Los retos del movimiento social europeo

La celebración del 5º Foro Social Europeo (FSE) recién finalizado en Malmö (Suecia) es una buena ocasión para reflexionar sobre la trayectoria y los retos de una iniciativa que ha permitido el encuentro de activistas y movimientos de todo el continente.

Desde su primera edición en noviembre de 2002 en Florencia hasta hoy, el FSE ha conseguido mucho y muy poco a la vez. Los foros sociales no son un fin en sí mismos, sino un instrumento al servicio de la discusión y la articulación de campañas y movilizaciones. Tienen sentido sólo si ayudan a avanzar en esta dirección. Los foros no han comportado de forma mecánica la creación de convergencias duraderas ni el desarrollo de luchas concretas, pero sí han tenido una influencia positiva genérica en esta dirección. El gran mérito del proceso del FSE ha sido afirmar un espacio de convergencia de las luchas contra las políticas neoliberales a escala europea. Aunque débil y poco arraigado, ha sido un punto de referencia para el grueso de las fuerzas sociales opuestas a éstas. Algo que no ha conseguido, por ejemplo, el sindicalismo mayoritario agrupado en la Confederación Europea de Sindicatos (CES), atrapado en su política de “apoyo crítico” a la lógica neoliberal de la Unión Europea (UE).

El contexto internacional en el cual se ha desarrollado el FSE ha ido modificándose desde sus comienzos, cuando nació en un momento marcado todavía por el empuje del movimiento altermundialista. Este último tuvo un fuerte crecimiento hasta las movilizaciones contra el G8 en Génova en julio del 2001 y los atentados del 11 de septiembre en New York. Después de algunos titubeos iniciales, en los que el movimiento pareció perder fuelle, la nueva etapa se caracterizó por la centralidad adquirida por la lucha contra la “guerra global permanente”, cuyo cenit fueron las protestas del año 2003 contra la invasión de Irak. Éste fue el escenario en el que tuvo lugar el primer FSE en noviembre del 2002 en Florencia.

A partir de su segunda edición en París en noviembre del 2003, el FSE se ha desarrollado en una fase caracterizada por la pérdida de centralidad de las movilizaciones internacionales altermundialistas y de su capacidad aglutinadora y unificadora, en un contexto de auge y multiplicación de las luchas concretas frente al neoliberalismo y de mayor dispersión sectorial y de “nacionalización” de las mismas. Un escenario, en definitiva, marcado por una crisis de perspectivas por parte del movimiento altermundialista y por el conjunto del proceso del Foro Social Mundial en el cual el FSE se enmarca. Sus ediciones posteriores en Londres en 2004 y en Atenas en 2006 mostraron la continuidad del proceso y su arraigo en nuevos países, pero también sus dificultades para seguir desarrollándose y dar un paso más. Pasado el efecto novedad y el impulso inicial, en los últimos años la dinámica del FSE muestra síntomas de declive, rutinización y pérdida de utilidad concreta.

Hoy, el gran reto de los movimientos sociales europeos es poder articular una respuesta a escala continental a la lógica neoliberal de la integración europea y a medidas como la “Directiva de la Vergüenza” o la todavía no aprobada “Directiva de las 65h”. El éxito apabullante del primer FSE generó unas expectativas enormes sobre su potencial en este terreno. En realidad demasiadas. Tras la jornada internacional contra la guerra en Irak, el 15 de febrero (15F) del 2003, convocada en esta primera edición del foro, y que sacó a la calle a millones de personas, el gran desafío entonces era dar un paso adelante real en la articulación continental de las luchas. La fórmula propagandística utilizada en aquel momento fue la de “realizar un 15F social”. Pero los avances posteriores en este terreno han sido limitados, generando una cierta sensación de frustración y estancamiento. La guerra de Irak tuvo un efecto centralizador que no existe en otros ámbitos.

La lógica de las políticas gubernamentales es la misma en toda la UE y obedece a los acuerdos tomados en este marco. Pero el ritmo y la dinámica de aplicación de las reformas es distinto en cada país. En los últimos años, las resistencias sociales al neoliberalismo han sido considerables. Éstas son sin embargo todavía muy defensivas (con excepciones puntuales), a menudo terminan en derrotas o victorias precarias y se desarrollan en un contexto desfavorable. Todo ello dificulta la puesta en marcha de iniciativas coordinadas a escala europea. Sin embargo, ha habido progresos importantes, algunos vinculados a la dinámica del FSE y otros no, como la conformación de redes y campañas europeas sobre temas específicos como jornadas (muchas todavía simbólicas y limitadas) de movilización simultánea en varios países como por ejemplo las impulsadas por el movimiento estudiantil frente al Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) o determinadas “eurohuelgas” en algunas empresas.

Avanzar pues en esta “europeización” de las resistencias es la vía por la cual habría que apostar. En realidad, los movimientos sociales europeos tienen el doble reto de profundizar en su arraigo local y fortalecerse “por debajo” y, en paralelo, crear formas de articulación a escala nacional e internacional, que eviten el aislamiento de las resistencias sociales a través de espacios como foros, campañas y redes concretas,. Florencia fue un arranque espectacular y prometedor de un camino que se ha mostrado difícil y complejo, con avances y retrocesos, tortuoso y muy poco lineal: el camino de la construcción de una Europa de los pueblos opuesta a la lógica del capital.

Josep Maria Antentas y Esther Vivas -
Diario Público

Voces de América contra la nueva normativa de inmigración europea

La Directiva de Retorno de la UE está levantando ampollas entre las ONG y movimientos sociales europeos y en los países de origen de la población inmigrante que llega a nuestras ciudades. Desde América nos llegan las voces de repulsa a esta norma firmada por personalidades políticas, universitarias, del mundo de la cultura, etc. de todos los países.

