domingo, 30 de septiembre de 2012

Todo el miedo del mercado es porque España ya fue rescatada en secreto

Balance Target2

El miedo que se ha apoderado de la eurozona por el eventual rescate a España y sus dramáticas consecuencias oculta un hecho crucial: España ya fue rescatada por el BundesBank y eso lo sabe el mercado. Aunque la inmensa mayoría lo ignora. Como muestra esta gráfica con los datos del balance Target2, España ha recibido la friolera de 428.617 millones de euros, suma que ha disparado los pasivos del BundesBank a 751.449 millones de euros. Una cifra que es 50 veces mayor a la que durante toda una década se permitió el banco central alemán, desde 1999. 

Esto indica que España ya fue rescatada en secreto y los temores que infunde el temido anuncio del presidente Mariano Rajoy, es que un país dificilmente puede ser rescatado dos veces, si en verdad se han agotado todas las lineas de crédito existentes. Simplemente, el gobierno no ha hecho bien las cosas, y todo pasa a ser cuestión de tiempo hasta que los mercados se calmen o den el asalto final.

Saldo de España con Eurosistem

Uno de los guarismos que da más fuerza a estos temores es el de la prima de riesgo. Si el Banco Central Europeo ha recurrido a la compra de bonos soberanos para mantener la estabilidad, y si el principal banco de Europa ha inyectado dinero por la vía de los Target2, ¿qué más esperan los mercados?

Riesgos soberanos y cambiarios

En un contexto de unión monetaria como el planteado por la UE, y como lo demuestra el masivo apoyo del BundesBank (más de 751.000 millones de euros en los Target2), no debería existir miedo ante la insolvencia de países como España o Italia, dado que están respaldados desde el corazón de la Unión Monetaria Europea

Por eso que las variaciones en la prima de riesgo de los bonos soberanos (España volvió a los 460 puntos, y el 6 por ciento de interés, cifras inadmisibles) ya no está reflejando el riesgo de insolvencia de estos países (cubierto por el BCE y los Target2) sino el riesgo del tipo de cambio. Los mercados ya anticipan una ruptura del euro y otorgan a cada país la tasa que correspondería a su retorno a la moneda nativa.

De ahí que importe tanto el tema de la fuga de capitales y el sangramiento que sufre la banca española por esta vía que, como señalamos ayer, ha visto esfumarse en los últimos 13 meses la suma de 331.226 millones de euros de las arcas españolas, suma equivalente a un tercio del PIB español.

Evolución pasivos del BundesBank

En esta gráfica se presenta la evolución de los pasivos del BundesBank, desde 1990 hasta agosto de 2012. Como vemos, durante una década el BundesBank movilizó una media de 10.000 a 20.000 millones de euros y acuñando pasivos en ese orden. Sin embargo, desde el estallido de la crisis, y sobretodo desde noviembre de 2007, el BundesBank se ha convertido en un acreedor neto de los otros países y, sobretodo, de España, país al cual ha ido destinado el 57% de los Target2.

El campo de batalla del euro

Como hemos advertido desde los inicios de la crisis, estamos ante una batalla campal entre los mercados y las autoridades. Mientras los mercados apuestan por el término de la zona euro y el fin de la moneda única, Alemania está prácticamente sola defendiendo la integridad del euro y la importancia de una moneda común como emblema de una futura unión política y fiscal. 

¿Quien ganará la contienda? ¿Serán los mercados que harán jugosas ganancias con los diferenciales euro/dracma o euro/peseta cuando se liquide la eurozona? ¿O será Alemania la que impondrá su linea dura para defender su moneda y no hundirse en el fracaso de los otros países? Porque el futuro del euro también pasa por asumir el fracaso neto de los países hoy deficitarios y rendirse a los que tienen superávit. Alemania está obligada a defender la integridad del euro por cualquier víia. 

Todo está por verse. Lo cierto es que España se ha convertido en el campo de batalla central para la supervivencia de la zonaeuro. Y esto está alentado fuertemente por la fuga de capitales, que ha pasado a superar con creces la fuga de capitales vivida en los países asiáticos en 1997. En esos momentos, el país más afectado, Indonesia, alcanzó a tener una fuga del 22 por ciento del PIB. En la actual crisis Europea, España ya ha superado el 33 por ciento del PiB. Es un dato para tener en cuenta en la hora del segundo rescate.

Marco Antonio Moreno
El Blog Salmón

domingo, 23 de septiembre de 2012

La receta del BCE para Europa. "Austeridad para el pueblo, bienestar para los bancos"

El tratamiento despiadado por parte del Banco Central Europeo de los Estados endeudados contrasta con su apoyo a los bancos. Andrew Bowman y Leigh Phillips analizan cómo los bancos centrales han utilizado la crisis para asumir un nuevo papel, que va desde apuntalar a banqueros a derribar gobiernos. 
 Traducido para Rebelión por Christine Lewis Carroll.

Mientras la Eurozona se balancea al borde del precipicio, continúa la construcción, en el distrito financiero de Frankfurt, de la nueva sede del Banco Centro Europeo (BCE). La fecha de terminación está prevista para 2014 y el rascacielos de 185 metros de altura y diseño futurista tendrá el doble de espacio para oficinas que el edificio actual del BCE, el Eurotower. Encarna las expectativas de futuro de la moneda única precisamente para la institución que, sin ella, no tiene futuro. 

A medida que se ha ido desplegando la crisis financiera en los últimos cinco años, la prensa y el debate político han concentrado su atención en las acciones de los dirigentes políticos nacionales. Sin embargo, los funcionarios en la trastienda del banco central han sido muchas veces unos personajes muy influyentes. 

En ninguna parte es esto más cierto que en el BCE. Los procesos de toma de decisiones en la Unión Europea (UE) son incapaces de reconciliar los intereses nacionales y paneuropeos y en ausencia de una política fiscal para la Eurozona, el BCE ha llenado la brecha.

Todos han recurrido al BCE: primeros ministros que no saben cómo controlar los intereses sobre los préstamos en sus países, los bancos que necesitan liquidez durante la prolongada crisis crediticia y la más escurridiza de todas las entidades, ‘los mercados’, que buscan ‘una vuelta a la confianza’. Junto con la Reserva Federal de USA y el Banco de Inglaterra el BCE ha actuado como un sistema de soporte vital para el inflado sector financiero de occidente.

Los bancos centrales son las instituciones con más poder político, aunque no se les inspecciona adecuadamente, del capitalismo contemporáneo. Esto es porque no se espera que los bancos centrales sean poderosos en sentido político. El sistema moderno de los bancos centrales se base en la suposición de que se componen de tecnócratas políticamente neutros, que sus actividades se limitan fundamentalmente al control de la inflación de precios mediante mecanismos simples y que, como tal, pueden operar independientemente de controles políticos formales.

Con la crisis, se ha roto en pedazos este guión, puesto que los bancos centrales, en particular el BCE, se han salido de sus papeles convenidos con el fin de desempeñar varias funciones controvertidas: proveedor de bienestar indefinido y sin contrapartidas para el sistema bancario; el árbitro principal en la deuda soberana -con la capacidad de derribar gobiernos-; y en el caso del BCE el defensor más directo de la austeridad fiscal democrática. Ha llegado el momento de examinar esta situación con más detenimiento.

Antecedentes
Desde el establecimiento de los primeros bancos centrales en el siglo 18 han tenido siempre una relación tirante con la política. Sus deberes, métodos e independencia se han renegociado periódicamente: desde el papel original de ayuda al Estado para conseguir financiación para la guerra; a un ‘banco de bancos’ independiente durante el patrón oro previo a 1914; y un siervo del crecimiento estatal y las políticas de empleo de la posguerra. La crisis de stagflation [cuando se produce un estancamiento de la economía y el ritmo de la inflación no cede] de los años 70 y el triunfo político del neoliberalismo acarreó un enfoque ‘monetarista’ más limitado, donde se atajaba la inflación mediante el control de la cantidad de dinero disponible y, más tarde, los tipos de interés a corto plazo. 

La independencia formal de las influencias corruptoras de la política democrática -que se consideró responsable de la incapacidad de los bancos centrales de controlar la inflación de los años 70- llegó a ser la meta. El papel histórico como guardián de la estabilidad financiera fue menos prioritario porque se suponía que la innovación financiera que sembraba riesgo y los avances en la ‘ciencia’ de la política monetaria harían menos probables las crisis financieras.

