“Más Europa” sí, pero ¿a qué precio?

Cuando terminó la segunda guerra mundial, que provocó un enfrentamiento entre los países de Europa con un coste de vidas y bienes que destrozó el viejo continente, algunos dirigentes europeos —como Adenauer, Churchill, De Gasperi—, pensaron que era el momento de buscar nuevas bases de entendimiento entre las naciones europeas. Y para ello prefirieron comenzar por el comercio: en los años cincuenta se funda la Comunidad Europea del Carbón y del Acero entre unos pocos países, que fue el embrión de los acuerdos más ambiciosos que habrían de seguirle, como el Tratado de Roma que consagra la Comunidad Económica Europea o Mercado Común, antecedente inmediato de la actual Unión Europea, veintisiete naciones que comparten una amplia legislación común y muchas de ellas la misma moneda.

Cuando los tratados comerciales iniciales maduraron hacia la actual unión política, muchos pensamos —ingenuamente— que esto inauguraba un modelo único en el mundo por su amplitud y contenidos, que podía dar lugar a una Europa confederal que terminara una vez con rivalidades etnocéntricas y guerras fratricidas y generara una mayor igualdad social entre los países. Nos equivocamos, como siempre: el carácter comercial del los orígenes de la Unión ha vuelto a imponerse sobre las decisiones políticas. O mejor dicho: las decisiones políticas han adoptado como modelo los intereses comerciales, subordinando a ellos los objetivos políticos de la Unión.

Pero con una diferencia con el pasado: si en los comienzos los tratados comerciales se referían a la economía real, ocupándose de bienes tan concretos como el carbón y el acero, en la actualidad el protagonismo ha pasado a abstractas transacciones financieras gestionadas por especuladores cuyo anonimato los convierte en invulnerables frente a cualquier legislación y cuyo poder llega a poner y quitar gobiernos y modificar constituciones, como ha sucedido en nuestro país. Pero lo realmente grave de esta situación consiste en la sumisión del poder político frente a estos intereses. Los bancos alemanes y otras entidades financieras, que han tenido buena parte de responsabilidad en la crisis, han conseguido que el gobierno de Alemania —entre otros— represente sus intereses ante la Unión Europea, haciendo cierta la afirmación de Marx, que consideraba al Estado como representante político de los intereses del capital.

Esta defensa de la Sra. Merkel y sus aliados de los intereses de la banca no sería excesivamente preocupante si no fuera porque la legislación de la Unión Europea les concede suficiente poder para imponer sus decisiones a los demás países, y sobre todo para bloquear políticas que hagan posible el crecimiento que necesitan las naciones más débiles. Resulta sintomático el hecho de que Grecia, el país del que ha surgido la cultura europea, esté al borde de la ruina. Está dentro de la lógica del sistema capitalista que los mercados financieros tengan miras cortas: a un acreedor lo único que le interesa es que los deudores dispongan de fondos suficientes para saldar sus deudas en los plazos estipulados. Sería impensable que un especulador se preocupara por el crecimiento sostenible a largo plazo, el problema del paro, la sanidad, la educación o la política científica. Pero que la jefa de gobierno de la nación más poderosa de Europa se convierta en intérprete de los intereses financieros de sus bancos y sea capaz de bloquear el crecimiento de muchos países para salvar las ganancias de una economía improductiva a costa del bienestar de millones de ciudadanos, constituye un hecho que pone en cuestión el mismo concepto de la Unión. Sus declaraciones, afirmando que “no habrá eurobonos mientras yo viva”, se parecen más a una frase pronunciada por un monarca absoluto que por uno de los veintisiete gobernantes de la Unión.

El problema de fondo radica en la alternativa entre política y economía. Aristóteles decía que la finalidad de la política —inseparable de la ética— se orientaba a  “vivir bien” otorgándole por ello un papel privilegiado entre las ciencias. La economía forma parte, sin duda, de este bien vivir, en cuanto es la que regula, según su etimología, “el gobierno de la casa”. Pero para cumplir su función debe estar subordinada al bienestar general que busca la política. Y supongo que nadie en su sano juicio puede pensar que la gestión actual de la actividad financiera tiene como finalidad asegurar el “vivir bien” de la mayoría de los ciudadanos: los intereses de esos mercados afectan a un contado número de personas, cuyo poder y riqueza ha ido aumentando a medida que una economía abstracta, que solo maneja símbolos, ha desplazado el intercambio de bienes y servicios que constituía su función original. La política ha acompañado este desplazamiento, aceptando la prioridad de las finanzas por encima de los intereses concretos de los ciudadanos: si es necesario estos deben hacer sacrificios para que cuadren las cuentas de un reducido número de especuladores.

Esta pérdida de protagonismo de la política ha sido gestionada por una clase dirigente de vuelo bajo, preocupada por su futuro inmediato e incapaz de pensar en un proyecto a largo plazo para Europa y mucho menos para el mundo. Basta recordar  nombres como Churchill, Adenauer, De Gasperi u Olof Palme para advertir el vacío de talento que predomina hoy entre los dirigentes europeos. Un vacío que hasta admitió a un personaje como Berlusconi al frente de una de las naciones más importantes de esta pobre Europa. Es evidente que la grandeza de esos antiguos políticos no constituye por sí misma una garantía de acierto en sus decisiones, pero también es evidente que la mediocridad actual es casi una garantía de fracaso.

