“Más Europa” sí, pero ¿a qué precio?

Cuando terminó la segunda guerra mundial, que provocó un enfrentamiento entre los países de Europa con un coste de vidas y bienes que destrozó el viejo continente, algunos dirigentes europeos —como Adenauer, Churchill, De Gasperi—, pensaron que era el momento de buscar nuevas bases de entendimiento entre las naciones europeas. Y para ello prefirieron comenzar por el comercio: en los años cincuenta se funda la Comunidad Europea del Carbón y del Acero entre unos pocos países, que fue el embrión de los acuerdos más ambiciosos que habrían de seguirle, como el Tratado de Roma que consagra la Comunidad Económica Europea o Mercado Común, antecedente inmediato de la actual Unión Europea, veintisiete naciones que comparten una amplia legislación común y muchas de ellas la misma moneda.

Cuando los tratados comerciales iniciales maduraron hacia la actual unión política, muchos pensamos —ingenuamente— que esto inauguraba un modelo único en el mundo por su amplitud y contenidos, que podía dar lugar a una Europa confederal que terminara una vez con rivalidades etnocéntricas y guerras fratricidas y generara una mayor igualdad social entre los países. Nos equivocamos, como siempre: el carácter comercial del los orígenes de la Unión ha vuelto a imponerse sobre las decisiones políticas. O mejor dicho: las decisiones políticas han adoptado como modelo los intereses comerciales, subordinando a ellos los objetivos políticos de la Unión.

Pero con una diferencia con el pasado: si en los comienzos los tratados comerciales se referían a la economía real, ocupándose de bienes tan concretos como el carbón y el acero, en la actualidad el protagonismo ha pasado a abstractas transacciones financieras gestionadas por especuladores cuyo anonimato los convierte en invulnerables frente a cualquier legislación y cuyo poder llega a poner y quitar gobiernos y modificar constituciones, como ha sucedido en nuestro país. Pero lo realmente grave de esta situación consiste en la sumisión del poder político frente a estos intereses. Los bancos alemanes y otras entidades financieras, que han tenido buena parte de responsabilidad en la crisis, han conseguido que el gobierno de Alemania —entre otros— represente sus intereses ante la Unión Europea, haciendo cierta la afirmación de Marx, que consideraba al Estado como representante político de los intereses del capital.

Esta defensa de la Sra. Merkel y sus aliados de los intereses de la banca no sería excesivamente preocupante si no fuera porque la legislación de la Unión Europea les concede suficiente poder para imponer sus decisiones a los demás países, y sobre todo para bloquear políticas que hagan posible el crecimiento que necesitan las naciones más débiles. Resulta sintomático el hecho de que Grecia, el país del que ha surgido la cultura europea, esté al borde de la ruina. Está dentro de la lógica del sistema capitalista que los mercados financieros tengan miras cortas: a un acreedor lo único que le interesa es que los deudores dispongan de fondos suficientes para saldar sus deudas en los plazos estipulados. Sería impensable que un especulador se preocupara por el crecimiento sostenible a largo plazo, el problema del paro, la sanidad, la educación o la política científica. Pero que la jefa de gobierno de la nación más poderosa de Europa se convierta en intérprete de los intereses financieros de sus bancos y sea capaz de bloquear el crecimiento de muchos países para salvar las ganancias de una economía improductiva a costa del bienestar de millones de ciudadanos, constituye un hecho que pone en cuestión el mismo concepto de la Unión. Sus declaraciones, afirmando que “no habrá eurobonos mientras yo viva”, se parecen más a una frase pronunciada por un monarca absoluto que por uno de los veintisiete gobernantes de la Unión.

