Sí podemos

En el Tratado de Lisboa, la palabra "mercado" aparece 63 veces, "competencia" 25 veces, "progreso social" consigue tres menciones y "desempleo" ninguna

Los excesos del desarrollismo están llevando a la humanidad al abismo, por lo que la nueva idea de progreso debe volver a recuperar la intención de antaño, de unir el progreso con la emancipación de los seres humanos, retomando el impulso del “sí podemos” que ha caracterizado los movimientos transformadores de la izquierda durante décadas.

El progreso es una idea inventada ya en el siglo XVIII, la época de la Ilustración y de las revoluciones, pero a veces es difícil mantener esa idea viva en nuestro propio tiempo. En Francia, los revolucionarios derrocaron la monarquía y el "orden natural" –la mayor herejía en aquel momento–. Los Padres Fundadores de los Estados Unidos, imbuidos de la noción de progreso, la legaron a generaciones de norteamericanos. Cuando floreció, la idea de progreso estaba reducida a Occidente, a lo que se podría llamar "zonas de Ilustración", y a las clases sociales con una educación relativamente alta. A lo largo de las décadas siguientes, los pensadores y los activistas creían en la emancipación humana y luchaban por ella, por la erradicación de la esclavitud, por una nueva vida para los inmigrantes, por los derechos de los trabajadores, de las mujeres y de las minorías.

En aquella época, la ciencia y la tecnología parecían desarrollarse con tal rapidez y seguridad, solucionando tantos problemas y haciendo la vida más fácil para millones de personas, que era fácil pensar –en la Gran Bretaña del siglo XIX, por ejemplo– que la humanidad marchaba camino al éxito, hacia horizontes cada vez más brillantes.

La noción de "desarrollo" caracterizó la versión del progreso del siglo XX. Al menos hasta la aparición –a mediados de la década de 1990– de los informes sobre desarrollo humano de Naciones Unidas, los "promotores oficiales del desarrollo", como el Banco Mundial, confundían el crecimiento económico con el bienestar de las personas y, al impulsar grandes programas como la "revolución verde", contaban con la ciencia y la tecnología para erradicar la pobreza y la desigualdad. China aún sigue un camino similar, propio del siglo XIX, con una fe sin igual en el progreso tecnológico y mostrando escaso interés por la libertad de los seres humanos o por los límites que impone la ecología.

Las dos guerras mundiales, la Shoá, los horrores del colonialismo que fuimos conociendo poco a poco, la carrera armamentística nuclear y los desastres nucleares contribuyeron a erosionar la fe en el progreso en el siglo XX. El cambio climático, las múltiples crisis financieras, la crisis del petróleo y las amenazas de las hambrunas y del terrorismo cumplen la misma función en el siglo XXI. Parece que por fin empieza a entrarnos en la cabeza que la civilización podría ir hacia atrás y que, en estos momentos, seguramente la estamos empujando en esa dirección.

Históricamente hablando, sólo la izquierda, sólo las fuerzas progresistas, han generado progreso en forma de emancipación de los seres humanos. Así, la pregunta que TEMAS hace a sus autores –“¿cuál sería la nueva idea de progreso para la izquierda en el siglo XXI?”– se revela urgente.

Intentaré contestarla señalando primero la distinción necesaria entre los avances científicos y tecnológicos y el progreso humano. En el pasado iban de la mano; hoy, sin embargo, el debate, la discusión, radica en saber si los desarrollos científicos verdaderamente constituyen progreso o no. Ahora, con frecuencia, la izquierda debe detener aquello a lo que la derecha llama “progreso”, una idea inconcebible para los progresistas de hace cien años. En la actualidad, cuando el supuesto “progreso” está controlado por las corporaciones transnacionales centradas exclusivamente en el beneficio y en la apertura de nuevos mercados, ello se convierte en un deber para los progresistas.