El BCE soporta estas influencias, pero se le considera más como hijo del Bundesbank alemán. La estabilidad monetaria es un tema sensible en la historia alemana. La hiperinflación preparó el camino para la extrema derecha en los años 30 y los éxitos económicos iniciales de Hitler implicaron que se obligase al Reichsbank a financiar el rearme. Después de la guerra se abolió al Reichsbank, gran parte de la gigantesca deuda alemana se canceló dentro del Plan Marshall y el Bundesbank independiente se estableció para asegurar que nada de esto se repitiera. 

El Bundesbank, enemigo de la inflación y que consideraba las políticas fiscales expansionistas como peligrosas, fue parte íntegra del Ordoliberalism [variante alemana del neoliberalismo]. Se declaró responsable del wirtschaftswunder [prodigio económico] de la Alemania de la posguerra, frustró a sucesivos cancilleres alemanes y convirtió al marco alemán en la moneda fuerte de Europa. La política monetaria de todo el continente siguió al Bundesbank con ciclos constantes de ajuste de la moneda. 

El euro se suele representar como un proyecto político de un idealismo ingenuo o un aparente imperialismo nefario. Sin embargo también nació al amparo de objetivos menos románticos de política monetaria: para acabar con la inestabilidad de los tipos de cambio y la especulación con las divisas; para dar a Alemania una moneda más débil con el fin de impulsar sus exportaciones; para liberar a Francia de la subordinación al Bundesbank; y para reducir los impedimentos a la inversión.

La salida del marco alemán no fue fácil para Alemania. A Helmut Kohl se le atribuye haber dicho a Mitterand durante las discusiones sobre la moneda única: “El marco alemán es nuestra bandera. Es el fundamento de la reconstrucción de la posguerra. Es parte esencial de nuestro orgullo nacional; no tenemos mucho más”.

Para aplacar las preocupaciones, el BCE se localizó en Frankfurt con una estructura de gobierno y atribuciones similares al Bundesbank, lo que incluía el objetivo primario de estabilidad en los precios. Se sugirió que la moneda única no funcionaría si la política monetaria estuviera sometida al regateo entre los distintos gobiernos nacionales. Por lo tanto, mientras los bancos centrales nacionales implementaban las operaciones monetarias, el BCE tomaría sus decisiones independientemente de los gobiernos mediante la combinación de un consejo de administración de seis personas y los representantes de los bancos nacionales centrales de la Eurozona. Sus reuniones de toma de decisiones serían secretas. Su constitución declaraba ilegal que el BCE siguiera instrucciones de las instituciones de la Comisión Europea o los gobiernos nacionales o que se financiaran los gastos de los Estados miembro al comprar sus bonos. En ausencia de una autoridad fiscal de contrapeso, el BCE se encontraba entre los bancos centrales más poderosos del mundo y sin rendir cuentas a nadie.

La gestión de la crisis: hacer cumplir las medidas de austeridad.
El euro no planteó inicialmente ninguno de los problemas que sus detractores habían vaticinado. La Eurozona participó en la llamada ‘Gran Moderación’ de la primera década del siglo 21: crecimiento estable, baja inflación, bajos tipos de interés y una moderada regulación financiera. La credibilidad de los banqueros centrales subió e igual que la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra se convirtió en cheerleader de los servicios financieros.

Jean-Claude Trichet, presidente del BCE en los momentos del auge económico, aseguró a los dudosos que la integración allanaría los desequilibrios económicos de la Eurozona y que el capital se trasladaría automáticamente donde pudiera utilizarse con más eficiencia sin una redistribución fiscal políticamente controvertida. Las mayores tasas de crecimiento de Irlanda, Grecia, España y otros en los primeros años del siglo 21 parecen confirmar esto. Los mayores bancos de inversión prosperaron al trasladar capital de las naciones del norte de Europa que arrojaban excedentes presupuestarios -en especial Alemania- para invertirlo en las burbujas crediticias de la periferia de la Eurozona. Junto con las burbujas, se ignoraron en gran medida las diferencias crecientes en los balances de pago, los sueldos y la inflación.

La arrogancia precrisis de los banqueros centrales se apoyó en la capacidad de predicción de la economía monetaria que -como la economía en general- había llegado a ser más esotérica y algebraica. Esto también reforzó las alegaciones de neutralidad política. Después de la crisis la fachada se derrumbó.

El BCE respondió a la crisis crediticia de 2007 con una provisión de liquidez bancaria que continuó en los años posteriores. A diferencia del Banco de Inglaterra y la Reserva Federal, no se lanzó a la compra masiva de bonos del Estado -flexibilización cuantitativa- a causa de su mandato de no financiar gobiernos, ya que ésta desincentiva la prudencia presupuestaria. El BCE siguió a Angela Merkel al calificar la flexibilización cuantitativa anglosajona como un riesgo inflacionista.

La crisis de la deuda de la Eurozona que empezó en Grecia en mayo de 2010 forzó un cambio de rumbo. El BCE tuvo que escoger entre (1) meterse en el mercado de bonos y monetizar los bonos de Estado de la zona periférica con el fin de reducir el coste de pedir prestado y los riesgos de suspensión de pagos de los bancos que sostenían la deuda (anatema de los principios del Bundesbank) o (2) contemplar la posible desintegración de la unión monetaria.

Decidió meterse en el mercado con la compra por valor de 74.000 millones de euros de deuda pública griega, portuguesa e irlandesa mediante el Securities market programme (SMP) en el mercado secundario de bonos (la compra de bonos a titulares que no son los gobiernos). La demanda cayó en picado a consecuencia de los desastrosos programas de austeridad y los llamamientos a la acción por parte del BCE han sido implacables. Cuando el programa SMP se detuvo en marzo de 2011, los rendimientos de los bonos volvieron a subir. Cuando la crisis llegó a España e Italia y el mecanismo europeo de estabilidad financiera (el fondo de rescate temporal de la UE) se mostró inadecuado, el BCE volvió a intervenir y compró en el verano de 2011 deuda soberana con problemas por valor de 210.000 millones de euros al ritmo de aproximadamente 14.000 millones a la semana.

Sin embargo, el BCE ha utilizado su poder selectivamente; Merkel lo atacó por ser demasiado indulgente mientras Sarkozy y Cameron (éste imploró que el BCE usara la “gran bazuca”) lo hicieron justo por lo contrario. Las peleas sobre el tamaño del SMP crearon discordia dentro del BCE, lo que provocó la dimisión del economista jefe alemán del BCE, Jürgen Stark, y Axel Weber del Bundesbank.

Para los pueblos de los países de la periferia de la Eurozona, las acciones del BCE han tenido su precio: la austeridad. Al BCE se le conoce por su alergia a cualquier insinuación de interferencia política en sus asuntos. Pero Frankfurt no tiene inhibiciones cuando se trata de los asuntos de los gobiernos democráticamente elegidos en los que interviene habitualmente. El presidente actual del BCE, Mario Draghi, sigue a su antecesor al reiterar la falacia de que el gasto irresponsable de los gobiernos ha causado la crisis -un análisis que los exonera convenientemente de sus propias deficiencias- y hace hincapié en el mensaje de cómo hay que tratar a los receptores de rescates.

La mayoría de los ciudadanos de los ‘países del SMP’ -que quiere decir que han perdido soberanía a cambio de los rescates- estará familiarizada ya con la temida llegada trimestral de los inspectores de la Troika (los controladores de la austeridad y los ajustes estructurales procedentes de la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el BCE). Después de contemplar esta rendición humillante y casi completa de la soberanía fiscal, el primer ministro portugués, José Sócrates, y más recientemente su homólogo español, Mariano Rajoy, negó la posibilidad de sufrir una indignidad similar. Un golpe de estado financiero perpetrado por el BCE metió en vereda a Sócrates.

“He visto lo que pasó a Grecia e Irlanda y no quiero que ocurra lo mismo en mi país. Portugal se las arreglará solo; no será necesario un rescate”, afirmó. Pocos días después de sucumbir en abril del año pasado, se supo que el jefe del BCE había impuesto su voluntad al quitar el tapón al Estado. Cuando los bancos portugueses anunciaron que ya no comprarían bonos si Lisboa no pedía el rescate, Sócrates no tuvo más remedio que solicitar una cuerda de salvamento externa. Más tarde esa semana el jefe de la asociación de la banca de Portugal, Antonio de Sousa, dijo que había recibido “instrucciones precisas” del BCE y del Banco de Portugal de cerrar el grifo. Hasta los cínicos más curtidos en Lisboa y Bruselas se asombraron y declararon en privado que el BCE había cruzado la línea. 

