Este artículo cuestiona el
argumento de que en España nos estamos gastando más de lo que tenemos,
aportando datos que demuestran su poca credibilidad.
Una de las frases que los establishments
políticos, financieros y mediáticos remarcan constantemente es que “nos
estamos gastando más de lo que tenemos”. De ahí que se nos diga por
parte de estos establishments que hay que ser más austeros, a fin de
ahorrar y devolver el dinero que habíamos pedido prestado y gastado.
Hasta aquí el dogma y la sabiduría convencional repetida día tras día en
los mayores medios de difusión, dogma que se promueve para justificar
los recortes de gasto público y, muy en particular, del gasto público
social.
Este dogma, sin embargo, carece de
credibilidad. Y los que lo están promoviendo son conscientes de ello. De
ahí que tengan un gran temor a que aparezcan y se escuchen voces
críticas en los medios de información de mayor difusión que muestren los
datos que cuestionan sus argumentos, demostrando su falsedad. Y puesto
que tienen una enorme influencia sobre tales medios de información,
evitan que esas voces críticas aparezcan en esos medios. En realidad, la
evidencia empírica existente permite muy fácilmente señalar no solo la
falsedad de esos argumentos, sino también la motivación existente detrás
de los recortes. Veamos los datos, comenzando por el argumento de que
no tenemos dinero para gastarnos, por ejemplo, en nuestro ya
subfinanciado Estado del Bienestar.
España, incluyendo Catalunya, no es
pobre. Todo lo contrario. España es ya casi tan rica como el promedio de
los países de la UE-15, que es el grupo de países más ricos de la UE.
Su PIB per cápita es ya el 94% del PIB per cápita promedio de la UE-15. Y
Catalunya es incluso más rica: su PIB per cápita es el 110% del
promedio de la UE-15. Y, sin embargo, tanto España como Catalunya se
gastan mucho menos en su Estado del Bienestar que el promedio de la
UE-15. El 74% en el caso de España, y el 72% en el caso de Catalunya. Es
decir, el gasto público social (que incluye el gasto en transferencias
públicas –como las pensiones- y en servicios públicos –como sanidad,
educación, servicios sociales, entre otros-) por habitante en España y
en Catalunya es sólo el 74% y el 72% del gasto público social por
habitante promedio de la UE-15. En realidad, si España se gastara en su
Estado del Bienestar lo que le corresponde por el nivel de riqueza que
tiene, España se gastaría 66.000 millones de euros más al año, y
Catalunya 19.600 millones. Este dinero existe en España y en Catalunya.
Lo que ocurre es que el Estado no lo recoge. En realidad, tanto España
como Catalunya tienen los ingresos al Estado (tanto central como
autonómico) más bajos de la UE-15. Y ello como consecuencia de que tanto
el Estado central como la Generalitat de Catalunya ingresan muy poco. Y
ahí está el problema. No es, pues, que nos gastemos más de lo que, como
país, tenemos, sino que ingresamos al Estado (central y Generalitat)
menos de lo que tenemos. Y de esto casi nada aparece en los medios de
mayor difusión. ¿Por qué?
La gran mala distribución de las rentas
La respuesta a esta pregunta que dan los
medios del establishment es que la gente no quiere ni oír hablar de
subir impuestos. Y de ahí el discreto silencio de los medios. Pero la
evidencia existente muestra otra realidad. De hecho, la mayoría de la
gente que trabaja y está en nómina ya paga impuestos a un nivel
semejante (algo menos, pero no mucho menos) al promedio de la UE-15. La
evidencia esta ahí para aquellos que quieran verla. Los trabajadores de
la manufactura, por ejemplo, pagan un porcentaje de su sueldo en
impuestos semejante a lo que paga en impuestos el trabajador de la
manufactura promedio de la UE-15. Los que no pagan impuestos no son la
gente normal y corriente, sino una minoría enormemente poderosa que
controla los medios, en los que goza de una enorme influencia, y que
deriva sus rentas de la propiedad del capital. Estamos hablando de las
grandes fortunas, de las grandes empresas y de la banca, y que en España
deja de pagar al Estado (central, Generalitat y otras CCAA) 44.000
millones de euros al año. Y la situación ha empeorado todavía más
durante la crisis. A pesar de que teóricamente los impuestos han subido
(de acuerdo con las medidas tomadas por el gobierno del PP para reducir
el déficit), los ingresos al Estado han bajado nada menos que seis
puntos del PIB, pasando del 36% al 30%. La respuesta tradicional es que
este descenso de ingresos al Estado se debe al descenso de la actividad
económica, lo cual es cierto, pero no es suficiente para explicar un
descenso tan marcado. El descenso de la actividad económica, aún cuando
ha sido muy notable, ha sido menor que la bajada de ingresos al Estado. Y
puesto que la mayoría de la gente que trabaja y está en nómina ha visto
aumentar sus impuestos, debe entonces preguntarse por qué no suben los
ingresos al Estado. Y la respuesta es, en parte, que hay menos gente
trabajando y pagando impuestos, pero otra razón es que la falta de
contribución al Estado de aquella minoría que deriva sus rentas del
capital ha continuado, e incluso se ha incrementado. Mientras se está
recortando más y más en el Estado del Bienestar, la gente rica y súper
rica está evitando, cada vez más, pagar impuestos.
