Ocho propuestas urgentes para otra Europa

La crisis sacude a la Unión Europea hasta los cimientos. Para varios países la soga de la deuda pública se cierra sobre ellos y están asfixiados por los mercados financieros. Con la complicidad activa de los gobiernos, de la Comisión Europea, del Banco Central Europeo y del FMI, las instituciones financieras responsables de la crisis se enriquecen y especulan sobre las deudas de los Estados. La patronal aprovecha la situación para lanzar una ofensiva brutal contra una serie de derechos económicos y sociales de la mayoría de la población.

La reducción de los déficit públicos no debe hacerse reduciendo los gastos sociales públicos, sino aumentando los impuestos, luchando contra el gran fraude fiscal y gravando más el capital, las transacciones financieras, el patrimonio y las rentas de los más ricos. Para reducir el déficit, también es necesario reducir drásticamente los gastos de armamento, así como otros gastos socialmente inútiles y peligrosos para el medio ambiente. En cambio es fundamental aumentar los gastos sociales, especialmente para amortiguar los efectos de la depresión económica. Pero más allá hay que considerar esta crisis como una posibilidad de romper con la lógica capitalista y realizar un cambio radical de sociedad. La nueva lógica que hay que construir deberá romper con el productivismo, incluir la cuestión ecológica, erradicar las diversas formas de opresión [racial, patriarcal, etc.] y promover los bienes comunes.

Para eso es necesario construir un frente anticrisis, tanto a escala europea como localmente, con el fin de agrupar las energías para crear una relación de fuerza favorable a la puesta en práctica de soluciones radicales centradas en la justicia social y climática. Desde agosto de 2010 el CADTM ha formulado ocho propuestas relativas a la actual crisis europea (1). El elemento central es la necesidad de proceder a la anulación de la parte ilegal de la deuda pública. Para ello, el CADTM recomienda la realización de una auditoría de la deuda pública efectuada bajo control ciudadano. En determinadas circunstancias dicha auditoría deberá combinarse con la suspensión unilateral y soberana del reembolso de la deuda pública. El objetivo de la auditoría es llegar a la anulación/repudio de la parte ilegal de la deuda pública y a una fuerte reducción del resto de la deuda.

La reducción drástica de la deuda pública es una condición necesaria pero insuficiente para sacar a los países de la Unión Europea de la crisis. Hay que completarla con toda una serie de medidas de gran amplitud en diferentes ámbitos.

1. Realizar una auditoría de la deuda pública con el fin de anular la parte ilegal.

Una parte importante de la deuda pública de los Estados de la Unión Europea es ilegal porque es el resultado de una política deliberada de gobiernos que decidieron privilegiar sistemáticamente a una clase social, la clase capitalista, y a otros sectores favorecidos, en detrimento del resto de la sociedad. La rebaja de impuestos sobre las rentas altas de las personas físicas, sobre sus patrimonios y sobre los beneficios de las empresas privadas, han llevado a los poderes públicos a incrementar la deuda pública con el fin de cubrir el agujero producido por esa rebaja. Así, dichos poderes públicos han aumentado fuertemente la carga impositiva sobre los hogares modestos que constituyen la mayoría de la población. A eso hay que añadir, desde 2007-2008, el rescate de las instituciones financieras privadas, responsables de la crisis, que ha costado muy caro a las finanzas públicas y ha hecho estallar la deuda pública. La disminución de los ingresos provocada por la crisis que han causado las instituciones financieras privadas, una vez más se ha tenido que cubrir con préstamos masivos.

Ese marco general señala claramente la ilegalidad de una parte importante de las deudas públicas. A eso se añade, en cierto número de países sometidos al chantaje de los mercados financieros, otras fuentes evidentes de ilegalidad. Las nuevas deudas contraídas a partir de 2008 se han asumido en un contexto en el que los banqueros [y otras instituciones financieras privadas] utilizan el dinero conseguido de los bancos centrales a tipos de interés bajos para especular y obligar a los poderes públicos a aumentar las remuneraciones que éstos tienen que reembolsar. Además en países como Grecia, Hungría, Letonia, Rumania o irlanda, los préstamos concedidos por el FMI se han combinado con condiciones que constituyen una violación de los derechos económicos y sociales de las poblaciones. Con el agravante de que esas condiciones, una vez más, favorecen a los banqueros y a las demás instituciones financieras. También por estas razones son ilegales. Finalmente, en algunos casos se ha hecho burla de la voluntad popular: por ejemplo, mientras que en febrero de 2011 una amplia mayoría de los irlandeses votó contra los partidos que hicieron regalos a los bancos y aceptaron las condiciones impuestas por la Comisión Europea y el FMI, la nueva coalición gubernamental continúa grosso modo la misma política que sus predecesores. Más generalmente, en algunos países se asiste a la marginación del poder legislativo en beneficio de una política de hechos consumados impuesta por el poder ejecutivo que pasa los acuerdos con la Comisión Europea y el FMI. A continuación el poder ejecutivo presenta al Parlamento ese acuerdo «lo tomas o lo dejas», que llega incluso a organizar un debate sin votación en asuntos de primer orden. La tendencia del poder ejecutivo a transformar el órgano legislativo en una oficina de registro se refuerza.

En ese inquietante contexto, sabiendo que antes o después una serie de Estados se enfrentará al riesgo concreto de la imposibilidad de pagar por falta de liquidez y que el reembolso de una deuda ilegal es inaceptable por principios, conviene pronunciarse claramente por la anulación de las deudas ilegales. Anulación cuyo coste debe recaer sobre los culpables de la crisis, a saber, las instituciones financieras privadas.

Para los países como Grecia, Irlanda, Portugal o los países de Europa del Este [y los de fuera de la Unión Europea, como Islandia], es decir, los países que están sometidos al chantaje de los especuladores, del FMI y de otros organismos como la Comisión Europea, conviene recurrir a una moratoria unilateral del reembolso de la deuda pública. Esta propuesta se hace popular en los países más afectados por la crisis. A finales de noviembre de 2010 en Dublín, en una encuesta de opinión realizada por teléfono a cerca de 500 personas, el 57% de los irlandeses preguntados se pronunció a favor de la suspensión del pago de la deuda [«default» en inglés] más que por la ayuda de emergencia del FMI y Bruselas. «Default ! say the people» [el pueblo por la suspensión del pago] titulaba el Sunday Independent, principal diario de la isla. Según el CADTM, ese tipo de moratoria unilateral debe unirse a la realización de una auditoría de los préstamos públicos [con participación ciudadana]. La auditoría debe permitir que se aporten al gobierno y a la opinión pública las pruebas y los argumentos necesarios para la anulación/repudio de la parte de la deuda identificada como ilegal. El derecho internacional y el derecho interno de los países ofrecen una base legal para ese tipo de acción soberana unilateral de anulación/repudio.

A los países que recurran a la suspensión del pago, con la experiencia sobre la cuestión de la deuda de los países del sur, el CADTM pone en guardia con respecto a una medida insuficiente, una simple suspensión del reembolso de la deuda, que puede revelarse contraproducente. Hay que hacer la moratoria sin añadido de intereses de demora sobre las sumas no reembolsadas.