En agosto del año pasado el BCE se apresuró a rescatar a Italia y España mediante la compra masiva de bonos cuando los niveles de rendimiento de éstos se estaban acercando a los de Grecia e Irlanda y estos países solicitaron ayuda a los prestamistas internacionales. Una carta secreta del jefe del BCE en aquel momento, Jean-Claude Trichet, y su sucesor Mario Draghi, cuyo contenido divulgó el diario italiano Corriere della serra, esbozó lo que querían a cambio de esta ayuda: todavía más austeridad y la desregulación del mercado laboral. La carta indicaba con exactitud al gobierno italiano qué medidas tenía que implantar, cuándo y con qué mecanismos legislativos. El BCE, no elegido y que tampoco rinde cuentas a nadie, dirigía ahora la política fiscal y laboral de Italia. En secreto. Hasta Silvio Berlusconi dijo en aquel momento “parecemos un gobierno ocupado”.

Cuando el primer ministro griego, Geórgios Papandréou, anunció en octubre del año pasado que iba a celebrar un referéndum sobre el segundo rescate y mayor austeridad, a los mercados les dio un ataque de nervios. El 2 de noviembre el grupo de Frankfurt -un octeto autoescogido, no elegido y que se creó en octubre del año pasado, se dice durante la fiesta de despedida de Jean-Claude Trichet- lo llamaron al orden.
El grupo de Frankfurt constaba en aquel momento de la jefa del FMI, Christine Lagarde; la canciller alemana, Angela Merkel; el presidente francés Nicolas Sarkozy; el recién instalado jefe del BCE, Mario Draghi; el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso; el presidente del Eurogrupo (el grupo de Estados que utilizan el euro), Jean-Claude Juncker; el presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy; y el comisionado de la Unión Europea, Olli Rehn. Decidieron que ya habían visto suficiente de Papandréou, incapaz de implementar los recortes y la desregulación que exigían.

Unos días más tarde, Papandréou suspendió el referéndum y dimitió. Fue sustituido por el tecnócrata no elegido, Lucas Papademos, anterior vicepresidente del BCE y negociador del primer rescate griego. La Troika había dado un paso más que la maniobra que forzó al dirigente portugués a pedir un rescate en contra de su voluntad; por primera vez se había derrocado a un gobierno, suspendido la democracia griega e instalado un gobierno propio. Días más tarde se hizo lo mismo en Italia.

Si el derrocamiento del primer ministro griego fue más una consecuencia de la intervención del politburó europeo -con el BCE en el centro-, la mayoría de analistas tiene claro que el derrocamiento de Berlusconi, intocable incluso después de 18 años de juicios, fiestas bunga-bunga y escándalos de corrupción, fue obra directa del BCE. A medida que el rendimiento de los bonos se acercaba al 6,5% -la zona de peligro en que Atenas, Dublín y Lisboa habían solicitado que se les rescatara-, se informaba ampliamente de que Draghi presionaba a Berlusconi para que dimitiera. Esto se hizo patente porque la compra de bonos italianos por parte del BCE fue muy limitada. Esta arma del mercado de bonos a disposición de Frankfurt fue mucho mayor que cualquier presión procedente del partido de Berlusconi o la oposición. 

El derrocamiento de dos primeros ministros en sólo una semana sirvió de aviso musculoso y sin ambigüedad a otros gobiernos de que el BCE es el que quita y pone. Cuando el primer ministro español, Mariano Rajoy, se resistía a pedir un rescate, consciente de que entregaba la soberanía de su país, se presionó a Madrid para que capitulara. El BCE lo animó públicamente a no demorar la petición de rescate al recordarlo cortésmente el papel que el BCE había desempeñado en echar a Berlusconi. 

Las propuestas hechas el 25 de junio de ir hacia una ‘unión política’ de la UE por parte del cuarteto autoelegido de los presidentes del Consejo Europeo, de la Comisión Europea, del Eurogrupo y del BCE van mucho más allá de la revisión centralizada de la Unión Europea de los presupuestos nacionales y las multas aprobadas el año pasado y hacia un fondo de soberanía sin supervisión democrática. Se le otorgaría a Bruselas el poder de reescribir los presupuestos nacionales y si un país necesitase aumentar el volumen de sus préstamos, tendría que pedir permiso a los demás gobiernos de la Eurozona. Esto está en línea con la visión de la unión política que el ex jefe del BCE, Jean-Claude Trichet, esbozó en junio del año pasado cuando todavía estaba en funciones; es decir, un veto centralizado de los presupuestos nacionales esgrimido conjuntamente por la Comisión y el Consejo ‘en asociación con’ el BCE, donde los gobiernos que gastan demasiado se declararían en suspensión de pagos.

La visión del BCE, expuesta en varias ocasiones por Trichet y su sucesor, se describió como un ‘salto enorme’. Tiene dos características: por un lado un programa liberalizador radical de desregulación del mercado laboral, la reestructuración de las pensiones y la deflación de los sueldos y por otro lado la transferencia del control de la política fiscal por parte de los parlamentos a manos de ‘expertos’, que a largo plazo significará un ministerio de finanzas de la UE, de la misma manera que la política monetaria se ha retirado de las cámaras democráticas para colocarla en manos de Frankfurt.

Los analistas ortodoxos muestran bastante simpatía por los objetivos del banco central. Jacob Funk Kirkegaard del Peterson Institute, el grupo de expertos económicos de Washington, ha escrito “el BCE se halla dentro de un juego estratégico con los gobiernos democráticos de Europa”, una estrategia excesivamente política “orientada a conseguir que los diseñadores de políticas recalcitrantes de la Eurozona hagan cosas que de otra manera no harían”. El banco “contempla el diseño de las instituciones políticas que gobernarán la Eurozona durante décadas”. Para Kirkegaard y otros observadores veteranos del BCE, el principal objetivo no es en último término España o Italia, sino Francia, históricamente resistente a una reglamentación fiscal más vinculante de la Eurozona, considerada una vulneración radical de su soberanía. Al hacer poco frente a los ataques del mercado sobre España e Italia, Frankfurt advierte a París y a su nuevo presidente de que no tiene más remedio que acceder a su visión de la gobernanza fiscal tecnócrata.

Welfarism* de los bancos
El tratamiento despiadado por parte del BCE de los Estados soberanos endeudados contrasta con su apoyo a los bancos. La gran cantidad de liquidez proporcionada a los bancos desde el inicio de la crisis ha empequeñecido su apoyo a la deuda soberana.

La crisis de la deuda soberana en realidad ha sido siempre una continuación de la crisis bancaria de 2008. En ausencia de reformas serias, los bancos han permanecido frágiles, sobreapalancados y altamente interconectados entre fronteras. Las suspensiones de pagos soberanas significarían el desastre para muchos de los principales bancos de las economías más importantes de la Eurozona -sin hablar del Reino Unido- que, escasos de oportunidades seguras de inversión AAA y provistos de nueva liquidez procedente de los programas de apoyo de sus bancos centrales, miraron hacia el sur en 2008 y 2009 para invertir en deuda soberana periférica. Los rescates de estos Estados fueron rescates de los bancos también.

Además del riesgo de suspensión de pagos, la crisis de la deuda soberana plantea problemas adicionales para los bancos. La mayoría depende fuertemente de pedir prestado a corto plazo en los mercados monetarios interbancarios en los que deben comprometer activos como colaterales para recibir un préstamo. Cuando un prestamista ha recibido este producto colateral de un prestatario, lo puede usar también como colateral de sus propios préstamos y así acumular una cadena de deuda en un proceso que se conoce como ‘rehipotecación’.

Antes de la crisis, los valores respaldados por activos AAA, ahora tristemente célebres, fueron importantes por su uso en los préstamos ‘colateralizados’. Pero cuando se cuestionó su valor y su valoración cayó, ya no eran aptos (un factor principal de la causa de la crisis crediticia). Los bonos del Estado se aceptan generalmente como un activo colateral seguro para utilizar como préstamo, pero la crisis de la deuda y las degradaciones de la deuda periférica efectuadas por las agencias de calificación han hecho que gran parte de los bonos del Estado no sea idónea, exacerbando los problemas de liquidez.

