Otro pacto para el que “no hay alternativa”. El Pacto de Competitividad afectará a los salarios

La mejora de la competitividad es el nuevo mantra de las instituciones europeas para ahondar en el recorte de derechos sociolaborales impulsado con el pretexto de la crisis.

Fue tan común el empleo que hizo Margaret Tatcher de la expresión “There is no alternative” (no hay alternativa), que la prensa inglesa creó el acrónimo ‘Tina’ para sintetizar los discursos de la dama de hierro acerca de la necesidad de los recortes y el desmantelamiento del Estado de Bienestar. Con la premisa de que “Zapatero no tenía otra alternativa más que ir a los mercados financieros ante la crisis” –según dijo el filósofo de confianza del presidente, el francés Philipe Petit–, en los postres del acuerdo global, a los que se acercó la canciller alemana Angela Merkel, se dio a conocer el próximo movimiento para el que “no existe alternativa”.

El llamado Pacto de la Competitividad es una propuesta esbozada por Francia y Alemania que busca homogeneizar la política de los Estados de la UE en tres aspectos fundamentales. En primer lugar, las locomotoras económicas de Europa plantean que las legislaciones nacionales impongan un tope máximo al endeudamiento de los Estados. De este modo, el déficit público admitido quedará fijado en torno al 3%, cuando el FMI ha previsto que España cierre 2011 con un déficit superior al 6%. En segundo lugar, el pacto de competitividad plantea una reforma fiscal para tratar de paliar ventajas de unos países sobre otros a la hora de que las empresas transnacionales se instalen en la UE; en el Estado español esto se traducirá en una bajada del impuesto de sociedades. Por último, el aspecto más conocido de la propuesta es la intención de que las revisiones de los salarios dejen de estar ligadas a la inflación y pasen a depender de la productividad.

Como apunta el economista Nacho Álvarez, este tercer punto significará en la práctica “la institucionalización de un mecanismo de ajuste salarial permanente”. El problema, según ha explicado el analista político José María Zufiaur en la web nuevatribuna, no es tanto que los salarios evolucionen conforme al incremento de la productividad, sino que la propuesta no habla de los salarios reales, ligados al poder adquisitivo que proporciona el sueldo, sino de los salarios nominales, que, en caso de inflación, se ven mermados al desligarse del valor de los objetos de consumo. En el caso español, como señala Álvarez, esta modificación supondría que los efectos de la crisis repercutirán sobre los trabajadores por medio de la depresión salarial.

A la espera de lo que los gobiernos europeos decidan en la próxima cumbre de Bruselas respecto al Pacto de Competitividad, las principales transnacionales “españolas” han movido ficha. Así, el 21 de febrero se presentó el Consejo Empresarial para la Competitividad, un lobby que agrupa a 17 altos cargos, todos varones, de 17 empresas cuya facturación suma el 35,2% del Producto Interior Bruto español. Por si había alguna duda de la sintonía del Gobierno con este proyecto, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, se encargó de aclarar que el Consejo para la Competitividad “complementa la acción del Gobierno”.

“Cultura del esfuerzo”

Entre los asistentes a este acto estuvieron el presidente del consejo, César Alierta, de Telefónica, quien apeló a la necesidad de consolidar “la cultura del esfuerzo”; Antonio Brufau, presidente de Repsol, cuya empresa triplicó beneficios en 2010 con respecto a 2009; o Ignacio Sánchez Galán, de Iberdrola, otra empresa que batió récord de facturación en 2010. De las 17 empresas representadas, sólo cuatro (El Corte Inglés, Mercadona, Grupo Planeta y Grupo Barceló) no pertenecen al Ibex-35; mientras que las otras 13, que sí están presentes en este selectivo, utilizan paraísos fiscales para reducir el pago de impuestos según el informe del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa. La presencia de empresas en el Ibex en centros offshore ha crecido un 19% en los tres años que llevamos de crisis.

Pablo Elorduy

Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/Otro-pacto-para-el-que-no-hay.html

¡Ciudadanos europeos, uníos!

La suerte está echada. El juego está claro y cuanto más tarde identifiquemos las nuevas reglas más elevado será el coste para los ciudadanos europeos. La lucha de clases ha regresado a Europa. Lo ha hecho en términos tan nuevos que los actores sociales están perplejos y paralizados. Como práctica política, la lucha de clases entre el trabajo y el capital nació en Europa y, tras muchos años de confrontación violenta, fue en Europa donde se dio de manera más equilibrada y donde dio sus frutos más favorables.