El Parlamento Europeo aprobó el 19 de junio por 369 votos a favor, 197 en contra y 106 abstenciones la nueva norma comunitaria sobre procedimientos de repatriación de los inmigrantes. Esta Directiva del Retorno es más conocida ya por la ‘Directiva de la Vergüenza’, ya que para las organizaciones sociales representa un claro retroceso para los derechos humanos.

Desde los movimientos sociales se estima que esta medida afectará a unos 8 millones de personas migrantes. Entre los elementos más criticados la Directiva de Retorno de la UE plantea la retención de los inmigrantes a la espera de expulsión en centros de internamiento hasta 18 meses, incluyendo también a los niños, niñas y jóvenes menores de edad, lo que alarga el tiempo de privación de libertad para personas que no han cometido ningún delito. También prohíbe volver a la UE durante 5 años a cualquier inmigrante que haya sido expulsado de un Estado miembro.

Manifiesto contra la ley de migración europea

Señores gobernantes y parlamentarios europeos:

Algunos de nuestros antepasados, pocos, muchos o todos, vinieron de Europa.

El mundo entero recibió con generosidad a los trabajadores de la Europa migrante.

Ahora, una nueva ley europea, dictada por la naciente crisis económica, castiga como crimen la libre circulación de las personas, que es un derecho consagrado por la legislación internacional desde hace ya unos cuantos años.

Esto nada tiene de raro, porque desde siempre los trabajadores extranjeros son los chivos emisarios de las crisis de un sistema que los usa mientras los necesita y luego los arroja al tarro de la basura.

Nada tiene de raro, pero mucho tiene de infame.

La amnesia, nada inocente, impide que Europa recuerde que no sería Europa sin la mano de obra barata venida de afuera y sin los servicios que el mundo entero le ha prestado: Europa no sería Europa sin la matanza de los indígenas de las Américas y sin la esclavitud de los hijos del África, por poner sólo un par de ejemplos de esos olvidos.

Europa debería pedir perdón al mundo, o por lo menos darle las gracias, en lugar de consagrar por ley la cacería y el castigo de los trabajadores que a su suelo llegan corridos por el hambre y las guerras que los amos del mundo les regalan.

Desde el continente americano, julio de 2008,

Atentamente,

ARGENTINA Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz; Atilio Boron, escritor; Hebe Bonafini, madres de plaza de mayo; Osvaldo Bayer, Escritor; Hermana Martha Pelloni, Derechos Humanos; Diana Maffía, Filósofa feminista; Rally Barrionuevo, Cantautor; Claudia Korol, periodista, Clacso

BOLIVIA Eduardo Paz, profesor universitario; Humberto Claure Quezada. Ingeniero, editor revista Patria Grande

BRASIL Augusto Boal, teatrólogo; Afrânio Mendes Catani, profesor USP; Candido Grzyboswki, sociólogo, IBASE y FSM; Chico Withaker, sociólogo, FSM; Emilia Vioti da Costa, historiadora; Elias de Sá Lima, engenheiro; Gaudêncio Frigotto, educador; Heloisa Fernandes, socióloga, ENFF; Jean Pierre Leroy, ambientalista, FASE; Jean Marc Von der Weid, economista agrícola, ASPTA; Joao Pedro Stedile, activista social MST; Mario Maestri, historiador; Pedro Casaldaliga, obispo, poeta; Renée France de Carvalho, militante internacionalista; Rita Laura Segato, antropóloga, UNB; Vânia Bambirra, economista; Vito Gianotti, jornalista

CANADÁ Naomi Kleim, perodista, escritora; Pat Mooney, pesquisador de tecnologías, Premio Nobel Alternativo; Michael A. Lebowitz, profesor, Simon Fraser University

CHILE Cosme Caracciolo, Conf. Nac. de Pescadores Artesanales de Chile; Luis Conejeros, presidente del Colegio de Periodistas de Chile; Marco Enríquez-Ominami, diputado; Manuel Cabieses, director de la revista Punto Final; Marta Harnecker, socióloga, escritora; Manuel Holzapfel, periodista; Ernesto Carmona, consejero nacional del Colegio de Periodistas de Chile; Paul Walder, profesor universitario y periodista; Pedro Lemebel, escritor; Flora Martínez, enfermera; Alberto Espinoza, abogado; Tomas Hirsch, Vocero del Humanismo para Latinoamérica

CUBA Aleida Guevarra, medica pediatra; Joel Suárez Rodes, Centro memorial Dr.Martin Luther King,

ECUADOR Alberto Acosta, economista, asambleísta constituyente; Carolina Portaluppi, escritora; Juan Meriguet Martínez, comunicador; Pavel Égüez, artista plástico; Hanne Holst, feminista; Luigi Stornaiolo, artista plástico; Osvaldo Leon, periodista, ALAI; Verónica León-Burch, videasta

ESTADOS UNIDOS Saul Landau, cineasta; Norman Solomon, periodista; Susanna Hecht, profesora de UCLA; Richard Levins, profesor de Harvard; Noam Chomsky, profesor de MIT; Peter Rosset, investigador; Fernando Coronil, Historiador y antropólogo, Universidad Nueva York; Mario Montalbetti, lingüista y Poeta; John Vandermeer, profesor de la Universidad de Michigan

HAITI Jean Casimir, antropólogo, escritor; Camille Chammers, economista.

MEXICO Subcomandante Insurgente Marcos, ciudadano del mundo en México; Ana Esther Cecena, economista, investigadora UNAM; Felipe Iñiguez Pérez; Maria de Jesús González Galaviz; Pablo Gonzalez Casanova, sociólogo; Luis Hernández Navarro, periodista de La Jornada; Beatriz Aurora, artista mexicana-chilena; Victor Quintana, diputado estatal y dirigente campesino; Raquel Sosa, escritora, profesora da UNAM; Rodolfo Stavenhagen, relator ONU para derechos indígenas; Silvia Ribeiro, investigadora

NICARAGUA Carlos Mejia Godoy, cantautor; Ernesto Cardenal, Poeta, escritor y sacerdote; Gioconda Belli, poetisa y escritora; Luis Enrique Mejia Godoy, cantautor; Mónica Baltodano, diputada, ex-comandante sandinista; Dora Maria Tellez, ex- comandante sandinista; Sergio Ramirez Mercado, escritor.

