A finales de marzo los jefes de Estado o de Gobierno de la zona euro más otros seis países (Bulgaria, Dinamarca, Letonia, Lituania, Polonia y Rumanía) suscribieron un acuerdo con el que decían que trataban de hacer frente a la crisis y al problema de deuda que se había generado en Europa. En su virtud, establecieron una serie de obligaciones comunes y el compromiso de que los diferentes gobiernos aplicarán las medidas económicas oportunas para hacerlas efectivas. El acuerdo ha sido conocido como Pacto del Euro e implica que todas las medidas que lleve consigo habrán de sujetarse a las recomendaciones que establezca la Comisión Europea, la cual, además, actuará como principal supervisor y evaluador en su aplicación y desarrollo.El objetivo general del Pacto según sus firmantes
Los firmantes del Pacto afirman que su objetivo general es hacer frente a la deuda incrementando la competitividad de la zona euro, es decir, facilitando la presencia comercial de las empresas de los países que utilizan el euro en los mercados mundiales.
Para lograr ese objetivo el pacto ha establecido cuatro pilares que deberían marcar las líneas principales de actuación económica por parte de los gobiernos nacionales.
El primer pilar del Pacto: impulsar la competitividad
El primer pilar para alcanzar ese objetivo general es el impulso de la competitividad, y los firmantes del Pacto entienden que eso solo se puede lograr bajando los precios y que estos, a su vez, solo se reducen si bajan los salarios. Para ello, se establece la necesidad de controlar los llamados costes laborales unitarios.
Puesto que estos últimos son el resultado de dividir los salarios nominales por la productividad, para bajarlos o se reducen los salarios nominales (el numerador) o se aumenta la productividad (el denominador).
El Pacto propone medidas en ambos sentidos.
Para bajar los salarios nominales recomienda reformas como las siguientes (Los entrecomillados son citas textuales del Pacto que se puede leer en:http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/120310.pdf):
-“Revisión de los acuerdos de fijación de salarios”, para restringir sus posibles subidas.
- “Revisión del nivel de centralización del proceso de negociación” para reducir el poder negociador de los trabajadores y así evitar que puedan presionar al alza los salarios al defender su capacidad de compra. Como es bien sabido, cuanto más centralizado esté un sistema de negociación colectiva más trabajadores participen en la negociación y, por tanto, más fuerza tienen. Por el contrario, cuanto más descentralizada sea la negociación (como quieren los líderes neoliberales europeos), más difícil resulta a los trabajadores defender sus derechos o conseguir salarios más elevados: si se negocia a nivel estatal, por ejemplo, los trabajadores pueden tener gran fuerza de negociación pero si se negocia a título personal, no tendrán ninguna. Los firmantes del Pacto proponen esta revisión para que se pueda ir descentralizando la negociación porque saben que así bajarán los salarios, que es lo que buscan.
- “Garantía de que la fijación de salarios en el sector público contribuye a los esfuerzos de competitividad en el sector privado”. Es decir, que los sueldos de los trabajadores públicos se reduzcan para que no sirvan de referencia al alza a los trabajadores del sector privado.
Es evidente que todas estas medidas del Pacto solo están encaminadas a disminuir los salarios, bien de forma inmediata (rebajándolos directamente) bien de forma indirecta (reduciendo la capacidad de negociación de los sindicatos y rebajando los salarios públicos que funcionan como referencia para los salarios privados).
Por tanto, podemos afirmar que el Pacto apuesta por un tipo de competitividad doblemente empobrecedora. Por un lado, porque no la basa en mejorar la calidad o el valor de los productos que ofrecen las empresas europeas sino en igualar a la baja los salarios europeos con el resto de economías del mundo reduciendo, por tanto, los ingresos de la inmensa mayoría de la población y empobreciendo a los trabajadores europeos. El Pacto del Euro es un pacto contra los trabajadores europeos.
Por otro, porque además, hundirá a la economía europea puesto que al reducir los salarios disminuirá también el gasto que se realiza en Europa lo que se traducirá en menos ventas para miles de pequeñas y medianas empresas que viven de las compras que realizan los asalariados europeos.
Desde este punto de vista, los únicos beneficiarios del Pacto son las grandes empresas globales europeas, las que actúan en los mercados mundiales y no solo en el europeo y cuyos beneficios, por tanto, no dependen solo del gasto que se realice en Europa, como suele ocurrir con la inmensa mayoría de las pequeñas y medianas empresas. Por esa razón se puede afirmar que el Pacto del Euro es un pacto también contra las pequeñas y medianas empresas europeas.
