Comunicado de los ATTAC de Europa Llamamiento a los candidatos al Parlamento europeo en las elecciones del 2009
La crisis descalifica a las políticas y los tratados de la Unión
Al tiempo que los ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea van a ser convocados para la elección de sus parlamentarios, una crisis financiera, económica, social y ecológica sin precedentes, se abate sobre el mundo, sacando ala luz la debilidad de la Unión y la responsabilidad de sus dirigentes.
Otra Europa podría, con sus ventajas sociales, tecnológicas, educativas, diplomáticas, concurrir a la resolución de los desafíos del siglo XXI. Pero, encasillada en los principios y dogmas neoliberales de sus tratados -los mismos que han precipitado al mundo en la crisis global-, la Unión Europea se muestra incapaz de afrontar la situación. Son precisamente esas políticas liberales de la Unión y de los Estados las que, como nunca, conviene combatir.
Por una Europa solidaria
Los ATTAC de Europa consideran que no es posible ninguna construcción europea durable sin respetar los principios de dignidad humana, de democracia, de justicia económica y social, de solidaridad, de rechazo de toda forma de discriminación, de búsqueda de la paz y de un desarrollo ecológicamente sostenible. Y la actual construcción europea está en las antípodas de estos principios, al estar fundamentada, de tratado en tratado, en los principios del «mercado libre» y de la «libre y leal competencia» entre los sistemas sociales y fiscales de los países miembros de la Unión. A los cuales, los derechos sociales -limitados- están subordinados, mientras que los negocios, los movimientos de bienes, servicios y capitales gozan de una prioridad sin trabas. Consecuencia de ello es que el dumping salarial y social, la competencia fiscal y el abandono de los derechos de los trabajadores han ido articulándose y generalizándose.
Por una Europa democrática
Los ATTAC de Europa quieren que las próximas elecciones de junio del 2009 sean la ocasión de abrir un amplio debate ciudadano y de resaltar la necesidad de una refundación del proyecto europeo, con la urgencia que reclama la situación social en el seno de la Unión y de los retos ecológicos que conciernen al planeta en su conjunto.
Tras los referendos que rechazaron el Tratado constitucional en Francia y el los Países Bajos, los dirigentes europeos han redactado casi idénticamente el Tratado de Lisboa y sin consultar a sus pueblos ha sido ratificado. Los irlandeses, los únicos autorizados a pronunciarse mediante referendo, lo han rechazado, sin embargo desde el Parlamente Europeo se le obliga a votarlo de nuevo antes del fin de 2009. No obstante, vamos a elegir un nuevo Parlamento que será el garante de respetar la opinión expresada libremente por los pueblos.
Estas elecciones constituirán para los ATTAC de Europa un momento privilegiado para proponer las bases de «otra Europa», democrática, solidaria y ecológica.
El Parlamento Europeo
El Parlamento es la única institución de la Unión Europea fruto del sufragio universal, siendo sus miembros elegidos cada cinco años desde 1979. Esto habla de la importancia del voto y del debate ciudadano que la campaña puede crear.
El poder del Parlamento ha sido acrecentado, de un tratado al otro, mediante la extensión de la codecisión, aún así ese poder sigue siendo limitado, pues no alcanza ámbitos como la política extranjera y de seguridad, ni la política monetaria, ni el control de los movimientos de capitales, ni los derechos de aduanas. Además, no decide sobre los impuestos y carece de atribuciones para plantear iniciativas legislativas, cometido reservado a la Comisión Europea, a la que sólo puede presentar proposiciones de leyes.
Pensamos que la política social debe ser elaborada por el Parlamento, tanto a nivel nacional como europeo. Sin embargo, son casi siempre las otras instancias europeas, como la Comisión, el Consejo Europeo, el Consejo de Ministros, la Corte de Justicia… las que imponen sus decisiones, a menudo con gran opacidad. A pesar de todo, el Parlamento Europeo ha conseguido limitar los retrocesos sociales que suponía la Directiva sobre los «servicios» (Bolkestein), oponerse a la directiva portuaria y al actual proyecto de directiva sobre la jornada laboral, rechazado el 17 diciembre 2008.