El ejemplo de los organismos modificados genéticamente (OMG) ilustra esta idea. Aunque hasta ahora nadie ha probado de manera concluyente que los OMG son peligrosos para la salud de las personas, es evidente que generan un impacto medioambiental negativo y que pueden extender o acabar con la libertad de los agricultores para cultivar de forma orgánica o tradicional. Conscientes de que las corporaciones transnacionales controlan los OMG –en especial Monsanto y su enorme legado de productos nocivos– los progresistas hacen bien en impedir el cultivo de OMG si no es en condiciones estrictamente establecidas.

No necesitamos más energía nuclear sino más bien, como en España, mucha más inversión en energía eólica y demás energías alternativas. Tampoco necesitamos nuevos aviones de combate, por mucho que interese al complejo militar industrial, sino más bien investigación y desarrollo de materiales ligeros para construir aviones comerciales que consigan reducir drásticamente las cantidades de gasolina que consumen. Como ha señalado el filósofo Paul Virilio, toda tecnología contiene su propio accidente: el avión que se estrella, el ordenador que se bloquea con catastróficas pérdidas de información, la fusión de un reactor nuclear, las plagas originadas por la involuntaria liberación en la naturaleza de organismos manufacturados, los vertidos de petróleo, las explosiones químicas… la lista es larga. El deber de los progresistas es aplicar de manera rigurosa el principio preventivo de intentar controlar las corporaciones que tratan de controlarnos. Esto exige perseverancia y que las organizaciones políticas transnacionales equiparen sus estrategias con las de las propias corporaciones.

La cuestión del progreso en el sentido de la emancipación de los seres humanos es distinta. Aquí, evidentemente, la izquierda no está llamada a impedir, sino a buscar y a encontrar nuevas vías, de la misma manera que todos los progresistas habidos y por haber lo han intentado. Todos ellos tuvieron que luchar con múltiples formas de opresión en las difíciles condiciones de su tiempo, y la mayoría de ellos, admitámoslo, fracasaron. Espartaco no consiguió acabar con la esclavitud en la antigua Roma, y hasta el siglo XIX ésta no se pudo erradicar. Cientos de filósofos, protocientíficos, pensadores y personas inocentes acabaron quemados en la hoguera cuando el poder de la Iglesia no podía ser detenido. Durante siglos, Europa llevó a cabo guerras sangrientas que provocaron un número incontable de muertes innecesarias hasta que una Europa unida terminó con ellas. Las mujeres no fueron completamente reconocidas como seres humanos hasta hace menos de cien años y todavía intentan alcanzar la igualdad total, incluso en las sociedades “avanzadas”. Los derechos humanos siguen siendo ignorados en muchos sitios, también en Occidente, de forma que aún nos quedan muchas metas y muchas áreas en construcción en el siglo XXI.

Desafíos

El desafío sin precedentes que se plantea hoy a los progresistas es ser activos en todos los frentes geográficos. Hasta hace poco bastaba con intentar resolver los problemas del propio país –sueldos decentes, condiciones de trabajo óptimas, asistencia sanitaria adecuada, educación universal, separación de Iglesia y Estado, etc–. No cabe duda de que las cuestiones nacionales siguen siendo importantes. Pero también lo son las cuestiones locales. Cada vez más, sin embargo, vemos que las fronteras de nuestras vidas van mucho más allá de nuestras fronteras nacionales. Los europeos tienen que saber que actualmente el 85% de la legislación que gobierna sus vidas no proviene de su Parlamento nacional, sino de Bruselas, y que la Unión Europea tiene el control del modelo económico neoliberal, guiado por intereses comerciales hasta el punto de excluir cualquier consideración de progreso social.