PARAGUAY Fernando Lugo, obispo en licencia, Presidente electo de Paraguay; Marcial Gilberto Congon, pedagogo popular; Ricardo Canesse, ingeniero, parlamentario Parlasur.

PERU Aníbal Quijano, sociólogo, escritor; Carmen Pimentel, Psicóloga, escritora; Carmen Lora, Universidad Católica de Perú; Mirko Lauer, poeta, ensayista; Rolando Ames, científico social, escritor.

URUGUAY Eduardo Galeano, escritor; Antonio Elias, economista, SEPLA

VENEZUELA Maximilien Arvelaiz, diplomático.

Más información: Agencia Latinoamericana de Información

La Unión por el Mediterráneo: un nuevo intento de recolonización

El pasado domingo Sarkozy ha conseguido reunir en París a 43 jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y de la ribera sur del Mediterráneo, para dar el pistoletazo de salida a este proyecto de dinamización económica y política de la cuenca mediterránea, cuyos antecedentes se remontan al proceso de Barcelona iniciado en 1995 entre la Unión Europea y los estados de la zona. A la reciente Cumbre de París han sido invitados todos los países de la UE , así como 11 Estados del Sur y el Este del Mediterráneo (Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, Israel, Jordania, el Líbano, Siria, Turquía, Albania y Mauritania) y representantes de la Autoridad palestina.

Esta Unión por el Mediterráneo (UPM), trata de revitalizar el arrumbado proyecto de partenariado EUROMED, establecido hace una década y cuyos resultados hasta el momento han sido decepcionantes para los países del Sur mediterráneo, tanto desde el punto de vista político como económico. En efecto, los conflictos internos o externos siguen sin resolverse y permanecen invariables las condiciones que dan lugar a las luchas y tensiones entre los países de la zona. Hay al menos 8 conflictos que permanecen abiertos en la zona: la conflagración entre Israel y Palestina y entre Israel y los países vecinos de Libano y Siria; el estancamiento del proceso de descolonización del Sahara occidental; el combate de Argelia con la guerrilla islámica; el mantenimiento de la división de Chipre o las luchas autonomistas de la población Kurda en Turquía. Los intereses contrapuestos entre estados y la injerencia externa mantienen abiertos estos conflictos y hacen difícil a corto y medio plazo pensar en un horizonte de paz en la región.

Tampoco es favorable el escenario económico y comercial. En efecto, las relaciones y flujos Norte- Sur dentro de la Cuenca Mediterránea se desarrollan en condiciones de intercambio muy desigual y desequilibrado, prolongando una clara situación de dependencia Sur-Norte. La balanza comercial Norte Sur alcanza un volumen total del orden de 226.000 millones de euros en 2007 y tiene un saldo favorable a los países de la UE (en torno al 7% de los intercambios). Pero más allá de estas cifras, hay que ver que el flujo de estos intercambios comerciales tiene un carácter totalmente asimétrico : mientras las exportaciones de la Unión Europea hacia el sur mediterráneo representan un 10% del total de las realizadas por la UE , las exportaciones de los países del Sur hacia la UE significan cerca de la mitad de los intercambios comerciales totales de la zona (46%) lo que pone de manifiesto la clara situación de dependencia de estos países con respecto a la zona UE.

En lo que se refiere a las condiciones de vida, las diferencias de renta entre las dos orillas de la Cuenca mediterránea son ostentosas y se han incrementado con el paso de los años. A título de ejemplo, la renta per cápita de España o Italia es entre 14 o 20 veces la de Marruecos, Siria o Egipto. Esta situación económica tan desnivelada entre países constituye una de las principales causas de las corrientes migratorias Sur- Norte. Hay más de 8 millones de emigrantes en la UE que proceden de los países ribereños del sur mediterráneo, de los cuales mas de 7 son originarios de Turquía, Marruecos y Argelia. En la actualidad esta corriente migratoria tradicional se topa con serias impedimentos, debido, por un lado, al rebrote de la crisis sistémica en los países del Norte y por otro a la voluntad política de los países de la UE de reforzar las barreras de todo tipo, con objeto de preservar la idea de “Europa fortaleza”. La dureza para sacar adelante la denominada “directiva de retorno” o “directiva de la vergüenza”, constituye una buena prueba de la actitud de la UE y de la presión de los gobiernos conservadores de Francia e Italia, pero también del resto de los países europeos. Este tipo de políticas migratorias solo contribuyen al deterioro de los intercambios humanos y culturales Sur–Norte y a institucionalizar la criminalización de la población migrante, lo que no favorece en absoluto, sino todo lo contrario, la circulación de personas en la zona y las buenas relaciones de vecindad que este proyecto de UPM pretende poner en marcha.

Nada más alejado por tanto de la cruda realidad de los hechos con las declaraciones pomposas de los políticos que quieren vender esta reedición de la Unión por el Mediterráneo como una iniciativa que persigue “instaurar la paz y la prosperidad en la zona a través del diálogo político , el desarrollo económico y el acercamiento entre los pueblos “ .

Por otra parte, y ya dentro de la Unión Europea, la iniciativa francesa no está exenta de contradicciones, críticas y susceptibilidades. Se ha comentado a menudo que cuando Francia habla del Mediterráneo lo hace para reafirmar su liderazgo y esta afirmación podría trasladarse aplicarse a cualquier otro país de la zona. Por ello e proyecto inicial de UPM ha sido visto por la Comisión Europea y por algunos países de la UE, como una duplicación o una “segunda unión” alternativa a la UE, y por tanto como una institución que pudiera detraer esfuerzos y fondos en el proceso de ampliación de la UE hacia el este. Alemania ha hecho todo lo posible por bloquear el proyecto y otros países, como España e Italia, han mostrado su preocupación por el enfoque y las prerrogativas que pretende abrogarse el presidente francés, que se ha visto obligado a abandonar su idea inicial de crear una institución internacional que le otorgara un área de influencia al margen de la UE.

