El Pacto del Euro se olvida de las necesidades del ciudadano

El acuerdo impuesto por Angela Merkel evita fijar metas en la ampliación de la protección social para centrarse en los sacrificios y la austeridad.

El acuerdo de la UE no incluye ninguna medida para reducir el desempleo.

La competitividad se ha basado en bajar salarios, no en mayor capacitación.

Pocos días antes de llegar a una conclusión, los altos cargos que negociaron el Pacto por el Euro se dieron cuenta de que no había referencias a "su dimensión social", según fuentes cercanas a la negociación. El acuerdo logrado la semana pasada por la cumbre de líderes del euro resultó ser, tal y como se esperaba, una colección de deberes dictados por Alemania y suavizados por Francia para mejorar la competitividad y homogeneizar políticas económicas. La lista incluye retrasar la edad de jubilación, eliminar limitaciones a la libre competencia, desligar la evolución de los salarios de los precios o prohibir el déficit por ley.

¿Dónde está la "dimensión social", dónde se habla de reducir el paro? El texto que finalmente se aprobó contiene dos referencias de última hora: la intención de "respetar las tradiciones nacionales de diálogo social y relaciones laborales" y la inclusión de los sindicatos en el pacto a través de unos encuentros que ya se celebran regularmente.

Mientras que las medidas de austeridad y esfuerzo económico son explícitas y tienen plazo de cumplimiento, las que podrían mejorar la calidad de vida de los 330 millones de ciudadanos que usan el euro son inexistentes, denuncian numerosos expertos.

"El acuerdo sólo presta atención a la contención salarial y de la deuda ignorando que esta crisis es financiera y causada por los bancos", denuncia Sony Kapoor, director del centro de estudios Redefine y asesor de varios Gobiernos sobre reformas financieras. "Los líderes debían haber mandado dos mensajes: que mañana será diferente", asegura, en referencia a la superación de la crisis. "Pero también que el mañana será mejor", lamenta. La creencia de que la crisis ha hecho tocar techo al Estado del bienestar, de que las generaciones de europeos posteriores a la crisis se arriesgan por primera vez a sufrir una regresión de las conquistas sociales, cobra peso gracias a los silencios e inconcreciones del pacto. Según Kapoor, un pacto "realmente social" debería centrarse en "ganar competitividad no a través de una simple rebaja en los salarios, sino de una mejora en la capacitación laboral para que el trabajo valga más" y se pueda competir con otras economías gracias a cerebros bien formados.

En ese sentido, el pacto pide "mejorar los sistemas educativos y fomentar el sector I+D+i", pero el pasaje del texto no generó ningún debate en la zona euro al no llevar de la mano ningún objetivo específico. En febrero, el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, barajó la posibilidad, pero advirtió de que "otras partidas de los presupuestos de todas las administraciones tendrían que reducirse" más. "A lo mejor tenemos que hacer un pacto en España para lograr ese 3%", reflexionó, en referencia al objetivo europeo en inversión en I+D+i, que no es vinculante.

Según Kapoor, cualquier reforma del modelo salarial que arriesgue el poder adquisitivo del trabajador es inconcebible sin "una lucha sin cuartel" contra la evasión fiscal de los que más cobran. Todo ello, advierte, tras poner en orden el sector financiero, que ha sido rescatado con dinero público, pero no ha visto la "refundación del capitalismo" prometida en 2008 por Nicolas Sarkozy. El impuesto sobre las transacciones financieras, la regulación de las agencias de calificación de riesgos o las duras exigencias que destierren las prácticas peligrosas para el resto de la economía siguen siendo asignaturas pendientes.

La Fundación Primero de Mayo, un centro de estudios de CCOO, da prioridad, frente a la "enfermiza obsesión por los equilibrios macroeconómicos", al "crecimiento y la creación de empleo", según Ramón Baeza, director de Estudios Europeos, quien cree que estos elementos son un requisito previo imprescindible para salir de la crisis y hacer otras reformas, y no viceversa.