Y como estas últimas son las que crean la mayor parte del empleo (alrededor del 70% de media en toda Europa) podemos decir que el Pacto del Euro es igualmente un pacto contra el empleo.
Para aumentar la productividad el Pacto recomienda “Mayor apertura de los sectores protegidos”, “Mejorar los sistemas educativos y fomentar la I+D” y “Mejorar el entorno empresarial”.
Significativamente, el Pacto no solo menciona sino que incluso va en la dirección contraria de algunos factores que desde los tiempos de los primeros economistas se sabe que son muy beneficiosos para incrementar la productividad: buenos salarios, buenas condiciones de trabajo, seguridad en el empleo, participación de los trabajadores en la vida de la empresa, protección social adecuada y abundante… Lo que permite afirmar que el Pacto del Euro no busca en realidad aumentar la productividad sino solo reducir los salarios para hacer que aumenten los beneficios de las grandes empresas europeas.
Además, es sabido que de esas tres medidas que propone para aumentar la productividad la más determinante con diferencia es la segunda y todo el mundo sabe que para mejorar los sistema educativos y fomentar la I+D es necesario mucho dinero público.
Sin embargo, el Pacto, como veremos más adelante, propone también la reducción de gasto público, de modo que se puede aventurar con toda seguridad que en lugar de aumentar la productividad, lo que provocará el Pacto del Euro será su disminución, al deteriorar las condiciones de trabajo y la dotación de capital social que es imprescindible para que aumente.
Y, por otra parte, el Pacto olvida algo esencial: aunque se lograse que con esas medidas se produjeran incrementos de productividad no es seguro que, unidas a rebajas paralelas de salarios, dieran lugar automáticamente a mayor competitividad ya que ésta, como los propios firmantes del Pacto asumen, depende del precio de los productos en venta. Y si resulta que los mercados, como ocurre en Europa -y el Pacto no propone nada para arreglarlo-, son muy imperfectos, es decir, que están muy concentrados y en ellos dominan pocas empresas con gran poder de mercado, lo más seguro que ocurra es que la bajadas en los costes laborales unitarios se aprovechen por estas empresas para aumentar su beneficio y no para rebajar los precio de sus productos. De hecho, eso es lo que hemos podido comprobar que ocurre constantemente en los mercados europeos (y muy especialmente en los españoles).
Por tanto, podemos decir que, en contra de lo que dice, el Pacto del Euro es en realidad un pacto contra la competitividad de la economía europea.
Finalmente hay que hacer una observación general. Según las tres cuartas partes de las exportaciones de los países europeos son de tipo “intraeuropeo”, es decir, con otros países europeos como importadores. Eso quiere decir que si se reduce la capacidad de consumo de las economías europeas (como consecuencia de las rebajas salariales y de la caída del gasto público) necesariamente también caerán las importaciones… de modo que de nada habrá servido que bajen los precios de los productos exportados, si es que se consiguiera que bajen. Lo que significa que lo que el Pacto del Euro va a producir es una caída de la actividad económica en toda Europa.
El segundo pilar del Pacto: el impulso del empleo.
El impulso del empleo en Europa se trata de conseguir partiendo de la idea de que el desempleo está provocado por un mal funcionamiento en el mercado laboral de manera que, para evitarlo, lo que hay que hacer son reformas que modifiquen su regulación y estructura. En concreto, el Pacto propone medidas como “Fomentar la ‘flexiseguridad’”, la “reducción del trabajo no declarado”, el “aumento de la tasa de actividad” y la “educación permanente”, además, por supuesto, de la reducción del coste del trabajo antes señalada.
Para lograr esto último el pacto también recomienda la “reducción de la presión impositiva sobre las rentas del trabajo”, es decir, de las cotizaciones sociales. Una propuesta que es doblemente negativa y perjudicial para la inmensa mayoría de la población. Por un lado, porque debilita el sistema público de pensiones cuya sostenibilidad tanto dicen los dirigentes neoliberales que les preocupa. Por otro, porque lo que en realidad significa es disminuir la masa salarial y, por tanto, generar más desigualdad, más empobrecimiento y menos gasto, con los problemas que esto lleva y que hemos apuntado más arriba apuntados. Y, con independencia de ello, también supone aumentar la regresividad del sistema fiscal puesto que, como al mismo tiempo se propone mantener los ingresos fiscales globales, se propone que esa tributación directa (que se sostiene sobre la capacidad de cada persona) se sustituya por impuestos indirectos, que se pagan con independencia del ingreso de los individuos. Es precisamente lo que acaba de proponer la Comisión Europea a España.