Recientemente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha anunciado tres decisiones que obligan a Suecia, a Finlandia y a Alemania a aceptar mano de obra de Europa oriental con salarios un 50% inferiores a los de sus trabajadores nacionales. Estas decisiones, que tienen su base en la “libre prestación de servicios”, sitúan a los trabajadores europeos en competición directa y lanzan una “carrera hacia mínimos” en lo que respecta a salarios y condiciones de trabajo. En el Tratado de Lisboa, la palabra “mercado” aparece 63 veces, “competencia” 25 veces, “progreso social” consigue tres menciones y “desempleo” ninguna. La Comisión insiste en que no se apliquen restricciones a la libre circulación de bienes, servicios, personas y capitales. ¿Podemos albergar esperanzas de gravar las transacciones de capitales internacionales –como Attac propone desde hace años– si no es posible aplicar “restricciones” y es la Comisión (con sus miembros no electos), o el Tribunal Europeo, quien decide? Siglos de progreso europeo pueden quedar anulados y borrados si los progresistas no consiguen controlar esta Europa neoliberal; tarea que debemos llevar a cabo mediante una organización transfronteriza similar a la de las élites europeas que disfrutan hoy de unas condiciones extremadamente beneficiosas para sus intereses.

La tarea de introducir asuntos de vital importancia en la agenda internacional constituye un proceso terriblemente lento, no digamos si queremos que se tomen medidas. Hicieron falta más de veinte años para convencer a las autoridades nacionales e internacionales de la realidad y del peligro del cambio climático, lo que nos da una idea de hasta qué punto se contentaban con escuchar a las corporaciones, en especial a las empresas petroleras. Ahora que todos somos concientes de las amenazas, los líderes aparecen, una vez más, paralizados. Sabemos que los refugiados por el cambio climático llamarán a nuestras puertas en cuestión de años y, sin embargo, no nos estamos preparando para ello. Sabemos que, una vez más, las hambrunas acechan al mundo, que decenas de millones de personas que han sobrevivido a una vida de hambre permanente caen de nuevo en esa pesadilla y, aun así, seguimos produciendo biocarburantes en lugar de cultivos alimentarios, y no hacemos esfuerzos por contener a las fuerzas del mercado que conducen a las hambrunas masivas.

Los progresistas tienen que desembarazarse de una vez por todas del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de la Organización Mundial del Comercio, y sustituirlos por las organizaciones internacionales que de verdad respondan a las necesidades de las (desatendidas) tres cuartas partes de la humanidad. Para cuando falleció, en 1946, John Maynard Keynes ya había elaborado el proyecto que serviría a estas organizaciones. No sería mala idea desenterrarlo y mejorarlo para adaptarlo a las necesidades actuales.

En todas partes vemos a las elites ansiosas por acabar con el progreso democrático de los siglos pasados y por conseguir que dirigentes no electos (la Comisión Europea, por ejemplo) o tecnócratas (el FMI, la OMC) sean fieles a sus propios intereses. La lucha constante de los progresistas por preservar la democracia les enfrenta a quienes tratan de socavarla: el déficit democrático debe ser el nexo de toda nuestra acción futura.

Quizá porque es consciente de todo esto, Barack Obama ha surgido del casi anonimato político para ocupar un lugar preeminente en el imaginario colectivo y, esperemos, pronto también en el despacho del presidente de los Estados Unidos. Utilizando un magnífico lenguaje, es capaz de hacernos comprender el significado de nuestras tradiciones y de nuestros logros. Cada vez que hemos oído que no estábamos preparados, que no merecía la pena intentarlo, que nunca conseguiríamos nada, respondimos "yes we can" (sí, podemos). Los autores de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, los esclavos y los abolicionistas, los pioneros y los inmigrantes, los trabajadores y las mujeres, los impulsores del New Deal y los astronautas, todos ellos respondieron "yes we can".

La Historia de la humanidad –y por ende la lucha por la emancipación de los seres humanos– no ha terminado, y no debemos ofender a las generaciones futuras. Ojalá los progresistas de todo el mundo, sobre todo los europeos, se unan alrededor de estas palabras: yes we can.

Traducción: Alfonso Guerra Reina

Susan George, Comité de Apoyo de Attac, Temas para el Debate

Una directiva contra Europa

El Parlamento Europeo aprobó ayer la propuesta de directiva relativa al retorno de los nacionales de terceros países en situación ilegal. El texto había recibido numerosas críticas por parte de distintas organizaciones (Amnistía Internacional, ECRE) y grupos parlamentarios (socialista –PES–, ecologista –Greens/EFA–, izquierda unida europea –GUE/NGL–) y el resultado de la votación, con 369 a favor frente a 197 en contra y 106 abstenciones, refleja la división existente tanto en la eurocámara como dentro de los grupos parlamentarios.

