Sin agenda europea contra la crisis

El primero de julio 2009, Suecia releva la nefasta presidencia semestral de la República checa, relevo simbolizado en la imagen de la foto. Pero la UE seguirá careciendo de agenda política frente a la recesión económica generalizada y, en particular, para superar el vacío regulador comunitario sobre la banca y las finanzas.

Sin embargo, la Comisión si dispone de una agenda tecnocrática europea que, al ritmo pausado de cualquier burocracia, pretende salvar las apariencias ante el vacío regulador comunitario que permitió que el descontrol y los abusos de Wall Street trajeran pérdidas de ahorro y ahora desempleo masivo.

El propio el Consejo europeo de junio reconocía en su comunicado final que “la crisis financiera ha demostrado claramente la necesidad de mejorar la regulación y la supervisión de las entidades financieras tanto en Europa como globalmente” (párrafo nº 17)

Ante los graves efectos de la crisis financiera importada de los EEUU, en octubre 2008 la Comisión europea designaba un grupo de “expertos” alto nivel presidido por un ex Director General del FMI Jacques Larosière, para estudiar la supervisión financiera en la UE, que en febrero pasado hacía entrega de su informe “técnico”.

Y siguiendo esa agenda tecnocrática, sin que hubiera habido debate público alguno en España y en algunos otros países miembros, en la reunión del 18-19 junio 2009, el Consejo Europeo de los 27 jefes de estado y de gobierno (con minúscula porque los de ahora cada vez pintan menos), aprobaba la propuesta de institucionalización de la supervisión financiera comunitaria así como el “arreglo” para que los irlandeses accedan a dar su conformidad al Tratado de Lisboa.

Todo ello respondiendo a las conclusiones previas que la Comisión y el Consejo de ministros habían presentado en mayo, señalando el camino para el establecimiento de un nuevo marco de supervisión financiera mediante la creación de un Consejo de riesgo Sistémico que vigile las amenazas a la estabilidad financiera y un Sistema de Supervisión financiera, que este último Consejo europeo acaba de aprobar.

Es decir, se introducirán nuevas agencias supraestatales “independientes” sin el control de un gobierno comunitario que no existe; y que luego se acomodan a los lobbys, a los grupos de presión de los bancos y del poder financiero para decidir en asuntos que repercuten seriamente sobre los ciudadanos.

Así tenemos que las decisiones políticas clave se toman en el plano europeo y luego sirven de coartada para las medidas impopulares o la inacción de los gobiernos elegidos.

Porque de este modo, sin debate político alguno, aunque gran parte de nuestros políticos y líderes de opinión lo ignoren, la Unión Europea introdujo la libertad total extracomunitaria de movimientos de fondos sin ningún organismo que supervise y controle las operaciones bancarias transnacionales. Una causa última de la crisis económica que padecemos en Europa. Porque los impagos de las hipotecas estadounidenses sin garantías han generado la recesión económica y la pérdida de millones del pequeño ahorro español y del grande, que han pagado los contribuyentes.

Pero esos asuntos no han merecido ni siquiera un comentario de nuestros líderes y protagonistas de la reciente campaña electoral para el Parlamento europeo. De ahí que haya un punto de puro cinismo cuando no de desinformación en los lamentos por la abstención histórica en las pasadas elecciones europeas.

Algunos de nuestros líderes políticos nos convocaban a las urnas alegando que el 70 % de las decisiones económicas se tomaban en Bruselas. Pero ni explicaron cuales eran esos asuntos que se deciden en Bruselas y en las instituciones europeas y que los ciudadanos deberían conocer y debatir. De ahí que distrajeran la atención de los votantes sobre las cuestiones internas que todo el mundo sabía que no eran tema de esas elecciones, reducidas a un mero sondeo sobre la popularidad del gobierno y su imagen mediática.