Estos saludables sobresaltos no pueden ocultar que la mayoría actual del Parlamento apoya las políticas neoliberales y antidemocráticas. Así, en febrero 2008 votó contra una modificación que proponía respetar el resultado del referendo irlandés cualquiera que fuere, y más recientemente votó la llamada directiva “de la vergüenza” sobre la retención y expulsión de los inmigrantes.
NUESTRAS PROPUESTAS
I. Las finanzas
“Meterlas en vereda”
Rechazamos que las condiciones de vida de los pueblos estén sometidas a las exigencias de rentabilidad financiera de los accionistas y especuladores. ATTAC exige la derogación de las cláusulas que prohíben cualquier restricción a los movimientos de capitales (artículo 63 del Tratado de Lisboa, artículo 56 del Tratado de Roma consolidado) y la creación de un impuesto sobre todas las transacciones financieras (ej. Tasa Tobin). Los fondos especulativos que desestabilizan a los mercados deben ser prohibidos. Pedimos la creación de un fondo financiero público que cubra al conjunto del sector bancario, sometido al control democrático con objeto de responder a las necesidades económicas, sociales y medio-ambientales. Para tal propósito, la Banca Central Europea debe estar sometida a un control parlamentario, derivado de una agenda de cometidos que la obliguen a llevar a cabo una política monetaria adecuada a las necesidades sociales, y acabar con la prohibición de la financiación monetaria de los gastos públicos. Por último, pedimos un control de los movimientos de capitales (incluso para las inversiones directas en el extranjero) entre Europa y el resto del mundo, para adecuarlas a fines sociales y medio-ambientales, así como a objetivos de solidaridad internacional.
Clausura inmediata de los paraísos fiscales
Las jurisdicciones offshore juegan un muy conocido papel en la evasión fiscal que les ha valido el nombre de «paraísos fiscales», canalizan y distribuyen todas las operaciones financieras realizadas fuera de la jurisdicción y control de los Estados y de las autoridades financieras. ATTAC demanda a los partidos políticos, a los gobiernos y a la Comisión Europea que pongan fin a toda transferencia de capital de la Unión Europea a través de paraísos fiscales y que exijan a los bancos europeos, así como a las empresas con sede en Europa, que repatríen el conjunto de sus actividades que actualmente están fuera de control, con la perspectiva de suprimir las excepcionales jurisdicciones offshore.
II. Frente a la crisis: una Europa social
Medidas contra la pobreza
Millones de pobres y millones de mal alojados… La crisis golpea en un entorno muy degradado. Los ATTAC de Europa exigen una renta básica para cada una y cada uno, no importa cual sea su país, que les permita acceder a unas condiciones de vida decentes en cuanto a vivienda, sanidad, educación y una alimentación equilibrada. Los derechos fundamentales, tales como son recogidos en la Convención Europea de los Derechos del Hombre, en la Carta Social Europea y en el Código Europeo de Seguridad Social, deben poder ser apelados ante los tribunales nacionales y europeos, y primar sobre cualquier otra legislación, incluso la de la competencia. Y en particular, el derecho a un empleo debe estar garantizado.
Justicia social y armonización fiscal
Fuerte descenso de la rentas del trabajo en relación a las del capital en el reparto de la riqueza producida, explosión de las desigualdades sociales: este es el balance de 25 años de neoliberalismo. La justicia social reclama perentoriamente elevar la posición del trabajo en este reparto. Para ello, los salarios deben aumentar; las rentas más altas y las grandes fortunas deben contribuir financieramente a la protección social: sistema sanitario, jubilaciones, seguro de desempleo. Es necesario que Europa tome medidas para la armonización fiscal y ajustar los impuestos sobre las sociedades incrementándolos.
Una política de convergencia social
Para limitar los déficits públicos, Europa impone criterios de convergencia a las políticas económicas. Cuando estos criterios saltan por los aires tras los impactos de la crisis económica, es necesario llevar a cabo una convergencia social para que la Unión sea un espacio de justicia y de progreso social. Para ello deberá dotarse de un presupuesto específico para combatir la pobreza. Los fondos estructurales deben aumentar substancialmente, de forma que sean destinados no solamente a los últimos países ingresados, sino también a la financiación de medidas de convergencia social que redunden en una mejora para todas y todos, es decir, apoyándose en las leyes más ventajosas al respecto, existentes en Europa. Los ATTAC de Europa reclaman una convergencia hacia un salario mínimo, una armonización que mejore las condiciones de trabajo, particularmente la limitación de la jornada laboral y en tal perspectiva re-elaborar la Directiva Europea sobre el tiempo de trabajo.