Esta situación, muy clara y acentuada en
los países periféricos de la Eurozona (como España, Grecia, Portugal e
Irlanda), pero presente en todos los países, ha alcanzado un nivel
escandaloso. Según la propia Comisión Europea (su Comisaria de
Fiscalidad) cada año en la Unión Europea los Estados que la componen
pierden un billón (repito, un billón, con “b”) de euros debido a la
evasión y fraude fiscal, cantidad que sería más que suficiente para
evitar todos los recortes en dichos países. España contribuye a esta
cantidad con la friolera cantidad de 90.000 millones de euros, cantidad
que, de nuevo, evitaría tener que hacer recortes. Y toda la evidencia
acumulada es que la mayoría del fraude fiscal ocurre entre las grandes
empresas, la banca y las grandes fortunas. Y mientras tanto se subraya
en los medios que “nos gastamos más de lo que tenemos”, cuando la
evidencia es abrumadora de que el problema está en que el Estado (tanto
central como autonómico y local) no está recogiendo tanto como podría y
debería hacerlo. Y, ¿por qué no lo hace? La respuesta es la influencia
que tales sectores de la sociedad (los establishmnents financieros y de
las grandes empresas) tienen sobre el Estado, tanto en sus ramas
ejecutivas –el gobierno- como en la legislativa –las Cortes y los
Parlamentos Autonómicos-. Así de claro. Y de ahí el enorme desprestigio y
pérdida de legitimidad de las instituciones llamadas representativas.
No es de extrañar que el eslogan del 15-M “no nos representan” sea
compartido –según las últimas encuestas- por el 78% de la población
española.
La escasa capacidad redistributiva del Estado (tanto Central como Autonómico)
Una prueba más de la enorme influencia
que los establishments financieros y empresariales (de las grandes
empresas) así como las clases pudientes, tienen sobre el Estado (lo que
la ciudadanía suele llamar la clase política) aparece en el escasísimo
impacto redistributivo del Estado en España, uno de los menos
redistributivos de la UE-15- Así, las transferencias y servicios
públicos reducen la pobreza en España solo 4 puntos, pasando a ser del
24% de la población a un 20%, en comparación a 8 puntos, pasando del 24%
al 16% en el promedio de la UE-15 y 14 puntos, pasando del 27% al 13%,
en Suecia (donde históricamente las fuerzas progresistas han sido más
influyentes desde la II Guerra Mundial). Tal reducida capacidad
redistributiva del Estado aparece también en Grecia, Portugal e Irlanda,
países donde las fuerzas conservadoras han tenido históricamente gran
influencia sobre sus Estados. En realidad, en estos países las rentas
del capital han subido de una manera muy marcada a costa de las rentas
del trabajo, habiendo alcanzado en España una situación nueva este año,
en que las primeras ya son mayores que las segundas. Y de ello apenas se
habla en los medios de mayor difusión. En su lugar, se acusa al Estado
de gastarse más de lo que el país tiene. La evidencia, resumida n este
artículo, muestra claramente que el país tiene tales recursos. Lo que
ocurre es que aquellos que los tienen, con la ayuda de sus instrumentos
políticos gobernantes, no quiere contribuir con ello al Estado tal como
hace la mayoría de la población empleada en España.
Vicenç Navarro