Se repite hasta la saciedad que los problemas de Europa solo se pueden solucionar con “más Europa”. Sin duda es verdad. Pero para que esta solución sea eficaz es necesaria una profunda revisión de la legislación europea, para que sea capaz de dirigir la gestión de las finanzas y no se limite a complacer a los mercados para ganarse su confianza. No faltan propuestas concretas de razonables economistas en este sentido: la creación de una potente banca pública, los impuestos a las transacciones financieras, una agencia de riesgos europea, la lucha contra los paraísos fiscales, el control de la evasión impositiva, la emisión controlada de eurobonos. Algunas de ellas discutibles y difíciles de aplicar, sin duda, pero que indicarían que la política no está dispuesta a ser esclava de la economía, y mucho menos de la economía financiera actual.

¿Qué significa en la actualidad el mantra de “más Europa”? ¿Seguir cediendo competencias nacionales, como la política fiscal, a los intereses de los bancos y gestores financieros para que sus inversores vuelvan a confiar en nosotros? Nada sería más deseable que una Europa unida, a la cual los países que la integran pudieran ceder sus competencias nacionales en la seguridad de que los objetivos políticos comunes tienen prioridad sobre los intereses de algunos especuladores. Y que desapareciera el derecho de los países más poderosos económicamente a imponer sus decisiones al resto. Aunque nada justifica actualmente este optimismo, creo que merece la pena seguir  intentándolo.

Augusto Klappenbach
Filósofo y escritor
Público.es 
http://blogs.publico.es/dominiopublico/6724/mas-europa-si-pero-a-que-precio/

Qué pasa en Chipre y por qué

La mayoría de la gente se ha quedado muy sorprendida cuando se ha dado a conocer que la Troika (la Comisión Europa, el Banco Central Europeo y el FMI) acaba de dar un préstamo a Chipre a condición, además de privatizar servicios públicos y recortar gastos, de establecer un impuesto sobre los depósitos bancarios del 9,9% (como si las oferta de un supermercado se tratase) para los de más de 100.000 euros y del 6,75% para los de menos.

Cuando los chipriotas salieron corriendo a los cajeros automáticos para sacar su dinero se encontraron con que la cantidad correspondiente a ese impuesto no la podían sacar, se había establecido un corralito bajo la forma de simple y pura incautación. Y, como siempre suelen suceder estas cosas, sin que haya habido de por medio una decisión del Parlamento que es en donde se supone que radica la soberanía popular que debe acordar las grandes decisiones en las sociedades que se llaman democráticas.

Chipre es una de las economía más pequeñas de la Unión Europea (sus depósitos bancarios representan más o menos el 0,2% de los totales) y un país escasamente conocido por los europeos, si no es por su tradicional oferta turística. Pero ahora conviene saber algo más de él porque igual resulta que lo que ha pasado allí vuelve a suceder dentro de poco en las economías más grandes de Europa.

Una brevísima historia

Chipre mantuvo desde los años noventa una economía modesta y relativamente saneada gracias a su oferta de turismo tradicional. Sin embargo, entre 2001 y 2008 su PIB creció un 3,7% de media, bastante más que el de la mayoría de los países de la Unión, mientras que su deuda pública se mantuvo baja, sin ni siquiera llegar, cuando estalló la crisis, al 60% exigido por la UE.

Pero a partir de 2010-2011 las cosas se pusieron mal para la banca chipriota, las agencias de calificación rebajaron la nota a Chipre y el 26 de junio de 2012 el gobierno solicitó formalmente una ayuda a la Unión Europea. Lo que había pasado en esos años de crecimiento y las razones de la caída son muy parecidas a lo ocurrido en otros lugares de Europa.

Chipre entró a formar parte del euro en 2007 pero había vinculado su moneda con la europea desde antes. Eso le permitió tener tipos de interés reales muy bajos y como al mismo tiempo ofrecía impuestos muy ventajosos (en realidad, actuaba como un auténtico paraíso fiscal) registró grandes entradas de capital que le permitían crecer mucho. Muchas de ellas (algunas estimaciones dicen que entre el 30 y el 40% del total de los depósitos) procedentes de los oligarcas rusos que blanqueaban allí su dinero, y también del Reino Unido e incluso (cuando estalló la crisis) de Grecia.

Los bancos canalizaron la entrada de esa gran cantidad de liquidez y la dedicaron en su mayor parte a financiar una burbuja inmobiliaria muy parecida a la de España. Y a partir de 2008-2009 a comprar grandes volúmenes de deuda griega que era muy rentable por la presión que los mercados ejercían sobre el país heleno (los bancos chipriotas dedicaron a ello el equivalente al 25% del PIB de Chipre).