Baeza lamenta que la zona euro plantee su pacto por la competitividad como un freno a los excesos del pasado, ya que las rentas salariales han aumentado muy por debajo del conjunto de rentas nacionales en las últimas tres décadas, según datos de la OCDE. Ante vagas intenciones de la zona euro, el centro de estudios propone "una cláusula de progreso social en el derecho primario que asegure que los derechos fundamentales tienen primacía sobre las libertades económicas". Para el sindicalismo europeo es imprescindible pasar de las palabras a los hechos y poner en marcha una "armonización fiscal a escala europea". Aunque los líderes europeos la mencionan en su acuerdo, sólo se aplicará a la base del impuesto de sociedades y, por el momento, no estudiará cómo recaudar a escala europea en otras áreas para gastar mejor.

Ni las medidas del pacto ni las propuestas desde otros ámbitos pretenden acelerar la salida de la crisis, sino aplicar políticas económicas parecidas para que, si se produce otra, se pueda luchar con las mismas armas contra problemas similares. La principal amenaza presente y futura es el excesivo endeudamiento, contra el que se ha erigido un muro un poco más alto que el que fijaba hasta ahora el Pacto de Estabilidad. Con la reducción del agujero en las cuentas públicas, una obligación que será incluida en cambios constitucionales o de grandes leyes, la moneda única pretende recuperar la credibilidad perdida en los mercados.

A las sanciones se le suma el control europeo del borrador de los presupuestos nacionales, antes incluso de que sean negociados por los parlamentos. Para referentes europeístas como Jacques Delors, antiguo presidente del Ejecutivo comunitario, es "lo más reaccionario que ha producido jamás la Comisión".

Según Alberto Montero, profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Málaga, el rumbo que se enfila estrangula la capacidad de los Estados, con el gasto social como primera víctima. "La crisis se ha utilizado como coartada" para "un sacrificio que se pregona colectivo pero que sólo se impone sobre los trabajadores", dice. Mientras, señala Kapoor, los bancos disfrutan sabiendo que "para ellos, el mañana sí será mejor".

Daniel Basteiro
Público

El pacto del euro

Los líderes de los 17 miembros de la zona euro han acordado una serie de medidas con las que dicen hacer frente a los problemas de la crisis y la deuda pero que en realidad se basan en una idea falsa de partida y en unas decisiones que no tienen nada que ver con los auténticos problemas que están produciendo desempleo y bloqueo productivo en Europa. Aunque una vez más sirven de justificación para adoptar las políticas que interesan a la banca y de las grandes empresas europeas.

El punto de partida del Pacto es que para hacer frente a la deuda que atenaza a Europa es preciso aumentar la competitividad de las economías nacionales y que eso solo se puede conseguir reduciendo el coste del trabajo.

La idea es falsa porque, como todo el mundo sabe, la deuda que está provocando problemas gravísimos a muchos gobiernos europeos y a las empresas y familias no se ha originado porque las economía europeas sean poco o muy competitivas sino como consecuencia de otros factores. La deuda pública, porque los gobiernos han debido afrontar la crisis financiera que han causado la banca internacional y los grandes fondos especulativos. Y la deuda privada como consecuencia de la pérdida de ingresos producida por la aplicación de medidas, como las que ahora se vuelven a proponer, aparentemente orientadas a lograr más competitividad bajando salarios. Y ambas, por el sistema de plena libertad de movimientos de capital que saca los recursos de la actividad productiva para llevarlos a la economía financiera improductiva, por los privilegios que tiene la banca internacional al poder crear dinero dando créditos a partir de los depósitos que recibe de sus clientes, y por la pasividad cómplice de las autoridades cuando los financieros estaban estafando al mundo utilizando productos financieros tan sofisticados como arriesgados y fraudulentos.

La prueba de esto es que la crisis y la deuda ha afectado a países y economías con muy desigual nivel de competitividad y la conclusión evidente es que para afrontar los problema que está creando lo que de verdad habría que hacer es poner fin a los factores reales que la han desencadenado que no son, ni mucho menos, los salarios excesivos.