En efecto, en el paquete de medidas inicialmente contempladas por Sarkozy figuraban una serie de iniciativas institucionales de gran calado político y económico, que solo han podido ser parcialmente consideradas. Se preveía, entre otras, un Banco Mediterráneo de Inversiones; una agencia medioambiental para la gestión de los recursos hídricos; una agencia nuclear; un programa de intercambio universitario y la creación de un espacio audiovisual común.

En el fondo de todas estas discrepancias no hay que perder de vista los intereses que defienden los principales países de la UE sobre el proyecto de construcción europea, así como la manera en que se quiere poner en práctica la estrategia competitiva por una Europa Global diseñada por la Comisión Europea. Estos intereses se ven claramente reflejados en los enfrentamientos entre países en torno a este proyecto UPM de partenariado económico para la región. Lo que se está jugando es en realidad la competencia entre países para facilitar la inversión europea y la penetración de las multinacionales en la zona y hacer extensivas las políticas neoliberales vigentes en la UE de liberalización económica, desmontaje de las barreras comerciales y desmantelamiento de los servicios públicos. Con ello los grandes grupos corporativos europeos reforzarían el control ya iniciado sobre los sectores económicos estratégicos de los países ribereños del Sur: entre ellos la agricultura, la energía, los transportes, la gestión del agua, los servicios públicos o el turismo.

El caso de España es especialmente significativo, debido a los intereses en juego y la tradicional política exterior en la zona, lo que permitido un protagonismo creciente por parte de empresas españolas en determinados sectores estratégicos. La presencia de firmas españolas en países del sur mediterráneo data de varias décadas y se ha incrementado últimamente en algunos de estos países. En Marruecos, por ejemplo, hay más de 800 empresas multinacionales de capital español, entre ellas Telefónica, El Corte Inglés, Cortefiel, Roca, Indo, o promotoras inmobiliarias como Mixta Africa (presidente Josep Piqué) empresa participada por Renta Corporación y por el Banco Mundial a través de su filial IFC ( International Finance Corporation ). España es el segundo país inversor en Marruecos después de Francia y en este país magrebí los intereses españoles chocan frontalmente con los franceses, que han venido controlando tradicionalmente la economía marroquí a través de los contactos privilegiados con el poder establecido.

En todo caso el proyecto que se diseña actualmente de Unión Mediterránea no hace más que perpetuar la dominación económica de los países del Norte Mediterráneo y la recolonización del espacio árabe- magrebí. Se ignora cualquier intento real de mejora socioeconómica de la población de la zona, así como la posibilidad de avanzar en las libertades democráticas y de progreso social que permitan cambiar las actuales estructuras políticas dominantes de estos países. Tal como nos ha recordado la prensa de estos días, el balance político- institucional de los 11 países sur-mediterráneos, arroja una abrumadora mayoría de regímenes autoritarios, o de monarquías autocráticas de tradición más o menos medieval y solamente en tres de ellos existe un sistema parlamentario establecido.

Por ello, los problemas que arrojan la mayoría de los países de la zona no se van a resolver con las iniciativas y proyectos contemplados por esta Unión por el Mediterráneo que ahora se quiere relanzar. En efecto, poco se habla en este proyecto de demografía y analfabetismo; de persistencia de la pobreza estructural a niveles insoportables ; de dar respuesta a la emigración como válvula de escape ; de hacer frente a la carencia de servicios básicos y de servicios públicos en áreas como la educación, la salud o el transporte público ; de los altos niveles de desempleo y de paro o de la gravedad que adquieren problemas como la falta de viviendas dignas para vivir .

Estos problemas estructurales no se contemplan, o solamente aparecen como una cortina de humo , en el marco de los seis grandes proyectos creados para la recién nacida Unión por el Mediterráneo. Las prioridades son otras y los proyectos de inversión se orientan hacia las grandes obras de infraestructura en la zona, que favorecen a las grandes corporaciones de la UE , tales la red de comunicaciones, las “grandes autopistas” en el transporte marítimo y terrestre; el tratamiento y la gestión del agua y los residuos o un programa de protección civil, cuyos objetivos habría que precisar, al igual que ocurre con la puesta en marcha de una universidad euromediterránea en Eslovenia (¿). Solamente miran hacia lo concreto y sostenible los proyectos de producción de energía renovable o la potenciación de iniciativas para el desarrollo de pequeñas y medianas empresas en la región.

Como resumen, podemos concluir que este proyecto de Unión por el Mediterráneo que acaba de ponerse en marcha en la Cumbre del pasado domingo, esta sobrado de ambiciones y lleno de interrogantes que no aclaran los 33 artículos que lo suscriben, y que difícilmente pueden explicarse a través de las declaraciones políticas y promesas de buenas intenciones destinadas al consumo mediático.

A nuestro entender esta UPM no hace sino abundar en los siguientes problemas:

- Consolidar la política económica neoliberal en la zona, con las consecuencias sociales dramáticas de sobra conocidos, a través de la experiencia recogida en numerosos países. Para ello se quiere imponer en los países de la Cuenca un espacio de libre comercio y de liberalización del mercado que sea realmente efectivo en los próximos años.

A corto plazo, ello va a suponer la intensificación de las privatizaciones, lo que va a permitir el control inmediato de las empresas locales por grupos multinacionales del Norte.

Se mantiene como intocable el sistema generalizado de colusión entre el poder político y económico en los países de la zona y la extensión de la corrupción como forma de gobernanza .

- La UE se inhibe de tomar postura frente a los ataques a los derechos humanos en los países de la zona donde es practica habitual la tortura, la ausencia de derechos sindicales efectivos, la aplicación como represalia de despidos y detenciones arbitrarias, la falta de protección jurídica o la conculcación general de las de las libertades de asociación, manifestación y expresión.

