal gobierno, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial) sobre la necesidad de promover políticas liberales (como la desregulación de los mercados laborales y financieros, la reducción del gasto público, la disminución de los impuestos y aumento de su regresividad), con el objetivo de disminuir el papel del Estado en las esferas económicas y financieras.

Había, sin embargo, una diferencia notable entre EE.UU. y la UE. Y es que los gobiernos federales promovían el liberalismo fuera pero no dentro de EE.UU. Como bien dijo con tono aprobatorio el gurú del consenso de Washington, el Sr. Williamson, “EE.UU. predica fuera lo que no hace en casa”. El gobierno federal de EE.UU. ha sido siempre (desde tiempos del presidente Roosevelt) profundamente keynesiano, es decir, el Estado ha sido profundamente intervencionista. Incluso Reagan, en contra de lo que creen sus muchos admiradores en España, incrementó enormemente el gasto público a costa del aumento más notable de impuestos conocido en EE.UU. en tiempo de paz (los impuestos que subieron fueron los de las clases populares, reduciendo espectacularmente los del 10% de renta superior del país) y a costa también de los incrementos de los déficits del estado federal más elevados desde la II Guerra Mundial. El gasto público, por cierto, fue militar (en EE.UU. un mecanismo de estímulo de la economía de uso frecuente).

En Europa, sin embargo, cuyos gobiernos habían sido también intervencionistas, dejaron de serlo a partir del establecimiento de la Unión Europea, la cual aplicó aquel consenso liberal con dureza. Políticas expansionistas de gasto público fueron desalentadas por el Pacto de Estabilidad, y el desarrollo de políticas monetarias por el Banco Central Europeo se convirtió en dogma en la UE. Los intereses bancarios del Banco Central Europeo fueron más altos que los del Banco Central Estadounidense (The Federal Reserve Board). A partir del desarrollo de estas políticas del consenso de Bruselas el desempleo en la UE aumentó notablemente pasando a ser más elevado que el de EE.UU. La masa salarial (como porcentaje del PIB) bajó considerablemente en la UE. Y los derechos laborales y sociales se debilitaron en gran parte de los países de la UE. De ahí la oposición de las clases trabajadoras a este proyecto de construcción de esta Europa, que se tradujo en el voto negativo a la Constitución Europea en Francia, Holanda e Irlanda. Las encuestas en los países que no tuvieron referéndums (Alemania, Grecia, Suecia y Dinamarca) mostraron también un rechazo por parte de sus clases trabajadoras a la Constitución Europea, rechazo que el establishment europeo atribuyó erróneamente al provincialismo, localismo o chauvinismo de las clases populares.

El consenso de Bruselas en España

Este consenso liberal se reprodujo también en los mayores círculos políticos y económicos del país incluyendo amplios sectores de las izquierdas. Así, en una reflexión sobre el futuro del socialismo español, el economista más conocido de la sensibilidad llamada Nueva Vía escribía: “¿Alguien puede defender a estas alturas del siglo que un programa socialdemócrata deba estar a favor de más impuestos y más gasto público?”, dicho en el país de Europa que, cuando tal filosofía económica y política se expresaba por escrito (en el año 2002) tenía el gasto público social más bajo de la UE-15 y la regresividad fiscal mayor. Ahora bien, tales políticas del consenso de Bruselas comenzaron antes. Las políticas de austeridad tienen fecha concreta, 1993, cuando el nuevo Ministro de Economía y Hacienda, el Sr. Solbes, comenzó a dirigir las políticas económicas y fiscales del país, con una reducción muy notable del gasto público, a fin de reducir el déficit del Estado durante el periodo 1993-1996. Mas tarde, el Sr. Solbes fue el guardián de la ortodoxia del consenso de Bruselas cuando fue el Comisario Europeo de Asuntos Económicos y Monetarios. En España tal austeridad fue continuada por el Sr. Rato, siendo responsables de que el gasto público y social en el año 2004 (cuando terminó aquel largo periodo de austeridad) fuera el más bajo de la UE-15. Durante el periodo conservador 1996-2004, el incremento del gasto público social por habitante fue mayor en el promedio de la UE-15 que en España, incrementándose el déficit social de nuestro país con respecto a la UE.15. Tal situación cambió del 2004 al 2008 cuando hubo una alianza de los partidos de izquierda, PSOE, IU-ICV y ERC, con una expansión notable del gasto público social. Ahora bien, tal expansión no fue suficiente para que el gasto público social por habitante alcanzara las cifras que le corresponden por el nivel de desarrollo económico que tiene, convergiendo con el promedio de la UE-15 (como el programa electoral del PSOE había prometido en 2004) debido a la resistencia del mismo Sr. Solbes, que declaró en una entrevista a El País (22.07.07) que “la política de la cual estaba más orgulloso durante su mandato era la de no haber incrementado el gasto público”. Los sindicatos atemorizados de que ganara el PP le apoyaron porque la alternativa a Solbes era Pizarro que pedía entonces, como continúa el PP haciéndolo ahora, la reducción del gasto público, políticas que si eran ya erróneas entonces en 2004, serían catastróficas ahora. Las propuestas económicas y fiscales del Sr. Rajoy, basadas en una reducción de impuestos y disminución de gasto público, son una nota de suicidio para la economía española.