La idea de que lo que hay que hacer para crear empleo es abaratar el trabajo y facilitar las condiciones de contratación en los mercados laborales “flexibilizando” las relaciones laborales, de la que parte el Pacto, se demostró que es falsa hace más de setenta años. Es la idea que supone que el empleo se crea solo en función del precio del trabajo sin considerar que el empleo depende, en realidad, de la demanda efectiva que haya en el mercado de bienes y servicios porque, por muy barato que sea el trabajo, si los empresarios no venden los productos que fabrican no contratarán trabajadores.
Por eso el Pacto del Euro es una falacia y un engaño como instrumento para crear empleo: abarata el salario pero como al mismo tiempo debilita el mercado de bienes y servicios porque éste depende del gasto que en su mayor parte realizan los trabajadores, resulta que hace imposible o dificulta, como hemos mencionado ya anteriormente, la creación de empleo. De hecho, los estudios empíricos demuestran que las condiciones que han sido más favorables para la creación de empleo en Europa en las últimas décadas no han sido las que tienen que ver con la flexibilidad en los mercados laborales sino con las condiciones macroeconómicas generales: nivel de salario, tipos de interés, actividad económica, que son precisamente las que deteriora el pacto del Euro (Engelbert Stockhammer y Erik Klär, Capital accumulation, labour market institutions and unemployment in the medium run . Cambridge Journal of Economics, 2011, 35; pp. 437–457).
Lo que sí conseguirá el Pacto del Euro será precarizar aún más el empleo en Europa, hacerlo más inseguro y temporal, además de más barato. Y, por tanto, menos productivo porque con la generalización de ese tipo de mano de obra será cada vez más difícil que se impulse en Europa la actividad económica de alto valor añadido y más competitiva. Lo que conseguirá el Pacto del Euro será especializar a Europa en la oferta de mano de obra barata vinculada a la oferta de servicios personales de baja calidad, como ya ha ido pasando con los países, como España, en donde se han ido adelantando estas políticas.
En lugar de hacer que Europa sea más competitiva, el Pacto del Euro convertirá a Europa en una especia de gran parque de atracciones de bajo costo del que solo se aprovecharán, como hemos dicho, las grandes empresas europeas que tienen mercados cautivos dentro y fuera de Europa y que son verdaderamente las que han impulsado este pacto y obligado a los gobiernos a firmarlo.
El tercer pilar del Pacto: el “incremento de la sostenibilidad de las finanzas públicas”.
El Pacto recalca la necesidad de garantizar la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que obliga a reducir los déficits presupuestarios por debajo del 3%, para lo cual se recomienda reformar el sistema de pensiones, el sistema sanitario y las prestaciones sociales, es decir, los gastos que tienen un impacto más directo sobre el bienestar social pero, eso sí, que significan provisión de bienes (pensiones privadas, sanidad privada, cuidados privados, etc.) muy rentables para las empresas privadas (Para entender las falsas razones en que se basa el Pacto de Estabilidad puede verse, ¿Por qué el 3% de déficit público y no el 2 o el 7? Mentiras y verdades sobre los déficit y la deuda de Juan Torres López).
En particular se recomienda “el ajuste de la edad de jubilación efectiva a la esperanza de vida”, “la limitación de los planes de jubilación anticipada” y el “uso de incentivos específicos para emplear a trabajadores de más edad”, todo lo cual no sirve sino para debilitar el sistema público de pensiones y así favorecer su progresiva privatización que es en realidad lo que se busca como hemos analizado con más detalle en otro trabajo (sobre la falsedad de esos argumentos puede verse Están en peligro las pensiones públicas? Las preguntas que todos nos hacemos, las respuestas que siempre nos ocultan de Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón).
Además, en algunas recomendaciones adicionales la Comisión Europea propone también avanzar en los procesos de privatización de las empresas y servicios públicos, es decir, simplemente proporcionar más suculentos negocios al capital privado porque no es cierto que las privatizaciones constituyan ingresos netos para las arcas públicas: se suelen vender a precios bajos, cuando no regalados, y no se tienen en cuenta los ingresos que se dejan de percibir desde el momento en que las empresas o servicios públicos pasan al sector privado.
Para reafirmar estas medidas antisociales, el Pacto insta a “traducir en legislación nacional las normas presupuestarias de la UE establecidas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento” con objetivo de garantizar que posean un “carácter vinculante y duradero suficientemente sólido”. De hecho, se propone que se introduzcan en leyes marco o incluso en las propias constituciones.