Desde luego nadie habló de esa agenda tecnocrática europea en curso sobre una regulación de las finanzas que se viene cocinando por la tecnocracia europea desde el pasado otoño. Y las finanzas opacas de la UE con sus centros offshore seguirán dominando las instituciones y condicionando las políticas económicas de los gobiernos, mientras persista el marco descrito en La Europa opaca de las finanzas.

Del asunto sobre el Tratado de Lisboa e Irlanda, las contradicciones en que incurre el Consejo europeo son denunciadas con acierto en un artículo esclarecedor de José A. García Sáez al que remitimos al lector.

Juan Hdez. Vigueras - Consejo Científico de ATTAC España

www.laeuropaopacadelasfinanzas.com

Tratado de Lisboa y desregulación

Ahora que las elecciones al Parlamento de la Unión Europea –las mal llamadas elecciones europeas– han quedado atrás, entre nuestros dirigentes políticos siguen arreciando las declaraciones sobre el Tratado de Lisboa. Arrastran en su mayoría un franco alborozo por los progresos registrados en la ratificación del texto heredero del viejo tratado constitucional, acompañado, eso sí, de un inocultable desdén hacia quienes muestran escaso entusiasmo al respecto y en singular hacia los ciudadanos irlandeses que un año atrás decidieron rechazar el texto que nos ocupa.

Uno de los rasgos de la crisis en curso es que, mientras se denuncian algunos de los abusos que han cobrado cuerpo en los últimos años, se mantienen, sin embargo, los asientos legales e institucionales que deben permitir la preservación de esos abusos. No hay mejor retrato de lo anterior que el que aporta el mentado Tratado de Lisboa. Mientras nuestros responsables encomian las eventuales ventajas que aquel deparará en el terreno de una mayor cohesión institucional y política, prefieren olvidar lo que, con certeza, conduce a muchos ciudadanos a recelar del texto: su defensa aberrante de fórmulas desreguladoras que están en el origen, sin ir más lejos, de la llamada Directiva Bolkenstein o de la hilarante propuesta de una jornada semanal de 65 horas.

Las cosas las dejó bien claras el ex primer ministro francés Laurent Fabius, quien en 2005 se vio obligado a subrayar algo llamativo: el tratado constitucional entonces sometido a referendo en su país –las cosas no han cambiado un ápice con el Tratado de Lisboa– se refería al mercado en 78 ocasiones y hablaba de la libre competencia en 27, pero sólo en una oportunidad mencionaba el pleno empleo. Tal y como lo recordó por aquel entonces un colega, el problema mayor del tratado constitucional no era que cancelase todo horizonte de transformación revolucionaria: el problema principal estribaba en que cortaba las alas –lo sigue haciendo el texto aprobado en Lisboa– al proyecto histórico que cabe atribuir a la socialdemocracia consecuente; esto es, el de un Estado que interviene en la economía para garantizar derechos y socorrer a los desvalidos.

Para que nada falte, y sin que nadie muestre indignación alguna, asistimos a una nueva huida hacia adelante: políticos y líderes de opinión prefieren no preguntarse por qué la mayoría de los gobiernos de los Estados miembros de la UE se han inclinado por no convocar referendos en relación con el Tratado de Lisboa. La respuesta, claro, duele: porque tienen sobrados motivos para concluir que en muchos casos sus conciudadanos le darían la espalda a un texto que, dicho sea de paso, y en una farsa más, es en sustancia el mismo que muchos franceses y holandeses rechazaron en 2005.

Ante tantas miserias acumuladas, se impone una conclusión: en condiciones de quiebra de la legitimidad democrática y de descrédito de un modelo económico y social en crisis tras dos decenios de agresiones neoliberales, lo primero que deberíamos hacer es sopesar, en serio, si el Tratado de Lisboa es ese dechado de perfecciones que entre nosotros aprecian, con arrobo, socialistas y populares.