En otros países como Francia, Gran Bretaña o Alemania, no es imperativo decretar una moratoria unilateral durante la realización de la auditoría. Pero también debe llevarse a cabo allí con el fin de determinar la amplitud de la anulación/repudio a la que habrá que proceder. En caso de deterioro de la coyuntura internacional la suspensión del pago pueden llegar a ser necesaria incluso para los países que se creen a salvo del chantaje de los prestamistas privados.

La participación ciudadana es la condición imperativa para garantizar la objetividad y la transparencia de la auditoría. Esta comisión de auditoría deberá estar compuesta especialmente por los diferentes órganos del Estado afectados, así como por auditores expertos de las finanzas públicas, economistas, juristas, constitucionalistas, representantes de los movimientos sociales… y permitirá determinar las distintas responsabilidades en el proceso de endeudamiento y exigir que los responsables, tanto nacionales como internacionales, rindan cuentas a la justicia. En caso de hostilidad de un gobierno con respecto a la auditoría, será necesario constituir una comisión ciudadana de auditoría sin participación gubernamental

En cualquier caso es legítimo que las instituciones privadas y las personas físicas de altas rentas que poseen los títulos de esas deudas asuman el coste de la anulación de deudas soberanas ilegales, ya que son ampliamente responsables de la crisis de la cual, por añadidura, se beneficiaron largamente. El hecho de que deban asumir el coste de la anulación no es más que una justa vuelta hacia una mayor justicia social. Es importante elaborar un registro de los propietarios de títulos con el fin de indemnizar a los ciudadanos y ciudadanas con rentas bajas y medias que haya entre ellos.

Si la auditoría demuestra la existencia de delitos relacionados con el endeudamiento ilegal, hay que condenar firmemente a sus autores a pagar las reparaciones y no permitir que se libren de las penas de cárcel en función de la gravedad de sus actos. Hay que exigir justicia contra las autoridades que pusieron en marcha los préstamos ilegales.

En cuanto a las deudas que no están afectadas de ilegalidad, convendría imponer un esfuerzo a los acreedores en términos de reducción del stock y de los tipos de interés, así como una ampliación del período de reembolso. También seria conveniente efectuar una discriminación positiva a favor de los pequeños propietarios de títulos de la deuda pública que convendría reembolsar normalmente. Por otra parte, el montante de la parte del presupuesto del Estado destinado al reembolso de la deuda deberá limitarse en función de la situación de la economía, de la capacidad de reembolso de los poderes públicos y del carácter irreducible de los gastos sociales. Hay que inspirarse en lo que hizo Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. El Acuerdo de Londres de 1953 sobre la deuda alemana, que consistía, en particular, en reducir el 62% del stock de la deuda, estipulaba que la relación entre el servicio de la deuda y los ingresos de las exportaciones no debía sobrepasar el 5% (2). Se podría definir una ratio de este tipo: la suma asignada al reembolso de la deuda no puede exceder el 5% de los ingresos del Estado. También hay que adoptar un marco legal para evitar que se repita la crisis que comenzó en 2007-2008: prohibición de socializar las deudas privadas, obligación de organizar una auditoría permanente de la política de endeudamiento público con participación ciudadana, imprescriptibilidad de los delitos relacionados con el endeudamiento ilegal, nulidad de las deudas ilegales…

2. Detener los planes de austeridad, son injustos y profundizan la crisis.

De acuerdo con las exigencias del FMI, los gobiernos de los países europeos han optado por imponer a sus pueblos políticas de estricta austeridad, con claros recortes en el gasto público: jubilaciones en la función pública, congelación e incluso rebaja de los salarios de los funcionarios, reducción del acceso a algunos servicios públicos vitales y de protección social, retraso de la edad de jubilación. A la inversa las empresas públicas reclaman –y obtienen- un aumento de sus tarifas mientras que el coste del acceso a la sanidad y la educación también se revisa al alza. Crece el recurso a la subida de impuestos indirectos particularmente injustos, en especial el IVA. Las empresas públicas del sector competente se privatizan masivamente. Las políticas de austeridad que se ponen en práctica se están empujando a un nivel nunca visto desde la Segunda Guerra Mundial. De esta forma los efectos de la crisis se duplican por los presuntos remedios que se dirigen sobre todo a proteger los intereses de los propietarios de capitales. En resumen, ¡los banqueros beben, los pueblos pagan!

Pero los pueblos cada vez toleran menos la injusticia de esas reformas caracterizadas por una amplia regresión social. En términos relativos son los trabajadores, los parados y las familias más modestas quienes más tienen que contribuir para que los Estados continúen engordando a los acreedores. Y entre las poblaciones más afectadas las mujeres ocupan el primer puesto, ya que la actual organización de la economía y la sociedad patriarcal hace que caigan sobre ellas los desastrosos efectos de la precariedad, del trabajo parcial y mal pagado. Afectadas directamente por la degradación de los servicios sociales públicos, ellas pagan un precio muy alto. La lucha para imponer otra lógica es indisociable de la lucha por el respeto total de los derechos de las mujeres.

3. Instaurar una verdadera justicia fiscal europea y una justa redistribución de la riqueza. Prohibir las transacciones con los paraísos judiciales y fiscales. Luchar contra el fraude fiscal masivo de las grandes empresas y de los más ricos.

Desde 1980 no han dejado de bajar los impuestos directos sobre las rentas más elevadas y las grandes empresas. Así en la Unión Europea, de 2000 a 2008, las tasas superiores del impuesto sobre la renta y el impuesto de sociedades bajaron respectivamente 7 y 8,5 puntos. Esos cientos de miles de millones de euros de regalos fiscales se orientaron esencialmente hacia la especulación y la acumulación de riquezas por parte de los más ricos.

Hay que diseñar una reforma profunda de la fiscalidad con el objetivo de la justicia social [reducir al mismo tiempo las rentas y el patrimonio de los más ricos para aumentar los de la mayoría de la población] armonizándola en el plano europeo con el fin de impedir el dumping fiscal (3). Se trata de aumentar los ingresos públicos, especialmente por medio del impuesto progresivo sobre la renta de las personas físicas más ricas [la tasa marginal sobre el tramo más elevado de renta debe llevarse al 90% (4)], el impuesto sobre el patrimonio a partir de cierto montante y el impuesto de sociedades. Este aumento de los ingresos debe ir parejo con una rápida rebaja del precio del acceso a los bienes y servicios de primera necesidad [alimentos básicos, agua, electricidad, calefacción, transporte público, material escolar…] especialmente por una reducción fuerte y concreta del IVA de dichos bienes y servicios vitales. Se trata también de adoptar una política fiscal que favorezca la protección del medio ambiente gravando de forma disuasiva a las industrias contaminantes.

La Unión Europea debe adoptar una tasa sobre las transacciones financieras, especialmente sobre los mercados de intercambios, con el fin de aumentar los ingresos de los poderes públicos.