Los adversarios comprobaron que la institucionalización de la lucha sería mutuamente beneficiosa: el capital consentiría altos niveles de tributación y la intervención del Estado a cambio de no ver amenazada su prosperidad; los trabajadores conquistarían importantes derechos sociales a cambio de renunciar a una alternativa socialista. Así surgió la concertación social y sus resultados más envidiables: altos niveles de competitividad asociados a altos niveles de protección social; el modelo social europeo y el Estado del bienestar; la posibilidad, sin precedentes en la historia, de que los trabajadores y sus familias pudieran hacer planes de futuro a medio plazo —educación de los hijos, compra de vivienda—; la paz social; el continente con los niveles más bajos de desigualdad social.

Todo este sistema está al borde del colapso y los resultados son imprevisibles. El informe que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha publicado sobre la economía española es una declaración de guerra: la acumulación histórica de las luchas sociales, de tantas y tan laboriosas negociaciones y de equilibrios tan duramente obtenidos, se echa por tierra con inaudita arrogancia y a España se le hace retroceder decenios en su historia: reducir drásticamente los salarios, destruir el sistema de pensiones, eliminar derechos laborales —para facilitar los despidos, reducir la indemnizaciones—. La misma receta se impondrá a Portugal, como ya se ha impuesto a Grecia y a otros países no sólo de Europa del sur.

Europa esta siendo víctima de una OPA [Oferta Pública de Adquisición] por parte del FMI, cocinada por los neoliberales que dominan la Unión Europea, de Merkel a Barroso, escondidos tras el FMI para no pagar los costes políticos de la devastación social. El sentido común neoliberal nos dice que la culpa es de la crisis, que estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades y que no hay dinero para tanto bienestar. Pero cualquier ciudadano medio entiende esto: si la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) calcula que 30.000 millones de dólares serían suficientes para resolver el problema del hambre en el mundo y los gobiernos insisten en que no hay dinero para ello, ¿cómo se explica que, de repente, hayan surgido 900.000 millones para rescatar al sistema financiero europeo?

La lucha de clases regresa bajo una nueva forma, aunque con la violencia de hace un siglo: esta vez es el capital financiero quien declara la guerra al trabajo. ¿Qué hacer? Habrá resistencia, pero para ser eficaz tiene que tener en cuenta dos hechos nuevos. En primer lugar, la fragmentación del trabajo y la sociedad de consumo dictarán la crisis de los sindicatos. Nunca los que trabajaron lo hicieron tanto y nunca les resultó tan difícil identificarse como trabajadores. La resistencia tendrá un pilar en los sindicatos, pero la lucha va a ser muy frágil si no es compartida en pie de igualdad por movimientos de mujeres, ambientalistas, consumidores, de derechos humanos, de inmigrantes, contra el racismo, la xenofobia y la homofobia. La crisis afecta a todos porque todos son trabajadores.

En segundo lugar no hay economías nacionales en Europa y, por tanto, la resistencia o es europea o no existe. Las luchas nacionales serán un blanco fácil de los que claman por la gobernabilidad, al mismo tiempo que desgobiernan. Los movimientos y organizaciones de toda Europa tienen que articularse para mostrar a los gobiernos que la estabilidad de los mercados no puede construirse sobre las ruinas de la estabilidad de las vidas de los ciudadanos y sus familias. No se trata de socialismo; es la demostración de que o la Unión Europea crea las condiciones para que el capital productivo se desvincule relativamente del capital financiero o el futuro es el fascismo, que deberá ser combatido por todos los medios.

Boaventura de Sousa Santos es sociólogo y profesor catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad de Coimbra (Portugal), Distinguished Legal Scholar de la Universidad de Wisconsin-Madison y Global Legal Scholar de la Universidad de Warwick.

