El pasado 29 de junio el Consejo Europeo alcanzó un acuerdo para
permitir la recapitalización directa de la banca española y, con ello,
intentar aliviar la presión de los mercados sobre las deudas soberanas.
Este acuerdo modifica algunas de las condiciones inicialmente previstas
en el rescate de la banca española, lo que está siendo presentado por el
gobierno como una auténtica pica en Bruselas.
Con la finalidad de
romper el círculo vicioso entre la deuda privada de los bancos y la
deuda soberana, el acuerdo alcanzado faculta al Mecanismo Europeo de
Estabilidad (MEDE) a recapitalizar directamente las entidades
financieras españolas, de forma que los fondos avanzados por dicha
institución no computen como deuda pública adicional. Una segunda
novedad contemplada por el acuerdo es que el MEDE no se constituirá en
acreedor prioritario en caso de impago (lo que evitará una mayor presión
sobre la prima de riesgo española).
No obstante, el acuerdo
alcanzado no sólo presenta importantes claroscuros, sino que también
mantiene las perennes obstinaciones de Bruselas. Aunque encender una
vela en un oscuro túnel puede ahorrarnos algún tropiezo, no hace que el
túnel cambie de destino.
El MEDE no podrá facilitar fondos
directamente a la banca española hasta que el BCE asuma el papel de
supervisor único del sistema bancario europeo (exigencia planteada por
Merkel). Esta nueva cesión de soberanía nacional -ciertamente compleja y
que requiere difíciles consensos entre los países de la zona euro-
puede dilatarse en el tiempo muchos meses aún. Por ello, el rescate de
la banca española comenzará a hacerse por la vía "clásica": el Fondo
Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) concederá una línea de crédito
de hasta 100.000 millones de euros al fondo de rescate bancario (FROB),
lo que elevará la deuda pública española hasta 10 puntos adicionales
sobre el PIB. Esta nueva presión asociada al incremento de los intereses
de la deuda tendrá que compensarse con más recortes sociales para que
el déficit no aumente, tal y como recientemente ha anunciado el ministro
De Guindos. Sólo una vez que el BCE asuma plenos poderes de supervisión
el rescate se traspasará al MEDE y será posible la recapitalización
directa de la banca.
Por otro lado, en este momento no está aún
claro si las entidades nacionalizadas podrán acogerse a dicha
recapitalización directa. En caso de no ser así -y puesto que éstas son
precisamente las que más fondos necesitan- el acuerdo tendría escasa
utilidad para España.
Pero, aún incluso cuando se avance en la
unión bancaria y fiscal y el BCE alcance plenos poderes de supervisión,
el rescate a la banca española entrañará una dura condicionalidad.
Aunque el crédito para recapitalizaciones bancarias se acabe traspasando
al MEDE y el Estado español consiga desembarazarse de su papel de
intermediario y avalista, la ciudadanía española perderá con este
acuerdo el derecho a decidir sobre el futuro de su sistema bancario.
Es más, tal y como reza la nota hecha pública por el Consejo Europeo
del 29 de junio, la recapitalización "se basaría en la condicionalidad
adecuada, [...] que debería ser específica de cada entidad, específica
de cada sector o a escala de toda la economía". Es decir, que la
condicionalidad asociada a los préstamos no se limitará únicamente al
sector privado, sino que podrá alcanzar al conjunto de la economía.
El acuerdo alcanzado no sólo no modifica la orientación de las
políticas de recortes impuestas desde Bruselas -que han empujado a
nuestra economía a la recesión- sino que la profundiza. En la medida en
que la intervención del FEEF y del MEDE se subordina en el acuerdo a que
los estados miembro cumplan los requisitos del Pacto de Estabilidad y
Crecimiento y alcancen un déficit del 3% del PIB en 2013, la troika
(Comisión Europea, FMI y BCE) no sólo tutelará la reforma bancaria
española, sino también la política económica del gobierno. La
orientación, qué duda cabe, será la mantenida hasta el momento: aplicar
todas las medidas posibles para liberar recursos que garanticen el pago
de la deuda pública y privada a los acreedores.
El rescate
"realmente existente" de la banca española exigirá nuevas medidas de
ajuste para poder alcanzar este quimérico objetivo de reducción del
déficit al 3% en 2013. Estamos en vísperas de un importante incremento
del IVA (impuesto que grava especialmente a las rentas más bajas), que
seguramente aumente el gravamen de algunos productos y servicios básicos
desde un tipo superreducido (4%) al reducido (8%), o desde este último
al tipo normal (18%). Otra modificación esperada será la eliminación de
la desgravación por la compra de vivienda, que -aunque favorecería el
régimen de alquiler- podría endurecer simultáneamente la situación
económica de aquellas familias asfixiadas que afrontan en este momento
el pago de su hipoteca. Cabe esperar igualmente nuevas reducciones
salariales de las y los empleados públicos -y muy probablemente
despidos-, así como nuevos intentos por retrasar la edad de jubilación.
Las consecuencias del rescate de la banca española -con o sin
recapitalización directa- serán amargas para las y los trabajadores y
especialmente para las familias de rentas más bajas. La deuda contraída
por las entidades financieras españolas con los bancos extranjeros,
buena parte de ella vinculada al negocio inmobiliario, se pagará a costa
de seguir cerrando quirófanos, despidiendo profesores y recortando
derechos.
Pero estas medidas ni siquiera garantizan que el
crédito vuelva a fluir en la economía española, en tanto en cuanto no
resuelven el problema del préstamo fallido de promotores y
constructoras, el exceso de activos inmobiliarios que acumula la banca,
ni la sobrevaloración de dichos activos. Las medidas de ajuste en una
"recesión de balances" como la actual -donde todos los actores intentan
desendeudarse simultáneamente- no hacen sino profundizar la crisis y
aumentar progresivamente la morosidad de los activos bancarios. El
fuerte descenso del ahorro de los hogares españoles desde 2010
-vinculado a los menores ingresos de las familias, a los recortes
salariales y al agotamiento de las prestaciones públicas-, es una
muestra de esta tendencia.
Además, el rescate de la banca
española tampoco elimina a medio plazo los riesgos de contagio a otros
países. Como recuerda el economista griego Yanis Varoufakis, en la
medida en que la financiación del FEEF y del MEDE se basa en el
principio de que todas las deudas contraídas por dichas instituciones
deben ser separables y atribuibles a un único país, su utilización
continuada necesariamente incrementa la ratio de endeudamiento sobre el
PIB del resto de países no rescatados, situando a éstos en posiciones de
creciente fragilidad.
Frente a esta socialización de las
pérdidas de la banca (con cargo a la ciudadanía española y europea), es
necesario poner en pie alternativas que pasen por anular las medidas de
austeridad y las contrarreformas laborales, por exigir una moratoria
sobre el pago de la deuda para identificar y anular aquella que sea
ilegítima, y por expropiar la banca privada que no se sujete a una
estricta regulación encaminada a orientar el crédito -en condiciones
financieras favorables- a actividades socialmente útiles.
Daniel Albarracín, Nacho Álvarez, Manolo Garí y Bibiana
Medialdea
Público.es
[*]Miembros del consejo editorial de VientoSur.
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