Los economistas neoliberales, y entre ellos las autoridades europeas, habían estado considerando en los años de bonanza que un sector bancario super desarrollado y los impuestos muy bajos eran una gran virtud de la economía de Chipre (lo mismo que decían de Irlanda). La realidad se encargó de poner su sabiduría en su sitio: cuando en 2011 se realizó una quita de la deuda griega (como será inevitable que vaya ocurriendo en otros países), los bancos chipriotas quebraron. Y los bajos impuestos solo se tradujeron en un mayor incremento de deuda y en casi una nula capacidad de maniobra cuando la dinámica se torció y los gastos públicos tuvieron que elevarse (entre otras cosas, porque el desempleo se disparó).

Y en medio de todo eso, no se puede olvidar que también hubo (como en otros países europeos y también aquí en España) un banco central dirigido por cómplices de los banqueros que no dijeron nada cuando se estaba larvando el desastre.

La intervención

Ahora, como ya ocurriera en otros países, los bancos quebrados arrastran tras ellos al conjunto de la economía. Es normal. Ya lo hemos dicho muchas veces: la financiación es como la sangre de la economía y sin ella, la actividad económica muere sin remedio. Es verdad que dejarlos caer sin alternativa de financiación es suicida, pero no lo es menos dejarlos vivir simplemente como zombis que se tragan todos los recursos que les den.

En cuanto cambió ganó las elecciones y entró en el gobierno el protegido de Merkel, la suerte estaba echada, aunque esta vez la Troika ha ido mucho más lejos de lo que podría esperarse porque, con tal de darle un empujoncito más a la alemana frente a su electorado, se ha tomado una decisión que se vende de nuevo como el castigo ejemplar a los derrochadores (ahora en forma de mafiosos rusos) pero que puede hacer saltar el sistema bancario europeo.

Tratar de rescatar a un sistema bancario muerto, como el chipriota, significa más o menos duplicar la deuda pública del Estado (situarla en el 150% del PIB). El préstamo que le dan a Chipre y que irá directamente a los bancos será de 10.000 millones de euros. Poco para Europea (recordemos que solo Francia y Alemania se gastaron ochenta veces más para rescatar a sus bancos) pero mucho para Chipre: casi la mitad de su PIB.

Lo que equivale a decir que será materialmente imposible que se pueda pagar y muchos menos con el plan de austeridad que también se impone. Tendrá que haber nuevas quitas más adelante pero, mientras tanto, la Troika hunde así hasta la miseria a otro país que hasta ahora más o menos salía adelante (aunque, desde luego, podría haber salido mucho mejor si la Unión Europea no fuese cómplice de los paraísos fiscales y no se hubiera alentado un modelo de financiarización neoliberal insostenible).

Pero eso, en el caso de Chipre, no es todo. Con la incautación de una parte de los depósitos bancarios la Unión Europea se salta sus propias normas y abre la espita para que la gente acuda cuanto antes a los bancos a retirar su dinero. No solo en Chipre, donde ya está sucediendo sino en otros países. Veremos a ver si no se da ahora la paradoja de que haya sido la propia Troika quien va a hundir también a los bancos al provocar que la gente saque el dinero de ellos ya no solo por indignación sino por la desconfianza que ella misma ha provocado

Claro que esto no será un desastre para todos. Ya hay muchas páginas web especializadas que aconsejan que los ahorradores europeos se lleven el dinero a bancos de Alemania, Holanda, Finlandia o Luxemburgo. Sus bancos harán el agosto anticipadamente.

Una vez más la Troika actúa con una falta de inteligencia y con una desfachatez imperdonables. Se va a cargar para muchos años el sistema bancario chipriota, al intentar revivir a un muerto que no podrá levantar cabeza. Hunde una economía al dejarla sin financiación, mucho más endeudada que antes y sin recursos para poner en marcha la actividad económica. Empobrece para décadas a una población a la que hace responsable de los desmanes de la banca, a la que se limita a rescatar graciosamente. Y no hace, por mucho que diga que actúa contra el dinero negro de los rusos, por acabar con los paraísos fiscales. Aunque eso sí, siembra en ese desastre las bases para que grandes grupos empresariales se hagan con la riqueza de los chipriotas, con sus recursos naturales y con sus servicios públicos.

¿Hasta cuándo?

Juan Torres López

Público.es

http://blogs.publico.es/juantorres/2013/03/18/que-pasa-en-chipre-y-por-que/

El rapto de Europa

El 23 de febrero cientos de miles de personas se manifestaban en España convocadas por la Marea Ciudadana bajo el lema "por la democracia, la libertad y los derechos sociales". El próximo 10 de marzo, la ciudadanía volverá a las calles, convocada por la Cumbre Social, gritando "contra el paro y la regeneración democrática", en una semana de protestas de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y un crisol de organizaciones sociales (Alter Summit) que se manifestarán "contra la Europa de los mercaderes". 

Todos esos lemas resumen la indignación de la ciudadanía, que sufre recortes de servicios públicos y del sistema universal de protección social; aumento del desempleo, reducción de salarios y deterioro de las condiciones de trabajo; y un trato injusto frente a tanta corruptela, fraude, despilfarro y malas prácticas que corroen las cúpulas del PP, de la CEOE o de varias empresas del Ibex, sin sanción y cambios legislativos reparadores.