Carlos Taibo es profesor de Ciencia Política
Fuente: Público

Xenofobia y autoritarismo. La instrumentalización de las emociones de los ciudadanos

La reforma de la ley de seguridad, impulsada por el Gobierno de Silvio Berlusconi y recientemente aprobada por el Parlamento italiano, introduce una serie de medidas que han despertado todas las alarmas constitucionales, hasta el punto de que algunos expertos juristas hablan de la necesidad de buscar «formas de resistencia constitucional» frente a las posibles violaciones de derechos fundamentales.

La ley no solo limita los derechos fundamentales de los inmigrantes que viven y trabajan legalmente en Italia y criminaliza al inmigrante ilegal como delincuente (se crea el delito de «inmigración y estancia clandestinas»), sino que legaliza las denominadas «patrullas de ciudadanos», creadas para denunciar posibles delitos, situaciones de desorden social o alteraciones del orden público y delatar a sus autores, incluyendo muy especialmente a los sin papeles y a todos aquellos que se ubican en ámbitos de vulnerabilidad social. Esta medida autoriza al ciudadano privado a asimilarse a las fuerzas de policía y legitima, en la práctica, peligrosas tendencias de la gente a tomarse la justicia por su mano. Es decir, que esta ley propicia un claro retroceso en uno de los pilares básicos del Estado de derecho: el del legítimo monopolio del uso de la fuerza.

Medidas legales de este tipo ponen de manifiesto una clara deriva xenófoba y autoritaria en la acción política italiana, que puede tener consecuencias muy negativas en el funcionamiento democrático de las instituciones políticas y trascender sus fronteras. En el fondo, se está produciendo una instrumentalización de las emociones de los ciudadanos. El miedo, el racismo, el odio a los diferentes o el desprecio por el débil y las minorías son utilizados como coartada para buscar el consenso y la legitimidad de políticas populistas que atentan contra la estructura democrática de las sociedades europeas y provocan una falsa división de la ciudadanía en torno a temas básicos que tienen que ver con la dignidad de las personas y sus derechos. Abren, así, un combate cultural, cuyo objetivo es crear alarma social culpabilizando a los inmigrantes de los problemas económicos y de inseguridad que vive la sociedad italiana.

Y, en base a ello, se reclama una especie de poder ilimitado e incontrolado, un poder salvaje, a modo de encarnación de la voluntad popular, en el que se mezclan lo ideológico y los intereses económicos privados en una suerte de pulso de poderes fácticos frente al poder político. La apelación directa al «bienestar general del pueblo» se utiliza como fuente de poder, buscando la aceptación de los ciudadanos. La cuestión está en que las medidas que se han aprobado en Italia pueden tener un efecto bumerán contra los ciudadanos italianos y su «bienestar general», en tanto que toda limitación o retroceso en la defensa y garantía de los derechos humanos, en este caso de los extranjeros, y de la democracia acaba afectando a toda la población y causando conflictos inesperados y duros.

Las medidas contenidas en la ley italiana pueden generalizarse en otros países europeos. Y eso supondría una amenaza a los compromisos de libertad, igualdad y solidaridad del originario espíritu europeísta, y del carácter universal y generalizable de los derechos humanos, reafirmando la regresión mercantilista y nacionalista que se ha ido instalando en el funcionamiento de algunos países de la Unión Europea. En tiempos de crisis, las veleidades populistas, tanto políticas como económicas, afloran con más facilidad y pueden encontrar un seguimiento electoral en una ciudadanía desencantada políticamente, agobiada y resentida económicamente.

¿Cómo se pueden frenar estas tendencias? La izquierda y el pensamiento progresista han de asumir su responsabilidad frente a las mismas. No es suficiente con criticar de forma concreta las sucesivas actuaciones de xenofobia o racismo que se producen en algunos países europeos como casos residuales, ni tampoco sirve calificar de extremistas a sus promotores o mirar para otro lado cuando se aprueban leyes restrictivas con los derechos humanos.