Con la directiva se diseña un proceso de retorno compuesto de dos fases. Una primera se inicia con la emisión de una “orden de retorno” y el establecimiento de un período, de entre 7 y 30 días, para el retorno voluntario.

Una vez transcurrido el período de retorno voluntario, los Estados miembros podrán emitir una “orden de expulsión”, cuya implementación puede generar medidas coercitivas (como el internamiento temporal). Tanto la decisión de retorno como la orden de expulsión pueden contener una prohibición de reingreso en el territorio de la Unión Europea de hasta 5 años, ampliable cuando concurra una grave amenaza para la seguridad y el orden público. El objetivo declarado de esta directiva es armonizar el procedimiento de retorno respecto al que existe una gran diversidad entre los Estados miembros tanto en la terminología utilizada como en las medidas sustantivas aplicadas (la duración o las causas que provocan el internamiento temporal, la prohibición de reentrada de los inmigrantes expulsados). Sin embargo, el alcance real de la directiva se revela cuando respondemos a varios interrogantes que ésta suscita.

En primer lugar, cabría plantearse a quién se aplicará esta directiva. La incertidumbre económica y el creciente porcentaje que representa la población inmigrante en los Estados miembros parece haber impulsado la necesidad por controlar los flujos migratorios que, sin embargo, en el pasado ayudaban al desarrollo económico.

Para ello, la solución se cree haber encontrado en el control de la inmigración ilegal procedente de África y Asia.

Sin embargo y en el tiempo que ha trascurrido en la elaboración de esta directiva (desde el año 2001), la inmigración tiene hoy una cara distinta y los mayores flujos migratorios no proceden de países extracomunitarios sino de los nuevos Estados miembros. Si en el año 2000 los principales países de origen de los flujos migratorios eran Marruecos y Ecuador el año 2005 refleja un espectacular incremento de los flujos procedentes de nuevos Estados miembros con Polonia y Rumanía a la cabeza. La directiva no sería pues aplicable en estos casos al tratarse de ciudadanos europeos sino que tendría como objetivo el porcentaje, significativamente inferior, que representa la inmigración ilegal. Ésta, según cifras orientativas, no alcanza el 1% de la población en cada Estado, lo que contrasta con el porcentaje que representa la población extranjera en países receptores de inmigrantes como España (6,2%) o Italia (4,6%) –según OCDE Internacional Migration Outlook 2007–.

En segundo lugar, la regulación del retorno pone en cuestión la protección de los derechos fundamentales. La medida del internamiento temporal, con una duración máxima de 18 meses, es desproporcionada en tanto que un ilícito administrativo (al menos, hasta el momento) se castiga con la privación de libertad, reservada a los delitos. La duración de esta medida, no podemos olvidar, se lleva a cabo en centros de internamiento que no ofrecen suficientes garantías para protección de los derechos fundamentales, tal y como se ha denunciado por el Consejo de Europa o por el LIBE en sus informes acerca de los centros de Malta y Lampedusa.

En tercer lugar, surgen dudas acerca de que la directiva constituya un primer paso para la construcción de una política inmigratoria común. La directiva se centra en el procedimiento de expulsión dejando a los Estados la definición de la “situación de ilegalidad”. De esta manera, los distintos Estados miembros serán los responsables del control de los flujos migratorios que se vinculan normalmente a las necesidades de los mercados laborales nacionales. La legalidad dependerá, en buena medida, del ciclo económico de los Estados.

Además, la posibilidad que asiste a cada Estado de revisar la decisión de expulsión, unida a la cláusula de soberanía y al principio de no-refoulement, dificultaría más la elaboración de una política común de retorno. Esta situación podría, a su vez, generar movimientos migratorios ligados a la “permisibilidad” del proceso de retorno o de las políticas de asilo. Ello supondría un incentivo para endurecer aún más las políticas de retorno, en la línea de aquellos Estados más restrictivos. Paradójicamente, el control de los flujos migratorios no cubriría así las necesidades de las economías nacionales, sino que serviría como “defensa” respecto a las políticas migratorias de otros Estados miembros.