Si la corrupción, despilfarro y fraude son pecados que tienen una mayor intensidad en los países del sur y este de Europa, no pueden servir de coartada para que los gobiernos del norte se desentiendan de su corresponsabilidad en la crisis económica y el deterioro de las condiciones de vida en toda la Unión. La CES y el Alter Summit reclaman una mayor justicia social, el fortalecimiento del Estado del Bienestar y la derogación del Pacto por la Estabilidad y el Crecimiento, que con su receta dogmática de austeridad y competencia salarial está precipitando a los trabajadores de toda Europa a un foso de pérdida de calidad de vida, incierto porvenir y desigualdades crecientes.

26 millones de parados; políticas que destruyen empleo y aumentan la concentración de la riqueza, la emigración y el miedo; una desigualdad en la renta familiar media que supera la relación 1:10 entre la región más pobre y la más rica de la UE; unos salarios mensuales que van de los 300 ? a los más de 100.000 para algunos profesionales; un peso cada vez mayor de las rentas del capital frente a los salarios; y un 23% de población en el umbral de la pobreza, frente a un 3% que pertenece a la casta de los millonarios. Estos son los datos del malestar que recorre Europa, y para los que no hay respuesta adecuada en las instituciones comunitarias y en los gobiernos nacionales.

El rescate bancario en Europa, que ha costado más del 13% del PIB de la UE ha incorporado leña a la hoguera, pues se han cubierto los riesgos de los prestamistas, que se beneficiaron del boom especulativo, con deuda pública de la que responden los contribuyentes europeos. Y en el caso de España, no solo hemos socializado las pérdidas del sector financiero, sino que hemos blindado sus créditos al sector público, pues intereses y amortización de sus préstamos están garantizados por la Constitución, caiga quien caiga, aunque para hacer frente a esos pagos se tengan que poner a la cola proveedores, cerrar servicios públicos, reducir drásticamente las prestaciones sociales y malvender o privatizar el patrimonio público. 

Es inmoral exigir la garantía del pago de la deuda (en España, 40.000 millones de intereses al año y más de 300.000 millones que habrá que amortizar para cumplir el objetivo del 60% de deuda sobre el PIB que exige el Tratado de Lisboa), cuando las políticas de austeridad impuestas por Bruselas hacen imposible que ese coste se cubra sin deterioro de las condiciones de vida de la ciudadanía. Quitas y reestructuración de la deuda en algunos países; mancomunar la garantía de los depósitos, homogeneizar y elevar la fiscalidad directa y tasas que penalicen las transacciones especulativas; eurobonos, transferencias a las regiones con elevado desempleo y BCE que preste a Estados, son reformas imprescindibles si queremos evitar que la zona euro explosione.

Estas exigencias son las que la ciudanía reclama al Gobierno español, para que las defienda en las reuniones del Consejo Europeo, aunque buena parte de los problemas que tenemos son responsabilidad exclusiva de nuestros gobernantes. El desprestigio y la pérdida de confianza en las cúpulas de los partidos mayoritarios es de tal magnitud que fortalecer la democracia exige, a estas alturas, una reforma constitucional y legislativa que satisfaga las aspiraciones de cohesión social, de participación ciudadana, de vínculo contractual de las promesas electorales, de transparencia y control de la gestión pública y de los partidos políticos, de separación de poderes o de ausencia de privilegios en las instituciones públicas. 

Para nada de todo esto hay que pedir permiso a Europa, aunque sea de interés comunitario cómo lo resolvamos, pues de la calidad democrática de cada uno de los países de la UE depende el bienestar y la cohesión social de toda la Unión. Las recientes elecciones en Italia, como antes en Grecia, Francia o Portugal o las próximas en Alemania son de interés colectivo, no solo porque sus resultados afectan a la prima de riesgo o las expectativas de empleo en teceros países, sino porque son esos gobiernos los que finalmente negocian en la Comisión Europea las reglas de juego que imperan en un espacio sin fronteras para las mercancías, los capitales y las personas. 

Legislar por fanáticos del neoliberalismo o bajo la presión de sospechosos de corruptelas y nepotismo, sean del país que sean, no augura nada bueno para la ciudadanía, ni en Alicante, Madrid, Bruselas o Berlín.

Clementa Hernández

 Diario Información de Alicante 

http://www.diarioinformacion.com/opinion/2013/03/05/rapto-europa/1349971.html

La autonomía del banco central, peligroso espejismo

Hace cuarenta años, en enero de 1973, se aprobó una nueva ley para el banco central en Francia. La ley 73-7 del Banco de Francia contenía disposiciones críticas sobre la independencia del instituto monetario. Su artículo 25 es especialmente relevante por el giro que ha tomado la crisis en Europa. Dicho precepto prohibía al Banco de Francia otorgar financiamiento al gobierno.

Esta regla representó una transformación histórica de gran calado y dejó al Estado a merced del sistema bancario internacional. En lugar de utilizar la capacidad de creación monetaria del banco central, el gobierno francés se embarcó en un nuevo camino que estaría marcado por grandes dificultades. Incidentalmente, cuando la ley se aprobó el presidente francés era Georges Pompidou, quien fue director de la Banca Rothschild entre 1956 y 1962, hecho que levantó muchas sospechas sobre los motivos para aprobar la nueva ley del banco de Francia.

