El acuerdo alcanzado en la madrugada del 27 de octubre de 2011 no aporta
ninguna solución a la zona euro respecto a la cuestión de la crisis
bancaria, de la deuda pública soberana o del euro. Las decisiones a las
que se ha llegado postergan los problemas sin resolverlos
satisfactoriamente. El CADTM considera que este acuerdo es inaceptable.
Los jefes de Estado y de gobierno, los dirigentes de la Comisión
Europea, la patronal de los bancos privados y la directora del FMI se
reunieron en Bruselas con el objetivo de encontrar una solución a la
amenaza de las quiebras en cadena, que pesa sobre los grandes bancos
privados europeos, principalmente franceses, españoles, griegos,
italianos, alemanes, portugueses, belgas… Todos ellos multiplicaron,
antes y después del período 2007-2008, los comportamientos de riesgo,
con el fin de obtener máximos beneficios a corto plazo para satisfacer
el apetito de sus grandes accionistas, y distribuir bonus exorbitantes a
sus ejecutivos y traders. Los préstamos a las familias y a las
empresas sólo representan una parte totalmente marginal de su volumen de
negocio, del 2 al 5 %. El apoyo masivo que recibieron de parte de los
Estados, del BCE y de la Reserva Federal desde los años 2007-2008, no
sirvió a la economía productiva ya que fue desviado hacia actividades
altamente especulativas, especialmente con títulos de deudas públicas
soberanas. Los bancos privados se financian a corto plazo al mismo
tiempo que invierten a medio o largo plazo: obligaciones del Estado o de
empresas, mercados a plazo de materias primas y productos básicos,
productos agrícolas, swaps sobre divisas y numerosos productos
derivados que escapan a cualquier control de los poderes públicos. La
quiebra del banco franco-belga Dexia, a comienzos del mes de octubre de
2011, ha sido el resultado de esta política. El efecto dominó que puede
producirse en Europa y del otro lado del Atlántico pesó enormemente en
la reunión celebrada en la noche del 26 al 27 de octubre.
La
decisión de aplicar una quita de un poco más del 50 % a los títulos
griegos en manos de los bancos —la cumbre europea del 21 de julio de
2011 sólo había previsto una reducción del 21 %— se volvió inevitable,
desde agosto de 2011, puesto que el precio de los títulos se hundía en
el mercado de ocasión de deudas. Efectivamente, los títulos griegos
sufren una rebaja del 65 al 80 % en el mercado secundario. Mientras que
los jefes de Estado anuncian que han impuesto un sacrificio importante a
los bancos, una vez más los banqueros salen muy bien parados. Y esta es
la causa por la que, provisoriamente, se asiste a una reacción alcista
tanto de los mercados financieros como del valor de las acciones de los
bancos en la bolsa.
La decisión del 27 de octubre no constituye
en absoluto una solución favorable para el pueblo griego, que sufre de
lleno los efectos de la crisis agravada por las políticas de austeridad
que le inflingen. La operación en curso esta liderada completamente por
los acreedores y responde a sus intereses. El plan actual de reducción
de la deuda es una versión europea del plan Brady que tuvo efectos
nefastos en los países en desarrollo durante los años 1980-1990. Este
plan —llamado así por el nombre del secretario del Tesoro estadounidense
de ese momento— implicó la reestructuración de la deuda de los
principales países endeudados mediante un intercambio de títulos. Los
países participantes fueron Argentina, Brasil, Bulgaria, Costa Rica,
Costa de Marfil, República Dominicana, Ecuador, Jordania, México,
Nigeria, Panamá, Perú, Filipinas, Polonia, Rusia, Uruguay, Venezuela y
Vietnam. En esa época, Nicholas Brady había anunciado que el volumen de
la deuda se vería reducido en un 30 % —en realidad cuando la reducción
se produjo fue mucho menor, y en varios casos, y no los menos
importantes, la deuda incluso aumentó—, y que los nuevos títulos, los
títulos Brady, garantizarían un tipo de interés fijo de cerca del 6 %,
lo que era muy favorable para los banqueros. Esto también aseguraba la
continuación de las políticas de austeridad bajo el control del FMI y
del Banco Mundial. Ahora, en otras latitudes, la misma lógica provoca
los mismos desastres. La troica (BCE, Comisión Europea, FMI) impone una
austeridad sin fin a los pueblos de Grecia, Portugal e Irlanda. Y si la
reacción no llega a tiempo, otros les seguirán: Italia, España, Bélgica,
Francia…
Este plan no permitirá una salida válida de la crisis
para Grecia por dos razones fundamentales: en primer lugar, la
reducción de la deuda es totalmente insuficiente; y en segundo lugar,
las políticas económicas y sociales aplicadas en Grecia, de acuerdo a
las exigencias de la troica, debilitarán aún más al país. Esto permite
caracterizar de odiosas tanto la nueva financiación, acordada en el
marco de ese plan, como las antiguas deudas así reestructuradas.