Acordando simplemente, como han hecho, que se rebaje los costes directos e indirectos del trabajo solo se puede conseguir una competitividad empobrecedora porque de esa forma no se puede lograr que aumente la productividad ni que se desarrolle la actividad de mayor valor añadido. Su efecto no puede ser otro que la disminución de la demanda efectiva y, por tanto, que haya menos producción y empleo porque la estrategia de bajar salarios solo favorece a las empresas que tienen posiciones de privilegio en el mercado global o mercados cautivos pero no a las pequeñas y medianas que suelen operar en los mercados internos y que dependen de la demanda más próxima a los espacios en donde desarrollan su actividad.

Con esa estrategia de salarios bajos se trata aparentemente de garantizar que todas las economías europeas sean más atractivas en sus posiciones exportadoras pero lo cierto es que se olvida una realidad esencial: la mayor parte del comercio exterior de los países de la zona euro se desarrolla entre ellos mismos y es imposible que todos al mismo tiempo tengan una mejora de sus posiciones exportadoras si en todos se produce un debilitamiento de la demanda interna. Los excedentes comerciales que se supone que todos van a tener no pueden obtenerse si los demás no tienen una demanda potente y esto no puede darse limitando constantemente las rentas salariales que son el principal motor y el más sostenible de la demanda efectiva.

La única consecuencia de esa estrategia es que más tarde o más temprano aumente, como así ha ocurrido, el endeudamiento, un resultado que es justamente el que interesa a la banca y justamente el que ésta ha ido buscando durante los años anteriores a pesar de que se diga que es lo que se quiere evitar.

El Pacto se basa además en otra idea que la teoría económica demostró que es falsa hace más de sesenta años. Me refiero a la propuesta de abaratar el trabajo y actuar solo en los mercados laborales mediante medidas flexibilizadoras para lograr que se cree más empleo y a la que he hecho referencia en otros artículos anteriores.

Se puede afirmar, por tanto, que la estrategia pactada por los líderes europeos no va a favorecer la creación de empleo, como ellos afirman engañando a la ciudadanía, sino que simplemente va a mejorar las condiciones en que interviene el gran capital, las grandes empresas europeas, a la hora de contratar y utilizar el trabajo. Y también se puede decir que esta estrategia va a constituir, en contra de lo que se afirma y tal y como se ha podido comprobar en los últimos años, un poderoso incentivo para recurrir al uso menos productivo del trabajo, generalizando así las actividades de menor valor añadido y llevando a Europa a convertirse en un espacio de mayor desigualdad, de bajos salarios y de más empleo precario. Con estas medidas solo se avanza hacia la especialización de Europa en la provisión de servicios improductivos al resto de la economía global y no, como cínicamente afirman, en el espacio de la productividad, la excelencia y el conocimiento que son materialmente incompatibles con los bajos salarios generalizados y con la insuficiencia de capital social que se quiere imponer.

Otro conjunto de medidas aprobadas en el Pacto se refieren a la búsqueda de la estabilidad presupuestaria y financiera, un objetivo que se desea alcanzar mediante el control del gasto, la persecución del fraude y la limitación constitucional de los déficits públicos, es decir, también por un procedimiento espurio y que finalmente será tan inadecuado como inútil cuando vuelvan a manifestarse problemas como los que ahora vivimos.

El Pacto es inadecuado en este campo para alcanzar lo que se propone porque es falso que para aliviar la deuda sea suficiente con limitar el gasto puesto que esto puede terminar produciendo una caída semejante o sustancial en los ingresos (tal y como han demostrado numerosos estudios empíricos) que al final impide que desaparezca el desequilibrio y que solo consigue aumentar e malestar, las carencias sociales y e incluso la falta de los recursos públicos que precisa el capital privado para crear actividad y empleo.