Podemos estar ante una verdadera emergencia constitucional, que requiere un refuerzo de las instituciones democráticas para evitar su utilización o, incluso, su suplantación por parte de algunos partidos o líderes políticos que sirven más a poderes económicos y empresariales que a la ciudadanía.
Es urgente facilitar el ejercicio de los controles constitucionales y reforzar la legitimidad de los poderes públicos. Desde la izquierda se debería enviar un mensaje ético de recuperación de la hegemonía del poder político frente al poder económico y el poder ideológico que en los últimos años ha sido privatizado al servicio de aquél. El poder político, en tanto que poder regulador, no puede estar capturado por el poder regulado mediante redes clientelares y corruptas.Mientras esto sea así, las derivas populistas, tanto en política como en economía, encontrarán un terreno abonado para su desarrollo. El ejemplo paradigmático es lo que se ha consolidado como el berlusconismo en Italia, que debería constituir un claro aviso para navegantes, también para las instituciones de la Unión Europea.

María José Fariñas Dulce, Comité de Apoyo de Attac, El Periódico

Profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid.

La Unión Europea ante la crisis

Si hay un político español, y europeo, de quien no se puede pensar que reme contra Europa es Felipe González. Por eso creo que son especialmente significativas sus palabras recientes sobre el papel de la Unión Europea frente a la crisis: “EE UU está haciendo tres veces más esfuerzos que Europa, que no se está dando cuenta de que esto es una emergencia mundial. Hablo de toda Europa, no de un país u otro” (El País, suplemento Negocios, 19 de abril de 2009).

Pero incluso opiniones tan cualificadas y pocos sospechosas como esa, las reiteradas llamadas de Obama solicitando de Europa un mayor esfuerzo para poder enfrentarse con éxito a la crisis, o las del propio Fondo Monetario Internacional que ha señalado en varias ocasiones que Europa no responde como debería hacerlo, están cayendo en saco roto.

Mientras que en Estados Unidos no han tenido reservas a la hora de guardar para mejor ocasión los principios neoliberales de los últimos años en aras de poner en marcha amplios programas de intervención, aquí, y a pesar de que ya nadie va a poder oficiarla en la práctica, se sigue manteniendo la liturgia del mercado, de la estabilidad presupuestaria y de la austeridad pública. No solo se desaprovechan así recursos que serían fundamentales para poder evitar que la crisis vaya a más y para fortalecer un nuevo modelo productivo basado en la innovación y en la igualdad, sino que se renuncia a generar un nuevo discurso político más realista y eficaz a la hora de crear riqueza y de promover el progreso de modo sostenible, que es lo que no se ha podido garantizar con los principios y políticas neoliberales que se siguen defendiendo a toda costa.

La Reserva Federal de Estados Unidos se puso manos a la obra en cuanto que la crisis mostró sus dimensiones más negras y no está teniendo pudor a la hora de financiar los programas del gobierno, actuando en la práctica como si fuera una autoridad fiscal más, o al menos saliendo constantemente al firme apoyo de ésta. El Banco Central Europeo, por el contrario, reacciona tarde y contra corriente, no ha podido ejercer como supervisor europeo y sigue siendo esclavo de unos principios constitucionales de actuación que ahora vemos hasta qué punto lo hacen inoperante e inútil para enfrentarse con eficacia y fortaleza a problemas tan gravísimos como los que ahora tiene la economía europea.

Incluso la Comisión y el propio Parlamento se desacreditan cuando aparecen tan impotentes ante la sociedad, cuando desdicen aplicando medidas proteccionistas en provecho de los ricos los postulados de libre mercado con que han justificado hasta ahora sus políticas anti-sociales, o cuando los países entran en continuos conflictos entre sí a la hora de definir políticas o actuaciones que cabría esperar que se plantearan y resolvieran con más o menos dificultad pero mediante acuerdos a escala supranacional.

La consecuencia de todo ello es que el sistema financiero europeo se sigue degradando, que son ya varios los países europeos que han tenido que recurrir a financiación extraordinaria del Fondo Monetario Internacional (con las secuelas sociales que ello va a traer consigo) y que la actividad económica se paraliza en todos sus territorios. Si no se cambia de rumbo con rapidez será inevitable que lleguemos a las próximas elecciones no solo con unos registros económicos aún más deteriorados sino, lo que es peor, con unas instituciones muy debilitadas y puestas en tela de juicio por los ciudadanos europeos.