Fuente: http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=16656

Traducido por Antoni Jesús Aguiló y revisado por Àlex Tarradellas

Desunión europea frente a la especulación

La UE afronta una situación inédita en su historia. El martes 18 mayo 2010, con las reticencias del Reino Unido, el ECOFIN aprobaba al fin el proyecto de directiva europea para la regulación de los fondos de inversión de alto riesgo y de los fondos de capital de riesgo, bajo la expresión equívoca de “fondos alternativos”. Aunque los titulares de prensa no lo dijeran, como ocurre con todas las directivas, en el mejor de los casos, este proyecto llevará algún tiempo hasta convertirse en ley aprobada en los 27 parlamentos nacionales.

Sin embargo, ese mismo día, al cierre de los mercados del euro, sin contar con sus socios europeos, la autoridad reguladora alemana, el Bafin, decretaba la prohibición temporal de la modalidad especulativa conocida como “naked short selling” o venta al descubierto, venta en falso o simulada de valores que no se tienen ni en préstamo. La prohibición alemana afecta a ciertas acciones de bancos y aseguradoras y de bonos soberanos y durará hasta el 31 Marzo de 2011. Una decisión clara contra las apuestas baratas que buscan beneficios limpios, provocando la bajada de los bonos de los Estados del euro y de valores en euros. Alemania considera desestabilizadora esa especulación en los mercados financieros, culpada por políticos despiertos de haber exacerbado la crisis de la deuda griega. Especulaciones que han provocado la volatilidad excepcional llevando al euro a alcanza el nivel más bajo de 1,22 $ en cuatro años.

Y es que desde meses, los especialistas avisaban de los riesgos de las “burbujas sobre la deuda soberana”, sobre los bonos gubernamentales, y del billón de euros que necesita el Eurogrupo para cubrir el déficit y refinanciar el endeudamiento agudizado por la propia crisis económica de raíz financiera. En otras palabras, se evidenciaban grandes oportunidades aprovechadas por los depredadores como prueban, por ejemplo, dos hechos concretos documentados, aparentemente triviales.

Primero, en febrero pasado, tenía lugar un conciliábulo en Manhattan so capa de una cena que tuvo lugar en el restaurante Park Avenue Townhouse, con unos 20 personajes de las finanzas y que algunos comensales catalogaron como “un intercambio de ideas en torno a una mesa”. Pero allí se habló de apostar masivamente por la bajada del euro mediante la práctica del “short selling” o de ventas en corto o en falso; es decir, tomando prestados de un tercero valores que después se adquieren para devolverlos y cubrir esas ventas cuando ya se ha producido la bajada esperada o buscada. La especulación desaforada que contribuyó a la quiebra de Lehman Brothers y que sigue sin prohibirse o regularse a nivel europeo o global. Según uno de los presentes, se comentó que “Grecia es importante pero no tan importante; que hay que empezar a pensar en otro país. Después de Grecia, ¿cuál? España, Irlanda, Portugal”. Y otros añadían Italia. Son hechos desvelados por The New York Times del 3 marzo de este año, frente a los cuales la UE no hizo nada.

El segundo hecho ocurrió después de aquella cena, cuando el Departamento de Justicia de los EEUU abría expediente a cuatro hedge funds o fondos de inversiones de alto riesgo, solicitándoles que presentaran sus registros de operaciones comerciales, acusados entre otros cargos de apostar contra los valores del euro. Esos cuatro fondos investigados son Greenlight Capital, SAC Capitol Advisors, Paulson & Company y el Soros Fund Management, todos ellos nombres muy destacados por su potencial milmillonario y con historiales de dudosa legalidad. El problema es probar que coordinaron sus apuestas para hacer caer al euro; siendo difícil de demostrar la intención de actuar conjuntamente, como decía The Washington Street Journal del día mencionado. Los del gremio se apresuraron a defender las posiciones especulativas calificando la investigación abierta como “caza de brujas”. Y el portavoz del magnate George Soros señalaba que les culpan siempre que surgen problemas en los mercados monetarios.

En esta tercera semana de mayo, difundida la noticia de la decisión alemana contra esta especulación bolsística, algunos expertos auguraban un impulso alcista en los mercados del euro con el previsible cierre de posiciones bajistas; es decir, compras destinadas a devolver los valores tomados en préstamos y vendidos. Pero eso no ha sucedido al día siguiente, entre otras razones porque la decisión unilateral de Alemania adoptada sin consultar ni advertir a sus socios europeos, provocaba en Bruselas, Madrid, Paris y Londres, sorpresa, irritación y confusión, incapaces de alinearse en un frente europeo contra la especulación; sobre todo por la obstrucción desde la City, desde donde proceden -aseguran los periodistas especializados- los mayores ataques especulativos contra los bonos soberanos del euro.