- La UPM supone un reforzamiento de la idea de “Europa Fortaleza”: un mayor control y aplicación de la violencia como medio de frenar el fenómeno de las migraciones; la intensificación de los medios de control y de represión, en particular, los llevados a cabo en el espacio marítimo y en los Centros de internamiento en tierra ; la subcontratación de la gestión de los flujos migratorios a los países situados como primeras fronteras exteriores ( en particular Marruecos, Argelia, Libia y Mauritania) para impedir la llegada al territorio europeo de las poblaciones africanas.

Una manifestación de esta política es la reciente aprobación de la Directiva de la vergüenza, una de las prioridades de la Presidencia francesa de la UE, impulsada por Sarkozy como una forma de lucha contra la inmigración.

Todo lo anterior nos confirma en la idea de que el proyecto de UPM no hace sino reforzar el colonialismo político, económico y cultural de la región, mediante la aplicación de formas de soberanía de tipo imperialista. En esta dirección van las propuestas avanzadas de aprobar el hecho colonial israelí y de cerrar la puerta de la Unión Europea a Turquía.

17 julio 08

Ricardo Gómez Muñoz

Coordinador de la Comisión UE-Internacional

Attac España

Sí podemos

En el Tratado de Lisboa, la palabra "mercado" aparece 63 veces, "competencia" 25 veces, "progreso social" consigue tres menciones y "desempleo" ninguna

Los excesos del desarrollismo están llevando a la humanidad al abismo, por lo que la nueva idea de progreso debe volver a recuperar la intención de antaño, de unir el progreso con la emancipación de los seres humanos, retomando el impulso del “sí podemos” que ha caracterizado los movimientos transformadores de la izquierda durante décadas.

El progreso es una idea inventada ya en el siglo XVIII, la época de la Ilustración y de las revoluciones, pero a veces es difícil mantener esa idea viva en nuestro propio tiempo. En Francia, los revolucionarios derrocaron la monarquía y el "orden natural" –la mayor herejía en aquel momento–. Los Padres Fundadores de los Estados Unidos, imbuidos de la noción de progreso, la legaron a generaciones de norteamericanos. Cuando floreció, la idea de progreso estaba reducida a Occidente, a lo que se podría llamar "zonas de Ilustración", y a las clases sociales con una educación relativamente alta. A lo largo de las décadas siguientes, los pensadores y los activistas creían en la emancipación humana y luchaban por ella, por la erradicación de la esclavitud, por una nueva vida para los inmigrantes, por los derechos de los trabajadores, de las mujeres y de las minorías.

En aquella época, la ciencia y la tecnología parecían desarrollarse con tal rapidez y seguridad, solucionando tantos problemas y haciendo la vida más fácil para millones de personas, que era fácil pensar –en la Gran Bretaña del siglo XIX, por ejemplo– que la humanidad marchaba camino al éxito, hacia horizontes cada vez más brillantes.

La noción de "desarrollo" caracterizó la versión del progreso del siglo XX. Al menos hasta la aparición –a mediados de la década de 1990– de los informes sobre desarrollo humano de Naciones Unidas, los "promotores oficiales del desarrollo", como el Banco Mundial, confundían el crecimiento económico con el bienestar de las personas y, al impulsar grandes programas como la "revolución verde", contaban con la ciencia y la tecnología para erradicar la pobreza y la desigualdad. China aún sigue un camino similar, propio del siglo XIX, con una fe sin igual en el progreso tecnológico y mostrando escaso interés por la libertad de los seres humanos o por los límites que impone la ecología.

Las dos guerras mundiales, la Shoá, los horrores del colonialismo que fuimos conociendo poco a poco, la carrera armamentística nuclear y los desastres nucleares contribuyeron a erosionar la fe en el progreso en el siglo XX. El cambio climático, las múltiples crisis financieras, la crisis del petróleo y las amenazas de las hambrunas y del terrorismo cumplen la misma función en el siglo XXI. Parece que por fin empieza a entrarnos en la cabeza que la civilización podría ir hacia atrás y que, en estos momentos, seguramente la estamos empujando en esa dirección.

Históricamente hablando, sólo la izquierda, sólo las fuerzas progresistas, han generado progreso en forma de emancipación de los seres humanos. Así, la pregunta que TEMAS hace a sus autores –“¿cuál sería la nueva idea de progreso para la izquierda en el siglo XXI?”– se revela urgente.

Intentaré contestarla señalando primero la distinción necesaria entre los avances científicos y tecnológicos y el progreso humano. En el pasado iban de la mano; hoy, sin embargo, el debate, la discusión, radica en saber si los desarrollos científicos verdaderamente constituyen progreso o no. Ahora, con frecuencia, la izquierda debe detener aquello a lo que la derecha llama “progreso”, una idea inconcebible para los progresistas de hace cien años. En la actualidad, cuando el supuesto “progreso” está controlado por las corporaciones transnacionales centradas exclusivamente en el beneficio y en la apertura de nuevos mercados, ello se convierte en un deber para los progresistas.

El ejemplo de los organismos modificados genéticamente (OMG) ilustra esta idea. Aunque hasta ahora nadie ha probado de manera concluyente que los OMG son peligrosos para la salud de las personas, es evidente que generan un impacto medioambiental negativo y que pueden extender o acabar con la libertad de los agricultores para cultivar de forma orgánica o tradicional. Conscientes de que las corporaciones transnacionales controlan los OMG –en especial Monsanto y su enorme legado de productos nocivos– los progresistas hacen bien en impedir el cultivo de OMG si no es en condiciones estrictamente establecidas.