El BCE ha intervenido para apoyar el sector bancario al facilitar continuamente balsas de préstamos baratos para, en la práctica, mantener vivos a los bancos zombis. Desde 2007 los préstamos del BCE a las instituciones de crédito de la Eurozona han triplicado desde aproximadamente 400.000 millones de euros a más de 1.200.000 millones de euros. El balance del BCE se ha incrementado desde aproximadamente el 15% a más del 30% del PIB de la Eurozona.

Como continúa aceptando los activos colaterales ‘no negociables’, el BCE permite a los bancos cambiar sus malas inversiones de los años buenos por dinero de mejor calidad: el de la reserva del banco central.

Estas acciones empezaron con el comienzo de la crisis crediticia de agosto de 2007 cuando el BCE inyectó rápidamente 95.000 millones de euros de liquidez automática a los bancos con problemas de la Eurozona. Esto continuó en años sucesivos, pero la intervención más dramática tuvo lugar en diciembre de 2011 con ocasión de una operación de refinanciación a largo plazo (LTRO por sus siglas en inglés), un término árido para una acción sin precedentes. 

Como se temía que el sistema bancario de la Eurozona estaba al borde de un colapso estilo Lehman, el BCE proporcionó al sistema bancario un suministro ilimitado de préstamos ‘colateralizados’ a tres años a un interés del 1% al sistema bancario el 21 de diciembre de 2011 y otra vez el 28 de febrero de 2012. En total la cantidad era aproximadamente de un billón de euros. Los beneficiarios fueron los principales bancos de la Eurozona y también del Reino Unido. Dado que los bancos utilizaron sus activos malos como colaterales, esto casi representó dinero gratis.

El objetivo declarado de la LTRO era que los bancos volvieran a prestar a la ‘economía real’. Sin embargo, hay poca evidencia de que esto ocurriera. Analistas del banco ING estimaron que de los 489.000 millones de euros prestados en la LTRO de diciembre de 2011, sólo 50.000 millones de euros volvieron a la economía.

Uno de los resultados de todo este apoyo ha sido el uso de los préstamos fácilmente accesibles del BCE para emprender operaciones de carry trade -pedir prestado dinero a bajo interés y prestar a interés mayor- con los gobiernos de la Eurozona. Como el BCE no puede prestar directamente a los gobiernos, presta más barato a los bancos que a su vez prestan a gobiernos y reciben mayores tipos de interés a cambio. Se dice que los bancos españoles, por ejemplo, han comprado 83.000 millones de euros en bonos del Estado español desde diciembre. Esto es más que una manera fácil de hacer dinero: intensifica la relación entre los bancos comerciales y el Estado, de forma que cada uno no pueda sobrevivir sin el otro.

Como consecuencia de este apoyo a los bancos, el BCE está ahora en posesión de una gran cartera de cientos de miles de millones de euros de activos bancarios arriesgados. Esto va mucho más allá de hacer de ‘prestamista de último recurso’ al sistema bancario -lo que se espera tradicionalmente de los bancos centrales- y representa una transferencia masiva de riesgo desde las áreas privadas a la públicas. El valor de estos activos, muchos de los cuales están vinculados a los mercados inmobiliarios hiperinflados, permanece muy incierto.

El desenlace para los bancos centrales no está claro. Algunos economistas argumentan que no pueden volverse insolventes porque imprimen dinero; otros temen que esto crearía una pérdida de confianza en la moneda y que se requeriría una recapitalización cara (y políticamente explosiva) del BCE de mano de los gobiernos de la Eurozona.

Las operaciones de apoyo al sector financiero por parte de los bancos centrales se han retratado como medidas técnicas para mantener en movimiento el sistema de crédito. Pero su mismo tamaño plantea una pregunta política: ¿por qué mantiene una institución política una industria bancaria tan grande, tan frágil y con una contribución social tan dudosa?

Hay cada vez más personas que opinan que el sistema bancario es simplemente demasiado grande y complejo y que la única solución razonable es encoger y simplificarlo con el fin de devolver a la banca su función de servicio público. Pero la necesidad de mantener el régimen de bienestar del sector financiero hace que a los bancos centrales no les interesa discutir estas reformas más radicales y conserva con eficacia el sistema en su estado actual.

E igual que el peor estereotipo de dependencia del estado de bienestar inventado por la prensa derechista, los receptores del régimen de bienestar bancario -como demuestra su gestión del escándalo del banco Libor- muestran una falta de preocupación por el bien común y una falta de voluntad de cambiar sus métodos. En comparación con la austeridad que castiga la periferia de la Eurozona o la reestructuración del sector público en el Reino Unido, las reformas bancarias han sido livianas.

¿Y qué hay del futuro de los bancos centrales? Tanto al Banco de Inglaterra y ahora parece que al BCE se les dará responsabilidades adicionales en la regulación bancaria. Si se sigue el patrón, los gobiernos trasladarán la responsabilidad de las decisiones económicas fuera del control democrático. El hecho de que los bancos centrales se hagan cargo de los activos malos de los bancos comerciales suscita la pregunta de si llegarán a ser responsables de rebajar su valor al utilizar su capacidad ilimitada de crear dinero como agente para la cancelación de la deuda. Frente a la turbulencia financiera y los probables cambios económicos futuros, la independencia del banco central parece insostenible.

Esta independencia se basó en tres factores: la competencia técnica, la neutralidad política y una limitación estricta de funciones. En el caso del BCE y otros grandes bancos centrales, estas tres condiciones se han pisoteado. En el Reino Unido, a medida de que la connivencia en la manipulación del banco Libor entre el Banco de Inglaterra y los principales bancos comerciales se hace evidente, es buen momento de volver a poner la democratización de los bancos en la agenda.

* Evaluación de las acciones, políticas o leyes de acuerdo con sus consecuencias.

Este artículo se desarrolla dentro de un proyecto de investigación denominado ‘¿Capitalismo liderado por los bancos centrales?’ que se está llevando a cabo en la Universidad de Manchester sobre los cambios socioculturales. Se puede conseguir documentos sin coste en www.cresc.ac.uk.

Leigh Phillips escribe habitualmente para Red Pepper y fue anteriormente corresponsal para Europa de Red Pepper desde Bruselas. Andrew Bowman investiga sobre cambios socioculturales en la Universidad de Manchester y es editor de Red Pepper y Manchester Mule.

Rebelión

domingo, 16 de septiembre de 2012

El eurohéroe

Hay una tendencia creciente de desconfianza y rechazo de la opinión europea hacia la forma en que se ha manejado la crisis del euro, en apariencia interminable. Se manifiesta desde la aguerrida resistencia a la austeridad en las calles de Madrid o Atenas hasta el vigoroso debate de ideas acerca de otras opciones, que rebasa con mucho los marcos estrechos de las cuestiones monetarias y financieras. En agudo contraste, las decisiones y acciones formales de autoridades e instituciones de la eurozona y sus integrantes siguen orientadas a responder a cuestiones que parecen de plazo cada vez más corto y alcance más y más limitado. Quizá tal resulte ser también el caso del conjunto de decisiones adoptadas el 6 de septiembre por el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo –con una etiqueta novedosa: transacciones monetarias directas– a propuesta de su presidente, Mario Draghi, visto ahora –excepto en Alemania, por supuesto– como el eurohéroe.
 
A finales de agosto la eurozona vivió uno más de esos momentos que han sido considerados, uno tras otro, definitorios: coincidieron diversos hechos y declaraciones que tuvieron como protagonistas, en ese particular punto, a los jefes de gobierno de Italia y Alemania y como interlocutor indirecto al presidente del BCE. En Berlín, los primeros ministros no consiguieron destrabar el fortalecimiento del Mecanismo Europeo de Estabilización (MEE), dotado ya de mayores recursos pero considerado insuficiente ante la magnitud de las demandas de apoyo financiero de los países más vulnerables de la eurozona.

Se discute, como se sabe, dotar al MEE de un estatus similar al de las instituciones bancarias, que le permitiría obtener créditos del BCE e incluso emitir bonos que servirían como garantía colateral de los créditos que recibiera del banco. Se evitaría así que los países comprometiesen directamente mayores recursos para el MEE, evitando los engorrosos requisitos nacionales de autorización, que han entorpecido y demorado anteriores ampliaciones. La idea, hasta ahora, no ha sido aprobada por Alemania, que tampoco coincide con un instrumento alternativo, favorecido por el BCE: la adquisición por el BCE de bonos soberanos emitidos por los países europeos endeudados para abatir el costo de sus créditos. A principios de septiembre parecía haberse llegado, otra vez, a un callejón sin salida.

