Sin agenda europea contra la crisis

El primero de julio 2009, Suecia releva la nefasta presidencia semestral de la República checa, relevo simbolizado en la imagen de la foto. Pero la UE seguirá careciendo de agenda política frente a la recesión económica generalizada y, en particular, para superar el vacío regulador comunitario sobre la banca y las finanzas.

Sin embargo, la Comisión si dispone de una agenda tecnocrática europea que, al ritmo pausado de cualquier burocracia, pretende salvar las apariencias ante el vacío regulador comunitario que permitió que el descontrol y los abusos de Wall Street trajeran pérdidas de ahorro y ahora desempleo masivo.

El propio el Consejo europeo de junio reconocía en su comunicado final que “la crisis financiera ha demostrado claramente la necesidad de mejorar la regulación y la supervisión de las entidades financieras tanto en Europa como globalmente” (párrafo nº 17)

Ante los graves efectos de la crisis financiera importada de los EEUU, en octubre 2008 la Comisión europea designaba un grupo de “expertos” alto nivel presidido por un ex Director General del FMI Jacques Larosière, para estudiar la supervisión financiera en la UE, que en febrero pasado hacía entrega de su informe “técnico”.

Y siguiendo esa agenda tecnocrática, sin que hubiera habido debate público alguno en España y en algunos otros países miembros, en la reunión del 18-19 junio 2009, el Consejo Europeo de los 27 jefes de estado y de gobierno (con minúscula porque los de ahora cada vez pintan menos), aprobaba la propuesta de institucionalización de la supervisión financiera comunitaria así como el “arreglo” para que los irlandeses accedan a dar su conformidad al Tratado de Lisboa.

Todo ello respondiendo a las conclusiones previas que la Comisión y el Consejo de ministros habían presentado en mayo, señalando el camino para el establecimiento de un nuevo marco de supervisión financiera mediante la creación de un Consejo de riesgo Sistémico que vigile las amenazas a la estabilidad financiera y un Sistema de Supervisión financiera, que este último Consejo europeo acaba de aprobar.

Es decir, se introducirán nuevas agencias supraestatales “independientes” sin el control de un gobierno comunitario que no existe; y que luego se acomodan a los lobbys, a los grupos de presión de los bancos y del poder financiero para decidir en asuntos que repercuten seriamente sobre los ciudadanos.

Así tenemos que las decisiones políticas clave se toman en el plano europeo y luego sirven de coartada para las medidas impopulares o la inacción de los gobiernos elegidos.

Porque de este modo, sin debate político alguno, aunque gran parte de nuestros políticos y líderes de opinión lo ignoren, la Unión Europea introdujo la libertad total extracomunitaria de movimientos de fondos sin ningún organismo que supervise y controle las operaciones bancarias transnacionales. Una causa última de la crisis económica que padecemos en Europa. Porque los impagos de las hipotecas estadounidenses sin garantías han generado la recesión económica y la pérdida de millones del pequeño ahorro español y del grande, que han pagado los contribuyentes.

Pero esos asuntos no han merecido ni siquiera un comentario de nuestros líderes y protagonistas de la reciente campaña electoral para el Parlamento europeo. De ahí que haya un punto de puro cinismo cuando no de desinformación en los lamentos por la abstención histórica en las pasadas elecciones europeas.

Algunos de nuestros líderes políticos nos convocaban a las urnas alegando que el 70 % de las decisiones económicas se tomaban en Bruselas. Pero ni explicaron cuales eran esos asuntos que se deciden en Bruselas y en las instituciones europeas y que los ciudadanos deberían conocer y debatir. De ahí que distrajeran la atención de los votantes sobre las cuestiones internas que todo el mundo sabía que no eran tema de esas elecciones, reducidas a un mero sondeo sobre la popularidad del gobierno y su imagen mediática.