La lucha contra la deuda de los líderes europeos es solo aparente. La verdadera causa del incremento brutal de la deuda en Europa ha sido la pérdida de peso de las rentas salariales de los últimos años y de la recaudación impositiva que han producido las políticas que vienen defendiendo. Lo que llaman lucha contra la deuda es, en realidad, una lucha contra aquella parte de la deuda pública causada por el gasto del Estado destinado a suministrar bienes y servicios públicos a la población de ingresos más bajos, ni siquiera contra el gasto público dedicado a subvencionar al capital, a la banca o a la industria militar. Y, desde luego, no es una lucha contra la deuda basada en la vía mucho más razonable de la generación de más ingresos mediante políticas fiscales más justas y eficaces. Todo lo contrario.

Pero el Pacto no solo es inútil y rechazable por lo que se propone hacer sino, sobre todo, por lo que deja sin abordar.

La incompetencia y la incapacidad de los líderes europeos en esta coyuntura tan difícil se manifiesta principalmente en su inoperancia a la hora de abordar los cuatro grandes problemas que realmente están bloqueando a las economías europeas.

Nada son capaces de hacer para garantizar que el sistema bancario funciones y nada dicen de cómo devolver el flujo del crédito a las empresas y a los consumidores, que es lo que más inmediatamente se necesita para que la actividad económica recobre el pulso. Tampoco son capaces de frenar a los especuladores que son los que realmente provocaron la crisis y los que ahora, fortalecidos con el silencio y la complicidad de las autoridades, son los que ponen en jaque a las economías más débiles agigantando un problema de deuda que se podría haber resuelto sin demasiados problemas mediante intervenciones y negociaciones del Banco Central Europeo. Tampoco llegan a nada sustantivo los líderes a la hora de regular definitivamente, con inteligencia y disciplina los mercados y las relaciones financieras, convirtiéndose así por pasiva en concausantes de la próxima crisis que sin duda provocará el mantenimiento del status quo que trajo la que ahora sufrimos. Y, finalmente, tampoco se pronuncian los líderes sobre el efecto depresor que van a tener sus medidas sobre la demanda en una coyuntura prácticamente recesiva como la actual.

En definitiva, el Pacto es otra muestra del engaño de las autoridades europeas a sus pueblos y de su sometimiento, bien sea por complicidad o por impotencia, ante los grandes poderes financieros y corporativos que se han adueñado de Europa y que son realmente los que dictan las políticas que luego hacen suyas los líderes.

Pero se trata de un engaño y de un sometimiento que manifiesta un mal aún más grande que los que acabo de señalar. El Pacto es una imposición a los pueblos, un “diktat”, una prueba irrefutable de que a la ciudadanía europea se le ha hurtado la posibilidad de pronunciarse sobre sus destino, sobre las cuestiones que, como las económicas, más afectan a su vida y a su bienestar.

El Pacto del euro no es solamente una estrategia errada para conseguir lo que dice proponerse y una concesión más al gran capital. Es, además, un atentado a la democracia porque se vuelven a imponer a los pueblos políticas muy gravosas sin que éstos tengan la posibilidad de manifestar si es eso lo que desean. Una vez más, han sometido a Europa para salvar a los poderes financieros y lo han hecho por la puerta de atrás, impidiendo que los pueblos se pronuncien. El Pacto del euro es, en realidad, un pacto contra Europa porque se suscribe al margen y en contra de sus ciudadanos.

Juan Torres López
Sistema Digital.