El problema de fondo radica en la alternativa entre política y economía. Aristóteles decía que la finalidad de la política —inseparable de la ética— se orientaba a  “vivir bien” otorgándole por ello un papel privilegiado entre las ciencias. La economía forma parte, sin duda, de este bien vivir, en cuanto es la que regula, según su etimología, “el gobierno de la casa”. Pero para cumplir su función debe estar subordinada al bienestar general que busca la política. Y supongo que nadie en su sano juicio puede pensar que la gestión actual de la actividad financiera tiene como finalidad asegurar el “vivir bien” de la mayoría de los ciudadanos: los intereses de esos mercados afectan a un contado número de personas, cuyo poder y riqueza ha ido aumentando a medida que una economía abstracta, que solo maneja símbolos, ha desplazado el intercambio de bienes y servicios que constituía su función original. La política ha acompañado este desplazamiento, aceptando la prioridad de las finanzas por encima de los intereses concretos de los ciudadanos: si es necesario estos deben hacer sacrificios para que cuadren las cuentas de un reducido número de especuladores.

Esta pérdida de protagonismo de la política ha sido gestionada por una clase dirigente de vuelo bajo, preocupada por su futuro inmediato e incapaz de pensar en un proyecto a largo plazo para Europa y mucho menos para el mundo. Basta recordar  nombres como Churchill, Adenauer, De Gasperi u Olof Palme para advertir el vacío de talento que predomina hoy entre los dirigentes europeos. Un vacío que hasta admitió a un personaje como Berlusconi al frente de una de las naciones más importantes de esta pobre Europa. Es evidente que la grandeza de esos antiguos políticos no constituye por sí misma una garantía de acierto en sus decisiones, pero también es evidente que la mediocridad actual es casi una garantía de fracaso.

Se repite hasta la saciedad que los problemas de Europa solo se pueden solucionar con “más Europa”. Sin duda es verdad. Pero para que esta solución sea eficaz es necesaria una profunda revisión de la legislación europea, para que sea capaz de dirigir la gestión de las finanzas y no se limite a complacer a los mercados para ganarse su confianza. No faltan propuestas concretas de razonables economistas en este sentido: la creación de una potente banca pública, los impuestos a las transacciones financieras, una agencia de riesgos europea, la lucha contra los paraísos fiscales, el control de la evasión impositiva, la emisión controlada de eurobonos. Algunas de ellas discutibles y difíciles de aplicar, sin duda, pero que indicarían que la política no está dispuesta a ser esclava de la economía, y mucho menos de la economía financiera actual.

¿Qué significa en la actualidad el mantra de “más Europa”? ¿Seguir cediendo competencias nacionales, como la política fiscal, a los intereses de los bancos y gestores financieros para que sus inversores vuelvan a confiar en nosotros? Nada sería más deseable que una Europa unida, a la cual los países que la integran pudieran ceder sus competencias nacionales en la seguridad de que los objetivos políticos comunes tienen prioridad sobre los intereses de algunos especuladores. Y que desapareciera el derecho de los países más poderosos económicamente a imponer sus decisiones al resto. Aunque nada justifica actualmente este optimismo, creo que merece la pena seguir  intentándolo.

Augusto Klappenbach
Filósofo y escritor
Público.es 
http://blogs.publico.es/dominiopublico/6724/mas-europa-si-pero-a-que-precio/

Qué pasa en Chipre y por qué

La mayoría de la gente se ha quedado muy sorprendida cuando se ha dado a conocer que la Troika (la Comisión Europa, el Banco Central Europeo y el FMI) acaba de dar un préstamo a Chipre a condición, además de privatizar servicios públicos y recortar gastos, de establecer un impuesto sobre los depósitos bancarios del 9,9% (como si las oferta de un supermercado se tratase) para los de más de 100.000 euros y del 6,75% para los de menos.

Cuando los chipriotas salieron corriendo a los cajeros automáticos para sacar su dinero se encontraron con que la cantidad correspondiente a ese impuesto no la podían sacar, se había establecido un corralito bajo la forma de simple y pura incautación. Y, como siempre suelen suceder estas cosas, sin que haya habido de por medio una decisión del Parlamento que es en donde se supone que radica la soberanía popular que debe acordar las grandes decisiones en las sociedades que se llaman democráticas.