Por ello fue muy tenso el ambiente para la reunión del Consejo de Gobierno del BCE el 6 de septiembre, alrededor de la cual se había creado una gigantesca expectativa. Tras los desencuentros entre los líderes políticos –manifiestos o disimulados– se entronizó al presidente del BCE como la figura que puede tener la clave para desterrar la incertidumbre y encontrar una salida a la crisis del euro, en otras palabras, como el menos inverosímil de los posibles eurohéroes.

Al término de la reunión del consejo, Draghi anunció las modalidades de una novedosa forma de operación del BCE: las transacciones monetarias directas (TMD) en los mercados secundarios de bonos soberanos de la zona del euro. (El portal del banco –ecb.int– ofrece la documentación del caso.) Resultó evidente que la adopción de sus principales modalidades o características obedeció a propósitos específicos o, en otras palabras, a la necesidad de complacer o responder a las preocupaciones de destinatarios determinados.

 Cuatro instancias:
1. Como se trataba de imbuir confianza en los mercados financieros y, en lo inmediato, abatir el costo del endeudamiento de los países más afectados de la eurozona, se decidió no establecer límites cuantitativos ex ante a los montos de bonos soberanos que el BCE podrá adquirir a través de las TMD, si bien se preferirán los instrumentos con vencimiento de uno a tres años. El BCE, se señaló en las primeras apreciaciones, tiene bolsillos muy profundos porque puede crear, vía emisión de moneda, todos los recursos que resulten necesarios.

2. Para satisfacer los temores de que las TMD relajen las disciplinas exigidas a los emisores de deuda soberana y sus compromisos en materia de consolidación fiscal, es decir, de austeridad y ajuste recesivo, se les sujetó a una condicionalidad estricta y efectiva, diseñada y supervisada por las autoridades europeas y reforzada por el FMI; la continuidad de las TMD dependerá del cumplimiento de esa condicionalidad y el Consejo de Gobierno del BCE decidirá libremente sobre su inicio, mantenimiento o suspensión, sin apenas escuchar la posición de los países implicados.

3. Para evitar objeciones de las instituciones financieras privadas, el BCE renunció a su privilegio de acreedor preferente, aceptando igualdad de trato con acreedores privados respecto de las obligaciones derivadas de las TMD.

4. Asimismo, para eliminar todo riesgo de generar presiones inflacionarias y evitar una oposición más extremada del Bundesbank, se anunció que la liquidez creada a través de las TMD será completamente esterilizada.

En la conferencia de prensa de 6 de septiembre, Draghi subrayó que las TMD permitirán hacer frente a las severas distorsiones que se advierten en los mercados de bonos gubernamentales, derivadas, entre otras causas, de los temores de algunos inversionistas sobre la reversibilidad del euro. Agregó: Actuamos dentro de los límites estrictos de nuestro mandato de mantener la estabilidad de precios a mediano plazo; actuamos de manera independiente en la determinación de la política monetaria; el euro es irreversible. El eurohéroe del momento respondió así a quienes lo acusaron de abandonar o rebasar el mandato del banco; de aceptar los dictados de algunos gobiernos, en especial el de Alemania, y de no hacer lo necesario, como había prometido, para defender la moneda única.

Los mercados tuvieron una reacción inmediata positiva. Diversos analistas subrayaron algunas falencias del nuevo instrumento. Si buen puede contribuir a abatir los costos de las futuras emisiones de deuda de corto plazo de los países más afectados de la zona del euro, debido a la estricta condicionalidad que impone, supondrá restricciones adicionales a la actividad económica en momentos en que la eurozona se encuentra ya, de hecho, en recesión.

En no pocos análisis y comentarios se estima que, más temprano que tarde, las TMD se sumarán a la gama de instrumentos fallidos con los que se ha querido responder, sin éxito, a la crisis del euro.

Jorge Eduardo Navarrete
La Jornada

viernes, 14 de septiembre de 2012

Alemania debe condicionar la ayuda europea a España

Traducción de un artículo publicado el jueves (6/9/2012) en varios periódicos económicos alemanes, por su corresponsal en España Stefanie Claudia Müller.
 
Hoy, 6 de septiembre, se encuentran en Madrid los gobiernos de Alemania y España, acompañados de un nutrido grupo de empresarios, y donde seguro hablarán sobre las condiciones para poder otorgar más ayudas financieras a España o a su sistema bancario. En los dos lados se ha elevado el tono en los últimos meses y es con gran expectación que España espera ahora la decisión que va a tomar el Tribunal Constitucional alemán, que esa sí es crucial, el día 12, sobre la conformidad o no del rescate europeo y las obligaciones derivadas para los alemanes.

En Alemania crece la critica contra la supuesta “mentalidad de fiesta” de los españoles; en España los medios cada vez son más negativos con la supuesta dureza de la canciller Merkel. Pensamos que la situación es mucho más compleja de lo que presentan ambos gobiernos y la mayoría de los medios. España no es Grecia, pero España puede ser un paciente crónico si Alemania, junto con Europa, no contribuye a solucionar sus verdaderos problemas.

España no debería recibir más dinero sin que se cambie a fondo el sistema político y económico, hoy en manos de una oligarquía política aliada con la oligarquía económica y financiera, y sin que se aumente la participación ciudadana real en las decisiones políticas. Para no perpetuar la crisis y endeudar a los españoles durante generaciones, el Gobierno español debe reformar a fondo la administración de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, en su mayoría en bancarrota y completamente fuera de control, sometiendo a referéndum el modelo de Estado.

Este tema es la clave del futuro de España, porque las regiones, ayuntamientos y diputaciones son los responsables de los dos tercios del gasto público -234.000 millones frente a 118.000 el Estado en 2011-, excluyendo la Seguridad Social -23.000 millones-, y este gasto se realiza en condiciones de descontrol, despilfarro y corrupción totalmente inaceptables. Las razones verdaderas de la crisis del país, en consonancia con lo dicho, nada tienen que ver con salarios demasiado altos -un 60 % de la población ocupada gana menos de 1.000 euros/mes-, pensiones demasiado altas -la pensión media es de 785 euros, el 63% de la media de la UE-15- o pocas horas de trabajo, como se ha trasmitido a veces desde Alemania. A España tampoco le falta talento, ni capacidad empresarial ni creatividad. Tiene grandes pensadores, creativos, ingenieros, médicos excelentes y gestores de primer nivel.

La razón de la enfermedad de España es un modelo de Estado inviable, fuente de todo nepotismo y de toda corrupción, impuesto por una oligarquía de partidos en connivencia con las oligarquías financiera y económica, y con el poder judicial y los organismos de control a su servicio. En España no existe separación de poderes, ni independencia del poder judicial, ni los diputados representan a los ciudadanos, solo a los partidos que los ponen en una lista. Todo esto lleva también a una economía sumergida que llega al 20% del PIB y que frena la competencia, la eficacia y el desarrollo del país. Además, detrae recursos con los que podrían financiarse educación y sanidad.

Las ayudas para España, igual que para otros posible candidatos de rescates, no deben ir a bancos ya casi en bancarrota y fuertemente politizados. En la CAM, el Gobierno ha comprometido 16.000 millones de dinero público en lugar de cerrarla; en Bankia, 23.000, y el Ejecutivo acaba de darle 5.000 millones urgentemente para cubrir pérdidas en vez de cerrarla, y además de forma tan extraña que despierta todo tipo de recelos. ¿Por qué se ha utilizado el dinero de los españoles (FROB) en vez de esperar los fondos de la UE? Es lícito suponer que la razón es la siguiente: los bancos no quieren que la UE investigue sus cuentas.
Control estricto y duras condiciones. Ya el caso de Grecia ha demostrado que las ayudas europeas tienen que estar vinculadas a un control estricto y condiciones duras. Esas condiciones no pueden solamente representar recortes sociales o subidas brutales de impuestos, como hace ahora el Gobierno de Mariano Rajoy con la excusa de Europa . Se tiene que cambiar más en España que cortar gasto social, que de todos modos es mucho más bajo que en Alemania, y hay otros gastos infinitamente más relevantes que se pueden eliminar. Además, los casos de corrupción resultan tan escandalosos, incluso en el propio Gobierno, que uno solo puede llegar a una conclusión: el dinero de Europa no puede ser manejado por personas tan increíblemente venales.