Los diferentes G20, a pesar de sus declaraciones de intenciones, en realidad se han negado a atacar a los paraísos judiciales y fiscales. Una medida sencilla para luchar contra los paraísos fiscales [que todos los años hacen perder a los países del norte, y también a los del sur, recursos vitales para el desarrollo de las poblaciones], consiste para un Parlamento en prohibir a todas las personas físicas y a todas las empresas presentes en su territorio realizar cualquier transacción que pase por los paraísos fiscales, bajo pena de una multa de un importe equivalente. Además hay que erradicar esos agujeros negros de las finanzas, de tráficos criminales, de corrupción y de delincuencia de cuello blanco.

El fraude fiscal priva a la colectividad de medios considerables y actúa contra el empleo. Los medios públicos consecuentes deben ponerse al servicio de las finanzas para luchar eficazmente contra ese fraude. Los resultados deben hacerse públicos y sancionar severamente a los culpables.

4. Poner en orden los mercados financieros, en especial por la creación de un registro de los propietarios de títulos, por la prohibición de las ventas al descubierto y la especulación en una serie de sectores. Crear una agencia pública europea de calificación.

La especulación a escala mundial representa varias veces el total de las riquezas producidas en el planeta. Los sofisticados montajes de la mecánica financiera la vuelven totalmente incontrolable. Los engranajes que suscita alteran la estructura de la economía real. La opacidad sobre las transacciones financieras es la norma. Para gravar a los acreedores en el origen, es necesario identificarlos. La dictadura de los mercados financieros debe acabar y se debe prohibir la especulación en toda una serie de sectores. Es conveniente prohibir la especulación con los títulos de la deuda pública, con las divisas y con los alimentos (5). También se deben prohibir las ventas al descubierto (6) y los Credit Default Swaps se deben regular estrictamente. Hay que cerrar los mercados de contratación directa de productos derivados, que son verdaderos agujeros negros que escapan a toda reglamentación y vigilancia.

El sector de las agencias de calificación también debe reformarse y enmarcarse estrictamente. Lejos de una herramienta de evaluación científica objetiva, esas agencias son, estructuralmente, partes interesadas de la globalización neoliberal y en varias ocasiones han desencadenado repeticiones de catástrofes sociales. En efecto, la rebaja de la nota de un país implica una subida de los tipos de interés sobre los préstamos que se le han concedido. En consecuencia la situación económica del país en cuestión se deteriora todavía más. El comportamiento borreguil de los especuladores multiplica las dificultades encontradas que pesarán todavía más duramente sobre las poblaciones. La marcada sumisión de las agencias de calificación a los medios financieros estadounidenses las convierte en actores principales a nivel internacional, y su responsabilidad en el desencadenamiento y la evolución de la crisis no ha sido suficientemente aclarada por los medios de comunicación. La estabilidad económica de los países europeos se ha dejado en manos de esas agencias de calificación, sin protección, sin medios serios de control por parte de los poderes públicos. Es imprescindible la creación de una agencia pública de calificación para escapar de este callejón sin salida.

5. Transferir los bancos al sector público bajo control ciudadano.

Tras decenios de desviaciones financieras y privatizaciones ya es hora de pasar el sector crediticio al dominio público. Los Estados deben recuperar su capacidad de controlar y orientar la actividad económica y financiera. También deben contar con instrumentos para realizar inversiones y financiar el gasto público reduciendo al mínimo el endeudamiento con instituciones financieras privadas y/o extranjeras. Hay que expropiar los bancos, sin indemnización, y transferirlos al sector público bajo control ciudadano.

En algunos casos, la expropiación de los bancos privados puede representar un coste para el Estado debido a las deudas puedan haber acumulado. El coste en cuestión debe recuperarse del patrimonio general de los grandes accionistas. En efecto, las empresas privadas que son accionistas de los bancos y que los llevaron al abismo mientras obtenían jugosos beneficios, son propietarias de una parte de su patrimonio en otros sectores de la economía. Debe hacerse, pues, una punción en el patrimonio general de los accionistas. Se trata de evitar al máximo la socialización de las pérdidas. El ejemplo irlandés es emblemático. La forma en que se efectuó la nacionalización del Allied Bank irlandés es inaceptable. Hay que aprender de eso.

6. Socializar las numerosas empresas y servicios privatizados desde 1980.

Una característica de los últimos treinta años ha sido la privatización de muchas empresas y servicios públicos. Desde los bancos al sector industrial pasando por correos, las telecomunicaciones, la energía y el transporte, los gobiernos han entregado al sector privado gran parte de la economía, perdiendo al mismo tiempo toda la capacidad de regularla. Esos bienes públicos, procedentes del trabajo colectivo, deben volver al sector público. Se trata de crear nuevas empresas públicas y adaptar los servicios públicos según las necesidades de la población para responder, en particular, a la problemática del cambio climático, por ejemplo con la creación de un servicio público de aislamiento térmico de las viviendas.

7. Reducir drásticamente las horas de trabajo para crear empleos y aumentar los salarios y las pensiones.

Distribuir de otra forma la riqueza es la mejor respuesta a la crisis. La parte de la riqueza creada destinada a los trabajadores se ha reducido considerablemente desde hace varios decenios mientras los acreedores y las empresas han aumentado sus beneficios para dedicarlos la especulación. El aumento de los salarios no sólo permite que las personas vivan con dignidad, sino que también fortalece los medios utilizados para financiar la protección social y las pensiones.

Al reducir el tiempo de trabajo sin menguar los salarios y creando empleos, se mejora la calidad de vida de los trabajadores y se proporciona empleo a aquéllos que lo buscan. La reducción radical del tiempo de trabajo también ofrece la oportunidad de practicar un ritmo de vida diferente, una forma diferente de vivir en sociedad alejándonos del consumismo. El tiempo ganado para el ocio permitirá una mayor participación activa de las personas en la vida política, en el fortalecimiento de la solidaridad, en actividades de voluntariado y en la creatividad cultural.

8. Refundar democráticamente otra Unión Europea basada en la solidaridad.

Varias disposiciones de los tratados que rigen la Unión Europea, la eurozona y el BCE deben derogarse. Por ejemplo, es necesario eliminar los artículos 63 y 125 del Tratado de Lisboa, que prohíben cualquier control de los movimientos de capitales y cualquier ayuda a un Estado en dificultades. También hay que abandonar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Y más allá, es necesario sustituir los tratados actuales por otros nuevos en el marco de un genuino proceso constituyente democrático para alcanzar un pacto de solidaridad de los pueblos a favor del empleo y la ecología.

Se debe revisar por completo la política monetaria así como la normativa y las prácticas del Banco Central Europeo. La incapacidad del poder político de obligar al BCE a emitir dinero es un obstáculo muy grave. Con la creación del BCE como entidad por encima de los gobiernos y de los pueblos, la UE tomó una decisión desastrosa, la del someter a los seres humanos a las finanzas y no a la inversa.

Mientras que muchos movimientos sociales denunciaron los rígidos y profundamente inadecuados estatutos, el BCE se ha visto obligado a cambiar de opinión en lo más álgido de la crisis modificando con urgencia el papel que le había sido asignado. Por desgracia el BCE accedió a hacerlo por razones equivocadas: no porque se tuvieran en cuenta los intereses de los pueblos, sino para preservar los de los acreedores. Es la prueba evidente de que hay que barajar y repartir las cartas de nuevo: El BCE debe tener el poder de financiar directamente a los Estados que desean lograr los objetivos sociales y medioambientales que integran perfectamente las necesidades básicas de la población.