El declive del consenso de Washington y la continuidad del consenso de Bruselas

En Estados Unidos la elección del Presidente Obama y un Partido Demócrata menos liberal, ha significado el entierro de importantes elementos del consenso de Washington. Pero el cambio más significativo ha sido el cambio de dirección del keynesianismo, pasando del keynesianismo militar al keynesianismo social y verde, un cambio de gran calado, aún cuando, como bien han señalado Stiglitz, Baker, Krugman, y otros, las cantidades que la Administración Obama propone para estimular la economía son todavía insuficientes. Este estímulo económico y el incremento de impuestos a los ricos para financiar la sanidad, educación e inversión verde explica la enorme popularidad (el 65% aprueba sus políticas, un porcentaje sin precedentes). Los súper ricos, hoy, en EE.UU. son muy impopulares.

¿Por qué el Presidente Zapatero, un admirador de Obama, no hace algo semejante? El gobierno del PSOE se merece un notable (con incluso algunos sobresalientes) en muchas políticas sociales desarrolladas desde 2004. Pero las políticas fiscales y presupuestarias dependientes del Ministerio de Economía y Hacienda han dificultado el desarrollo de tales políticas sociales. Un ejemplo de ello es la Ley de la Dependencia, y otro es la reforma de la financiación autonómica. En ambos casos, las cantidades de dinero que se han asignado a tales políticas son claramente insuficientes. ¿Por qué Zapatero no sube los impuestos de aquellos grupos y aquellas entidades, como los bancos, que consiguieron unos beneficios tan exuberantes durante los años anteriores, tal como hace el Presidente Obama? ¿Por qué no estimula la economía con una inversión de gasto público mucho mayor de lo que está haciendo? ¿Por qué no anula las reformas fiscales regresivas que hizo el gobierno Aznar, tal como ha hecho el Presidente Obama con algunas de las reformas regresivas del Presidente Bush? ¿Y por qué no toma el liderazgo en la UE y critica abiertamente tal consenso de Bruselas terminando con el mismo? Como bien ha señalado el Sr. Rasmussen, el dirigente del Partido Socialista Europeo en su crítica a las políticas apoyadas por el Sr. Barroso, Presidente de la Comisión Europea, el estímulo económico en Europa se ha basado más en ayudas a la banca y en la reducción de impuestos, que en medidas de creación de empleo (ver mi artículo “La respuesta insuficiente de la UE”, en Público, 16.04.09). Sería bueno para España y para Europa si el Gobierno Zapatero tomara estas medidas.

Vicenç Navarro - Consejo Científico de ATTAC España.

Artículo publicado en El Plural
www.vnavarro.org

viernes, 3 de abril de 2009

Informativo Attac-Tv.


Informativo Attac-Tv.

Reforma de la Política Agraria Común (PAC)
http://www.vimeo.com/3936667

La reforma de la PAC ha sido aprobada mientras que sectores de la sociedad civil reivindican un modelo agrícola más social, sostenible y viable económicamente.