Contra la discriminación
El Tratado de Ámsterdam asumió la igualdad entre hombres y mujeres como uno de los objetivos de la Unión Europea. Pero falta voluntad política, y las declaraciones de los Estados no son suficientes. Los ATTAC de Europa reclaman una solución legal de obligado cumplimiento que suprima la desigualdad salarial que alcanza hoy día una media del 17,4%. Entendemos, por supuesto, que la igualdad entre los géneros no podrá ser alcanzada sin una decidida política de lucha contra todas las formas de discriminación y violencia sufrida por las mujeres.
Servicios públicos reforzados
Los servicios públicos deben cubrir el conjunto de las necesidades fundamentales, como sanidad, educación, guarderías, cuidado de las personas ancianas o dependientes, justicia, vivienda, transportes, energía, agua, comunicaciones. Para ello, no deben estar sujetas a las leyes de la competencia. Los ATTAC de Europa se unen a los sindicatos europeos para exigir que se elabore y se vote una Directiva que incluya a los servicios públicos dentro del derecho europeo, garantizando su desarrollo durable y sus fines y los proteja contra la mercantilización. Se hace necesaria una política de inversiones en el sector público ante a la crisis financiera y los cambios demográficos: hay que permitir que todas las personas de edad avanzada puedan acabar sus vidas dignamente y crear un verdadero servicio público para la infancia.
III. Una política europea que limite los efectos de la crisis ecológica
Una política energética diversificada
La Unión Europea debe dotarse de los medios adecuados para constituirse en una zona ecológicamente sostenible. Sin embargo los objetivos de reducción del CO2 para 2020 están sistemáticamente revisados a la baja, y los de la reducción del consumo energético se mantienen como letra muerta. La Unión debe elaborar políticas que obliguen a opciones energéticas nuevas: ahorro energético, prioridad a las energías renovables y durables. Los presupuestos dedicados a la investigación deben repartirse según estas prioridades, lo que implica abandonar EURATOM como primer pilar de la Unión. La energía nuclear no es una solución para luchar contra el calentamiento climático a largo término; los desechos nucleares continúan siendo un problema no resuelto. Por último, deben aumentar los impuestos medio-ambientales pero evitando, sin embargo, penalizar a las poblaciones más pobres.
Una política del transporte
Para reducir las emisiones de gas con efecto invernadero se necesita una política del transporte que articule los niveles locales, nacionales y europeos. La carretera prima en las decisiones de la Unión, al tiempo que las medidas medio-ambientales, como la reducción de las emisiones de los nuevos coches, están siendo constantemente paralizadas por la presión de los industriales. En lugar de someter a la libre competencia los ferrocarriles nacionales parcialmente privatizados, Europa debe desarrollar una red ferroviaria pública común y adecentar el espacio aéreo.
Otra política agrícola
Hasta ahora, la política agrícola comunitaria (PAC) ha financiado casi siempre una agricultura intensiva altamente industrializada. Sin embargo, el desmantelamiento actual es igualmente condenable, pues conlleva a que las agriculturas del mundo obligadas a competir encarnizadamente entre ellas ocasionen la inestabilidad de los precios, la destrucción de la agricultura campesina, el empleo y los recursos naturales. Una política agrícola y alimentaria europea debe poder asegurar unos precios interiores estables y una renta decente para el campesinado. En contrapartida, los volúmenes de producción deben ser regulados y las ayudas reorientadas prioritariamente hacia labores de producción ecológicas y sociales, hacia los circuitos cortos, y hacia las regiones menos favorecidas. Las importaciones de alimentos transgénicos deben estar prohibidas, así como los cultivos de OGM en campo abierto (sólo serían aceptables en espacios estrictamente confinados para la investigación con aplicaciones medicinales). Por el contrario, los Estados y las regiones deben poder oponerse a las importaciones y a los cultivos de OGM en su suelo. La Unión Europea no debería imponérselos. El artículo 22 de la Directiva 2001/18/CE, que prohíbe a los Estados toda limitación de la circulación de OGM debe ser derogada.