Chipre es una de las economía más pequeñas de la Unión Europea (sus depósitos bancarios representan más o menos el 0,2% de los totales) y un país escasamente conocido por los europeos, si no es por su tradicional oferta turística. Pero ahora conviene saber algo más de él porque igual resulta que lo que ha pasado allí vuelve a suceder dentro de poco en las economías más grandes de Europa.

Una brevísima historia

Chipre mantuvo desde los años noventa una economía modesta y relativamente saneada gracias a su oferta de turismo tradicional. Sin embargo, entre 2001 y 2008 su PIB creció un 3,7% de media, bastante más que el de la mayoría de los países de la Unión, mientras que su deuda pública se mantuvo baja, sin ni siquiera llegar, cuando estalló la crisis, al 60% exigido por la UE.

Pero a partir de 2010-2011 las cosas se pusieron mal para la banca chipriota, las agencias de calificación rebajaron la nota a Chipre y el 26 de junio de 2012 el gobierno solicitó formalmente una ayuda a la Unión Europea. Lo que había pasado en esos años de crecimiento y las razones de la caída son muy parecidas a lo ocurrido en otros lugares de Europa.

Chipre entró a formar parte del euro en 2007 pero había vinculado su moneda con la europea desde antes. Eso le permitió tener tipos de interés reales muy bajos y como al mismo tiempo ofrecía impuestos muy ventajosos (en realidad, actuaba como un auténtico paraíso fiscal) registró grandes entradas de capital que le permitían crecer mucho. Muchas de ellas (algunas estimaciones dicen que entre el 30 y el 40% del total de los depósitos) procedentes de los oligarcas rusos que blanqueaban allí su dinero, y también del Reino Unido e incluso (cuando estalló la crisis) de Grecia.

Los bancos canalizaron la entrada de esa gran cantidad de liquidez y la dedicaron en su mayor parte a financiar una burbuja inmobiliaria muy parecida a la de España. Y a partir de 2008-2009 a comprar grandes volúmenes de deuda griega que era muy rentable por la presión que los mercados ejercían sobre el país heleno (los bancos chipriotas dedicaron a ello el equivalente al 25% del PIB de Chipre).

Los economistas neoliberales, y entre ellos las autoridades europeas, habían estado considerando en los años de bonanza que un sector bancario super desarrollado y los impuestos muy bajos eran una gran virtud de la economía de Chipre (lo mismo que decían de Irlanda). La realidad se encargó de poner su sabiduría en su sitio: cuando en 2011 se realizó una quita de la deuda griega (como será inevitable que vaya ocurriendo en otros países), los bancos chipriotas quebraron. Y los bajos impuestos solo se tradujeron en un mayor incremento de deuda y en casi una nula capacidad de maniobra cuando la dinámica se torció y los gastos públicos tuvieron que elevarse (entre otras cosas, porque el desempleo se disparó).

Y en medio de todo eso, no se puede olvidar que también hubo (como en otros países europeos y también aquí en España) un banco central dirigido por cómplices de los banqueros que no dijeron nada cuando se estaba larvando el desastre.

La intervención

Ahora, como ya ocurriera en otros países, los bancos quebrados arrastran tras ellos al conjunto de la economía. Es normal. Ya lo hemos dicho muchas veces: la financiación es como la sangre de la economía y sin ella, la actividad económica muere sin remedio. Es verdad que dejarlos caer sin alternativa de financiación es suicida, pero no lo es menos dejarlos vivir simplemente como zombis que se tragan todos los recursos que les den.

En cuanto cambió ganó las elecciones y entró en el gobierno el protegido de Merkel, la suerte estaba echada, aunque esta vez la Troika ha ido mucho más lejos de lo que podría esperarse porque, con tal de darle un empujoncito más a la alemana frente a su electorado, se ha tomado una decisión que se vende de nuevo como el castigo ejemplar a los derrochadores (ahora en forma de mafiosos rusos) pero que puede hacer saltar el sistema bancario europeo.