La ley francesa fue precursora en el largo proceso de desregulación financiera que comenzó en la década de los setenta. Muchos otros países adoptarían el mismo principio en los años siguientes, aunque las modalidades específicas en cada caso fueron cambiando. El entorno económico que rodeó este acontecimiento estuvo marcado por la decisión del entonces presidente Nixon en 1971 de suspender las operaciones de compra y venta de oro por parte del tesoro estadounidense. Esa medida terminó con los días de la convertibilidad del dólar y destruyó el sistema de Bretton Woods de tipos de cambio fijos establecido en 1944. Poco tiempo después, el secretario del Tesoro, John Connally, escandalizó a un grupo de líderes europeos preocupados por que el nuevo régimen para el dólar podría transmitir la inflación de Estados Unidos a Europa. Connally les espetó: “Es nuestra divisa, pero es su problema”. Evidentemente eso no ayudó a tranquilizar a los financieros y banqueros europeos.

El derrumbe de Bretton Woods trajo aparejadas grandes transformaciones en el sistema financiero. El nuevo régimen de tipos de cambio flexibles representaba un riesgo importante para cualquier inversionista que ahora podría sufrir pérdidas por las variaciones en las paridades. Pero al mismo tiempo, dicho sistema abría grandes oportunidades para la especulación en los mercados de divisas. Para protegerse de los nuevos riesgos y aprovechar las oportunidades de especulación se necesitaba una importante desregulación financiera y, en especial, se requería abolir las restricciones a los flujos de capital entre países. Esto era indispensable para realizar arbitrajes que harían posible obtener ganancias derivadas de los diferenciales en tasas de interés, inflación y movimientos en las paridades.

Las operaciones internacionales de la banca hicieron cada vez más difícil la tarea de regular la oferta monetaria por parte de los bancos centrales. Las restricciones sobre topes en tasas de interés, composición de la cartera de préstamos y los requisitos de reservas y encaje legal eran ahora fácilmente evadidos y se prefirió eliminarlos poco a poco. En ese contexto también se consideró necesario cambiar el régimen legal de los bancos centrales y pronto se comenzó a manejar la idea de que era necesario hacerlos autónomos para protegerlos de los políticos y evitar la monetización de los déficit en el gasto público. También se dijo que esto permitiría a los bancos centrales preservar la estabilidad de precios. Ahora sabemos que nunca existió la estabilidad macroeconómica, pero a finales de la década de los ochenta la retórica sobre independencia del banco central era machacada en la prensa, como si la mencionada autonomía representara el remedio para todos los males del sistema económico.

Al concretarse la unión monetaria en Europa, las leyes nacionales sobre autonomía del banco central fueron remplazadas por el artículo 104 del tratado de Maastricht y el artículo 123 del tratado de Lisboa. Estas disposiciones prohíben de manera explícita cualquier tipo de créditos por el Banco Central Europeo y por los bancos centrales nacionales a los gobiernos y autoridades regionales o locales de los países miembros. Y este tipo de restricciones no se limita a los países europeos. Un estudio reciente del Fondo Monetario Internacional revela que en dos terceras partes de una muestra de 152 países el banco central tiene prohibido hacer préstamos al gobierno. De este modo se acabó por someter a las finanzas públicas al escandaloso sistema que permite a los bancos privados crear dinero de la nada, prestarlo y cobrar intereses.

El resultado ha sido la colosal expansión en el pago de intereses de los gobiernos a los bancos privados. Datos de Eurostat revelan que los países de la Unión Europea destinaron más de 370 mil millones de euros a pagar intereses a bancos comerciales en 2011, lo que equivale a 2.9 por ciento del PIB de la UE. La autonomía de los bancos centrales es un espejismo detrás del cual se esconde la subordinación de las finanzas públicas a la banca comercial.

Alejandro Nadal

La Jornada

 http://www.jornada.unam.mx/2013/02/20/economia/032a1eco

Retos de Europa en 2013

Los riesgos de implosión de la zona euro han amenguado un poco en meses recientes. Sin embargo, los problemas no se han resuelto y continuarán dominando la agenda política y económica europea. La economía continental continúa deprimida; la crisis de la deuda ha abatido el crédito, la inversión y el consumo en buena parte de la región. Los programas de austeridad en la mayoría de los países de la zona impedirán la mejoría en 2013 y el débil panorama económico seguirá siendo fuente de riesgo. De manera simultánea, el euroescepticismo está en aumento, y la resistencia a las reformas se eleva, dado el prolongado periodo de austeridad y la ausencia de perspectivas de cambio económico. Entre los mayores retos específicos este año estarán las elecciones en Italia y Alemania.

Grecia

El acuerdo del Eurogrupo y el FMI en noviembre de 2012 para aliviar la deuda griega subrayó el compromiso de los líderes de la zona de mantener a Grecia en ella. Alemania en particular parece decidida a impedir un retiro griego antes de las elecciones generales alemanas de septiembre de 2013. Sin embargo, ese riesgo no ha desaparecido. Serios disturbios sociales, una depresión más profunda o un conficto interno en la frágil coalición tripartita gobernante en Grecia podrían conducir a una nueva elección en algún momento del año.