Los últimos resultados de la encuesta que realiza el Eurobarómetro lo indican claramente. La confianza en la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Banco Central Europeo cae, como no puede ser de otra manera, de forma generalizada y solo el 34% de los europeos afirma que votará en la próximas elecciones (y un 27% en España).

Se pueden dar muchas vueltas para explicar el desencanto ciudadano con el proyecto europeo pero lo cierto es que algo debe influir el que haya ido parejo con la profundización en las políticas neoliberales y con la pérdida de peso de las políticas sociales y de bienestar social en general.

Con tal de salvar en su día los intereses de los grupos financieros y empresariales más poderosos de Europa se cedió en la definición de principios de arquitectura institucional y de actuación política y esa cesión pasa ahora una factura que no sabemos si Europa podrá pagar sin contratiempos fatales: incrementos de las desigualdades y pérdida neta de bienestar social, cuasi inoperancia en materia político económica cuando los problemas son, como ahora, de especial envergadura, debilidad institucional que se hace estructural y una progresiva derechización de la sociedad europea que no puede dejar de darse cuando los partidos y gobiernos progresistas hacen suyas las ideas y las manera de actuar de la derecha neoliberal.

Europa ha sido en estos últimos años una pieza esencial en la consolidación de la estrategia neoliberal en todo el planeta y es natural que cuando ahora ésta está en crisis y los propios grandes poderes se plantean nuevas formas de actuación y regulación, lo esté también el actual proyecto europeo porque es un proyecto que nadie puede negar que está impregnado hasta los tuétanos de neoliberalismo. ¿Puede seguir basándose el proyecto europeo en la desregulación, en la sacralización del mercado, en la generalización de directivas que solo persiguen dar más libertad y facilidades al capital, en la convivencia con los paraísos fiscales de dentro y fuera de sus fronteras, en la política de mirar a otro lado frente a los bancos y los mercados financieros… cuando cae lo que está cayendo en la economía mundial?, ¿puede sobrevivir sin instrumentos fiscales efectivos ni armonizados en todo el territorio, con una política presupuestaria de mínimos y sin apenas posibilidad de ser usada discrecionalmente, con un banco central responsable de la política monetaria que se desentiende de lo que suceda con el empleo, con el nivel y calidad de la actividad económica y productiva, con cualquier manifestación de la estabilidad macroeconómica que no sea la evolución de los precios? ¿puede permitirse el lujo de basarse en instituciones que se anulan una a la otra y que en conjunto no conforman un entramado institucional ni plenamente democrático ni suficientemente operativo?

Es imprescindible que Europa, sus ciudadanía, reflexione sobre todo esto. Es evidente que los sectores más reaccionarios del poder constituido están repensando Europa, aunque en la línea de mantenerla como un espacio cada vez más inerme frente al capital: el creciente apoyo del que goza la derecha más extrema, la insistencia en medidas como la de las 65 horas o las antisociales de servicios, el discurso diluyente que se difunde sin descanso y la propia inexistencia de un amplio debate social sobre la responsabilidad que las políticas europeas han tenido en la generación de la crisis son prueba de ello. La alternativa no puede ser la de enrocarse en un modelo que está condenado a caer por sí mismo y que de esa forma puede arrastrar con él el proyecto europeo sino dar pasos adelante con nuevas propuestas imaginativas y capaces de dar la vuelta al desencanto que hoy día amenaza a Europa. Y es también evidente que ese encantamiento solo podría darse si la izquierda despierta y se sacude de la tentación liberal para defender ante los ciudadanos un proyecto propio en lugar de seguir confundiéndose con los otros.