Edita: Attac País Valenciano

¡Frente a la crisis, cambiemos la Unión Europea!. Comunicado de los Attacs Europeos

Comunicado de los ATTAC de Europa

Llamamiento a los candidatos al Parlamento europeo en las elecciones del 2009

La crisis descalifica a las políticas y los tratados de la Unión

Al tiempo que los ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea van a ser convocados para la elección de sus parlamentarios, una crisis financiera, económica, social y ecológica sin precedentes, se abate sobre el mundo, sacando ala luz la debilidad de la Unión y la responsabilidad de sus dirigentes.

Otra Europa podría, con sus ventajas sociales, tecnológicas, educativas, diplomáticas, concurrir a la resolución de los desafíos del siglo XXI. Pero, encasillada en los principios y dogmas neoliberales de sus tratados -los mismos que han precipitado al mundo en la crisis global-, la Unión Europea se muestra incapaz de afrontar la situación. Son precisamente esas políticas liberales de la Unión y de los Estados las que, como nunca, conviene combatir.

Por una Europa solidaria

Los ATTAC de Europa consideran que no es posible ninguna construcción europea durable sin respetar los principios de dignidad humana, de democracia, de justicia económica y social, de solidaridad, de rechazo de toda forma de discriminación, de búsqueda de la paz y de un desarrollo ecológicamente sostenible. Y la actual construcción europea está en las antípodas de estos principios, al estar fundamentada, de tratado en tratado, en los principios del «mercado libre» y de la «libre y leal competencia» entre los sistemas sociales y fiscales de los países miembros de la Unión. A los cuales, los derechos sociales -limitados- están subordinados, mientras que los negocios, los movimientos de bienes, servicios y capitales gozan de una prioridad sin trabas. Consecuencia de ello es que el dumping salarial y social, la competencia fiscal y el abandono de los derechos de los trabajadores han ido articulándose y generalizándose.

Por una Europa democrática

Los ATTAC de Europa quieren que las próximas elecciones de junio del 2009 sean la ocasión de abrir un amplio debate ciudadano y de resaltar la necesidad de una refundación del proyecto europeo, con la urgencia que reclama la situación social en el seno de la Unión y de los retos ecológicos que conciernen al planeta en su conjunto.

Tras los referendos que rechazaron el Tratado constitucional en Francia y el los Países Bajos, los dirigentes europeos han redactado casi idénticamente el Tratado de Lisboa y sin consultar a sus pueblos ha sido ratificado. Los irlandeses, los únicos autorizados a pronunciarse mediante referendo, lo han rechazado, sin embargo desde el Parlamente Europeo se le obliga a votarlo de nuevo antes del fin de 2009. No obstante, vamos a elegir un nuevo Parlamento que será el garante de respetar la opinión expresada libremente por los pueblos.

Estas elecciones constituirán para los ATTAC de Europa un momento privilegiado para proponer las bases de «otra Europa», democrática, solidaria y ecológica.

El Parlamento Europeo

El Parlamento es la única institución de la Unión Europea fruto del sufragio universal, siendo sus miembros elegidos cada cinco años desde 1979. Esto habla de la importancia del voto y del debate ciudadano que la campaña puede crear.

El poder del Parlamento ha sido acrecentado, de un tratado al otro, mediante la extensión de la codecisión, aún así ese poder sigue siendo limitado, pues no alcanza ámbitos como la política extranjera y de seguridad, ni la política monetaria, ni el control de los movimientos de capitales, ni los derechos de aduanas. Además, no decide sobre los impuestos y carece de atribuciones para plantear iniciativas legislativas, cometido reservado a la Comisión Europea, a la que sólo puede presentar proposiciones de leyes.

Pensamos que la política social debe ser elaborada por el Parlamento, tanto a nivel nacional como europeo. Sin embargo, son casi siempre las otras instancias europeas, como la Comisión, el Consejo Europeo, el Consejo de Ministros, la Corte de Justicia… las que imponen sus decisiones, a menudo con gran opacidad. A pesar de todo, el Parlamento Europeo ha conseguido limitar los retrocesos sociales que suponía la Directiva sobre los «servicios» (Bolkestein), oponerse a la directiva portuaria y al actual proyecto de directiva sobre la jornada laboral, rechazado el 17 diciembre 2008.

