El 8 de octubre empezó a funcionar el MEDE (Mecanismo Europeo De
Estabilidad), una nueva institución financiera intergubernamental que
tiene como objetivo garantizar la solvencia de los estados miembro
facilitándoles crédito y asumiendo las funciones hasta ahora
desempeñadas por el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera y el
Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera. La creación del MEDE ha
sido posible gracias a la modificación del artículo 136 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea que se llevo a cabo en 2011 para
“salvaguardar la estabilidad de la zona euro” e introducir “condiciones
estrictas” para los beneficiarios de la ayuda financiera.
El MEDE
debe convertirse en una especie de Fondo Monetario Internacional para
los estados miembros de la UE. La capacidad de crédito inicial prevista
es de 700.000 millones de euros, de los cuales 80.000 procederan de la
aportaciones directas de los estados y el resto se alcanzaran mediante
capital “movilizable” y garantías, es decir, comprometiendo futuras
cuotas de los países antes de haberlas ingresado. Las explicaciones
técnicas sobre la capacidad de crédito del MEDE son, como es habitual en
estos casos, auténticos jeroglíficos para la ciudadanía. Ni la
información resulta de fácil acceso, ni es comprensible para la gran
mayoría de personas que acabaran sufriendo las consecuencias del
funcionamiento de esta institución, ni el tema tiene la relevancia
mediática que merece, atendiendo al atentado contra el funcionamiento de
las instituciones democráticas que supone el articulado del tratado
fundacional del MEDE.
El único debate sobre el MEDE que ha tenido
cierta repercusión ha sido el rechazo de Alemania a la propuesta inicial
de que esta institución pudiera requerir capital ilimitado de los
estados miembros para ampliar su capacidad de crédito. A pesar de que
organizaciones ciudadanas presentaron multitud de recursos de
inconstitucionalidad por considerar que el MEDE agrede la soberanía de
las instituciones democráticas, el Tribunal Constitucional Alemán abrió
las puertas a la firma del tratado exigiendo tan sólo una modificación:
que se fijará un límite a la aportación alemana de 190.000 millones de
euros (efectivo más avales). Más allá de esta cifra, la contribución
deberá ser votada en el Parlamento. El resto de recursos han sido
rechazados considerando que el MEDE es creado el 11 de julio de 2011 por
los ministros de Finanzas de la zona euro actuando como representantes
de la soberanía de sus respectivos estados.
Pero el texto del
tratado por el que se constituye el MEDE contiene otros muchos aspectos
preocupantes des de el punto de vista político y de calidad democrática
que escapan al debate de las cifras. Según el articulado inicial, que
todos los diputados y diputadas el Europarlemento han tenido en sus
manos, el MEDE, sus propiedades y sus activos, van a gozar de una
inmunidad total frente a los estados miembro. No podrán ser objeto de
ninguna forma de acción legal en su contra ni podrán ser “intervenidos,
confiscados o embargados” ya sea por vía ejecutiva, judicial,
administrativa o legislativa. Lo cual coloca a esta institución, creada a
la sombra de la opinión pública europea (si es que existe tal cosa),
fuera del control de las instituciones de las ya debilitadas democracias
liberales estatales. En el terreno de las responsabilidades personales,
el tratado establece que directores, subdirectores, director ejecutivo y
demás empleados del MEDE serán inmunes a cualquier tipo de proceso
legal por actividades ejercidas en el desempeño de sus funciones, y
gozarán de inviolabilidad de sus archivos y documentos oficiales. Lo que
significa que los tribunales de los países europeos no podrán, bajo
ningún concepto, investigar las actividades profesionales de los altos
cargos del MEDE.
Esta institución, que tendrá su sede en
Luxemburgo, cristaliza la subordinación de toda forma de ejercicio de la
soberanía popular en Europa a las necesidades financieras que, ante la
deriva de los acontecimientos, son las necesidades de los grandes
bancos. Las condiciones ligadas a los créditos y la conversión de deuda
privada en deuda pública, consolida el golpe de estado financiero que
vive la Unión Europea como consecuencia del profundo déficit democrático
que arrastra desde su fundación.
Albert Sales e Inés Marco
Rebelión
No hay comentarios:
Publicar un comentario