La pasada semana el ministro de Industria Soria -imputado también por corrupción urbanística en Canarias- acusó al ministro de Hacienda en el Consejo de Ministros de favorecer descaradamente a la empresa líder de renovables, Abengoa, de la que había sido asesor, en la nueva regulación de estas energías, que reciben más de 7.000 millones de euros de subvenciones anualmente. Y Rajoy, al que entregó una carta probatoria, ni dijo ni hizo absolutamente nada.

No puede permitirse por más tiempo este nivel de corrupción, y menos aún a 17 regiones funcionando como estados independientes, con todos los organismos multiplicados por 17, desde 17 servicios meteorológicos a 17 defensores del pueblo, con 200 embajadas, 50 canales de TV regionales en pérdida, 30.000 coches oficiales o 4.000 empresas públicas que emplean a 520.000 personas, creadas específicamente para ocultar deuda y colocar a familiares y amigos sin control ni fiscalización alguna. En conjunto, unos 120.000 millones, equivalentes al 11,4% del PIB, se despilfarran anualmente en un sistema de nepotismo, corrupción y falta de transparencia.

Y con esto se tiene que acabar, entre otras cosas, porque ya no hay dinero. Los últimos datos de las cuentas públicas conocidos la pasada semana son escalofriantes. El déficit del Estado a julio ascendió al 4,62% del PIB, frente a un déficit del 3,5% comprometido con la UE para todo el año (del 6,3% incluyendo regiones y ayuntamientos). Pero lo realmente inaudito es que España está gastando el doble de lo que ingresa. 101.000 millones de gasto a julio frente a 52.000 millones de ingresos, y precisamente para poder financiar el despilfarro de regiones y ayuntamientos, que no están en absoluto comprometidos con la consolidación fiscal.

El tema del déficit público es algo que roza la ciencia ficción, y que ilustra perfectamente la credibilidad de los dos últimos gobiernos de España. En noviembre de 2011, el Gobierno dijo que el déficit público era del 6% del PIB; a finales de diciembre, el nuevo Gobierno dijo que le habían engañado y que el déficit era superior al 8%, y que se tomaba tres meses para calcularlo con toda precisión. A finales de marzo, se dijo que definitivamente era del 8,5%, y ésta fue la cifra que se envió a Bruselas. Dos semanas después, la Comunidad de Madrid dijo que sus cifras eran erróneas y el Ayuntamiento de la capital igual… el déficit era ya del 8,7%.

Sin embargo, la semana pasada el INE dijo que el PIB de 2011 estaba sobrevalorado y, con la nueva cifra, el déficit era del 9,1%; dos días después, Valencia dijo que su déficit era de 3.000 millones más; o sea, que estamos en el 9,4% y las otras 15 CCAA y 8.120 ayuntamientos aún no han corregido sus cifras de 2011. Lo único que sabemos es que están todas infravaloradas. El déficit real de 2011 puede estar por encima del 11%, y en 2012 se esta gastando el doble de lo que se ingresa. Como dice el Gobierno de Rajoy, “estamos en la senda de convergencia”. Y es verdad… de convergencia hacia Grecia.

Claramente, la joven democracia española tiene todavía muchos déficits de representatividad y de democracia que deberían interesar a la canciller Merkel y también a Europa, si queremos evitar una Grecia multiplicada por cinco y salvar el euro. Esto es lo que ha hecho posible el despilfarro masivo de las ayudas europeas, con una asignación disparatada de las mismas, a pesar de que estas ayudas han supuesto una cifra mayor que la del Plan Marshall para toda Europa.

Es frustrante que a causa de este sistema oligárquico nepotista y corrupto se destroce talento y creatividad y que ahora muchos jóvenes se vean forzados a trabajar fuera, muchos en Alemania. Esa situación nos ha llevado a una distribución de riqueza que es de las más injustas de la OECD. La antaño fuerte clase media española está siendo literalmente aniquilada.

Resumiendo: no es una falta de voluntad de trabajo, como se piensa tal vez en algunos países del norte de Europa, lo que hace que España sufra la peor crisis económica de su Historia. Es un sistema corrupto e ineficiente. La crítica del Gobierno alemán y sus condiciones para un rescate de España se deberían concentrar en la solución de esos problemas. En caso contrario, solo conseguirán que una casta política incompetente y corrupta arruine a la nación para varias generaciones.

*Stefanie Claudia Müller es corresponsal alemana en Madrid y economista;

Anotaciones sobre Europa

Los anglosajones, o más precisamente, los sucesivos imperios anglosajones, el británico y el norteamericano, han conseguido imponer una idea de Europa que la geografía desmiente: Europa excluye a Rusia, según esta visión. Estos imperios han tratado siempre de mantener a Europa dividida.

De modo que una primera evidencia es la siguiente: la Unión Europea no es Europa, sino la Europa subalternizada a los proyectos de dominio hegemónicos de los Estados Unidos y de Gran Bretaña, hoy peón de brega del primero en este campo.

¿Qué experimento yo hacia la Europa de la UE? La verdad es que mi educación, mi cultura, me impiden pensar sin crítica en términos de esta Europa. Yo admiro la literatura de los ingleses y de los franceses, de los rusos, los italianos y los alemanes; la música alemana y austriaca; la pintura de los franceses y los italianos... Pero no las veo como literaturas, músicas o pinturas "europeas", sino nacionales. Y nacionales son otras manifestaciones culturales, como la cocina italiana, la francesa, la española, o la abominable cocina inglesa y la poco soportable cocina germana.

Tampoco es fácil para mí pensar en unos "estados unidos de Europa". Ni para bien ni para mal nos parecemos al modelo, a los Estados Unidos de América. Para empezar, no tenemos una lengua predominante o común, sino varias lenguas fuertes (las principales, el castellano y el inglés), con literaturas de gran calidad y millones de hablantes. Aunque se enseña a los niños a hablar inglés —y el inglés que hablamos los europeos es más o menos el mismo que el de los paquistaníes—, es difícil que esa lengua tan apta para las transacciones comerciales y las precisiones de la técnica pueda suscitar el amor que es debido a una lengua propia. Tampoco existe un motivo común, un ideal, si puede ser usada en este contexto tal palabra, para la unificación europea. Hasta ahora el camino hacia esa unión europea se ha pavimentado menos con ideales que con dineros. Los negocios han sido el motor de la Unión, y eso no puede entusiasmar a las mayorías poblacionales, que ni hacen negocios ni tienen dineros.

A la espalda quedan los millones de muertos en las guerras europeas: tanto en la historia lejana como en las dos grandes guerras mundiales del siglo XX: ésa es la historia de Europa. Ciertamente, también es europea la ilustración. Y mucho hacer científico. Pero lo que más pesa socialmente son las desgracias.

Está permitido hacerse preguntas. ¿Qué pensamos los españoles de Francia y Gran Bretaña, que abandonaron al fascismo a la República española? ¿Qué pensarán los griegos de los ingleses? ¿Y media Europa de los alemanes? ¿Y los alemanes de los británicos? ¿Podemos creer que las heridas de la historia europea han quedado realmente atrás, o simplemente han quedado sepultadas bajo toneladas diarias de papel prensa?

Entre algunos de los países de esa "mini-Europa" que es la Unión Europea —pero no entre todos— ha habido, hasta hace dos días, algo parecido, aunque no "en común": la existencia de cierta redistribución vía Estado del producto social, redistribución a la que se dió el apologético nombre de "estado del bienestar". En algunos países europeos había hasta hace muy poco un sistema universal de salud (no lo tienen ni los USA ni China), de pensiones de jubilación, subsidios de paro, pequeñas vacaciones pagadas, educación básica universal gratuita, negociaciones colectivas de trabajo y cierto control sobre las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo. Pero estos bienes sociales no han sido nunca "bienes europeos", sino "estatal-nacionales". Son logros sociales de los trabajadores de cada uno de los países. Lo único que ha hecho la Unión Europea a su respecto ha sido en realidad ponerlos en cuestión: imponer recortes.

