En el año 2010, cerca de 900.000 personas y entidades del estado
español, se beneficiaron de los más de 5.000 millones de euros en ayudas
económicas enmarcadas dentro de la Política Agraria Común (PAC). Sin
embargo, estas espectaculares cifras no deben confundir, pues una cosa
es repartir y otra muy distinta es hacerlo con justicia y equidad. Según
el informe “Una injusticia llamada PAC”, editado recientemente por la
organización Veterinarios Sin Fronteras, el 16% de los favorecidos por
las subvenciones en el estado español lograron hacerse con el 75% del
monto total. Los 58.000 mayores beneficiarios (7% del conjunto) se
embolsaron cerca de 2.600 millones de euros, es decir la mitad.
Entre
los agraciados se encuentran terratenientes, hacendados y aristócratas,
como la familia “Osborne”, que recibió más de un millón de euros. Pero
también hay grandes empresas del agronegocio, que suelen adquirir
productos de agricultores y ganaderos para manufacturarlos y venderlos
después. Por ejemplo, “Azucarera Ebro” -que percibió 61 millones de
euros de las ayudas de la PAC- controla la mitad del mercado del azúcar
en el estado español y tiene intereses en los agrocombustibles. Según
este informe, pertenece a la British Sugar Company, una de las mayores
corporaciones a nivel mundial en el sector y que además posee
inversiones en África. Esta transnacional ha recibido más capital de la
PAC, que la Xunta de Galicia o la Junta de Castilla León para sus
programas de desarrollo rural. Dicha cantidad es mucho más elevada que
la destinada en 2010 por el Ministerio de de Medio Ambiente, Rural y
Marino, a su Plan Integral de actuación para el fomento de la
Agricultura ecológica.
Han existido otras compañías
españolas relacionadas con la alimentación, beneficiadas por las
subvenciones públicas de la PAC. Aunque favorecidas por cantidades
menores, no deja de ser llamativo que reciban dinero público ciertas
empresas de la alimentación que, al adquirir productos del agricultor y
ganadero, se aprovechan de su situación de dominio para pagarles
cantidades irrisorias que a veces no permiten cubrir los costos de
producción. También es llamativo que reciban ayudas corporaciones como
“Mercadona”, “Carrefour” y “Lactalis”, que según este informe de
Veterinarios Sin Fronteras, sumaron en 2010 más de 1.000 millones de
euros en beneficios.
Esta bonanza económica empresarial
dista mucho de la paupérrima situación económica que vive la agricultura
y la ganadería en España, donde cientos de miles de personas pasan
momentos agónicos para mantener sus trabajos. Frente a las esplendorosas
cifras de las grandes empresas, la renta agraria ha descendido un 27%
desde 2003. Y tanto en ministerios como en despachos ejecutivos, saben
que el problema principal deriva de un mercado libre que ha favorecido
que unas pocas empresas del agronegocio monopolicen la transformación,
la intermediación y la venta de alimentos, imponiendo sus reglas y
precios a agricultores, ganaderos y consumidores.
Por eso
es ridículo e indignante que reciban ayudas los que luego asfixian al
agricultor y le obligan a dejar el campo para engrosar las listas del
paro. Porque con unas ayudas destinadas a promocionar el sector primario
se está premiando a los verdugos que lo torturan sin cesar. Y que esto
suceda año tras año, huele ya demasiado. También es curioso, muy
curioso, que aquellos que claman al cielo por un comercio libre de
ataduras y por un estado ausente del mercado, sean los primeros en parar
las manos y llenarse los bolsillos.
En otra coyuntura
comercial más ecuánime, el campo no requeriría ayudas porque durante
mucho tiempo no las recibió y fue rentable y generoso. Más que
subvenciones, lo que se necesita urgentemente es legislación y normas
que confieran dignidad y un trato justo, sobre todo, en los precios de
compra a ganaderos y agricultores.
Vicente Boix
Rebelión
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