Artículo publicado en Temas para el Debate.
www.juantorreslopez.com

Democracia decorativa a la europea

Durante la última legislatura, las sedes europeas han albergado un buen número de exposiciones. La más sonada fue una en la que cada país aparecía representado por un tópico: una pelota de fútbol simbolizaba a los italianos, una tableta de chocolate a los belgas, una gran plasta de hormigón definía a España. En el Parlamento Europeo (PE), dos exhibiciones más han reforzado la imagen de este país ante sus 26 socios: una sobre el Real Madrid y otra a mayor gloria de la tauromaquia. Aparte de esas dos significativas muestras, el papel del Estado español en Bruselas ha sido puesto en entredicho con motivo del Informe Auken, precisamente a cuenta de la construcción, y también merced a la Directiva de tiempo de trabajo, ya que éste es uno de los pocos países europeos en los que las excepciones u Opt out legalizan jornadas semanales de hasta 72 horas.

Al margen de esos episodios, el ciclo termina con una constatación, y es que el efecto del “Ya somos europeos” parece haberse diluido: el propio presidente de la Comisión Europea (CE), José Manuel Durão Barroso, al mostrar su preocupación por los bajos índices de participación en las elecciones, se lamentó de que “hasta España, uno de los Estados miembros más ‘euroentusiastas’, parece haber perdido su favor electoral”.

El analista político Gustavo Búster considera que el divorcio entre las élites que dirigen la UE y la ciudadanía “responde al déficit democrático en el que se asienta el actual proceso de construcción europea y su estructura institucional”. En el mismo sentido, Attac denuncia que la representatividad del Parlamento cede el papel predominante “a otras instancias europeas que imponen sus criterios, generalmente de manera opaca”, instancias no electas como la Comisión, el Consejo Europeo o el Banco Central.

Lo que diga la Comisión

El organismo que preside Durão Barroso, miembro del Partido Popular europeo, se arroga las principales competencias. Ése es el parecer de los promotores de la campaña “UE pa’qué, pa’quién”, que subrayan el hecho de que el Consejo Europeo y la Comisión “mantienen la mayoría del poder legislativo y ejecutivo, mientras que el Parlamento sigue cumpliendo un papel subalterno”. En esta línea, Antonio Carretero, secretario de Acción Social de CGT, considera que “la toma real de decisiones no es cosa del Parlamento, sino de las instituciones diseñadas específicamente para dirimir las diferencias entre lobbies y bloques políticos dominantes: la Comisión, el Banco Central e incluso los tribunales de justicia de la UE tienen más capacidad real de incidir en las políticas que el Parlamento Europeo, reducido a mero órgano consultivo, informativo y de ratificación de lo pactado en las otras instancias”. Erika González, de OMAL-Paz con Dignidad, incide en que el Parlamento cumple sólo un papel de “maquillaje democrático”, mientras que la Comisión se ocupa de imponer los intereses comerciales europeos, reconocidos como fundamento de la UE en el Tratado de Lisboa. De este modo, la Comisión, “muy alejada de la población”, como denuncia González, es la encargada de defender las políticas de la UE como bloque comercial en las rondas de negociación de acuerdos de libre comercio como el que está a punto de ser rubricado con países de Centroamérica y el Caribe.

Desde Attac, sin embargo, se defiende que la Eurocámara ha servido al menos para “limitar algunos retrocesos sociales” en el caso de la Directiva de servicios (conocida como Directiva Bolkestein), y “oponerse a la Directiva portuaria”. No obstante, desde este grupo se reconoce el escaso poder decisorio del Parlamento, toda vez que esta cámara tiene competencias compartidas con el Consejo para la aprobación de reglamentos y directivas, algo que, de hecho, impide que la Eurocámara promulgue leyes. En lugar de eso, el Parlamento dota a los Estados miembros de Métodos Abiertos de Coordinación, considerados “leyes blandas”, que marcan las estrategias a los parlamentos nacionales. Erika González recuerda que casi todas las Directivas aprobadas por el Parlamento “han promovido la privatización de servicios públicos, generando ciudadanías de primera y segunda clase”. Para Carretero, esperar que un grupo de “políticos profesionales” vaya a mejorar las condiciones de las clases trabajadoras “no sólo es una ilusión, sino una causa cómplice en la creciente pérdida de derechos laborales, sociales e incluso civiles, como se demuestra en el tratamiento discriminador y represivo de la UE para con las poblaciones migrantes”. Asimismo, desde la campaña “UE pa’qué, pa’quién” se denuncia que las competencias comunitarias otorgan una coartada a los gobiernos locales que de esta forma “podrán culpar a instancias superiores ‘inalcanzables’ de los desarrollos legislativos claramente contrarios al bienestar ciudadano”.