Pero lo peor de esta directiva es el mensaje que transmite tanto a los socios comunitarios (la justificación de que todo vale con tal de “combatir” la inmigración) como a otros países fuera de Europa, que observan perplejos las decisiones de un club que un día propone una Unión por el Mediterráneo y al siguiente levanta un muro en sus fronteras.

Alfonso Egea de Haro. Fundación Alternativas y Coordinador del Área Unión Europea de Opex
Público 19/6/2008

Contra la Directiva de las 65 horas.

Manifestación a nivel europeo contra la ampliación de la jornada laboral hasta las 65 h

A.A.: "Sociedad Europea, partidos y asociaciones sindicales/ European Society, parties and trade unions"

Exigimos una manifestación a nivel europeo contra la ampliación de la jornada laboral hasta las 65 horas semanales para llevar nuestra voz al Parlamento Europeo

Los ministros de Trabajo de la Unión Europea aprobaron, con la abstención de España, Hungría, Grecia, Chipre y Bélgica, ampliar la jornada laboral hasta un máximo de 65 horas semanales (esto es, entre 12 y 13 horas semanales).

La Organización Internacional del Trabajo, hace 91 años, consagró el derecho social a la jornada de 48 horas semanales. Con la nueva medida se está destruyendo de un plumazo todo aquello por lo que el movimiento obrero, desde sus inicios, ha estado luchando: 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de educación. Con medidas anti-sociales e impopulares como esta, Europa se está alejando de la ciudadanía y sus problemas reales.

No es justo que en tiempos de crisis económica sean los trabajadores, las personas de menores recursos, quienes deban pagar trabajando más, sin posibilidad de ampliar sus horas de ocio o el tiempo con sus familias. Por otra parte, más horas de trabajo no implica un aumento de la productividad y de la competitividad económica europea.

Mientras la crisis persista, los precios sigan subiendo, el petróleo se mantenga al alza y el consumo se contraiga, millones de empleos se verán amenazados doblemente, ahora también por la coacción empresarial que puede derivarse de la asunción de esta medida.

Puede que para tener un contrato laboral haya que aceptar este “voluntario” ofrecimiento patronal de trabajar hasta 12 y 13 horas diarias.

Queremos que se retire esta medida, que sea rechazada en el Parlamento, que los eurodiputados piensen en los trabajadores, en sus familias, en todos los problemas que acarrearían para ellos y sus familias más horas de trabajo.

Pedimos también a todas las organizaciones políticas, sindicales y sociales a los que va dirigida esta petición que no sólo se rechace verbalmente esta medida.

Queremos dar la oportunidad a todos los ciudadanos europeos de expresar su negativa al retroceso en los derechos laborales. Todos, el mismo día, a la misma hora, toda Europa unida por fin, desde la ciudadanía, desde su base cívica, manifestémonos para exigir una Europa Social que garantice los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras.

FIRMA PARA INSTAR A LOS PARTIDOS, SINDICATOS Y ASOCIACIONES EUROPEAS A UNA MOVILIZACIÓN CONTRA ESTA MEDIDA

Para firmar recurre a http://www.firmasonline.com/1firmas/camp1.asp?C=1565

Para enviar cómodamente tu protesta a todos los eurodiputados españoles de una sola vez: http://www.netoraton.es/?p=2670

Traduce la campaña a tu idioma y extiéndela en tu país.
Actualización: También puedes participar a través de TUENTI y de FACEBOOK. Unete.

Referendum en Irlanda. No al Tratado de Lisboa

Comunicado de ATTAC España

El pueblo irlandés ha rechazado el Tratado de Lisboa en el referéndum celebrado el día 12 de junio. Attac pide a los distintos Gobiernos europeos que respeten esta decisión soberana. Sería catastrófico que los Gobiernos europeos vuelven la espalda, una vez más, a esta expresion popular.