Tratar de rescatar a un sistema bancario muerto, como el chipriota, significa más o menos duplicar la deuda pública del Estado (situarla en el 150% del PIB). El préstamo que le dan a Chipre y que irá directamente a los bancos será de 10.000 millones de euros. Poco para Europea (recordemos que solo Francia y Alemania se gastaron ochenta veces más para rescatar a sus bancos) pero mucho para Chipre: casi la mitad de su PIB.

Lo que equivale a decir que será materialmente imposible que se pueda pagar y muchos menos con el plan de austeridad que también se impone. Tendrá que haber nuevas quitas más adelante pero, mientras tanto, la Troika hunde así hasta la miseria a otro país que hasta ahora más o menos salía adelante (aunque, desde luego, podría haber salido mucho mejor si la Unión Europea no fuese cómplice de los paraísos fiscales y no se hubiera alentado un modelo de financiarización neoliberal insostenible).

Pero eso, en el caso de Chipre, no es todo. Con la incautación de una parte de los depósitos bancarios la Unión Europea se salta sus propias normas y abre la espita para que la gente acuda cuanto antes a los bancos a retirar su dinero. No solo en Chipre, donde ya está sucediendo sino en otros países. Veremos a ver si no se da ahora la paradoja de que haya sido la propia Troika quien va a hundir también a los bancos al provocar que la gente saque el dinero de ellos ya no solo por indignación sino por la desconfianza que ella misma ha provocado

Claro que esto no será un desastre para todos. Ya hay muchas páginas web especializadas que aconsejan que los ahorradores europeos se lleven el dinero a bancos de Alemania, Holanda, Finlandia o Luxemburgo. Sus bancos harán el agosto anticipadamente.

Una vez más la Troika actúa con una falta de inteligencia y con una desfachatez imperdonables. Se va a cargar para muchos años el sistema bancario chipriota, al intentar revivir a un muerto que no podrá levantar cabeza. Hunde una economía al dejarla sin financiación, mucho más endeudada que antes y sin recursos para poner en marcha la actividad económica. Empobrece para décadas a una población a la que hace responsable de los desmanes de la banca, a la que se limita a rescatar graciosamente. Y no hace, por mucho que diga que actúa contra el dinero negro de los rusos, por acabar con los paraísos fiscales. Aunque eso sí, siembra en ese desastre las bases para que grandes grupos empresariales se hagan con la riqueza de los chipriotas, con sus recursos naturales y con sus servicios públicos.

¿Hasta cuándo?

Juan Torres López

Público.es

http://blogs.publico.es/juantorres/2013/03/18/que-pasa-en-chipre-y-por-que/

El rapto de Europa

El 23 de febrero cientos de miles de personas se manifestaban en España convocadas por la Marea Ciudadana bajo el lema "por la democracia, la libertad y los derechos sociales". El próximo 10 de marzo, la ciudadanía volverá a las calles, convocada por la Cumbre Social, gritando "contra el paro y la regeneración democrática", en una semana de protestas de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y un crisol de organizaciones sociales (Alter Summit) que se manifestarán "contra la Europa de los mercaderes". 

Todos esos lemas resumen la indignación de la ciudadanía, que sufre recortes de servicios públicos y del sistema universal de protección social; aumento del desempleo, reducción de salarios y deterioro de las condiciones de trabajo; y un trato injusto frente a tanta corruptela, fraude, despilfarro y malas prácticas que corroen las cúpulas del PP, de la CEOE o de varias empresas del Ibex, sin sanción y cambios legislativos reparadores.

Si la corrupción, despilfarro y fraude son pecados que tienen una mayor intensidad en los países del sur y este de Europa, no pueden servir de coartada para que los gobiernos del norte se desentiendan de su corresponsabilidad en la crisis económica y el deterioro de las condiciones de vida en toda la Unión. La CES y el Alter Summit reclaman una mayor justicia social, el fortalecimiento del Estado del Bienestar y la derogación del Pacto por la Estabilidad y el Crecimiento, que con su receta dogmática de austeridad y competencia salarial está precipitando a los trabajadores de toda Europa a un foso de pérdida de calidad de vida, incierto porvenir y desigualdades crecientes.