Es muy probable que una elección temprana sería ganada por el partido izquierdista Syriza, opuesto a la austeridad. Un gobierno encabezado por Syriza podría adoptar una postura de confrontación con los acreedores de Grecia; probablemente rechazaría el programa de privatizaciones, daría prioridad a aliviar el desempleo y revertiría los recortes en gasto social. El conflicto entre tal gobierno griego y sus acreedores internacionales podría conducir a la salida de Grecia de la zona euro, acompañada de un revuelo en el mercado que podría precipitar el colapso de toda la zona.

Francia

Los inversionistas observarán de cerca los acontecimientos en Francia este año para ver si el gobierno socialista puede avanzar en estabilizar las finanzas públicas y adoptar reformas dirigidas a frenar el desempleo y revertir una década de descenso en la participación del mercado de exportaciones. Enfrentados a una economía que se debilita y a un descenso en el apoyo público, a principios de 2013 el presidente François Hollande y sus ministros trazaron un intenso programa de actividad legislativa reformista para este año.

Con respecto a las finanzas públicas, el gobierno planea presentar un presupuesto suplementario para llenar ciertos huecos en los ingresos. Se espera que en los próximos meses aclare cómo planea concretar los recortes de 60 mil millones de euros programados para 2014-17. También necesita presentar pronósticos más creíbles de crecimiento económico.

Reformas en la zona euro

En la cumbre del Consejo Europeo, en diciembre de 2012, los líderes de la zona euro aprovecharon las condiciones de mayor calma en los mercados financieros para posponer pláticas sobre fortalecimiento de los fundamentos de la unión económica y monetaria (UEM), y es posible que la pausa se mantenga hasta después de la elección alemana de este año. Posteriormente el avance dependerá de un acuerdo entre Francia y Alemania sobre compartimiento de responsabilidades y transferencia de soberanía nacional.

En el curso de 2013 las reformas institucionales orientadas a fortalecer la UEM se limitarán al trabajo técnico para reforzar la supervisión bancaria. En la reunión de diciembre, los líderes lograron un acuerdo sobre la mayoría de los pasos necesarios para instaurar un mecanismo único de supervisión, basado en el Banco Central Europeo (BCE). Sin embargo, persisten dudas, sobre todo respecto de si el Mecanismo de Estabilidad Europea logrará recapitalizar directamente los bancos y si se aplicaría a los bancos ya en dificultades.

Elecciones en Italia

Es probable que las elecciones en Italia se adelanten dos meses, a febrero, luego que el primer ministro, el tecnócrata Mario Monti, ofreció su renuncia en diciembre pasado. El gobierno de Monti ha aprobado una legislación para reformar el mercado laboral y abrir sectores económicos protegidos, pero su respaldo político se debilita. La coalición de centro izquierda parece la mejor colocada para formar el próximo gobierno, pero es probable que le falte estabilidad. Monti se ha manifestado dispuesto a regresar al gobierno después de la elección; es probable que volviera a ser designado primer ministro, pero también podría ocupar otra cartera.

Elecciones en Alemania

Las próximas elecciones generales en Alemania están programadas para septiembre de 2013. La canciller Angela Merkel, de la Unión Demócrata Cristiana (UDC), está en el pináculo de su popularidad nacional, en parte por su cautelosa postura acerca de la crisis europea. La UDC va 10 puntos adelante en las encuestas sobre el principal partido opositor, el Socialdemócrata. La política alemana hacia Europa apenas sufrirá cambios, sea cual fuere el resultado de las elecciones.

Reino Unido y Europa

Los sucesos en la zona euro tendrán impacto significativo en otro asunto importante: el futuro de la relación de Gran Bretaña con otros países europeos. Desde que vetó un proyecto de tratado de la UE en una agria cumbre, en diciembre de 2011, Reino Unido parece encaminado a un divorcio con la UE. En tanto los países continentales se ven forzados a considerar niveles mucho más profundos de integración institucional para restaurar la confianza en la viabilidad de la zona euro a largo plazo, GB busca formas de reducir sus relaciones existentes con la unión. Parece que los recelos entre ambas partes crecerán en el curso del año.

El primer ministro, David Cameron, planea pronunciar un discurso decisivo sobre la relación de GB con la UE antes que termine enero, en el cual probablemente subraye la determinación de la coalición gobernante (dominada por el Partido Conservador) de rescribir los términos de membresía de su país en la UE. Los comentarios de los parlamentarios euroescépticos de Reino Unido (de los cuales hay muchos, sobre todo en ese partido) acerca de explotar los prolongados problemas de la zona euro para obtener un mejor acuerdo para Gran Bretaña no han dejado de notarse en otras partes de Europa, y colorearán la percepción continental acerca de GB, a la cual por ahora se le ve como poco cooperativa, si no es que activamente hostil.