En la actualidad, actividades económicas muy diferentes, como la inversión en la construcción de un hospital o un proyecto puramente especulativo, se financian de manera similar. El poder político debe, al menos plantearse, imponer costes muy diferentes a unos y otros: los bajos tipos de interés se deben reservar para inversiones socialmente justas y ambientalmente sostenibles, mientras que las tasas muy altas, incluso prohibitivas cuando la situación lo exige, deben aplicarse a las operaciones de tipo especulativo siendo también deseable que pura y simplemente se prohíban en ciertos sectores [véase más arriba].

Una Europa basada en la solidaridad y la cooperación debe dar la espalda a la competencia y la rivalidad que nivelan «por abajo». La lógica neoliberal ha conducido a la crisis y ha revelado su fracaso. Dicha lógica ha empujado los indicadores sociales a la baja: menos protección social, menos empleo, menos servicios públicos. Los que se han beneficiado de esta crisis lo han hecho pisoteando los derechos de la mayoría. ¡Los culpables han ganado, las víctimas pagan! Esta lógica, que subyace en todos los textos fundadores de la Unión Europea, comenzando por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, debe atacarse directamente: no se puede sostener. El objetivo prioritario debe ser otra Europa basada en la cooperación entre los Estados y la solidaridad entre los pueblos. Para ello, las políticas presupuestarias y fiscales no deben ser uniformes, ya que las economías europeas presentan grandes diferencias, pero hay que coordinarlas para que finalmente surja una nivelación «por arriba». Hay que imponer políticas globales a escala europea que incluyan inversiones públicas masivas para la creación de empleo público en áreas claves [de los servicios comunitarios a las energías renovables, de la lucha contra el cambio climático a los sectores sociales básicos].

Esta otra Europa democratizada debe, según el CADTM, trabajar para imponer principios no negociables: el fortalecimiento de la justicia fiscal y social, decisiones dirigidas a elevar el nivel y la calidad de vida de sus habitantes, el desarme y la reducción radical del gasto militar [incluida la retirada de las tropas europeas de Afganistán y la salida de la OTAN], optar por energías sostenibles sin recurrir a la nuclear, rechazo de los organismos modificados genéticamente [OGM]. También debe acabar resueltamente con su política de fortaleza sitiada frente a los inmigrantes y convertirse en un socio justo y verdaderamente solidario con los pueblos del Sur del planeta.

Notas:

(1) Ver http://www.cadtm.org/IMG/pdf/Tract_CADTM_Europe_DEF_27aout2010.pdf. En este artículo recuperamos estas ocho propuestas, las actualizamos y las desarrollamos.

(2) Ver, de Éric Toussaint, Banco Mundial. El golpe de Estado permanente, capítulo 4.

(3) pensamos en Irlanda, que aplica una tasa sólo del 12,5% sobre los beneficios de las sociedades.

(4) Hay que señalar que esa tasa del 90% se impuso a los ricos a partir de la presidencia de Franklin Roosvelt en Estados Unidos en los años 30.

(5) Ver, de Damien Millet y Éric Toussaint, La Crise, quelles crises?, Aden-CADTM, CETIM, 210, capítulo 6.

(6) Las ventas al descubierto permiten especular sobre la bajada de un título vendiendo finalmente dicho título cuando ni siquiera se tiene. Las autoridades alemanas han prohibido las ventas al descubierto mientras que las autoridades francesas y las de otros países se oponen a esa medida.

Éric Toussaint es doctor en Ciencias Políticas por las universidades de Lieja y París VIII, presidente del CADTM Bélgica, miembro del Consejo Internacional del Foro Social Mundial y de la Comisión Presidencial de Auditoría Integral de la Deuda (CAIC) de Ecuador, miembro del Consejo Científico de ATTAC France, autor de los libros: Un coup d’œil dans le rétroviseur. L’idéologie néolibérale des origines jusqu’à aujourd’hui (Cerisier, 2010), Banque du Sud et nouvelle crise internationale (CADTM-Syllepse, 2008), Banque mondiale: le coup d’Etat permanent (CADTM-Syllepse-Cetim, 2006), La finance contre les peuples (CADTM-Syllepse-Cetim, 2004) y coautor con Damien Millet de los libros: La Crise, quelles crises? (Aden-CADTM-Cetim, 2010), 60 questions 60 réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale (CADTM-Syllepse, 2008) y Les tsunamis de la dette (CADTM-Syllepse, 2005). La próxima obra, que aparecerá en junio de 2011, es: La Dette ou la Vie, Aden-CADTM, 2011 (obra colectiva coordinada por Damien Millet y Eric Toussaint).

Eric Toussaint

Fuente: Rebelión

Traducido para Rebelión 23.04.11 por Jorge Aldao y Caty R.

http://www.cadtm.org/Huit-propositions-urgentes-pour

Políticos de primera clase

Tres mensajes de los líderes europeos a los ciudadanos. El primero: que la UE considera inaplazable, indiscutible e inevitable rebajar los salarios de los trabajadores, reducir el Estado del bienestar y abaratar el despido, tal y como han acordado los Gobiernos en el plan de ajustes del Pacto del Euro (ellos lo llaman “moderación salarial”, “contención del gasto” y “flexiseguridad laboral”, pero se refieren a lo mismo). El segundo: que la UE estudia recortar las becas Erasmus, que hay que ahorrar, aunque se trate del programa que más ha hecho por crear una unión no sólo económica. El tercero: que el cuento no va con ellos; que los eurodiputados no se van a apretar más cinturón que el de seguridad de los cómodos asientos de primera clase.

El Europarlamento debatió ayer varias enmiendas para recortar gastos. Ninguna prosperó. La mayoría de los eurodiputados votó en contra de rebajar su sueldo o sus dietas, que lo de la productividad no va con sus salarios. También rechazaron una moción para obligarse a viajar en turista, salvo para vuelos de más de cuatro horas. El presupuesto de la cámara no sólo no se reduce, sino que sube un 2,3%.

Por el irrenunciable derecho a volar en primera votaron todos los eurodiputados del PP, salvo Rosa Estarás; todos los del PSOE, salvo María Badía (PSC), que se abstuvo; y también el eurodiputado de UPyD, Francisco Sosa Wagner. A favor de la clase turista votaron los eurodiputados de ERC, de CiU y de ICV; Willy Meyer, de IU, no votó porque estaba de precampaña. El PNV se abstuvo.

Que sus señorías vuelen en turista no nos sacará de la crisis; es algo simbólico. Es el chocolate del loro (aunque ese loro ya murió de diabetes). Pero, ¿qué sacrificios pueden pedir unos políticos incapaces siquiera de renunciar al lujo más mínimo?

Ignacio Escolar. Público

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Actualización 6:06 Tras el cierre de esta columna, el PSOE anunció que cambiará su voto sobre los billetes en turista del no a la abstención. UPyD también ha anunciado a través de Twitter que publicará un comunicado en el que presumiblemente cambiará también su voto.