Estos saludables sobresaltos no pueden ocultar que la mayoría actual del Parlamento apoya las políticas neoliberales y antidemocráticas. Así, en febrero 2008 votó contra una modificación que proponía respetar el resultado del referendo irlandés cualquiera que fuere, y más recientemente votó la llamada directiva “de la vergüenza” sobre la retención y expulsión de los inmigrantes.

NUESTRAS PROPUESTAS

I. Las finanzas

“Meterlas en vereda”

Rechazamos que las condiciones de vida de los pueblos estén sometidas a las exigencias de rentabilidad financiera de los accionistas y especuladores. ATTAC exige la derogación de las cláusulas que prohíben cualquier restricción a los movimientos de capitales (artículo 63 del Tratado de Lisboa, artículo 56 del Tratado de Roma consolidado) y la creación de un impuesto sobre todas las transacciones financieras (ej. Tasa Tobin). Los fondos especulativos que desestabilizan a los mercados deben ser prohibidos. Pedimos la creación de un fondo financiero público que cubra al conjunto del sector bancario, sometido al control democrático con objeto de responder a las necesidades económicas, sociales y medio-ambientales. Para tal propósito, la Banca Central Europea debe estar sometida a un control parlamentario, derivado de una agenda de cometidos que la obliguen a llevar a cabo una política monetaria adecuada a las necesidades sociales, y acabar con la prohibición de la financiación monetaria de los gastos públicos. Por último, pedimos un control de los movimientos de capitales (incluso para las inversiones directas en el extranjero) entre Europa y el resto del mundo, para adecuarlas a fines sociales y medio-ambientales, así como a objetivos de solidaridad internacional.

Clausura inmediata de los paraísos fiscales

Las jurisdicciones offshore juegan un muy conocido papel en la evasión fiscal que les ha valido el nombre de «paraísos fiscales», canalizan y distribuyen todas las operaciones financieras realizadas fuera de la jurisdicción y control de los Estados y de las autoridades financieras. ATTAC demanda a los partidos políticos, a los gobiernos y a la Comisión Europea que pongan fin a toda transferencia de capital de la Unión Europea a través de paraísos fiscales y que exijan a los bancos europeos, así como a las empresas con sede en Europa, que repatríen el conjunto de sus actividades que actualmente están fuera de control, con la perspectiva de suprimir las excepcionales jurisdicciones offshore.

II. Frente a la crisis: una Europa social

Medidas contra la pobreza

Millones de pobres y millones de mal alojados… La crisis golpea en un entorno muy degradado. Los ATTAC de Europa exigen una renta básica para cada una y cada uno, no importa cual sea su país, que les permita acceder a unas condiciones de vida decentes en cuanto a vivienda, sanidad, educación y una alimentación equilibrada. Los derechos fundamentales, tales como son recogidos en la Convención Europea de los Derechos del Hombre, en la Carta Social Europea y en el Código Europeo de Seguridad Social, deben poder ser apelados ante los tribunales nacionales y europeos, y primar sobre cualquier otra legislación, incluso la de la competencia. Y en particular, el derecho a un empleo debe estar garantizado.

Justicia social y armonización fiscal

Fuerte descenso de la rentas del trabajo en relación a las del capital en el reparto de la riqueza producida, explosión de las desigualdades sociales: este es el balance de 25 años de neoliberalismo. La justicia social reclama perentoriamente elevar la posición del trabajo en este reparto. Para ello, los salarios deben aumentar; las rentas más altas y las grandes fortunas deben contribuir financieramente a la protección social: sistema sanitario, jubilaciones, seguro de desempleo. Es necesario que Europa tome medidas para la armonización fiscal y ajustar los impuestos sobre las sociedades incrementándolos.

Una política de convergencia social

Para limitar los déficits públicos, Europa impone criterios de convergencia a las políticas económicas. Cuando estos criterios saltan por los aires tras los impactos de la crisis económica, es necesario llevar a cabo una convergencia social para que la Unión sea un espacio de justicia y de progreso social. Para ello deberá dotarse de un presupuesto específico para combatir la pobreza. Los fondos estructurales deben aumentar substancialmente, de forma que sean destinados no solamente a los últimos países ingresados, sino también a la financiación de medidas de convergencia social que redunden en una mejora para todas y todos, es decir, apoyándose en las leyes más ventajosas al respecto, existentes en Europa. Los ATTAC de Europa reclaman una convergencia hacia un salario mínimo, una armonización que mejore las condiciones de trabajo, particularmente la limitación de la jornada laboral y en tal perspectiva re-elaborar la Directiva Europea sobre el tiempo de trabajo.