Este resultado, al igual que el del 29 de mayo de 2005 en Francia y el del 1 de junio de 2005 en Holanda es la prueba de que el actual proceso de construcción europea carece por completo de legitimidad popular.

En la Unión Europea, los irlandeses han sido los únicos que han tenido el derecho a pronunciarse sobre el Tratado de Lisboa por la vía de referéndum y ello por razones constitucionales. A la vista de los resultados de 2005, el Consejo Europeo había tenido la precaución de no volver a someter a referéndum la ratificación del nuevo Tratado, denominado Tratado de Lisboa, que los gobiernos habían aprobado en diciembre de 2007.

Desde entonces Attac Europa no ha cesado de denunciar que este nuevo Tratado no era sino una fotocopia del Tratado Constitucional que fue rechazado en 2005, como han reconocido los propios redactores del mismo. Esta es la razón de que los responsables de la UE no quisiesen correr nuevos riesgos sometiéndolo a referéndum.

Es así como funcionan nuestros gobernantes de la Unión Europea: sin transparencia sin democracia, ocultando y engañando a la ciudadanía sobre las leyes y los Tratados que encubren la política neoliberal que están aplicando. Evitando el debate público o manipulando los textos y contenidos, como ocurrió en la campaña del referéndum en España para la ratificación del Tratado Constitucional.

Los irlandeses han rechazado el Tratado de Lisboa, muchos conocían su contenido, otros estaban hartos de las ocultaciones y argucias que emplean nuestros gobernantes. El Tratado de Lisboa no hace sino reforzar aún más la orientación neoliberal de la Unión Europea.

Los Attacs de Europa creemos que el resultado del referéndum de Irlanda debe ser la ocasión para abrir un gran debate público sobre la construcción europea.

La red de Attac Europa viene pidiendo que cualquier nuevo Tratado europeo sea elaborado por una Asamblea elegida directamente por los ciudadanos y sea adoptado por referéndum en cada uno de los Estados miembros.

Queremos una Europa democrática, que responda a las exigencias sociales, ecológicas y de solidaridad con los países del Sur.

El futuro de Europa no puede construirse a espaldas del pueblo sino teniendo en cuenta sus aspiraciones y su voluntad.

Europa, la ONU y el fenómeno migratorio

El 18 de diciembre de 1990 se firmó en la ONU, en Nueva York, la Convención Internacional sobre Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. Entre los motivos que su Preámbulo recoge para fundamentar la necesidad de esta Convención está "la importancia y la magnitud del fenómeno de las migraciones, que abarca a millones de personas y afecta a un gran número de Estados", así como "la situación de vulnerabilidad en que con frecuencia se encuentran los trabajadores migratorios y sus familiares".

Tiene presente "que los problemas humanos que plantea la migración son aún más graves en el caso de la migración irregular". Afirma dicho Preámbulo que "la práctica de emplear a trabajadores migratorios que se hallen en situación irregular será desalentada si se reconocen más ampliamente los derechos humanos fundamentales de todos los trabajadores migratorios". Éstas, y otras razones, llevaron a la ONU al convencimiento "de la necesidad de lograr la protección internacional de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares". La Convención de 93 artículos entró en vigor el 1 de julio de 1993. Abarca a los todos los emigrantes, que clasifica en documentados y no documentados. En el ámbito jurídico internacional no existe la figura del "ilegal". Sean de una u otra categoría, todos los emigrantes gozan de derechos esenciales que ningún Estado puede violar.

Hasta ahí todo normal. No obstante, lo que hace muy singular a esta Convención es que ningún país miembro de la Unión Europea la haya firmado o sea parte de ella. Este dato puede verificarse en la página web de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. La Convención codifica los derechos humanos de los emigrantes y fue firmada por la escuálida cifra de 28 países (de 192 que integran la ONU), aunque son ya 37 los Estados parte. Por el continente europeo sólo la firmaron Albania, Azerbaiyán, Bosnia-Herzegovina y Montenegro, pero la ratificaron únicamente Montenegro y Bosnia-Herzegovina. No hay más presencia europea y nadie de la UE. Los Estados parte son, casi todos, de Latinoamérica, África y Asia. Nunca un tratado internacional ha marcado tan claramente la división del mundo en pobres y ricos.