IV. Democracia en Europa
Unas instituciones democráticas
Los ATTAC de Europa reclaman la redacción de un nuevo texto sobre las instituciones europeas y su funcionamiento que substituya a los precedentes tratados. Que sea redactado por una Asamblea elegida democráticamente por las ciudadanas y ciudadanos, tras un profundo debate en cada uno de los países miembros, discutido a su vez, en cada una de sus etapas por los parlamentos nacionales. En el nuevo Tratado, los poderes legislativo, ejecutivo y judicial deberían estar claramente separados, y ningún sistema económico impuesto. Dicho texto sería posteriormente sometido a referendo el mismo día en todos los Estados miembros. En ningún caso, podría ser impuesto a un pueblo que lo hubiere rechazado.
Transparencia de los lobbies
El poder de los lobbies y su opacidad minan el frágil espacio democrático europeo dada la presión que ejercen sobre las decisiones políticas. Es necesario controlar estrictamente sus actividades: todos los lobbies, y a fortiori los expertos llamados a participar en los grupos de trabajo de la Comisión, deben ser identificados, así como la naturaleza de su labor, para quiénes trabajan y el presupuesto preciso con el que cuentan para sus actividades, todo ello en un registro obligatorio y público. Igualmente, son necesarias reglas para suprimir ese «pantouflage», que permite a los funcionarios europeos y a antiguos comisarios vender al sector privado sus experiencias y sus contactos.
Justicia lingüística
La diversidad lingüística de Europa es una importante riqueza que no debe constituir un obstáculo en el desarrollo de los debates entre naciones. Todas las lenguas oficiales de los países miembros deben tener la misma consideración. Con la evidente preocupación por la democracia y la igualdad entre los ciudadanos, es indispensable que el conjunto de los documentos oficiales sean traducidos en las 23 lenguas de la Unión.
V. Una política exterior equitativa
Intercambios comerciales regulados
La legislación del comercio, incluso en el seno de la Unión Europea, debe estar subordinada al respeto de normas sociales y ecológicas. En tal sentido la Unión debe oponerse a las actuales negociaciones en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y en el Acuerdo General sobre el Comercio de los Servicios (AGCS). Promover una organización de los intercambios profundamente renovada, basada en la solidaridad, la satisfacción de las necesidades sociales y la preservación del medio ambiente.
La Unión renunciará a imponer a los países pobres, en nombre de un libre comercio que sólo beneficia a los más fuertes, los llamados acuerdos de partenariado económico (APE) al ser extremadamente desequilibrados. En su lugar, defenderá el principio de soberanía alimentaria que permite a las poblaciones tanto del Norte como del Sur, definir sus propias políticas alimentarias y agrícolas. Eliminará las subvenciones a las exportaciones alimentarias para evitar la destrucción de las agriculturas de los países pobres. Con los que negociará acuerdos de verdadera cooperación evitando cualquier privilegio comunitario, tan perjudicial para los países pobres como la desregularización del comercio.
La Unión Europea favorecerá las experiencias de comercio justo llevadas a cabo por asociaciones y redes de productores y consumidores cuya actividades se inscriben en la economía solidaria, tendentes a asegurar un precio justo para ambos, así como a respetar las condiciones de trabajo y el medio ambiente.
Solidaridad internacional
La Unión Europea debe llevar una política migratoria respetuosa con los derechos del hombre y conforme a las convenciones internacionales. Esto implica asegurar el derecho de asilo, cerrar los centros de retención, derogar la Directiva «regreso» (también llamada de la vergüenza), ampliar la ciudadanía europea a todos los residentes y en definitiva, acabar con la construcción de la Europa fortaleza.
La deuda exterior de todos los países pobres debe ser abolida por la Unión Europea y sus Estados miembros, y la ayuda al desarrollo elevada al menos al 0,7% del PIB europeo, de acuerdo con los compromisos que fueron adquiridos en la Naciones Unidas.
La reciente ampliación de las misiones militares bajo la égida de la UE está en contradicción con los tratados existentes y con la visión de una Europa como proyecto de paz. La UE deberá jugar un papel activo en el desarme mundial y rechazar toda utilización o producción de armas nucleares y de destrucción masiva, así como el recurso a la tortura. Su política de defensa debe ser independiente de la OTAN.
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