Esta recomendación del Pacto es profundamente antidemocrática y se puede calificar como un auténtico golpe de estado económico ya que significa, por un lado, proponer el blindaje de un determinado tipo de política económica, prohibiendo legalmente todas las alternativas posibles; y, por otro, impedir que los países con más atraso en la dotación de inversiones e infraestructuras sociales puedan recurrir en el futuro al endeudamiento que suele ser el único medios que permite conseguirlas. Es decir, significa condenarlos al atraso y al empobrecimiento.
Esta medida es, además de todo ello, profundamente inútil y a la postre solo va a provocar que haya mucha más deuda de la que se quiere evitar.
El Pacto del Euro ni siquiera va a conseguir reducir el déficit y la deuda con estas imposiciones porque es falso que para aliviar la deuda sea suficiente con limitar el gasto, tal y como han demostrado numerosos estudios empíricos como, por ejemplo, el de Mark Weisbrot y Juan Montecino Alternativas a la austeridad fiscal en España. Lo más probable es que estas medidas terminen produciendo una caída semejante o sustancial en los ingresos porque reducen la actividad y, por tanto, la generación de ingresos para las arcas del Estado, lo que al final impide que desaparezcan los desequilibrios presupuestarios. Con ellas solo se consigue aumentar el malestar social, las carencias sociales y e incluso la falta de los recursos públicos que precisa el capital privado para crear actividad y empleo.
El cuatro pilar del Pacto: el refuerzo de la estabilidad financiera.
En este punto se propone un programa de “coordinación de la política tributaria” pero sin que se determine de antemano. De hecho los Estados simplemente “se comprometen a entablar debates estructurados en torno a la política tributaria”, lo que muestra que la voluntad de avanzar hacia una necesaria hacienda europea con potentes figuras impositivas que promuevan una tipo de economía más productiva y sostenible con un reparto más justo de la renta o hacia la coordinación de la lucha efectiva contra el fraude y la evasión fiscal es nula.
En lo que se refiere a regulación bancaria únicamente se afirma que “efectuarán periódicamente pruebas rigurosas de resistencia bancaria”, una auténtica tomadura de pelo a la ciudadanía europea si se tiene en cuenta que las que se han realizado han sido un completo engaño: baste recordar que afirmaron que los bancos irlandeses se encontraban en perfectas condiciones y que solo unas semanas más tarde hubo que inyectarles 80.000 millones de euros para tapar sus agujeros patrimoniales.
En el caso de España la Comisión Europea también ha recomendado avanzar en el proceso de privatización de las cajas de ahorro, pero permitiendo que, antes de eso, se gaste dinero público en dejarlas saneadas. Con total desvergüenza, las autoridades que suscriben el Pacto y que en tantas ocasiones manifiestan su gran preocupación por el mal uso del dinero público recomiendan “reestructurar las entidades vulnerables, que incluirán soluciones del sector privado” y la “prestación de apoyo público en caso de necesidad”.
Finalmente la problemática de la deuda pública queda al amparo del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que tiene como objetivo “salvaguardar la estabilidad financiera de la zona euro” y que tendrá como función prestar asistencia financiera a los países que lo demanden. Esa asistencia la efectuará la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional en colaboración con el Banco Central Europeo y se afirma en el Pacto que dicha asistencia se realizará “bajo unas condiciones estrictas” y tendrá que estar dirigido a “conseguir y conservar la mayor calificación de solvencia de las principales agencias de calificación crediticia”.
La asistencia financiera se realizará en forma de préstamos y de forma excepcional con la compra de deuda en los mercados primarios, pero siempre “con arreglo a un programa de ajuste macroeconómico sujeto a condiciones estrictas”. Es decir, que el Pacto implica sujetar a Europa a la condicionalidad que siempre han usado esos organismos para imponer las políticas de ajuste neoliberal y cuyos resultados han sido nefastos en todos los países en donde se han aplicado.
Conclusiones
El Pacto del Euro es un torpedo hacia la línea de flotación de la Europa social.
Es técnicamente deficiente porque se basa en simples concepciones ideológicas que no tienen más fuerza que el poder de quien resulta beneficiado con las medidas que se proponen.
El punto de partida del que parte (que para hacer frente a la deuda que atenaza a Europa es preciso aumentar la competitividad de las economías nacionales y que eso solo se puede conseguir reduciendo el coste del trabajo) es doblemente falso.