Todo ello precisamente en unos momentos en que la UE, tras el acuerdo sobre los préstamos bilaterales para ayudar a Grecia y acordados los fondos de estabilización de 750,000 millones de euros, tiene pendiente su puesta en práctica. Porque, oh paradoja, para ayudar a los gobiernos más débiles frente a los especuladores financieros, se espera que sean “los mercados” los que aporten esos fondos previstos a través del SPV o “instrumento con fines específicos” acordado; o sea, una sociedad financiera común participada por los propios gobiernos del Eurogrupo que venderá unos títulos o bonos. Pero, como tributo al dios-mercado, mientras tanto hay que aplicar recortes sociales y planes de ajuste fiscal obstaculizando la recuperación económica con el fin de impedir veleidades de cualquier gobierno que intentara romper el consenso neoliberal sobre el que se ha reconstruido esta Unión Europea del tratado de Lisboa, de cuyas pretendidas bondades ahora nadie se acuerda.

Juan Hernández Vigueras – Consejo Científico de ATTAC España

La Europa Opaca de las Finanzas

La cuestión social

Ignacio Ramonet. Le Monde Diplomatique

Bajo el lema "¡Alto a la miseria!", la Unión Europea (UE) ha declarado 2010 "Año de la pobreza y de la exclusión social". Y es que ya hay, en la Europa de los Veintisiete, unos 85 millones de pobres (1)... Un europeo de cada seis sobrevive en la penuria (2). Y la situación se sigue degradando a medida que se extiende la onda expansiva de la crisis. La cuestión social vuelve a colocarse en el corazón del debate. La ira popular se manifiesta contra los Planes de austeridad en Grecia, Portugal, España, Irlanda, etc. Las huelgas y las protestas violentas se multiplican. Muchos ciudadanos expresan también un rechazo a la oferta política (crece la abstención y el voto en blanco) o una adhesión a diversos fanatismos (sube la extrema derecha y la xenofobia). Porque la pobreza y la desesperación social ponen en crisis al propio sistema democrático. ¿Asisteremos a una explosiva primavera del descontento europeo?

En España, el 20% de la población, o sea unos diez millones de personas, se hallan ya en la pobreza (3). Con casos particularmente indignantes como el de los hijos de extracomunitarios (más de la mitad de ellos viven en la indigencia), y el de las "personas sin hogar", nivel máximo de exclusión social (4). Hay más de 30.000 personas sin hogar (en Europa, cerca de medio millón). Centenares de ellas, cada invierno, mueren en la calle...

¿Quiénes son esos pobres de hoy? Campesinos explotados por las grandes distribuidoras, jubilados aislados, mujeres solas con hijos, jóvenes con empleos basura, parejas con hijos viviendo con un único sueldo, y obviamente la gran cohorte de activos que la crisis acaba de dejar sin empleo. Jamás hubo en la UE tantos parados: 23 millones (cinco más que hace un año). Lo peor es que la violencia del desempleo golpea sobre todo a los menores de 25 años. En materia de paro juvenil, España ostenta la tasa más catastrófica de Europa: 44,5% (la media europea: 20%).

Si la cuestión social se plantea hoy de modo tan espinoso es porque coincide con la crisis del Estado de bienestar. Desde los años 1970, con el auge de la globalización económica, salimos del capitalismo industrial para adentrarnos en una era de capitalismo salvaje cuya dinámica profunda es la desocialización , la destrucción del contrato social. Por eso se están respetando tan poco los conceptos de solidaridad y de justicia social.

La transformación principal se ha producido en el ámbito de la organización del trabajo. El estatuto profesional de los asalariados se ha degradado. En un contexto caracterizado por el desempleo masivo, la precariedad deja de ser un "mal momento transitorio" mientras se encuentra un empleo fijo, y se convierte en un estado permanente. Lo que el sociólogo francés Robert Castel llama: el "precariado" (5), una nueva condición infrasalarial que se ha extendido por toda Europa. En Portugal, por ejemplo, un asalariado de cada cinco tiene ya un contrato llamado "recibo verde". Aunque trabaje desde hace años en la misma oficina o la misma fábrica, con horarios fijos, su patrón es un simple cliente al que factura un servicio y quien puede, de la noche a la mañana, sin ninguna indemnización, romper el contrato.