No necesitamos más energía nuclear sino más bien, como en España, mucha más inversión en energía eólica y demás energías alternativas. Tampoco necesitamos nuevos aviones de combate, por mucho que interese al complejo militar industrial, sino más bien investigación y desarrollo de materiales ligeros para construir aviones comerciales que consigan reducir drásticamente las cantidades de gasolina que consumen. Como ha señalado el filósofo Paul Virilio, toda tecnología contiene su propio accidente: el avión que se estrella, el ordenador que se bloquea con catastróficas pérdidas de información, la fusión de un reactor nuclear, las plagas originadas por la involuntaria liberación en la naturaleza de organismos manufacturados, los vertidos de petróleo, las explosiones químicas… la lista es larga. El deber de los progresistas es aplicar de manera rigurosa el principio preventivo de intentar controlar las corporaciones que tratan de controlarnos. Esto exige perseverancia y que las organizaciones políticas transnacionales equiparen sus estrategias con las de las propias corporaciones.

La cuestión del progreso en el sentido de la emancipación de los seres humanos es distinta. Aquí, evidentemente, la izquierda no está llamada a impedir, sino a buscar y a encontrar nuevas vías, de la misma manera que todos los progresistas habidos y por haber lo han intentado. Todos ellos tuvieron que luchar con múltiples formas de opresión en las difíciles condiciones de su tiempo, y la mayoría de ellos, admitámoslo, fracasaron. Espartaco no consiguió acabar con la esclavitud en la antigua Roma, y hasta el siglo XIX ésta no se pudo erradicar. Cientos de filósofos, protocientíficos, pensadores y personas inocentes acabaron quemados en la hoguera cuando el poder de la Iglesia no podía ser detenido. Durante siglos, Europa llevó a cabo guerras sangrientas que provocaron un número incontable de muertes innecesarias hasta que una Europa unida terminó con ellas. Las mujeres no fueron completamente reconocidas como seres humanos hasta hace menos de cien años y todavía intentan alcanzar la igualdad total, incluso en las sociedades “avanzadas”. Los derechos humanos siguen siendo ignorados en muchos sitios, también en Occidente, de forma que aún nos quedan muchas metas y muchas áreas en construcción en el siglo XXI.

Desafíos

El desafío sin precedentes que se plantea hoy a los progresistas es ser activos en todos los frentes geográficos. Hasta hace poco bastaba con intentar resolver los problemas del propio país –sueldos decentes, condiciones de trabajo óptimas, asistencia sanitaria adecuada, educación universal, separación de Iglesia y Estado, etc–. No cabe duda de que las cuestiones nacionales siguen siendo importantes. Pero también lo son las cuestiones locales. Cada vez más, sin embargo, vemos que las fronteras de nuestras vidas van mucho más allá de nuestras fronteras nacionales. Los europeos tienen que saber que actualmente el 85% de la legislación que gobierna sus vidas no proviene de su Parlamento nacional, sino de Bruselas, y que la Unión Europea tiene el control del modelo económico neoliberal, guiado por intereses comerciales hasta el punto de excluir cualquier consideración de progreso social.

Recientemente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha anunciado tres decisiones que obligan a Suecia, a Finlandia y a Alemania a aceptar mano de obra de Europa oriental con salarios un 50% inferiores a los de sus trabajadores nacionales. Estas decisiones, que tienen su base en la “libre prestación de servicios”, sitúan a los trabajadores europeos en competición directa y lanzan una “carrera hacia mínimos” en lo que respecta a salarios y condiciones de trabajo. En el Tratado de Lisboa, la palabra “mercado” aparece 63 veces, “competencia” 25 veces, “progreso social” consigue tres menciones y “desempleo” ninguna. La Comisión insiste en que no se apliquen restricciones a la libre circulación de bienes, servicios, personas y capitales. ¿Podemos albergar esperanzas de gravar las transacciones de capitales internacionales –como Attac propone desde hace años– si no es posible aplicar “restricciones” y es la Comisión (con sus miembros no electos), o el Tribunal Europeo, quien decide? Siglos de progreso europeo pueden quedar anulados y borrados si los progresistas no consiguen controlar esta Europa neoliberal; tarea que debemos llevar a cabo mediante una organización transfronteriza similar a la de las élites europeas que disfrutan hoy de unas condiciones extremadamente beneficiosas para sus intereses.

La tarea de introducir asuntos de vital importancia en la agenda internacional constituye un proceso terriblemente lento, no digamos si queremos que se tomen medidas. Hicieron falta más de veinte años para convencer a las autoridades nacionales e internacionales de la realidad y del peligro del cambio climático, lo que nos da una idea de hasta qué punto se contentaban con escuchar a las corporaciones, en especial a las empresas petroleras. Ahora que todos somos concientes de las amenazas, los líderes aparecen, una vez más, paralizados. Sabemos que los refugiados por el cambio climático llamarán a nuestras puertas en cuestión de años y, sin embargo, no nos estamos preparando para ello. Sabemos que, una vez más, las hambrunas acechan al mundo, que decenas de millones de personas que han sobrevivido a una vida de hambre permanente caen de nuevo en esa pesadilla y, aun así, seguimos produciendo biocarburantes en lugar de cultivos alimentarios, y no hacemos esfuerzos por contener a las fuerzas del mercado que conducen a las hambrunas masivas.

Los progresistas tienen que desembarazarse de una vez por todas del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de la Organización Mundial del Comercio, y sustituirlos por las organizaciones internacionales que de verdad respondan a las necesidades de las (desatendidas) tres cuartas partes de la humanidad. Para cuando falleció, en 1946, John Maynard Keynes ya había elaborado el proyecto que serviría a estas organizaciones. No sería mala idea desenterrarlo y mejorarlo para adaptarlo a las necesidades actuales.

En todas partes vemos a las elites ansiosas por acabar con el progreso democrático de los siglos pasados y por conseguir que dirigentes no electos (la Comisión Europea, por ejemplo) o tecnócratas (el FMI, la OMC) sean fieles a sus propios intereses. La lucha constante de los progresistas por preservar la democracia les enfrenta a quienes tratan de socavarla: el déficit democrático debe ser el nexo de toda nuestra acción futura.