El rapto de la democracia europea

La deriva de la crisis financiera mundial, convertida en crisis de la deuda pública de Europa por decisión de la Unión Europea y de los grandes bancos internacionales, está transformándose a pasos agigantados en una crisis del sistema de representación democrática. El Pacto de Estabilidad del euro, que inicialmente era una ineficaz política dirigida a imponer límites artificiales al endeudamiento del sector público, se reforzó con el acuerdo puesto en marcha el año pasado bajo la denominación de Semestre Europeo, convirtiéndose en un intervencionismo en toda regla en las políticas de los Estados, al margen del debate ciudadano y por encima del poder legislativo de los parlamentos.

Este acuerdo establece que los Estados tienen que presentar a finales de abril las orientaciones básicas de las políticas públicas, están obligados a asumir las orientaciones y recomendaciones que el Consejo y la Comisión establezcan en el mes de junio, e incorporarlas durante el mes de julio, y solo después, en el segundo semestre del año, pasarán a discusión nacional las políticas así diseñadas, aunque la supervisión del Consejo se mantiene también durante el otoño, antes de la aprobación definitiva de los presupuestos del siguiente año.

Pero desde el 25 de marzo, con la aprobación del Pacto por el Euro Plus, no solo la política presupuestaria está bajo supervisión de la UE, pues se ha acordado situar a los gobiernos de la UE por encima de la soberanía nacional en la discusión de las políticas públicas ("los Estados miembros se comprometen a consultar a sus socios sobre todas y cada una de las reformas económicas importantes… antes de su adopción"). Se establece, sin preguntar a los ciudadanos su opinión, cuál es la prioridad máxima de las políticas públicas ("dar prioridad al restablecimiento de los equilibrios presupuestarios y la sostenibilidad presupuestaria"). Se fijan instrucciones concretas de actuación respecto a las entidades financieras ([los Estados] "elaborarán estrategias específicas y ambiciosas para reestructurar las entidades vulnerables, que incluirán soluciones del sector privado -financiación directa procedente del mercado o venta de activos-, pero también un marco sólido, en consonancia con las normas sobre ayudas estatales para la prestación de apoyo público en caso de necesidad"). Se sustituye a los agentes sociales en la definición de los contenidos y la orientación de la negociación colectiva ("Para evaluar si los salarios evolucionan de acuerdo con la productividad… se evaluarán los costes laborales unitarios… [aplicando] medidas que garanticen la evolución de los costes de acuerdo con la productividad, tales como: revisión de los acuerdos de fijación de salarios y, cuando sea necesario, del nivel de centralización del proceso de negociación y de los mecanismos de indexación… garantía de que la fijación de salarios en el sector público contribuye a los esfuerzos de competitividad en el sector privado"). Se delimita el alcance de la reforma fiscal ("reducción de la presión impositiva sobre las rentas del trabajo"), se insiste en la reducción de los sistemas públicos de pensiones ("ajuste del régimen de pensiones a la situación demográfica nacional, por ejemplo mediante el ajuste de la edad de jubilación efectiva a la esperanza de vida o mediante el incremento de la tasa de actividad; la limitación de los planes de jubilación anticipada y el uso de incentivos específicos para emplear a trabajadores de más edad, en especial en el tramo de edad de más de 55 años") y la OCDE, el principal organismo de difusión de la ideología neoliberal, que se financia con nuestros impuestos, acaba de insistir la semana pasada en que las rebajas que se han aplicado ya en la mitad de sus países miembros, son insuficientes. Y como remate, se exige otorgarle rango constitucional o de ley marco a los más que discutibles criterios del Pacto de Estabilidad.

En el mismo paquete se ha aprobado un fondo de estabilización financiera para los países de la Eurozona (Mecanismo Europeo de Estabilidad, MEDE), para el cual se establece que "el acceso a la asistencia financiera del MEDE se facilitará con arreglo a unas condiciones ligadas a unas medidas estrictas, con arreglo a un programa de ajuste macroeconómico y a un análisis riguroso de la sostenibilidad de la deuda pública… totalmente coherente con las prácticas del FMI". Curiosa esta presencia del FMI en Europa; en el acuerdo se especifica que "se recabará la participación activa del FMI tanto en el nivel técnico como en el nivel financiero".

Para medir la importancia de lo que está sucediendo, hay que recordar la denominada crisis de la deuda de Hispanoamérica en los años 80. La que se denominó "década perdida" en el desarrollo latinoamericano fue el resultado de la intervención del FMI, que impuso un ajuste estructural brutal para garantizar que la devolución de unos préstamos que la banca privada internacional se había esforzado en colocar durante los años 70, cuando la crisis industrial en los países desarrollados había reducido las oportunidades de colocación rentable de los petrodólares en Europa o en Estados Unidos. Recordar también que la imposición de la política de ajuste estructural solo fue posible por la existencia de dictaduras militares en muchos de esos países.

Claro que el que no se consuela es porque no quiere ya que, por ahora, en España solo se ha aplicado el código militar, eliminado los derechos democráticos correspondientes, a los controladores aéreos durante un breve periodo de tiempo. Pero seguramente veremos en los próximos meses, aquí o en otros países sometidos a ajustes fiscales, otras medidas de limitación de derechos constitucionales. Aunque probablemente no sea necesario aplicar los métodos de las fuerzas armadas suramericanas; en Europa, los modernos sistemas de control social permiten generar unos niveles de resignación social inconcebibles en otras coyunturas. A Margaret Thatcher le debemos el bautizo de este procedimiento (TINA: There Is No Alternative), que por la vía de restringir los márgenes legales para las protestas, y evitando el debate público y parlamentario de las posibles alternativas -de lo que no se habla no existe-, está dando grandes resultados también en la crisis europea de la deuda, donde los electores se limitan a decidir quién les va a aplicar la medicina decidida de antemano en las altas esferas corporativas y tecnocráticas de Bruselas.

De modo que el poder de los ciudadanos para decidir su presente y su futuro se reduce en la misma medida en que se refuerza el poder corporativo para poner al Estado al servicio de su gestión económica y financiera. La deuda externa pública de la Eurozona, unos 2,3 billones de euros, es muy inferior a la de los bancos, que se eleva a más de cinco billones, o la de las empresas, 2,4 billones más otro billón y medio de préstamos entre empresas de grupos multinacionales. Reduciendo la necesidad de crédito de los Estados, será más sencillo y barato refinanciar la deuda de bancos y empresas, que es donde se concentra el verdadero problema financiero. En el caso de España, el Estado tiene que amortizar o renegociar en los próximos doce meses unos 45 mil millones de euros, frente a 35 mil millones de las empresas y sobre todo, los 430 mil millones de las entidades financieras, cifra que incluso en términos netos, supone todavía un 20% del PIB. La presión sobre la deuda pública es un medio para garantizar además que los avales públicos entregados en su día para la primera fase de saneamiento (no dude el lector que, después de la de las Cajas, todavía quedan otras) se podrán hacer efectivos en caso de necesidad: en el caso de España, hay más de 150 mil millones de euros comprometidos.