Semejante degradación del estatuto de asalariado agrava las desigualdades porque excluye de hecho a un número cada vez mayor de personas (sobre todo jóvenes) del sistema de proteccion del Estado de bienestar. Las aísla, las margina, las rompe. ¿Cuántos suicidios de trabajadores en su lugar mismo de trabajo? Abandonados a sí mismos, en feroz competencia de todos contra todos, los individuos viven en una especie de jungla. Lo cual desconcierta a muchos sindicatos, otrora poderosos, y tentados hoy de colaborar con las patronales.

La eficacia económica se ha convertido en la preocupación central de las empresas, que descargan sobre el Estado sus obligaciones de solidaridad. A su vez, el Estado desvía estos imperativos hacia las Organizaciones no gubernamentales (ONG) o las redes humanitarias privadas. De ese modo, lo económico y lo social se van alejando permanentemente el uno del otro. Y el contraste entre los dos resulta cada vez más escandaloso.

Por ejemplo, en España, mientras el número de parados alcanzaba en 2009 la cifra de 4,5 millones (3,1 millones en 2008), las empresas cotizadas en Bolsa repartían 32.300 millones de euros a sus accionistas (19% más que en 2008). El año pasado, los beneficios de los diez principales bancos europeos superaron los 50.000 millones de euros... En un continente castigado por la peor recesión desde 1929... ¿Cómo es posible? Porque a partir de la crisis del otoño de 2008, los Bancos centrales prestaron masivamente, con tipos de interés minimos, a la banca privada. Ésta utilizó ese dinero barato para prestar a su vez, con tipos más elevados, a las famlias, a las empresas... y a los propios Estados. Así ganó esas millonadas. Ahora, la deuda soberana alcanza niveles excepcionales en varios países -Grecia, Irlanda, Portugal, España...- cuyos gobiernos han tenido que imponer drásticos Planes de austeridad a sus ciudadanos para satisfacer las exigencias de los actores financieros... causantes de la crisis del 2008. Una desvergüenza que exaspera y enfurece a millones de asalariados europeos.

Los ricos siguen enriqueciéndose mientras crece el número de personas sin empleo o en la precaridad, con un poder adquisitivo más reducido, en condiciones de trabajo degradadas, soportando la violencia física y simbólica de unas relaciones sociales endurecidas en una sociedad cada vez menos cohesionada. ¿Cuánto aguantará el hastío popular? ¿Acaso no advirtió el propio Fondo Monetario Internacional (FMI), el pasado 17 de marzo, que si no se reforma el sistema financiero "habrá revuelta social"?

Notas:

(1) Es "pobre" la personas que vive con menos del 50% de la Renta media disponible neta (Rdn) del país correspondiente. En España, el ingreso medio mensual se sitúa en torno a los mil euros.

(2) Cf. The Social Situation in the European Union 2007 , Bruselas, 2008 (http://ec.europa.eu/ employment_social/spsi/reports_social_situation_fr.htm).

(3) Léase Informe de la Inclusion social en España , Fundació Un sol mon, Caixa Catalunya, Barcelona, 2008.

(4) Consúltese: www.enredpsh.org

(5) Robert Castel, La Metamorfosis de la cuestión social , Paidós, Barcelona, 1997.

Pobreza dentro y fuera

El próximo 21 de enero tendrá lugar en Madrid la Conferencia de Apertura del Año Europeo para Combatir la Pobreza y la Exclusión Social, en el marco de la presidencia española de la Unión Europea. También será un año clave para el desarrollo, ya que se celebrará la sesión de alto nivel de la Organización de Naciones Unidas para la revisión de los Objetivos del Milenio. Se hablará de pobreza dentro y fuera de las fronteras europeas, pero ¿se unen con coherencia estas dos realidades en una misma agenda política de la UE?