Quizá porque es consciente de todo esto, Barack Obama ha surgido del casi anonimato político para ocupar un lugar preeminente en el imaginario colectivo y, esperemos, pronto también en el despacho del presidente de los Estados Unidos. Utilizando un magnífico lenguaje, es capaz de hacernos comprender el significado de nuestras tradiciones y de nuestros logros. Cada vez que hemos oído que no estábamos preparados, que no merecía la pena intentarlo, que nunca conseguiríamos nada, respondimos "yes we can" (sí, podemos). Los autores de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, los esclavos y los abolicionistas, los pioneros y los inmigrantes, los trabajadores y las mujeres, los impulsores del New Deal y los astronautas, todos ellos respondieron "yes we can".

La Historia de la humanidad –y por ende la lucha por la emancipación de los seres humanos– no ha terminado, y no debemos ofender a las generaciones futuras. Ojalá los progresistas de todo el mundo, sobre todo los europeos, se unan alrededor de estas palabras: yes we can.

Traducción: Alfonso Guerra Reina

Susan George, Comité de Apoyo de Attac, Temas para el Debate

Una directiva contra Europa

El Parlamento Europeo aprobó ayer la propuesta de directiva relativa al retorno de los nacionales de terceros países en situación ilegal. El texto había recibido numerosas críticas por parte de distintas organizaciones (Amnistía Internacional, ECRE) y grupos parlamentarios (socialista –PES–, ecologista –Greens/EFA–, izquierda unida europea –GUE/NGL–) y el resultado de la votación, con 369 a favor frente a 197 en contra y 106 abstenciones, refleja la división existente tanto en la eurocámara como dentro de los grupos parlamentarios.

Con la directiva se diseña un proceso de retorno compuesto de dos fases. Una primera se inicia con la emisión de una “orden de retorno” y el establecimiento de un período, de entre 7 y 30 días, para el retorno voluntario.

Una vez transcurrido el período de retorno voluntario, los Estados miembros podrán emitir una “orden de expulsión”, cuya implementación puede generar medidas coercitivas (como el internamiento temporal). Tanto la decisión de retorno como la orden de expulsión pueden contener una prohibición de reingreso en el territorio de la Unión Europea de hasta 5 años, ampliable cuando concurra una grave amenaza para la seguridad y el orden público. El objetivo declarado de esta directiva es armonizar el procedimiento de retorno respecto al que existe una gran diversidad entre los Estados miembros tanto en la terminología utilizada como en las medidas sustantivas aplicadas (la duración o las causas que provocan el internamiento temporal, la prohibición de reentrada de los inmigrantes expulsados). Sin embargo, el alcance real de la directiva se revela cuando respondemos a varios interrogantes que ésta suscita.

En primer lugar, cabría plantearse a quién se aplicará esta directiva. La incertidumbre económica y el creciente porcentaje que representa la población inmigrante en los Estados miembros parece haber impulsado la necesidad por controlar los flujos migratorios que, sin embargo, en el pasado ayudaban al desarrollo económico.

Para ello, la solución se cree haber encontrado en el control de la inmigración ilegal procedente de África y Asia.

Sin embargo y en el tiempo que ha trascurrido en la elaboración de esta directiva (desde el año 2001), la inmigración tiene hoy una cara distinta y los mayores flujos migratorios no proceden de países extracomunitarios sino de los nuevos Estados miembros. Si en el año 2000 los principales países de origen de los flujos migratorios eran Marruecos y Ecuador el año 2005 refleja un espectacular incremento de los flujos procedentes de nuevos Estados miembros con Polonia y Rumanía a la cabeza. La directiva no sería pues aplicable en estos casos al tratarse de ciudadanos europeos sino que tendría como objetivo el porcentaje, significativamente inferior, que representa la inmigración ilegal. Ésta, según cifras orientativas, no alcanza el 1% de la población en cada Estado, lo que contrasta con el porcentaje que representa la población extranjera en países receptores de inmigrantes como España (6,2%) o Italia (4,6%) –según OCDE Internacional Migration Outlook 2007–.

En segundo lugar, la regulación del retorno pone en cuestión la protección de los derechos fundamentales. La medida del internamiento temporal, con una duración máxima de 18 meses, es desproporcionada en tanto que un ilícito administrativo (al menos, hasta el momento) se castiga con la privación de libertad, reservada a los delitos. La duración de esta medida, no podemos olvidar, se lleva a cabo en centros de internamiento que no ofrecen suficientes garantías para protección de los derechos fundamentales, tal y como se ha denunciado por el Consejo de Europa o por el LIBE en sus informes acerca de los centros de Malta y Lampedusa.

En tercer lugar, surgen dudas acerca de que la directiva constituya un primer paso para la construcción de una política inmigratoria común. La directiva se centra en el procedimiento de expulsión dejando a los Estados la definición de la “situación de ilegalidad”. De esta manera, los distintos Estados miembros serán los responsables del control de los flujos migratorios que se vinculan normalmente a las necesidades de los mercados laborales nacionales. La legalidad dependerá, en buena medida, del ciclo económico de los Estados.

Además, la posibilidad que asiste a cada Estado de revisar la decisión de expulsión, unida a la cláusula de soberanía y al principio de no-refoulement, dificultaría más la elaboración de una política común de retorno. Esta situación podría, a su vez, generar movimientos migratorios ligados a la “permisibilidad” del proceso de retorno o de las políticas de asilo. Ello supondría un incentivo para endurecer aún más las políticas de retorno, en la línea de aquellos Estados más restrictivos. Paradójicamente, el control de los flujos migratorios no cubriría así las necesidades de las economías nacionales, sino que serviría como “defensa” respecto a las políticas migratorias de otros Estados miembros.