Cameron quiere renegociar los términos de la membresía, no que su país salga de la unión. Sin embargo, es poco probable que otros estados miembros permitan que GB recupere poderes esenciales y al mismo tiempo conserve la plena pertenencia a la unión. A la vez, podría ser difícil cambiar el arraigado euroescepticismo británico. Estas presiones en conflicto sólo se sumarán a la creciente expectativa de que un referendo sobre el tema en Reino Unido será inevitable en el próximo periodo parlamentario.

Traducción de textos: Jorge Anaya

EIU (Economist Intelligence Unit). La Jornada

http://www.jornada.unam.mx/2013/01/22/economia/030n1eco

Parlamento Europeo aprueba normas más estrictas a las agencias de calificación

Leo sin asombro y con cierto regocijo que el Parlamento Europeo ha logrado introducir ciertas normas para regular a las agencias de calificación, es decir, regular a las agencias que regulan al sistema financiero. Aunque esto suene a redundancia, hay que decir que las agencias de calificación son el brazo armado del sistema financiero y que por regulación solo entienden potenciar el ciclo económico. 

Las agencias de regulación son directamente responsables de la actual debacle económica dado que hasta bien entrado el año 2009 no dijeron nada de la crisis que se había incubado en sus propias narices. Sólo después que la crisis estalló comenzaron a aplicar criterios más rigurosos con los que potenciaron la onda recesiva. Esto demuestra la total falta de transparencia del sistema dado que mientras todo “iba bien”, las agencias no detectaron las burbujas y los peligros del sistema. Una vez que la crisis estalló (bajo su plena responsabilidad), se hicieron juez y parte y condenaron a muchos países en problemas (como España) a las penas del infierno.

Por eso es muy gratificante la nueva normativa aplicada ayer por el Parlamento europeo que busca que agencias como Standard & Poors, Moodys y Fitch, sean mucho más abiertas en sus deliberaciones y reciban acciones legales si se encuentran faltas en sus funciones. Hasta el momento, no ha habido ningún tipo de sanción a estas agencias de calificación que fueron incapaces de ver la crisis que se incubaba ante sus propios ojos, y los países afectados (es decir los contribuyentes) han debido pagar todos los platos rotos. 

El Parlamento Europeo votó en forma casi unánime (579 votos a favor y 58 en contra) la aplicación de exigencias más rigurosas a estas agencias para hacerlas más responsables de errores en caso de negligencia o dolo. Estas nuevas normas deberían mejorar la competencia de una industria dominada por las tres grandes (Standard & Poors, Moodys y Fitch), que solo han salvaguardado los intereses de la banca, dado que son sus principales clientes. Estas agencias no han escatimado esfuerzos a la hora de castigar a los países, cuando los principales culpables han sido los bancos a los que rinden cuentas. En rigor, en todo esto ha habido un claro conflicto de intereses en los cuales estas agencias no han tenido ningún nivel de transparencia. Por eso que lo que hemos denunciado en diversos post sobre las agencias de calificación comienza tomar un camino más justo. 

La rebaja en la calificación de la deuda de un país implica un aumento en el riesgo y eso genera un aumento en el costo de su endeudamiento futuro, provocando una carga adicional en momentos en que los mercados financieros se encuentran debilitados y reacios a conceder préstamos. Las agencias de calificación han hecho un flaco favor a los países más débiles de la eurozona al negarles la sal y el agua con sus paulatinas reducciones a la calidad de la deuda hasta dejar a algunos países en el nivel de bono basura. Como hemos señalado desde el año 2008, una de las alternativas para superar la actual crisis pasa necesariamente por dar una transparencia real al sistema financiero. Una transparencia que estas mismas agencias negaron al estar embeídas en la opacidad. 

Marco Antonio Moreno

El Blog Salmón

http://www.elblogsalmon.com/mercados-financieros/parlamento-europeo-pone-normas-mas-estrictas-a-las-agencias-de-calificacion

Hacia otra política económica

Entre los días 8 y 11 del pasado mes de noviembre tuvo lugar en Florencia el Foro Firenze 10+10, subtitulado “Joining forces for another Europe”. En el marco de dicho foro, tuvo lugar también un encuentro de economistas. El encuentro, convocado bajo el título de Meeting of Economists’ Networks on Another Economic Policy for Europe, había sido convocado por organizaciones europeas de economistas heterodoxos tales como Another Road for Europe (transeuropea), Economistes Atterrés (Francia), Euromemorandum (transeuropea) o Sbilanciamoci! (Italia).

Dicho encuentro, que tuvo lugar los días 9 y 10, contó entre sus participantes con algunas personas de relevancia dentro del panorama de la economía crítica europea, como por ejemplo, Susan George, Trevor Evans, Dany Lang, Frédréric Boccara o Mario Pianta. En total 5 organizaciones, además de las 4 convocantes, participaron en las discusiones del encuentro: Critical Political Economy Research Network, Econospheres, Transform, Transnational Institute y también econoNuestra. A ellas se sumaron además diversas personas a título individual.

Tras una primera sesión dedicada a abordar diferentes aspectos de la actual crisis mundial, las siguientes sirvieron para debatir dos cuestiones: 1) la mejor forma de dar continuidad, de forma institucionalizada, al encuentro; y 2) la elaboración de una declaración que sirviera además para dar a conocer tal iniciativa.