Grecia se encuentra acorralada entre dos opciones:
-. Resignarse y someterse a la troica, con una nueva humillación de por medio.
-. Rechazar las imposiciones de los mercados y de la troica, suspender
el pago de la deuda y lanzar una auditoría con el fin de repudiar la
parte ilegítima de la misma.
Otros países ya se ven, o se
verán, en breve confrontados a la misma opción: Portugal, Irlanda,
Italia, España… y la lista no es exhaustiva. Puesto que en toda la Unión
Europea se están aplicando, en diversos grados, las mismas políticas,
es necesario rechazar, en cada uno de los países, los planes de
austeridad y lanzar auditorías ciudadanas de la deuda pública.
La experiencia de 2007-2008 no llevó a los gobiernos a imponer reglas
estrictas de prudencia. Al contrario, se deben tomar medidas para
impedir que esas instituciones financieras, bancos, compañías de
seguros, fondos de pensiones y otros hedge funds continúen
haciendo estragos. Es necesario llevar ante la justicia a las
autoridades públicas y a los patrones de empresas responsables directos o
cómplices activos de los desastres bursátiles y bancarios. En el
interés de la gran mayoría de la población es urgente expropiar los
bancos y ponerlos al servicio del bien común, nacionalizándolos y
poniéndolos bajo el control de los trabajadores y de la ciudadanía. No
sólo hay que rechazar cualquier indemnización para los grandes
accionistas, sino que conviene recuperar el coste del saneamiento del
sistema financiero de su patrimonio global. Igualmente, se trata de
repudiar las acreencias ilegítimas que los bancos privados reclaman a
los poderes públicos. Por supuesto, también hay que adoptar una serie de
medidas complementarias: control de los movimientos de capitales,
prohibición de la especulación, prohibición de las transacciones con los
paraísos fiscales y judiciales, implantación de una fiscalidad que
tenga por objetivo el establecimiento de la justicia social… En el caso
de la Unión Europea, conviene derogar varios tratados, como el de
Maastricht y el de Lisboa. Es necesario también modificar radicalmente
el estatuto del Banco Central Europeo. Mientras que la crisis todavía no
alcanzó su apogeo, es el momento preciso para dar un giro radical a la
situación. El CADTM apoya, con otras organizaciones, las iniciativas
tomadas en distintos países para una auditoría ciudadana de la deuda. El
movimiento de los Indignados y «Occupy Wall Street» han desencadenado
una dinámica muy creativa y emancipadora que hay que reforzar.
[1] El CADTM Europa (Comité para la anulación de la deuda del tercer Mundo), www.cadtm.org
está presente en Grecia, Francia, Bélgica, España, Suiza y Polonia. En
el ámbito mundial, la red CADTM comprende 33 países. El último libro
CADTM publicado es: Damien Millet y Eric Toussaint (direc.) La Deuda o la Vida, Icaria Editorial, Barcelona, 2011
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