En la Unión se considera que una persona es pobre si su renta está por debajo del 60% del salario medio del país en el que vive. Según este indicador, alrededor de 80 millones de europeos viven en el umbral de la pobreza o por debajo de él. Uno de cada diez ciudadanos de la UE vive en una familia en la que nadie tiene un empleo y, entre los que lo tienen, hay un 8% cuyo trabajo no basta para sacarlo de la pobreza. Por ello, los objetivos clave de la UE para este 2010 son, por un lado, aumentar la conciencia social sobre este tema y, por otro, renovar la política común de la Unión y sus Estados miembros para combatir la pobreza y la exclusión social.

Pero en 2010 también está prevista la revisión de los Objetivos del Milenio, objetivos que 189 países adoptaron para alcanzar una visión del mundo en la cual los países desarrollados y en desarrollo trabajarían en una alianza para el beneficio de todos. A sçolo cinco años de la fecha límite para alcanzar dichos objetivos (2015), la realidad es que el avance ha sido más lento de lo esperado. Sigue habiendo alrededor de 1.400 millones de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza; esto es, con menos de 1,25 dólares al día.

El compromiso que asume la UE con la pobreza, incluso bajo los devastadores efectos de la crisis actual, no deja lugar a dudas. El presupuesto europeo para la política de desarrollo es, en términos relativos, el del mayor donante del mundo. Sin embargo, la ciudadanía europea no considera que la UE sea un actor principal para combatir la pobreza ni para evitar que haya aumentado en su país en los últimos tres años, tal y como opinan el 80% de los europeos. ¿A qué se debe?

Por un lado, en la Unión Europea, la política de desarrollo está ligada a la política exterior y a su vez está estrechamente condicionada por las agendas e intereses nacionales de los estados miembros. De hecho, la capacidad de la Comisión para impulsar la coordinación en la Unión depende de la voluntad política de los Estados, una voluntad que se define por sí sola a través de los presupuestos que la acompañan. Así se refleja en las aportaciones que los Estados miembros destinan a la cooperación al desarrollo a través de la Comisión, una contribución cuyo promedio no supera el 20% de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de cualquiera de los estados miembros (UE-15). Un porcentaje muy ajustado si tenemos en cuenta, por ejemplo, que España canaliza el 51,31% de su AOD a través de organismos multilaterales de desarrollo y un 48%, directamente a través de sus propias instituciones. Necesariamente, surge una reflexión en torno al compromiso real de los Estados miembros con la UE en materia de desarrollo. ¿Cómo es posible que se esté pidiendo más Unión si ni siquiera en una política de consenso –como es la de Ayuda al Desarrollo– los Estados miembros son capaces de subir la apuesta?

Por otro lado, la actual crisis en Europa pone en riesgo a la mayoría de los grupos vulnerables que conseguían sobrevivir en la época de bonanza. Emigrantes, ancianos, etnias minoritarias, los sin techo, mujeres explotadas y sometidas a todo tipo de abusos, desempleados sin subsidios, etc. En Europa, ser pobre supone estar excluido de la sociedad, una sociedad que también por la crisis tiene más dificultades a la hora de asegurar una protección social para todos y que, ante la disponibilidad de menos recursos, repliega velas. En el contexto actual, el riesgo de una Europa ensimismada es alto.

¿Podría la problemática interna que vive Europa poner en riesgo la actuación de la UE en términos de la ayuda hacia los países en desarrollo, todavía mas azotados por la crisis? ¿Podría suponer la pérdida de credibilidad de la UE ante la comunidad internacional en caso de incumplir sus compromisos? Tampoco parece probable que la ciudadanía europea defienda en las calles la ayuda oficial al desarrollo cuando no lo han hecho para denunciar las millonarias cifras destinadas al rescate bancario. ¿Cómo lograr la movilización y presión de la opinión pública europea exigiendo a sus dirigentes una acción decisiva a favor de la erradicación de la pobreza? ¿Habrá que sensibilizar a la Europa de dentro también sobre lo que ocurre fuera? ¿Podría aprovecharse el año 2010 y el compromiso asumido por España en materia de cooperación al desarrollo para que la política europea sea más coherente? No en vano, el Parlamento europeo en resolución del 15 de noviembre de 2007 también declaró 2010 como el año del desarrollo sostenible y la coherencia con la acción de la UE en todo el mundo.