No parece accidental esta inexplicable ausencia de la UE que, hasta la Convención de 1990, ha tenido una notoria presencia en temas de derechos humanos. Respecto a esta Convención, en cambio, parecería que sus miembros hubieran respondido, con disciplina militar, a una secreta directiva comunitaria de no firmarla, para evitar comprometerse en cuanto a proteger los derechos de los emigrantes. Habría cabido esperar la actitud contraria, pues, diciéndose los europeos los más preocupados por los derechos humanos en el mundo, debían haber acogido con beneplácito una convención internacional que llena un vacío legal y fortalece el sistema internacional de protección de los derechos humanos, al ocuparse de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, como son los millones de inmigrantes repartidos por nuestro planeta.

Entre las medidas que adopta la Convención está la de que todos los emigrantes tendrán derecho a la asistencia diplomática y consular; derecho a estar separados de los condenados y derecho a incoar procedimientos judiciales para que un tribunal determine si es legal su detención. Tampoco podrán ser objeto de medidas de expulsión colectiva.

Si se parte de esta Convención para examinar si las medidas que se han adoptado, o están por adoptarse dentro de la UE, hacia los emigrantes no documentados, son o no legales, resultaría que tales medidas son, en su mayor parte, ilegales y violatorias de derechos humanos fundamentales de ese colectivo. Los emigrantes, aunque sean no documentados, son seres humanos y, en tal condición, depositarios de derechos que ninguna razón de Estado puede negar. Entre ellos, que ser emigrante no documentado no puede nunca ser tipificado como delito, pues tal medida constituiría –según la Convención de 1990– una violación flagrante del Derecho Internacional y un drástico y lamentable retroceso en el esfuerzo de décadas por hacer valer los derechos humanos.

Sería también ilegal la detención de un emigrante no documentado por periodos de tiempo excesivos, como el periodo de año y medio aprobado recientemente por la Comisión Europea, y vigente ya en algunos países. El artículo 16,4 de la Convención de 1990 dispone que "los trabajadores migratorios y sus familiares no serán sometidos, individual ni colectivamente, a detención o prisión arbitrarias". Puede afirmarse que, si se hace la detención en virtud de ley, no habría arbitrariedad; pero, si vamos al Código penal español, veremos que la pena de 18 meses se aplica en delitos como la tortura con atentado leve (de 1 a 3 años); abuso sexual (misma pena); reclamar públicamente la comisión de delitos por bandas armadas o grupos terroristas (de 6 meses a 2 años); robo con fuerza (de 1 a 3 años) o estafa (de 6 meses a 3 años). En otras palabras, los emigrantes no documentados podrían pasar detenidos, sin proceso legal ni condena judicial, un periodo de tiempo igual que si hubieran perpetrado uno cualquiera de los delitos señalados. Si eso no es detención o prisión arbitrarias hay que redefinir el verbo.

No es cuestión menor el tema. Se trata del destino de ocho millones de personas, que es la cifra de emigrantes no documentados que maneja la UE. Puede que estas hayan sido las razones que llevaron a los países de la UE a esfumarse de la Convención de 1990. Firmarla y ratificarla los habría obligado a someterse a un marco jurídico que no están dispuestos a admitir. Un hecho lamentable que da cuenta de la magnitud del divorcio entre, al menos, un puñado de países de la UE y el Sistema de la ONU de Derechos Humanos. ¿Sería igual la actitud si emigrantes europeos fueran tratados en Asia, África o Latinoamérica como lo están siendo en Europa? ¿Tanto es el retroceso?

Augusto Zamora es profesor de Derecho Institucional en la Universidad Autónoma de Madrid y embajador de Nicaragua