Respecto a la deuda privada, la Comisión y el Consejo todo lo que han sido capaces de acordar es afirmar sin mayor compromiso que "se seguirá de cerca el nivel de la deuda privada de los bancos, las familias y las sociedades no financieras en cada uno de los Estados miembros". Los principales acreedores son los grandes bancos alemanes, franceses y holandeses. Y también los norteamericanos, lo que explica la relevancia que se le otorga al FMI en el ajuste de la deuda (pública) europea. Todos ellos son responsables de haber facilitado unos desequilibrios comerciales y de endeudamiento muy superiores a la capacidad de pago en los países deficitarios de la Eurozona.

¿Se podría aplicar otra política distinta a la acordada, en particular una que tuviera como principal objetivo crear varios millones de empleos a corto plazo? Claro que sí, pero ello requeriría que los acreedores pagaran al menos la mitad de la factura. Y a lo que se ve, no están por la labor. Y donde manda patrón bancario no manda marinero impositor.

Joaquín Arriola. Profesor Titular de Economía Política en la UPN
Deia

Otro pacto para el que “no hay alternativa”. El Pacto de Competitividad afectará a los salarios

La mejora de la competitividad es el nuevo mantra de las instituciones europeas para ahondar en el recorte de derechos sociolaborales impulsado con el pretexto de la crisis.

Fue tan común el empleo que hizo Margaret Tatcher de la expresión “There is no alternative” (no hay alternativa), que la prensa inglesa creó el acrónimo ‘Tina’ para sintetizar los discursos de la dama de hierro acerca de la necesidad de los recortes y el desmantelamiento del Estado de Bienestar. Con la premisa de que “Zapatero no tenía otra alternativa más que ir a los mercados financieros ante la crisis” –según dijo el filósofo de confianza del presidente, el francés Philipe Petit–, en los postres del acuerdo global, a los que se acercó la canciller alemana Angela Merkel, se dio a conocer el próximo movimiento para el que “no existe alternativa”.

El llamado Pacto de la Competitividad es una propuesta esbozada por Francia y Alemania que busca homogeneizar la política de los Estados de la UE en tres aspectos fundamentales. En primer lugar, las locomotoras económicas de Europa plantean que las legislaciones nacionales impongan un tope máximo al endeudamiento de los Estados. De este modo, el déficit público admitido quedará fijado en torno al 3%, cuando el FMI ha previsto que España cierre 2011 con un déficit superior al 6%. En segundo lugar, el pacto de competitividad plantea una reforma fiscal para tratar de paliar ventajas de unos países sobre otros a la hora de que las empresas transnacionales se instalen en la UE; en el Estado español esto se traducirá en una bajada del impuesto de sociedades. Por último, el aspecto más conocido de la propuesta es la intención de que las revisiones de los salarios dejen de estar ligadas a la inflación y pasen a depender de la productividad.

Como apunta el economista Nacho Álvarez, este tercer punto significará en la práctica “la institucionalización de un mecanismo de ajuste salarial permanente”. El problema, según ha explicado el analista político José María Zufiaur en la web nuevatribuna, no es tanto que los salarios evolucionen conforme al incremento de la productividad, sino que la propuesta no habla de los salarios reales, ligados al poder adquisitivo que proporciona el sueldo, sino de los salarios nominales, que, en caso de inflación, se ven mermados al desligarse del valor de los objetos de consumo. En el caso español, como señala Álvarez, esta modificación supondría que los efectos de la crisis repercutirán sobre los trabajadores por medio de la depresión salarial.

A la espera de lo que los gobiernos europeos decidan en la próxima cumbre de Bruselas respecto al Pacto de Competitividad, las principales transnacionales “españolas” han movido ficha. Así, el 21 de febrero se presentó el Consejo Empresarial para la Competitividad, un lobby que agrupa a 17 altos cargos, todos varones, de 17 empresas cuya facturación suma el 35,2% del Producto Interior Bruto español. Por si había alguna duda de la sintonía del Gobierno con este proyecto, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, se encargó de aclarar que el Consejo para la Competitividad “complementa la acción del Gobierno”.

“Cultura del esfuerzo”

Entre los asistentes a este acto estuvieron el presidente del consejo, César Alierta, de Telefónica, quien apeló a la necesidad de consolidar “la cultura del esfuerzo”; Antonio Brufau, presidente de Repsol, cuya empresa triplicó beneficios en 2010 con respecto a 2009; o Ignacio Sánchez Galán, de Iberdrola, otra empresa que batió récord de facturación en 2010. De las 17 empresas representadas, sólo cuatro (El Corte Inglés, Mercadona, Grupo Planeta y Grupo Barceló) no pertenecen al Ibex-35; mientras que las otras 13, que sí están presentes en este selectivo, utilizan paraísos fiscales para reducir el pago de impuestos según el informe del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa. La presencia de empresas en el Ibex en centros offshore ha crecido un 19% en los tres años que llevamos de crisis.

Pablo Elorduy

Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/Otro-pacto-para-el-que-no-hay.html

¡Ciudadanos europeos, uníos!

La suerte está echada. El juego está claro y cuanto más tarde identifiquemos las nuevas reglas más elevado será el coste para los ciudadanos europeos. La lucha de clases ha regresado a Europa. Lo ha hecho en términos tan nuevos que los actores sociales están perplejos y paralizados. Como práctica política, la lucha de clases entre el trabajo y el capital nació en Europa y, tras muchos años de confrontación violenta, fue en Europa donde se dio de manera más equilibrada y donde dio sus frutos más favorables.

Los adversarios comprobaron que la institucionalización de la lucha sería mutuamente beneficiosa: el capital consentiría altos niveles de tributación y la intervención del Estado a cambio de no ver amenazada su prosperidad; los trabajadores conquistarían importantes derechos sociales a cambio de renunciar a una alternativa socialista. Así surgió la concertación social y sus resultados más envidiables: altos niveles de competitividad asociados a altos niveles de protección social; el modelo social europeo y el Estado del bienestar; la posibilidad, sin precedentes en la historia, de que los trabajadores y sus familias pudieran hacer planes de futuro a medio plazo —educación de los hijos, compra de vivienda—; la paz social; el continente con los niveles más bajos de desigualdad social.

Todo este sistema está al borde del colapso y los resultados son imprevisibles. El informe que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha publicado sobre la economía española es una declaración de guerra: la acumulación histórica de las luchas sociales, de tantas y tan laboriosas negociaciones y de equilibrios tan duramente obtenidos, se echa por tierra con inaudita arrogancia y a España se le hace retroceder decenios en su historia: reducir drásticamente los salarios, destruir el sistema de pensiones, eliminar derechos laborales —para facilitar los despidos, reducir la indemnizaciones—. La misma receta se impondrá a Portugal, como ya se ha impuesto a Grecia y a otros países no sólo de Europa del sur.