Revoluciones e inmigración

La Comisión de Bruselas acaba de aceptar revisar las reglas del espacio de Schengen para la libertad de circulación dentro de la Unión Europea. La danza del vientre a la que se han entregado Nicolas Sarkozy y Silvio Berlusconi en lo que respecta a la "invasión" de los inmigrantes tunecinos desde hace cuatro meses tiene algo que ver con eso. No merece que nos detengamos en ella, de tan escandalosa que es desde el punto de vista político y humano. El cambio revolucionario en Túnez como en Libia provoca efectivamente la huida de las poblaciones. Hay aquí dos cuestiones estrechamente relacionadas: la del derecho de asilo y la de la inmigración de trabajo. Pero esta "invasión" no va precisamente en el sentido que se dice: más de 650.000 personas han huido de Libia; si sigue el conflicto, se esperan más de un millón de personas de aquí al verano. Túnez, que ahora está implicada en la guerra por Gadafi, ya ha recibido más de 500.000 refugiados por una población de 10,2 millones de habitantes y un PIB en caída desde la revolución, una tasa de desempleo superior al 30%, una situación de decrecimiento grave y una inestabilidad en cuanto a la seguridad peligrosa para la democracia naciente. Europa, con una población que supera los 520 millones de habitantes, un PIB 10 veces superior al de los países de la ribera sur del Mediterráneo, ha tenido que gestionar, aunque por supuesto en el estruendo mediático y los resabios de racismo de Estado... ¡26.000 tunecinos!

En Túnez, lo he visto con mis propios ojos, los refugiados son acogidos por las poblaciones fronterizas, alimentados, invitados a dormir en las casas mientras esperan soluciones. El primer ministro Beyi Caid Esebsi, me dijo, tal cual, durante una charla: "¿Qué quiere usted? tampoco vamos a abandonarles sedientos y hambrientos en el desierto" (Túnez, 25-4-11). Por supuesto, esta situación no puede durar, es insoportable para Túnez. Pero no vemos comedia histérica alguna a costa de los extranjeros, animosidad alguna en el comportamiento de la población.

El asunto franco-italiano demuestra el fracaso patente de la política migratoria europea. La idea de un espacio interior abierto frente a un espacio exterior cerrado no es practicable en el contexto mundial actual de fuertes desplazamientos de las poblaciones y de demanda migratoria internacional, tanto por parte de los Estados ricos como de los Estados proveedores de emigración.

Si tomamos el caso de Frontex, instrumento de control de la libertad de circulación exterior de las personas, descubrimos que ni tan solo permite instaurar la confianza entre los propios europeos. Los 10 países que se adhirieron en mayo de 2004 a la Unión están todavía sometidos a unas reglas estrictas para el establecimiento de las personas. Francia y Alemania se oponen a la adhesión a los acuerdos de Schengen de Rumanía y Bulgaria, sospechosos de no poder controlar sus fronteras. Eso significa que reforzamos la Europa fortaleza a dos velocidades: hay países que están en primera línea de las zonas de inmigración y otros que se aprovechan del escudo de los primeros. Con la modificación de las reglas del artículo 23 de la Convención de Schengen en el sentido del restablecimiento de los controles en las fronteras interiores, España verá rápidamente lo que significa esto, en sus relaciones con los países africanos, Marruecos y Francia.

En el exterior, Frontex no es más que un éxito a medias, puesto que la inmigración ilegal no ha dejado de desarrollarse estos últimos años. Gadafi y Ben Ali recibían más de 400 millones de euros al año para asegurar el servicio de Frontex. Hoy, Gadafi expulsa a los extranjeros hacia Túnez y Europa.

La emigración continuará, bajo su forma legal e ilegal, simplemente porque corresponde a la integración mundial de las economías y de las sociedades. Se calcula que en nuestros días los inmigrantes ilegales son varios millones de personas, sin hablar de aquellos que se encuentran en los campos de retención rodeando Europa con una venda de vergüenza. En realidad, es todo el dispositivo migratorio europeo que hay que revisar. Hay que integrar las migraciones en una gran política de cooperación y codesarrollo europeo centrada principalmente en la circulación organizada de las personas. El objetivo sería responder a las necesidades mutuas de los países proveedores y de los países europeos. Europa necesita inmigrantes, desde un punto de vista demográfico y económico. La ribera sur del Mediterráneo expresa desde hace tiempo una fuerte demanda migratoria. No podemos responder con la policía de los mares.

Sami Nair
El Pais