No tengo, pues, motivos fácticos para conceptuar aprobatoriamente a la Unión Europea. Que es una cuestión de instituciones económicas y connivencias políticas. Sus instituciones apenas guardan las apariencias democráticas. Hay un parlamento europeo elegido, sí, pero los electores se encuentran ante cada uno de los potenciales elegidos para ese parlamento en la misma situación: obligados a dar un voto para alguien designado de antemano por el sistema de los partidos, salvo que se decida abstenerse de votar. Y el parlamento así elegido carece de poderes de control y de legislación determinantes. Casi determina tan poco la política europea como el parlamento marroquí.

Los legisladores europeos son los presidentes de los consejos de ministros —que carecen de poder legislativo en sus países— y los designados por éstos para componer la Comisión Europea. Desde el punto de vista político, no veo hoy por hoy cómo la voluntad de las poblaciones, su voluntad real —no su falsa voluntad "interpretada" por los partidos— puede abrirse camino hasta los núcleos decisores de las políticas europeas. La legislación europea carece de legitimación democrática. Sirve para liberar de trabas al mercado, esto es, a los capitales. Es fruto de eso que llaman gobernanza, o sea, la capacidad de diseñar políticas e imponerlas al margen de las poblaciones gobernadas.

Veo en cambio cómo los dineros europeos se gastan con gran alegría. Cómo las imágenes del parlamento europeo lo muestran ordinariamente casi vacío durante las sesiones mientras los parlamentarios se embolsan opíparos sueldos y dietas. Y esto, claro, es sólo anécdota.

¿Y qué decir del gran logro europeo, el euro? Al final parece haber servido principalmente para esclavizarnos individual y colectivamente, como países, a eso que llaman los mercados. Una moneda única emitida sin el respaldo de una fiscalidad adecuada, gobernada por un Banco cuya principal función estatutaria es controlar la inflación pero no contener el desempleo. El euro no permite devaluar para facilitar las exportaciones: el único modo de devaluar es devaluarnos directamente a nosotros mismos: percibir menos por el trabajo.

¿Qué decir de las guerras no declaradas, de las guerras humanitarias en que han participado y participan los ejércitos europeos? Esas guerras no han sido libradas en nuestro nombre, pero han sido impuestas a las poblaciones como si fuera así.

No, no tengo grandes motivos para simpatizar con esta construcción de la UE. A pesar de que algunos programas europeos, como los Erasmus, hayan servido principalmente para conocernos mejor de una manera difusa y, naturalmente, sólo entre las capas mínimamente pudientes de la población (para análoga función entre los pobres están los circenses, las competiciones europeas de fútbol).

¿Hubiera podido ser de otra manera?
No sólo para nosotros, sino también para los italianos, franceses, portugueses, griegos, holandeses, alemanes... ¿hubiera podido ser de otra manera? O mejor, ¿podemos los ciudadanos proponer otra Unión Europea?

Para empezar, no será fácil. La derecha que ha gobernado la Unión Europea ha procedido a ampliaciones altamente discutibles, por decirlo así: ahí están países que reaccionan de manera casi fascista y en todo caso derechista al antiguo dominio de la URSS sobre ellos, como las repúblicas bálticas o Polonia. Y en casi todos los países de la UE hay minorías de extrema derecha que se opondrían a un programa propuesto por la izquierda europea cuyos rasgos básicos pueden ser parecidos a lo que se exponen a continuación:

Una Unión Europea abierta a toda Europa, no sólo a su mitad occidental.

Una Europa con redistribución de las rentas, esto es, con derechos sociales y solidaridad poblacional interna. Una Europa económicamente solidaria, con políticas económicas que afiancen esta solidaridad.

Una Europa no militarista, liberada de la pertenencia a la OTAN, y que defienda a cualquier población suya de eventuales agresiones, pero que renuncie a la guerra como instrumento de su acción política. 

Una Europa que encabece la investigación para una producción compatible con la preservación del medio ambiente; una Europa ecológica, movida esencialmente por energías renovables.

Una Europa con instituciones distintas de las actuales: que no minorice excluyentemente a nadie, salvo a quienes combatan la adopción de decisiones por métodos democráticos. Instituciones que modelen sus proyectos políticos según la voluntad de las poblaciones, y no a la inversa. 

Una sociedad europea dispuesta a reparar los daños causados a otras poblaciones por su pasado colonialista, y, en este sentido, una Europa internacionalista.

Este cuadro puede parecer utópico. Si fuera efectivamente imposible, debería aportarse algún motivo para defender la Unión Europea, porque yo no lo veo. Hasta ahora la izquierda ha ido a remolque en el asunto de la construcción europea. Hubo de tragarse el tratado de Maastricht, que combatió, y ahora la imposición de decisiones contra todo sentido de la democracia. Ese ir a remolque no tiene objeto. Ha llegado la hora de una reflexión seria. ¿Tiene sentido la pertenencia a la Unión Europea? ¿Tiene sentido el mantenimiento del euro actual? ¿Es posible crear un movimiento poblacional europeo que se sobreponga a los políticos profesionales de la Unión? Y si las preguntas no son éstas, alguien debe señalar cuáles son.

Lo que la izquierda no puede hacer es ignorar esa dimensión continental de los problemas.

Juan-Ramón Capella
Mientras Tanto

martes, 11 de septiembre de 2012

El reformismo del rescate asimétrico

I
El alud de medidas de ajuste y de anuncios de rescate es tan apabullante que cuando escribo este comentario, a finales de agosto, ya casi hemos olvidado la brutalidad de las medidas adoptadas por el gobierno hace mes y medio. Y nos estamos preparando para la nueva avalancha que llegará a finales de año, calculando que la próxima bomba de destrucción masiva caerá tras la convocatoria electoral de octubre. Si alguna imagen me viene a la mente en esta situación es la veraz descripción que hace Ramiro Pinilla de la defensa republicana de Vizcaya, donde un ejército de esforzados militantes trataba de resistir la brutal combinación de bombardeos aéreos y ataques masivos de los fascistas. Todos sabemos cómo acabó aquello y casi todos pensamos que nos vamos a tragar los próximos ajustes que dicten Bruselas, la Merkel, el FMI, el Banco de España o el papa de Roma. Lo que no quiere decir que la resistencia sea inútil o innecesaria. Simplemente constatar que hoy por hoy las fuerzas son desiguales.

Creo que hay poco que comentar sobre los efectos sociales de estos ajustes, los intereses que las imponen, el modelo social al que nos conducen. Hemos hablado reiteradamente de esta cuestión, mucha gente lo ha hecho con acierto. Y lo vamos a continuar haciendo, sin duda, en los próximos meses. Lo que me parece que vale la pena destacar en el momento actual tiene que ver con los tiempos de la intervención, con las formas y las orientaciones.

II
El aspecto más relevante al respecto es el de los plazos en los que se están realizando los rescates. Un seguimiento detallado de la coyuntura muestra una enorme lentitud en la toma de decisiones y en su aplicación práctica. La sucesión de cumbres, minicumbres, reuniones de trabajo, etc. es interminable. Las medidas se anuncian en los titulares, pero después pasa largo tiempo hasta que se encarnan en acciones concretas, y en muchos casos quedan en el aire. Podemos pensar que ello tiene sobre todo que ver con la complejidad institucional de la Unión Europea. A estas alturas resulta evidente el fracaso estructural de un modelo que trata de unificar los mercados sin construir una estructura política adecuada. En un mundo donde las decisiones financieras se toman a velocidad supersónica un sistema de intervención pública que actúa a ritmo de tortuga o es simplemente inútil o se convierte en cómplice de los especuladores.

Pero reducir la cuestión a un problema de mero diseño institucional resulta a estas alturas ingenuo. Si bien la Unión Europea ha batido todos los récords de parsimonia en la adopción de decisiones básicas, no ha sido la única en retardar las reformas, ni en aplicar prácticas de doble velocidad. En cuanto se ha tratado de sostener al sistema financiero todo el mundo ha tomado decisiones drásticas, empezando por las nacionalizaciones masivas de bancos en 2008 y continuando por el apoyo sostenido a dicho sistema en forma de inyecciones masivas de crédito a las entidades financieras llevado a cabo por el Banco Central Europeo. En cambio, la lentitud ha sido máxima a la hora de regular las instituciones financieras, aun en los casos en que es evidente su comportamiento criminal. Como se ha desvelado recientemente en el caso de manipulación de los referentes crediticios Libor y Euribor por parte de un “pool” de los más selectos bancos del mundo. Los rescates a la banca han sido rápidos y con exigencias menores; los rescates al sector público, lentos y con grandes exigencias.