Europa esta siendo víctima de una OPA [Oferta Pública de Adquisición] por parte del FMI, cocinada por los neoliberales que dominan la Unión Europea, de Merkel a Barroso, escondidos tras el FMI para no pagar los costes políticos de la devastación social. El sentido común neoliberal nos dice que la culpa es de la crisis, que estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades y que no hay dinero para tanto bienestar. Pero cualquier ciudadano medio entiende esto: si la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) calcula que 30.000 millones de dólares serían suficientes para resolver el problema del hambre en el mundo y los gobiernos insisten en que no hay dinero para ello, ¿cómo se explica que, de repente, hayan surgido 900.000 millones para rescatar al sistema financiero europeo?

La lucha de clases regresa bajo una nueva forma, aunque con la violencia de hace un siglo: esta vez es el capital financiero quien declara la guerra al trabajo. ¿Qué hacer? Habrá resistencia, pero para ser eficaz tiene que tener en cuenta dos hechos nuevos. En primer lugar, la fragmentación del trabajo y la sociedad de consumo dictarán la crisis de los sindicatos. Nunca los que trabajaron lo hicieron tanto y nunca les resultó tan difícil identificarse como trabajadores. La resistencia tendrá un pilar en los sindicatos, pero la lucha va a ser muy frágil si no es compartida en pie de igualdad por movimientos de mujeres, ambientalistas, consumidores, de derechos humanos, de inmigrantes, contra el racismo, la xenofobia y la homofobia. La crisis afecta a todos porque todos son trabajadores.

En segundo lugar no hay economías nacionales en Europa y, por tanto, la resistencia o es europea o no existe. Las luchas nacionales serán un blanco fácil de los que claman por la gobernabilidad, al mismo tiempo que desgobiernan. Los movimientos y organizaciones de toda Europa tienen que articularse para mostrar a los gobiernos que la estabilidad de los mercados no puede construirse sobre las ruinas de la estabilidad de las vidas de los ciudadanos y sus familias. No se trata de socialismo; es la demostración de que o la Unión Europea crea las condiciones para que el capital productivo se desvincule relativamente del capital financiero o el futuro es el fascismo, que deberá ser combatido por todos los medios.

Boaventura de Sousa Santos es sociólogo y profesor catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad de Coimbra (Portugal), Distinguished Legal Scholar de la Universidad de Wisconsin-Madison y Global Legal Scholar de la Universidad de Warwick.

Fuente: http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=16656

Traducido por Antoni Jesús Aguiló y revisado por Àlex Tarradellas

Desunión europea frente a la especulación

La UE afronta una situación inédita en su historia. El martes 18 mayo 2010, con las reticencias del Reino Unido, el ECOFIN aprobaba al fin el proyecto de directiva europea para la regulación de los fondos de inversión de alto riesgo y de los fondos de capital de riesgo, bajo la expresión equívoca de “fondos alternativos”. Aunque los titulares de prensa no lo dijeran, como ocurre con todas las directivas, en el mejor de los casos, este proyecto llevará algún tiempo hasta convertirse en ley aprobada en los 27 parlamentos nacionales.

Sin embargo, ese mismo día, al cierre de los mercados del euro, sin contar con sus socios europeos, la autoridad reguladora alemana, el Bafin, decretaba la prohibición temporal de la modalidad especulativa conocida como “naked short selling” o venta al descubierto, venta en falso o simulada de valores que no se tienen ni en préstamo. La prohibición alemana afecta a ciertas acciones de bancos y aseguradoras y de bonos soberanos y durará hasta el 31 Marzo de 2011. Una decisión clara contra las apuestas baratas que buscan beneficios limpios, provocando la bajada de los bonos de los Estados del euro y de valores en euros. Alemania considera desestabilizadora esa especulación en los mercados financieros, culpada por políticos despiertos de haber exacerbado la crisis de la deuda griega. Especulaciones que han provocado la volatilidad excepcional llevando al euro a alcanza el nivel más bajo de 1,22 $ en cuatro años.

Y es que desde meses, los especialistas avisaban de los riesgos de las “burbujas sobre la deuda soberana”, sobre los bonos gubernamentales, y del billón de euros que necesita el Eurogrupo para cubrir el déficit y refinanciar el endeudamiento agudizado por la propia crisis económica de raíz financiera. En otras palabras, se evidenciaban grandes oportunidades aprovechadas por los depredadores como prueban, por ejemplo, dos hechos concretos documentados, aparentemente triviales.

Primero, en febrero pasado, tenía lugar un conciliábulo en Manhattan so capa de una cena que tuvo lugar en el restaurante Park Avenue Townhouse, con unos 20 personajes de las finanzas y que algunos comensales catalogaron como “un intercambio de ideas en torno a una mesa”. Pero allí se habló de apostar masivamente por la bajada del euro mediante la práctica del “short selling” o de ventas en corto o en falso; es decir, tomando prestados de un tercero valores que después se adquieren para devolverlos y cubrir esas ventas cuando ya se ha producido la bajada esperada o buscada. La especulación desaforada que contribuyó a la quiebra de Lehman Brothers y que sigue sin prohibirse o regularse a nivel europeo o global. Según uno de los presentes, se comentó que “Grecia es importante pero no tan importante; que hay que empezar a pensar en otro país. Después de Grecia, ¿cuál? España, Irlanda, Portugal”. Y otros añadían Italia. Son hechos desvelados por The New York Times del 3 marzo de este año, frente a los cuales la UE no hizo nada.

El segundo hecho ocurrió después de aquella cena, cuando el Departamento de Justicia de los EEUU abría expediente a cuatro hedge funds o fondos de inversiones de alto riesgo, solicitándoles que presentaran sus registros de operaciones comerciales, acusados entre otros cargos de apostar contra los valores del euro. Esos cuatro fondos investigados son Greenlight Capital, SAC Capitol Advisors, Paulson & Company y el Soros Fund Management, todos ellos nombres muy destacados por su potencial milmillonario y con historiales de dudosa legalidad. El problema es probar que coordinaron sus apuestas para hacer caer al euro; siendo difícil de demostrar la intención de actuar conjuntamente, como decía The Washington Street Journal del día mencionado. Los del gremio se apresuraron a defender las posiciones especulativas calificando la investigación abierta como “caza de brujas”. Y el portavoz del magnate George Soros señalaba que les culpan siempre que surgen problemas en los mercados monetarios.

En esta tercera semana de mayo, difundida la noticia de la decisión alemana contra esta especulación bolsística, algunos expertos auguraban un impulso alcista en los mercados del euro con el previsible cierre de posiciones bajistas; es decir, compras destinadas a devolver los valores tomados en préstamos y vendidos. Pero eso no ha sucedido al día siguiente, entre otras razones porque la decisión unilateral de Alemania adoptada sin consultar ni advertir a sus socios europeos, provocaba en Bruselas, Madrid, Paris y Londres, sorpresa, irritación y confusión, incapaces de alinearse en un frente europeo contra la especulación; sobre todo por la obstrucción desde la City, desde donde proceden -aseguran los periodistas especializados- los mayores ataques especulativos contra los bonos soberanos del euro.