26 millones de parados; políticas que destruyen empleo y aumentan la concentración de la riqueza, la emigración y el miedo; una desigualdad en la renta familiar media que supera la relación 1:10 entre la región más pobre y la más rica de la UE; unos salarios mensuales que van de los 300 ? a los más de 100.000 para algunos profesionales; un peso cada vez mayor de las rentas del capital frente a los salarios; y un 23% de población en el umbral de la pobreza, frente a un 3% que pertenece a la casta de los millonarios. Estos son los datos del malestar que recorre Europa, y para los que no hay respuesta adecuada en las instituciones comunitarias y en los gobiernos nacionales.

El rescate bancario en Europa, que ha costado más del 13% del PIB de la UE ha incorporado leña a la hoguera, pues se han cubierto los riesgos de los prestamistas, que se beneficiaron del boom especulativo, con deuda pública de la que responden los contribuyentes europeos. Y en el caso de España, no solo hemos socializado las pérdidas del sector financiero, sino que hemos blindado sus créditos al sector público, pues intereses y amortización de sus préstamos están garantizados por la Constitución, caiga quien caiga, aunque para hacer frente a esos pagos se tengan que poner a la cola proveedores, cerrar servicios públicos, reducir drásticamente las prestaciones sociales y malvender o privatizar el patrimonio público. 

Es inmoral exigir la garantía del pago de la deuda (en España, 40.000 millones de intereses al año y más de 300.000 millones que habrá que amortizar para cumplir el objetivo del 60% de deuda sobre el PIB que exige el Tratado de Lisboa), cuando las políticas de austeridad impuestas por Bruselas hacen imposible que ese coste se cubra sin deterioro de las condiciones de vida de la ciudadanía. Quitas y reestructuración de la deuda en algunos países; mancomunar la garantía de los depósitos, homogeneizar y elevar la fiscalidad directa y tasas que penalicen las transacciones especulativas; eurobonos, transferencias a las regiones con elevado desempleo y BCE que preste a Estados, son reformas imprescindibles si queremos evitar que la zona euro explosione.

Estas exigencias son las que la ciudanía reclama al Gobierno español, para que las defienda en las reuniones del Consejo Europeo, aunque buena parte de los problemas que tenemos son responsabilidad exclusiva de nuestros gobernantes. El desprestigio y la pérdida de confianza en las cúpulas de los partidos mayoritarios es de tal magnitud que fortalecer la democracia exige, a estas alturas, una reforma constitucional y legislativa que satisfaga las aspiraciones de cohesión social, de participación ciudadana, de vínculo contractual de las promesas electorales, de transparencia y control de la gestión pública y de los partidos políticos, de separación de poderes o de ausencia de privilegios en las instituciones públicas. 

Para nada de todo esto hay que pedir permiso a Europa, aunque sea de interés comunitario cómo lo resolvamos, pues de la calidad democrática de cada uno de los países de la UE depende el bienestar y la cohesión social de toda la Unión. Las recientes elecciones en Italia, como antes en Grecia, Francia o Portugal o las próximas en Alemania son de interés colectivo, no solo porque sus resultados afectan a la prima de riesgo o las expectativas de empleo en teceros países, sino porque son esos gobiernos los que finalmente negocian en la Comisión Europea las reglas de juego que imperan en un espacio sin fronteras para las mercancías, los capitales y las personas. 

Legislar por fanáticos del neoliberalismo o bajo la presión de sospechosos de corruptelas y nepotismo, sean del país que sean, no augura nada bueno para la ciudadanía, ni en Alicante, Madrid, Bruselas o Berlín.

Clementa Hernández

 Diario Información de Alicante 

http://www.diarioinformacion.com/opinion/2013/03/05/rapto-europa/1349971.html