Durante la presidencia española, se debatirán políticas europeas con enorme alcance para el desarrollo de los países más empobrecidos; en especial, la Política Agraria Común (PAC). Negociaciones que ofrecen la oportunidad de poner en práctica el principio de coherencia de políticas, de conectar la lucha contra la pobreza tanto dentro como fuera de la UE. Es necesario demostrar que los Objetivos del Milenio son asunto de todos y que su cumplimiento interesa a Europa. Los sondeos demuestran que los problemas globales como cambio climático, pobreza, pandemias, terrorismo y seguridad, pérdida de mercados, flujos migratorios, inestabilidad política y conflictos preocupan a los ciudadanos europeos porque sienten que amenazan su modelo de vida, el Estado de bienestar alcanzado. Pero también es necesario que se sientan comprometidos porque tres cuartas partes del mundo, legítimamente, aspiran a ese mismo modelo.

Kattya Cascante es politóloga

Fuente: Público

Sin agenda europea contra la crisis

El primero de julio 2009, Suecia releva la nefasta presidencia semestral de la República checa, relevo simbolizado en la imagen de la foto. Pero la UE seguirá careciendo de agenda política frente a la recesión económica generalizada y, en particular, para superar el vacío regulador comunitario sobre la banca y las finanzas.

Sin embargo, la Comisión si dispone de una agenda tecnocrática europea que, al ritmo pausado de cualquier burocracia, pretende salvar las apariencias ante el vacío regulador comunitario que permitió que el descontrol y los abusos de Wall Street trajeran pérdidas de ahorro y ahora desempleo masivo.

El propio el Consejo europeo de junio reconocía en su comunicado final que “la crisis financiera ha demostrado claramente la necesidad de mejorar la regulación y la supervisión de las entidades financieras tanto en Europa como globalmente” (párrafo nº 17)

Ante los graves efectos de la crisis financiera importada de los EEUU, en octubre 2008 la Comisión europea designaba un grupo de “expertos” alto nivel presidido por un ex Director General del FMI Jacques Larosière, para estudiar la supervisión financiera en la UE, que en febrero pasado hacía entrega de su informe “técnico”.

Y siguiendo esa agenda tecnocrática, sin que hubiera habido debate público alguno en España y en algunos otros países miembros, en la reunión del 18-19 junio 2009, el Consejo Europeo de los 27 jefes de estado y de gobierno (con minúscula porque los de ahora cada vez pintan menos), aprobaba la propuesta de institucionalización de la supervisión financiera comunitaria así como el “arreglo” para que los irlandeses accedan a dar su conformidad al Tratado de Lisboa.

Todo ello respondiendo a las conclusiones previas que la Comisión y el Consejo de ministros habían presentado en mayo, señalando el camino para el establecimiento de un nuevo marco de supervisión financiera mediante la creación de un Consejo de riesgo Sistémico que vigile las amenazas a la estabilidad financiera y un Sistema de Supervisión financiera, que este último Consejo europeo acaba de aprobar.

Es decir, se introducirán nuevas agencias supraestatales “independientes” sin el control de un gobierno comunitario que no existe; y que luego se acomodan a los lobbys, a los grupos de presión de los bancos y del poder financiero para decidir en asuntos que repercuten seriamente sobre los ciudadanos.

Así tenemos que las decisiones políticas clave se toman en el plano europeo y luego sirven de coartada para las medidas impopulares o la inacción de los gobiernos elegidos.

Porque de este modo, sin debate político alguno, aunque gran parte de nuestros políticos y líderes de opinión lo ignoren, la Unión Europea introdujo la libertad total extracomunitaria de movimientos de fondos sin ningún organismo que supervise y controle las operaciones bancarias transnacionales. Una causa última de la crisis económica que padecemos en Europa. Porque los impagos de las hipotecas estadounidenses sin garantías han generado la recesión económica y la pérdida de millones del pequeño ahorro español y del grande, que han pagado los contribuyentes.

Pero esos asuntos no han merecido ni siquiera un comentario de nuestros líderes y protagonistas de la reciente campaña electoral para el Parlamento europeo. De ahí que haya un punto de puro cinismo cuando no de desinformación en los lamentos por la abstención histórica en las pasadas elecciones europeas.