Por un lado es falso porque la deuda que está provocando problemas gravísimos a muchos gobiernos europeos y a las empresas y familias no se ha originado porque las economías europeas sean poco o muy competitivas. La deuda pública generada en los dos últimos años es consecuencia de que los gobiernos han debido afrontar la crisis financiera que han causado la banca internacional y los grandes fondos especulativos. Y la deuda privada es el efecto de la pérdida de ingresos producida por las políticas, como las que ahora se vuelven a proponer, de reducción salarial que se han aplicado en los últimos años. Así lo demuestra el que la crisis y la deuda hayan afectado a países y economías con muy desigual nivel de competitividad.
Y es falso también porque no es verdad, como hemos comentado, que la causa de la deuda sean los salarios excesivos o que se pueda alcanzar más productividad disminuyéndolos.
Por lo tanto, el Pacto de Euro es una colosal estafa concebida solo para favorecer los beneficios de la banca y de las grandes empresas porque diciendo que trata de luchar contra la deuda lo que provocará con el tipo de medidas que propone será que haya menos empleo, menos ingresos salariales y de pequeñas y medianas empresas y, por tanto, que la deuda aumente en realidad aún más en el futuro. ¡Que es justamente lo que le interesa y pretende la banca! porque no hay que olvidar que el negocio que le proporciona beneficio y poder es precisamente la generación de deuda.
La lucha contra la deuda de los líderes europeos es solo aparente. Es falsa. La verdadera causa del incremento brutal de la deuda en Europa ha sido la pérdida de peso de las rentas salariales de los últimos años y de la recaudación impositiva que han producido las políticas que vienen defendiendo. Lo que el Pacto del Euro dice que es luchar contra la deuda es, en realidad, una lucha contra el gasto público destinado a suministrar bienes y servicios sociales a la población de ingresos más bajos para justificar de esa forma su conversión en negocio privado mediante las privatizaciones que propone. Buena prueba de ello es que el Pacto de Euro no haga mención alguna del gasto público dedicado a subvencionar a los grandes grupos empresariales, a la banca o a la industria militar a la hora de ahorrar dinero público. Si de verdad quisiera reducir el gasto improductivo ¿cómo es que no propone reducir este último?
Y el Pacto del Euro no solo es una estafa por lo que dice sino también por lo que calla, es decir, porque no aborda los verdaderos problemas de la economía y la sociedad europeas: nada se hace para garantizar que el sistema bancario funcione y vuelva a financiar a empresas y consumidores; nada se propone para frenar a los especuladores que son los que realmente provocaron la crisis y los que ahora se hacen de oro gracias a las emisiones de deuda; guarda silencio sobre el incremento espectacular de las desigualdades, o sobre el uso criminal de los paraísos fiscales dentro del propio territorio europeo…, por citar solo algunos.
El Pacto del Euro, en fin, es un engaño para ocultar que el problema radica en la propia constitución de la unión monetaria sobre bases técnicamente erróneas, antisociales y solo favorables para el gran capital empresarial y bancario.
Europa es cada vez más necesaria pero su constitución monetaria y política se acerca más al diseño de una dictadura que al de una democracia real y por eso las mujeres y los hombres decentes que aspiran a vivir en un mundo justo, respetuoso con la naturaleza y en paz con los seres humanos, debemos oponernos con fuerza a este nuevo intento del Pacto del Euro dedicado a someter a las personas a la única razón del beneficio privado.
La Europa del euro neoliberal ha dado ya de sí todo lo que podía dar y esto solo ha sido el incremento de las desigualdades, crisis financieras, pérdida de puestos de trabajo, degeneración del empleo y cierre de millones de pequeñas y medianas empresas. Solo los beneficios del gran capital se benefician netamente del euro así que o se cambian las condiciones en que se encuentra Europa esclavizada por esta unión monetaria o no habrá otra alternativa que luchar por salir del euro para poder aplicar otras políticas económicas que proporcionen bienestar humano, sostenibilidad y equilibrio social y de cuyo contenido nos ocuparemos en un artículo posterior.
* Juan Torres López (http://www.juantorreslopez.com) es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla y miembro del Consejo Científico de ATTAC-España. Alberto Garzón Espinosa (http://www.agarzon.net) es investigador en la Universidad Pablo de Olavide y miembro del Consejo Científico de ATTAC-España. Ambos son editores de www.altereconomia.org
Fuente: http://www.agarzon.net/?p=885
No hay comentarios:
Publicar un comentario