Como resultado de la primera, en Florencia nació la Red Europea de Economistas Progresistas, integrada por las organizaciones participantes en la reunión así como por otras que se han adherido posteriormente. Al igual que econoNuestra en el caso español, esta red sobresale por su vocación para integrar aspectos relacionados con la investigación y el mundo académico junto con el activismo de quienes desde distintos puntos de Europa están cuestionando las políticas económicas actuales y proponiendo la aplicación de otras nuevas. En este sentido, la red promoverá actividades relacionadas con la investigación, el diseño de políticas alternativas, la publicación de artículos de divulgación sobre temas económicos y la organización y participación en foros y encuentros de activistas (como Alter Summit que se tomó como referencia).

La red, que responde al nombre de EURO-PEN, ha recibido ya más de una decena de solicitudes de adhesión de otras organizaciones similares europeas, y en las próximas semanas contará con una página web donde se subirán los materiales relacionados con sus actividades en varios idiomas. Se está trabajando en un documento para sacar con motivo de la reunión del próximo mes de marzo del Consejo Europeo como alternativa al documento oficial, en la participación en el encuentro de Alter Summit programado para junio en Atenas y en la organización de algún acto conjunto con sindicatos europeos, así como algún otro en Italia y Alemania antes de sus respectivas elecciones nacionales. EURO-PEN pretende así nutrir a los movimientos sociales de perspectivas económicas heterodoxas en forma de documentos pero también de conferenciantes y participantes en actos concretos. De este modo, se pretende salvar la distancia entre el mundo académico y el de los movimientos sociales.

Respecto a la segunda cuestión abordada en la reunión, como carta de presentación de EURO-PEN, se elaboró una declaración y se envió a diversos medios de comunicación (alcanzando un eco considerable, como por ejemplo aquí, aquí o aquí). Los seis puntos de la declaración fueron los siguientes:

1. Hay que revocar las políticas de austeridad y revisar radicalmente la drástica condicionalidad impuesta a los países que reciben los fondos de emergencia de la UE, empezando por Grecia. Es necesario levantar las duras restricciones impuestas por el Pacto Fiscal Europeo, de modo que los países puedan conservar el gasto público, el bienestar y los salarios, al tiempo que la UE se implique en mayor medida en el estímulo de la demanda, promoviendo el pleno empleo y siguiendo una nueva trayectoria de progreso sostenible y equitativo. Las políticas europeas deberían reducir los desequilibrios externos forzando también a los países con superávit a ajustarse.

2. Las políticas europeas deben favorecer una redistribución que reduzca las desigualdades, buscando la armonización impositiva y acabando con la competencia fiscal. Debe además trasladar el peso de la presión fiscal del trabajo a los beneficios y la riqueza. Las políticas europeas deben promover los servicios públicos y la protección social. Hay que defender la negociación colectiva; los derechos de los trabajadores son una parte fundamental de los derechos democráticos en Europa.

3. Para hacer frente a la crisis financiera en Europa –marcada por la interacción entre una crisis bancaria y una crisis de deuda pública–, el Banco Central Europeo tiene que actuar como prestamista de última instancia en los mercados de deuda pública. El problema de la deuda pública debe resolverse mediante acciones bajo la responsabilidad común de los países de la eurozona; la deuda debería ser auditada públicamente.

4. Es necesario reducir de forma radical el tamaño del sector financiero introduciendo un impuesto sobre las transacciones financieras, eliminando la especulación e imponiendo el control de los movimientos de capital. El sistema financiero debe estar bajo control social; hay que transformarlo para que promueva empleos e inversiones productivas socialmente útiles y ecológicamente sostenibles.

5. Una transición ecológica completa permitiría a Europa salir de la crisis. Europa debe reducir su huella ecológica y su consumo de energía y de recursos naturales. Sus políticas deben favorecer nuevas formas de producir y consumir. Un amplio programa de inversiones que promueva la sostenibilidad puede generar empleos de alta calidad, desarrollando competencias en nuevos campos de innovación y ampliado las posibilidades de acción a nivel local, especialmente en lo que se refiere a los bienes públicos.

6. Hay que reforzar la democracia a todos los niveles en Europa. Es necesario reformar la Unión Europea y revertir el proceso por el que, desde que empezó la crisis, el poder ha quedo concentrado en manos de unos pocos Estados y de instituciones poco democráticas. El objetivo es conseguir una mayor participación ciudadana, un papel más relevante por parte del Parlamento Europeo y un control democrático significativo sobre las decisiones clave.

La declaración terminaba proponiendo un cambio de rumbo en las políticas europeas, buscando una alianza entre la sociedad civil, los sindicatos, los movimientos sociales y las fuerzas políticas progresistas para sacar a Europa de la crisis originada por le neoliberalismo y las finanzas. La Red Europea de Economistas Progresistas pretende contribuir a este cambio.

Luis Buendía
Miembro de econoNuestra, investigador en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales y en la Universidad Nacional de San Martín
Público.es
http://blogs.publico.es/econonuestra/2013/01/17/hacia-otra-politica-economica/