Contra la discriminación

El Tratado de Ámsterdam asumió la igualdad entre hombres y mujeres como uno de los objetivos de la Unión Europea. Pero falta voluntad política, y las declaraciones de los Estados no son suficientes. Los ATTAC de Europa reclaman una solución legal de obligado cumplimiento que suprima la desigualdad salarial que alcanza hoy día una media del 17,4%. Entendemos, por supuesto, que la igualdad entre los géneros no podrá ser alcanzada sin una decidida política de lucha contra todas las formas de discriminación y violencia sufrida por las mujeres.

Servicios públicos reforzados

Los servicios públicos deben cubrir el conjunto de las necesidades fundamentales, como sanidad, educación, guarderías, cuidado de las personas ancianas o dependientes, justicia, vivienda, transportes, energía, agua, comunicaciones. Para ello, no deben estar sujetas a las leyes de la competencia. Los ATTAC de Europa se unen a los sindicatos europeos para exigir que se elabore y se vote una Directiva que incluya a los servicios públicos dentro del derecho europeo, garantizando su desarrollo durable y sus fines y los proteja contra la mercantilización. Se hace necesaria una política de inversiones en el sector público ante a la crisis financiera y los cambios demográficos: hay que permitir que todas las personas de edad avanzada puedan acabar sus vidas dignamente y crear un verdadero servicio público para la infancia.

III. Una política europea que limite los efectos de la crisis ecológica

Una política energética diversificada

La Unión Europea debe dotarse de los medios adecuados para constituirse en una zona ecológicamente sostenible. Sin embargo los objetivos de reducción del CO2 para 2020 están sistemáticamente revisados a la baja, y los de la reducción del consumo energético se mantienen como letra muerta. La Unión debe elaborar políticas que obliguen a opciones energéticas nuevas: ahorro energético, prioridad a las energías renovables y durables. Los presupuestos dedicados a la investigación deben repartirse según estas prioridades, lo que implica abandonar EURATOM como primer pilar de la Unión. La energía nuclear no es una solución para luchar contra el calentamiento climático a largo término; los desechos nucleares continúan siendo un problema no resuelto. Por último, deben aumentar los impuestos medio-ambientales pero evitando, sin embargo, penalizar a las poblaciones más pobres.

Una política del transporte

Para reducir las emisiones de gas con efecto invernadero se necesita una política del transporte que articule los niveles locales, nacionales y europeos. La carretera prima en las decisiones de la Unión, al tiempo que las medidas medio-ambientales, como la reducción de las emisiones de los nuevos coches, están siendo constantemente paralizadas por la presión de los industriales. En lugar de someter a la libre competencia los ferrocarriles nacionales parcialmente privatizados, Europa debe desarrollar una red ferroviaria pública común y adecentar el espacio aéreo.

Otra política agrícola

Hasta ahora, la política agrícola comunitaria (PAC) ha financiado casi siempre una agricultura intensiva altamente industrializada. Sin embargo, el desmantelamiento actual es igualmente condenable, pues conlleva a que las agriculturas del mundo obligadas a competir encarnizadamente entre ellas ocasionen la inestabilidad de los precios, la destrucción de la agricultura campesina, el empleo y los recursos naturales. Una política agrícola y alimentaria europea debe poder asegurar unos precios interiores estables y una renta decente para el campesinado. En contrapartida, los volúmenes de producción deben ser regulados y las ayudas reorientadas prioritariamente hacia labores de producción ecológicas y sociales, hacia los circuitos cortos, y hacia las regiones menos favorecidas. Las importaciones de alimentos transgénicos deben estar prohibidas, así como los cultivos de OGM en campo abierto (sólo serían aceptables en espacios estrictamente confinados para la investigación con aplicaciones medicinales). Por el contrario, los Estados y las regiones deben poder oponerse a las importaciones y a los cultivos de OGM en su suelo. La Unión Europea no debería imponérselos. El artículo 22 de la Directiva 2001/18/CE, que prohíbe a los Estados toda limitación de la circulación de OGM debe ser derogada.