Pero lo peor de esta directiva es el mensaje que transmite tanto a los socios comunitarios (la justificación de que todo vale con tal de “combatir” la inmigración) como a otros países fuera de Europa, que observan perplejos las decisiones de un club que un día propone una Unión por el Mediterráneo y al siguiente levanta un muro en sus fronteras.

Alfonso Egea de Haro. Fundación Alternativas y Coordinador del Área Unión Europea de Opex
Público 19/6/2008

Contra la Directiva de las 65 horas.

Manifestación a nivel europeo contra la ampliación de la jornada laboral hasta las 65 h

A.A.: "Sociedad Europea, partidos y asociaciones sindicales/ European Society, parties and trade unions"

Exigimos una manifestación a nivel europeo contra la ampliación de la jornada laboral hasta las 65 horas semanales para llevar nuestra voz al Parlamento Europeo

Los ministros de Trabajo de la Unión Europea aprobaron, con la abstención de España, Hungría, Grecia, Chipre y Bélgica, ampliar la jornada laboral hasta un máximo de 65 horas semanales (esto es, entre 12 y 13 horas semanales).

La Organización Internacional del Trabajo, hace 91 años, consagró el derecho social a la jornada de 48 horas semanales. Con la nueva medida se está destruyendo de un plumazo todo aquello por lo que el movimiento obrero, desde sus inicios, ha estado luchando: 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de educación. Con medidas anti-sociales e impopulares como esta, Europa se está alejando de la ciudadanía y sus problemas reales.

No es justo que en tiempos de crisis económica sean los trabajadores, las personas de menores recursos, quienes deban pagar trabajando más, sin posibilidad de ampliar sus horas de ocio o el tiempo con sus familias. Por otra parte, más horas de trabajo no implica un aumento de la productividad y de la competitividad económica europea.

Mientras la crisis persista, los precios sigan subiendo, el petróleo se mantenga al alza y el consumo se contraiga, millones de empleos se verán amenazados doblemente, ahora también por la coacción empresarial que puede derivarse de la asunción de esta medida.

Puede que para tener un contrato laboral haya que aceptar este “voluntario” ofrecimiento patronal de trabajar hasta 12 y 13 horas diarias.

Queremos que se retire esta medida, que sea rechazada en el Parlamento, que los eurodiputados piensen en los trabajadores, en sus familias, en todos los problemas que acarrearían para ellos y sus familias más horas de trabajo.

Pedimos también a todas las organizaciones políticas, sindicales y sociales a los que va dirigida esta petición que no sólo se rechace verbalmente esta medida.

Queremos dar la oportunidad a todos los ciudadanos europeos de expresar su negativa al retroceso en los derechos laborales. Todos, el mismo día, a la misma hora, toda Europa unida por fin, desde la ciudadanía, desde su base cívica, manifestémonos para exigir una Europa Social que garantice los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras.

FIRMA PARA INSTAR A LOS PARTIDOS, SINDICATOS Y ASOCIACIONES EUROPEAS A UNA MOVILIZACIÓN CONTRA ESTA MEDIDA

Para firmar recurre a http://www.firmasonline.com/1firmas/camp1.asp?C=1565

Para enviar cómodamente tu protesta a todos los eurodiputados españoles de una sola vez: http://www.netoraton.es/?p=2670

Traduce la campaña a tu idioma y extiéndela en tu país.
Actualización: También puedes participar a través de TUENTI y de FACEBOOK. Unete.

Referendum en Irlanda. No al Tratado de Lisboa

Comunicado de ATTAC España

El pueblo irlandés ha rechazado el Tratado de Lisboa en el referéndum celebrado el día 12 de junio. Attac pide a los distintos Gobiernos europeos que respeten esta decisión soberana. Sería catastrófico que los Gobiernos europeos vuelven la espalda, una vez más, a esta expresion popular.

Este resultado, al igual que el del 29 de mayo de 2005 en Francia y el del 1 de junio de 2005 en Holanda es la prueba de que el actual proceso de construcción europea carece por completo de legitimidad popular.

En la Unión Europea, los irlandeses han sido los únicos que han tenido el derecho a pronunciarse sobre el Tratado de Lisboa por la vía de referéndum y ello por razones constitucionales. A la vista de los resultados de 2005, el Consejo Europeo había tenido la precaución de no volver a someter a referéndum la ratificación del nuevo Tratado, denominado Tratado de Lisboa, que los gobiernos habían aprobado en diciembre de 2007.

Desde entonces Attac Europa no ha cesado de denunciar que este nuevo Tratado no era sino una fotocopia del Tratado Constitucional que fue rechazado en 2005, como han reconocido los propios redactores del mismo. Esta es la razón de que los responsables de la UE no quisiesen correr nuevos riesgos sometiéndolo a referéndum.

Es así como funcionan nuestros gobernantes de la Unión Europea: sin transparencia sin democracia, ocultando y engañando a la ciudadanía sobre las leyes y los Tratados que encubren la política neoliberal que están aplicando. Evitando el debate público o manipulando los textos y contenidos, como ocurrió en la campaña del referéndum en España para la ratificación del Tratado Constitucional.

Los irlandeses han rechazado el Tratado de Lisboa, muchos conocían su contenido, otros estaban hartos de las ocultaciones y argucias que emplean nuestros gobernantes. El Tratado de Lisboa no hace sino reforzar aún más la orientación neoliberal de la Unión Europea.

Los Attacs de Europa creemos que el resultado del referéndum de Irlanda debe ser la ocasión para abrir un gran debate público sobre la construcción europea.

La red de Attac Europa viene pidiendo que cualquier nuevo Tratado europeo sea elaborado por una Asamblea elegida directamente por los ciudadanos y sea adoptado por referéndum en cada uno de los Estados miembros.

Queremos una Europa democrática, que responda a las exigencias sociales, ecológicas y de solidaridad con los países del Sur.

El futuro de Europa no puede construirse a espaldas del pueblo sino teniendo en cuenta sus aspiraciones y su voluntad.