Todo ello precisamente en unos momentos en que la UE, tras el acuerdo sobre los préstamos bilaterales para ayudar a Grecia y acordados los fondos de estabilización de 750,000 millones de euros, tiene pendiente su puesta en práctica. Porque, oh paradoja, para ayudar a los gobiernos más débiles frente a los especuladores financieros, se espera que sean “los mercados” los que aporten esos fondos previstos a través del SPV o “instrumento con fines específicos” acordado; o sea, una sociedad financiera común participada por los propios gobiernos del Eurogrupo que venderá unos títulos o bonos. Pero, como tributo al dios-mercado, mientras tanto hay que aplicar recortes sociales y planes de ajuste fiscal obstaculizando la recuperación económica con el fin de impedir veleidades de cualquier gobierno que intentara romper el consenso neoliberal sobre el que se ha reconstruido esta Unión Europea del tratado de Lisboa, de cuyas pretendidas bondades ahora nadie se acuerda.

Juan Hernández Vigueras – Consejo Científico de ATTAC España

La Europa Opaca de las Finanzas

La cuestión social

Ignacio Ramonet. Le Monde Diplomatique

Bajo el lema "¡Alto a la miseria!", la Unión Europea (UE) ha declarado 2010 "Año de la pobreza y de la exclusión social". Y es que ya hay, en la Europa de los Veintisiete, unos 85 millones de pobres (1)... Un europeo de cada seis sobrevive en la penuria (2). Y la situación se sigue degradando a medida que se extiende la onda expansiva de la crisis. La cuestión social vuelve a colocarse en el corazón del debate. La ira popular se manifiesta contra los Planes de austeridad en Grecia, Portugal, España, Irlanda, etc. Las huelgas y las protestas violentas se multiplican. Muchos ciudadanos expresan también un rechazo a la oferta política (crece la abstención y el voto en blanco) o una adhesión a diversos fanatismos (sube la extrema derecha y la xenofobia). Porque la pobreza y la desesperación social ponen en crisis al propio sistema democrático. ¿Asisteremos a una explosiva primavera del descontento europeo?

En España, el 20% de la población, o sea unos diez millones de personas, se hallan ya en la pobreza (3). Con casos particularmente indignantes como el de los hijos de extracomunitarios (más de la mitad de ellos viven en la indigencia), y el de las "personas sin hogar", nivel máximo de exclusión social (4). Hay más de 30.000 personas sin hogar (en Europa, cerca de medio millón). Centenares de ellas, cada invierno, mueren en la calle...

¿Quiénes son esos pobres de hoy? Campesinos explotados por las grandes distribuidoras, jubilados aislados, mujeres solas con hijos, jóvenes con empleos basura, parejas con hijos viviendo con un único sueldo, y obviamente la gran cohorte de activos que la crisis acaba de dejar sin empleo. Jamás hubo en la UE tantos parados: 23 millones (cinco más que hace un año). Lo peor es que la violencia del desempleo golpea sobre todo a los menores de 25 años. En materia de paro juvenil, España ostenta la tasa más catastrófica de Europa: 44,5% (la media europea: 20%).

Si la cuestión social se plantea hoy de modo tan espinoso es porque coincide con la crisis del Estado de bienestar. Desde los años 1970, con el auge de la globalización económica, salimos del capitalismo industrial para adentrarnos en una era de capitalismo salvaje cuya dinámica profunda es la desocialización , la destrucción del contrato social. Por eso se están respetando tan poco los conceptos de solidaridad y de justicia social.

La transformación principal se ha producido en el ámbito de la organización del trabajo. El estatuto profesional de los asalariados se ha degradado. En un contexto caracterizado por el desempleo masivo, la precariedad deja de ser un "mal momento transitorio" mientras se encuentra un empleo fijo, y se convierte en un estado permanente. Lo que el sociólogo francés Robert Castel llama: el "precariado" (5), una nueva condición infrasalarial que se ha extendido por toda Europa. En Portugal, por ejemplo, un asalariado de cada cinco tiene ya un contrato llamado "recibo verde". Aunque trabaje desde hace años en la misma oficina o la misma fábrica, con horarios fijos, su patrón es un simple cliente al que factura un servicio y quien puede, de la noche a la mañana, sin ninguna indemnización, romper el contrato.

Semejante degradación del estatuto de asalariado agrava las desigualdades porque excluye de hecho a un número cada vez mayor de personas (sobre todo jóvenes) del sistema de proteccion del Estado de bienestar. Las aísla, las margina, las rompe. ¿Cuántos suicidios de trabajadores en su lugar mismo de trabajo? Abandonados a sí mismos, en feroz competencia de todos contra todos, los individuos viven en una especie de jungla. Lo cual desconcierta a muchos sindicatos, otrora poderosos, y tentados hoy de colaborar con las patronales.

La eficacia económica se ha convertido en la preocupación central de las empresas, que descargan sobre el Estado sus obligaciones de solidaridad. A su vez, el Estado desvía estos imperativos hacia las Organizaciones no gubernamentales (ONG) o las redes humanitarias privadas. De ese modo, lo económico y lo social se van alejando permanentemente el uno del otro. Y el contraste entre los dos resulta cada vez más escandaloso.

Por ejemplo, en España, mientras el número de parados alcanzaba en 2009 la cifra de 4,5 millones (3,1 millones en 2008), las empresas cotizadas en Bolsa repartían 32.300 millones de euros a sus accionistas (19% más que en 2008). El año pasado, los beneficios de los diez principales bancos europeos superaron los 50.000 millones de euros... En un continente castigado por la peor recesión desde 1929... ¿Cómo es posible? Porque a partir de la crisis del otoño de 2008, los Bancos centrales prestaron masivamente, con tipos de interés minimos, a la banca privada. Ésta utilizó ese dinero barato para prestar a su vez, con tipos más elevados, a las famlias, a las empresas... y a los propios Estados. Así ganó esas millonadas. Ahora, la deuda soberana alcanza niveles excepcionales en varios países -Grecia, Irlanda, Portugal, España...- cuyos gobiernos han tenido que imponer drásticos Planes de austeridad a sus ciudadanos para satisfacer las exigencias de los actores financieros... causantes de la crisis del 2008. Una desvergüenza que exaspera y enfurece a millones de asalariados europeos.

Los ricos siguen enriqueciéndose mientras crece el número de personas sin empleo o en la precaridad, con un poder adquisitivo más reducido, en condiciones de trabajo degradadas, soportando la violencia física y simbólica de unas relaciones sociales endurecidas en una sociedad cada vez menos cohesionada. ¿Cuánto aguantará el hastío popular? ¿Acaso no advirtió el propio Fondo Monetario Internacional (FMI), el pasado 17 de marzo, que si no se reforma el sistema financiero "habrá revuelta social"?

Notas:

(1) Es "pobre" la personas que vive con menos del 50% de la Renta media disponible neta (Rdn) del país correspondiente. En España, el ingreso medio mensual se sitúa en torno a los mil euros.

(2) Cf. The Social Situation in the European Union 2007 , Bruselas, 2008 (http://ec.europa.eu/ employment_social/spsi/reports_social_situation_fr.htm).

(3) Léase Informe de la Inclusion social en España , Fundació Un sol mon, Caixa Catalunya, Barcelona, 2008.

(4) Consúltese: www.enredpsh.org

(5) Robert Castel, La Metamorfosis de la cuestión social , Paidós, Barcelona, 1997.