Algunos de nuestros líderes políticos nos convocaban a las urnas alegando que el 70 % de las decisiones económicas se tomaban en Bruselas. Pero ni explicaron cuales eran esos asuntos que se deciden en Bruselas y en las instituciones europeas y que los ciudadanos deberían conocer y debatir. De ahí que distrajeran la atención de los votantes sobre las cuestiones internas que todo el mundo sabía que no eran tema de esas elecciones, reducidas a un mero sondeo sobre la popularidad del gobierno y su imagen mediática.

Desde luego nadie habló de esa agenda tecnocrática europea en curso sobre una regulación de las finanzas que se viene cocinando por la tecnocracia europea desde el pasado otoño. Y las finanzas opacas de la UE con sus centros offshore seguirán dominando las instituciones y condicionando las políticas económicas de los gobiernos, mientras persista el marco descrito en La Europa opaca de las finanzas.

Del asunto sobre el Tratado de Lisboa e Irlanda, las contradicciones en que incurre el Consejo europeo son denunciadas con acierto en un artículo esclarecedor de José A. García Sáez al que remitimos al lector.

Juan Hdez. Vigueras - Consejo Científico de ATTAC España

www.laeuropaopacadelasfinanzas.com

Tratado de Lisboa y desregulación

Ahora que las elecciones al Parlamento de la Unión Europea –las mal llamadas elecciones europeas– han quedado atrás, entre nuestros dirigentes políticos siguen arreciando las declaraciones sobre el Tratado de Lisboa. Arrastran en su mayoría un franco alborozo por los progresos registrados en la ratificación del texto heredero del viejo tratado constitucional, acompañado, eso sí, de un inocultable desdén hacia quienes muestran escaso entusiasmo al respecto y en singular hacia los ciudadanos irlandeses que un año atrás decidieron rechazar el texto que nos ocupa.

Uno de los rasgos de la crisis en curso es que, mientras se denuncian algunos de los abusos que han cobrado cuerpo en los últimos años, se mantienen, sin embargo, los asientos legales e institucionales que deben permitir la preservación de esos abusos. No hay mejor retrato de lo anterior que el que aporta el mentado Tratado de Lisboa. Mientras nuestros responsables encomian las eventuales ventajas que aquel deparará en el terreno de una mayor cohesión institucional y política, prefieren olvidar lo que, con certeza, conduce a muchos ciudadanos a recelar del texto: su defensa aberrante de fórmulas desreguladoras que están en el origen, sin ir más lejos, de la llamada Directiva Bolkenstein o de la hilarante propuesta de una jornada semanal de 65 horas.

Las cosas las dejó bien claras el ex primer ministro francés Laurent Fabius, quien en 2005 se vio obligado a subrayar algo llamativo: el tratado constitucional entonces sometido a referendo en su país –las cosas no han cambiado un ápice con el Tratado de Lisboa– se refería al mercado en 78 ocasiones y hablaba de la libre competencia en 27, pero sólo en una oportunidad mencionaba el pleno empleo. Tal y como lo recordó por aquel entonces un colega, el problema mayor del tratado constitucional no era que cancelase todo horizonte de transformación revolucionaria: el problema principal estribaba en que cortaba las alas –lo sigue haciendo el texto aprobado en Lisboa– al proyecto histórico que cabe atribuir a la socialdemocracia consecuente; esto es, el de un Estado que interviene en la economía para garantizar derechos y socorrer a los desvalidos.

Para que nada falte, y sin que nadie muestre indignación alguna, asistimos a una nueva huida hacia adelante: políticos y líderes de opinión prefieren no preguntarse por qué la mayoría de los gobiernos de los Estados miembros de la UE se han inclinado por no convocar referendos en relación con el Tratado de Lisboa. La respuesta, claro, duele: porque tienen sobrados motivos para concluir que en muchos casos sus conciudadanos le darían la espalda a un texto que, dicho sea de paso, y en una farsa más, es en sustancia el mismo que muchos franceses y holandeses rechazaron en 2005.

Ante tantas miserias acumuladas, se impone una conclusión: en condiciones de quiebra de la legitimidad democrática y de descrédito de un modelo económico y social en crisis tras dos decenios de agresiones neoliberales, lo primero que deberíamos hacer es sopesar, en serio, si el Tratado de Lisboa es ese dechado de perfecciones que entre nosotros aprecian, con arrobo, socialistas y populares.

Carlos Taibo es profesor de Ciencia Política
Fuente: Público