El poder de Lisboa

Vaclav Klaus, presidente de República Checa, señaló en una intervención en la Eurocámara que el Tratado de Lisboa profundizará en “una alienación todavía más grande en las instituciones” y aumentará la distancia “no sólo geográfica” entre los ciudadanos europeos y los políticos de Bruselas y Estrasburgo. Pero Klaus, a pesar de ser un pope del neoliberalismo, es considerado uno de aquellos euroescépticos que, según Durão Barroso y el presidente de la Eurocámara, Hans-Gert Pöttering, se harán fuertes en el Parlamento –junto a “los extremistas”– si la participación en los próximos comicios es escasa. Y es que, pese a la llamada de los presidentes, el barómetro europeo muestra que la intención de voto actual es la menor desde que se elige el Parlamento. No obstante, si se aprueba el citado tratado, algo que depende de Irlanda y de la propia República Checa, aumentarán sustancialmente las políticas que quedarán sometidas a codecisión. El texto aumentará las competencias de un Parlamento que, por número de votos, representa a cada vez menos ciudadanos europeos. Según el eurobarómetro publicado por la cámara el 27 de marzo, el 53% de los encuestados se declaraba no interesados por los comicios y el 47% de los ciudadanos no sabía o creía que los diputados no son elegidos por sufragio universal. Mientras tanto, la Eurocámara sigue haciendo esfuerzos por recortar la distancia que les separa de la población. En los próximos días, una exposición sobre Volvo distraerá a los visitantes que se acerquen a la sede de Bruselas.

LAS ‘GRANDES DECISIONES’ DEL PARLAMENTO EUROPEO

Comercio

En las Disposiciones generales relativas a la acción exterior de la Unión, el Tratado de Lisboa explica que la UE aboga por “la supresión progresiva de los obstáculos al comercio internacional”. El objetivo, paralizadas las rondas de negociaciones en la OMC, es avanzar en tratados de libre comercio bilaterales.

Agricultura

La Política Agraria Común supone el 43% del presupuesto de la Unión, aproximadamente 55.000 millones de euros. En 2008, entre el 5% y el 10% de ese presupuesto fue a parar a millonarios como la reina de Inglaterra y las familias Martínez de Irujo o Fitz-James Stuart.

Fronteras

La Directiva de Retorno, aprobada en 2008, estableció cláusulas que, como denunciaron diversos organismos y grupos, vulneran los derechos humanos de las personas migrantes. Esta Directiva ha marcado la línea que han seguido los Gobiernos de la Unión a la hora de redactar y modificar sus Leyes de Extranjería.

Copyright

La defensa de los derechos de autor es una de sus grandes premisas en los últimos años. En abril, el pleno abogaba por ampliar la protección de los derechos de las grabaciones musicales hasta 70 años. También, en octubre de 2008 se aprobaron las “enmiendas Harbour”, pese a la oposición de los internautas.

Emisiones C02

En diciembre de 2008 la cámara aprobaba un plan para combatir el calentamiento global, en 2020 se debe reducir un 20% la emisión de CO2. Pero el Parlamento, a cambio, deja abierta la posibilidad de compra de derechos de emisiones a terceros, y se debate la vuelta a la energía nuclear como freno al CO2.

Pablo Elorduy / Redacción. Diagonal