En esto consiste la práctica del rescate asimétrico. Una práctica que muestra el equilibrio de poder y la ideología de los que realmente mandan. El ejemplo más reciente lo hemos tenido en España: mientras el Gobierno inyecta 5.000 millones de euros a Bankia, su banco amigo, racanea las ayudas a las autonomías y pone con ello en peligro mucho bienestar y muchos puestos de trabajo.

III
Pero hay más que sesgos e inercias en este desigual tratamiento de los problemas. En la lentitud al aplicar ayudas a los países o comunidades en dificultades hay también un elemento de cálculo estratégico en la tardanza en aplicar ayudas. Se trata, más que de una terapia de shock, de una política de luz de gas, de ir acogotando al necesitado, de negarle medidas de emergencia para que al final acabe aceptando todo el lote de exigencias que se le quieren imponer. Es una política maquiavélica que cuenta, además, con una buena colectividad de corifeos que la avalan. Una política en la que el dogmatismo y la ceguera ideológica se combinan con la defensa de intereses inconfesables.

En el campo de los dogmáticos están una buena parte de los propagandistas teóricos pro-capitalismo. Cualquier lector atento de El País ha tenido la oportunidad de leer, en las últimas semanas, infinidad de artículos de economistas supuestamente respetuosos (varios de ellos catedráticos en universidades extranjeras, lo que supone un plus de pedigrí) abogando por la necesidad de mantener alta la exigencia como única forma para que se realicen las “necesarias reformas liberalizadoras” que nos llevarán a adoptar el supuesto modelo económico ortodoxo (inexistente en ningún país real) que nos permitirá salir prontamente de la crisis y retomar una incomparable senda de bienestar y crecimiento... Ninguna visión reflexiva sobre el pasado y el presente. Ninguna revisión del impacto que han tenido estas mismas políticas en los países donde ya se aplicaron. Ninguna reflexión sobre el crecimiento de las desigualdades y la pobreza que treinta años de políticas neoliberales han generado en los países desarrollados. Ninguna reflexión crítica sobre la evolución de la globalización, el papel de las grandes corporaciones, la financiarización y la existencia de un sistema económico mundial donde imperan importantes estructuras de poder asimétrico. Por supuesto, ninguna reflexión profunda sobre los efectos perversos del capitalismo de mercado en la gestión ecológica ni sobre los peligros de seguir replicando el mismo modelo productivo. Practicantes de una pseudociencia sin visión crítica no dudan en defender que la mejor autopista al paraíso pasa por aceptar el malestar, la desigualdad, el empobrecimiento.

Junto a ellos los beneficiarios de los ajustes. Los beneficiarios económicos, los que ven incrementadas sus rentas, sus posibilidades de negocio, su poder social, con el desguace de las políticas de bienestar y de derechos laborales. Y los beneficiarios políticos. Aquellos que practican la luz de gas como forma de mantener su propio proyecto político. Como una Merkel que necesita mantener la firmeza frente al Sur de Europa como parte de su política propagandística xenófoba en su propio feudo alemán. Como Rajoy, que trata de mantener la asfixia financiera de las comunidades autónomas (a las que previamente se las hizo responsables del grueso del gasto público) como medio para reforzar su visión centralista y españolista de la política.

Estamos en manos de individuos que por dogmatismo, interés, y/o miopía, están practicando una política de cerco generadora de un elevadísimo coste social. Que puede generar efectos insospechables, como la generalización de una nueva recesión planetaria (a algo de ello apuntan los últimos datos macroeconómicos de medio mundo) o la incapacidad de hacer frente a nuevos desafíos globales como los del cambio climático o el pico del petróleo.

Para resistir a esta política de estrangulamiento no basta con la movilización y la denuncia. Es también necesario reforzar tanto un conocimiento económico alternativo, teórico y aplicado, como, especialmente reconstruir planes y formas de intervención que hagan frente a este desastre. Es tiempo de lucha, de pensamiento y de política. De otro pensamiento y de una acción colectiva que vaya más allá del necesario, pero a veces narcisista, ejercicio de la protesta.

Recortar derechos, dividir a las víctimas
No hace falta ser un especialista muy sofisticado en políticas sociales para percibir que los planes de ajuste representan recortes brutales a los derechos sociales y generan más pobreza y desigualdades. Dada la profundidad de los ajustes en marcha, los afectados son millones de personas. Y por ello podría esperarse una amplia respuesta social de las víctimas. El que ésta no se produzca, el que los ajustes tengan poco coste político para quien los decide, es una de las grandes preguntas que deberíamos saber contestar.

Sin entrar en un análisis más global, vale la pena subrayar que una parte de esta respuesta limitada tiene que ver con el propio diseño de muchas de las políticas de ajuste. Éstas se presentan siempre como medidas de racionalización orientadas no tanto a eliminar derechos básicos como a actuar contra despilfarros innecesarios y abusos insoportables. Una forma de presentar los ajustes que hemos podido ver en las diversas medidas que se han ido tomando. Así, las reformas de derechos laborales se intentan justificar con el excesivo poder que tienen los trabajadores fijos frente a los temporales (lo que se supone que se traduce en aumentos salariales insensatos, reticencias a la adaptación laboral...). Los recortes a las prestaciones de desempleo se plantean como una respuesta a la actitud laxa en materia de búsqueda de empleo por parte de un sector de parados rentistas. Los recortes en la sanidad se plantean como respuesta al excesivo consumo farmacéutico o a la presencia de un insoportable turismo sanitario... Los recortes llevan siempre asociadas medidas de discriminación de beneficiarios (atendiendo pretendidamente a “circunstancias objetivas”) cuyo control aumenta a menudo la complejidad administrativa de la gestión.

Y es que estas políticas están diseñadas con un doble objetivo: el de recortar derechos y gastos y el de dividir a la población en cuanto a la aceptabilidad de las mismas. Ninguna política social universal es ajena a la posibilidad de que haya personas que abusen o se aprovechen. Y siempre es posible detectar fallos en su aplicación. Pero el coste social de eliminar estos abusos puede ser a menudo mayor que el de permitirlos. En muchos casos, la denuncia de estos abusos sólo forma parte de la estrategia de distracción empleada para camuflar el verdadero carácter antisocial de estas medidas.

Las medidas de racionalización tratan de convertir los conflictos sociales generales, de clase, en conflictos interpersonales o intergrupales: entre trabajadores fijos y temporales, personas mayores y jóvenes, nativos e inmigrantes, usuarios responsables y despilfarradores, etc. Puede pensarse que se trata de una estrategia grosera (del estilo de la empleada por la ministra de Empleo al relacionar a los jóvenes perceptores del subsidio de 400 euros con familias de altos ingresos), pero en muchos casos resulta mucho más sofisticada y alcanza gran parte de sus objetivos de trasladar el conflicto, empantanarlo y obtener la aceptación de suficiente base social.

De hecho se trata de la aplicación de algo que en la fase de capitalismo neoliberal ha sido fundamental para erosionar tanto los servicios públicos como la solidaridad de clase. Las políticas de recortes selectivos forman parte de una estrategia más amplia de fragmentación social que se ha jugado tanto en el terreno de las políticas públicas como en el de la gestión laboral de las empresas. En ambos espacios se han ido generando múltiples mecanismos de evaluación, selección, diferenciación, que tienen el efecto de individualizar, fragmentar, promover la rivalidad entre personas. No se trata sólo de la existencia de filtros y mecanismos de diferenciación, sino de todo un aparato “cultural” puesto al servicio de esta diferenciación. Gran parte de la ideología que subyace en conceptos como “capital humano”, “carrera profesional”, o “mérito individual” tienen que ver con esta política de la diferenciación, sobre todo en el plano laboral. Quizás hasta ahora ha sido menos sofisticada su versión en las políticas públicas, aunque en todas ellas está presente la construcción cultural de los buenos y malos merecedores de servicios, de los nacionales y los extranjeros, de los contribuyentes y los parásitos. Ahora estamos asistiendo a un reforzamiento de estos discursos prácticas como un componente esencial de las políticas de recortes.

Invertir estas prácticas exige no sólo denunciar sus efectos perversos, su peligrosidad social. Exige también construir otro marco de referencia cultural capaz de combatir las estrategias de la división y la fragmentación que son consustanciales a la hegemonía social de las políticas neoliberales.

Albert Recio Andreu
Mientras Tanto