IV. Democracia en Europa

Unas instituciones democráticas

Los ATTAC de Europa reclaman la redacción de un nuevo texto sobre las instituciones europeas y su funcionamiento que substituya a los precedentes tratados. Que sea redactado por una Asamblea elegida democráticamente por las ciudadanas y ciudadanos, tras un profundo debate en cada uno de los países miembros, discutido a su vez, en cada una de sus etapas por los parlamentos nacionales. En el nuevo Tratado, los poderes legislativo, ejecutivo y judicial deberían estar claramente separados, y ningún sistema económico impuesto. Dicho texto sería posteriormente sometido a referendo el mismo día en todos los Estados miembros. En ningún caso, podría ser impuesto a un pueblo que lo hubiere rechazado.

Transparencia de los lobbies

El poder de los lobbies y su opacidad minan el frágil espacio democrático europeo dada la presión que ejercen sobre las decisiones políticas. Es necesario controlar estrictamente sus actividades: todos los lobbies, y a fortiori los expertos llamados a participar en los grupos de trabajo de la Comisión, deben ser identificados, así como la naturaleza de su labor, para quiénes trabajan y el presupuesto preciso con el que cuentan para sus actividades, todo ello en un registro obligatorio y público. Igualmente, son necesarias reglas para suprimir ese «pantouflage», que permite a los funcionarios europeos y a antiguos comisarios vender al sector privado sus experiencias y sus contactos.

Justicia lingüística

La diversidad lingüística de Europa es una importante riqueza que no debe constituir un obstáculo en el desarrollo de los debates entre naciones. Todas las lenguas oficiales de los países miembros deben tener la misma consideración. Con la evidente preocupación por la democracia y la igualdad entre los ciudadanos, es indispensable que el conjunto de los documentos oficiales sean traducidos en las 23 lenguas de la Unión.

V. Una política exterior equitativa

Intercambios comerciales regulados

La legislación del comercio, incluso en el seno de la Unión Europea, debe estar subordinada al respeto de normas sociales y ecológicas. En tal sentido la Unión debe oponerse a las actuales negociaciones en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y en el Acuerdo General sobre el Comercio de los Servicios (AGCS). Promover una organización de los intercambios profundamente renovada, basada en la solidaridad, la satisfacción de las necesidades sociales y la preservación del medio ambiente.

La Unión renunciará a imponer a los países pobres, en nombre de un libre comercio que sólo beneficia a los más fuertes, los llamados acuerdos de partenariado económico (APE) al ser extremadamente desequilibrados. En su lugar, defenderá el principio de soberanía alimentaria que permite a las poblaciones tanto del Norte como del Sur, definir sus propias políticas alimentarias y agrícolas. Eliminará las subvenciones a las exportaciones alimentarias para evitar la destrucción de las agriculturas de los países pobres. Con los que negociará acuerdos de verdadera cooperación evitando cualquier privilegio comunitario, tan perjudicial para los países pobres como la desregularización del comercio.

La Unión Europea favorecerá las experiencias de comercio justo llevadas a cabo por asociaciones y redes de productores y consumidores cuya actividades se inscriben en la economía solidaria, tendentes a asegurar un precio justo para ambos, así como a respetar las condiciones de trabajo y el medio ambiente.

Solidaridad internacional

La Unión Europea debe llevar una política migratoria respetuosa con los derechos del hombre y conforme a las convenciones internacionales. Esto implica asegurar el derecho de asilo, cerrar los centros de retención, derogar la Directiva «regreso» (también llamada de la vergüenza), ampliar la ciudadanía europea a todos los residentes y en definitiva, acabar con la construcción de la Europa fortaleza.

La deuda exterior de todos los países pobres debe ser abolida por la Unión Europea y sus Estados miembros, y la ayuda al desarrollo elevada al menos al 0,7% del PIB europeo, de acuerdo con los compromisos que fueron adquiridos en la Naciones Unidas.

La reciente ampliación de las misiones militares bajo la égida de la UE está en contradicción con los tratados existentes y con la visión de una Europa como proyecto de paz. La UE deberá jugar un papel activo en el desarme mundial y rechazar toda utilización o producción de armas nucleares y de destrucción masiva, así como el recurso a la tortura. Su política de defensa debe ser independiente de la OTAN.