Desde luego nadie habló de esa agenda tecnocrática europea en curso sobre una regulación de las finanzas que se viene cocinando por la tecnocracia europea desde el pasado otoño. Y las finanzas opacas de la UE con sus centros offshore seguirán dominando las instituciones y condicionando las políticas económicas de los gobiernos, mientras persista el marco descrito en La Europa opaca de las finanzas.

Del asunto sobre el Tratado de Lisboa e Irlanda, las contradicciones en que incurre el Consejo europeo son denunciadas con acierto en un artículo esclarecedor de José A. García Sáez al que remitimos al lector.

Juan Hdez. Vigueras - Consejo Científico de ATTAC España

www.laeuropaopacadelasfinanzas.com

Tratado de Lisboa y desregulación

Ahora que las elecciones al Parlamento de la Unión Europea –las mal llamadas elecciones europeas– han quedado atrás, entre nuestros dirigentes políticos siguen arreciando las declaraciones sobre el Tratado de Lisboa. Arrastran en su mayoría un franco alborozo por los progresos registrados en la ratificación del texto heredero del viejo tratado constitucional, acompañado, eso sí, de un inocultable desdén hacia quienes muestran escaso entusiasmo al respecto y en singular hacia los ciudadanos irlandeses que un año atrás decidieron rechazar el texto que nos ocupa.

Uno de los rasgos de la crisis en curso es que, mientras se denuncian algunos de los abusos que han cobrado cuerpo en los últimos años, se mantienen, sin embargo, los asientos legales e institucionales que deben permitir la preservación de esos abusos. No hay mejor retrato de lo anterior que el que aporta el mentado Tratado de Lisboa. Mientras nuestros responsables encomian las eventuales ventajas que aquel deparará en el terreno de una mayor cohesión institucional y política, prefieren olvidar lo que, con certeza, conduce a muchos ciudadanos a recelar del texto: su defensa aberrante de fórmulas desreguladoras que están en el origen, sin ir más lejos, de la llamada Directiva Bolkenstein o de la hilarante propuesta de una jornada semanal de 65 horas.

Las cosas las dejó bien claras el ex primer ministro francés Laurent Fabius, quien en 2005 se vio obligado a subrayar algo llamativo: el tratado constitucional entonces sometido a referendo en su país –las cosas no han cambiado un ápice con el Tratado de Lisboa– se refería al mercado en 78 ocasiones y hablaba de la libre competencia en 27, pero sólo en una oportunidad mencionaba el pleno empleo. Tal y como lo recordó por aquel entonces un colega, el problema mayor del tratado constitucional no era que cancelase todo horizonte de transformación revolucionaria: el problema principal estribaba en que cortaba las alas –lo sigue haciendo el texto aprobado en Lisboa– al proyecto histórico que cabe atribuir a la socialdemocracia consecuente; esto es, el de un Estado que interviene en la economía para garantizar derechos y socorrer a los desvalidos.

Para que nada falte, y sin que nadie muestre indignación alguna, asistimos a una nueva huida hacia adelante: políticos y líderes de opinión prefieren no preguntarse por qué la mayoría de los gobiernos de los Estados miembros de la UE se han inclinado por no convocar referendos en relación con el Tratado de Lisboa. La respuesta, claro, duele: porque tienen sobrados motivos para concluir que en muchos casos sus conciudadanos le darían la espalda a un texto que, dicho sea de paso, y en una farsa más, es en sustancia el mismo que muchos franceses y holandeses rechazaron en 2005.

Ante tantas miserias acumuladas, se impone una conclusión: en condiciones de quiebra de la legitimidad democrática y de descrédito de un modelo económico y social en crisis tras dos decenios de agresiones neoliberales, lo primero que deberíamos hacer es sopesar, en serio, si el Tratado de Lisboa es ese dechado de perfecciones que entre nosotros aprecian, con arrobo, socialistas y populares.

Carlos Taibo es profesor de Ciencia Política
Fuente: Público

Xenofobia y autoritarismo. La instrumentalización de las emociones de los ciudadanos

La reforma de la ley de seguridad, impulsada por el Gobierno de Silvio Berlusconi y recientemente aprobada por el Parlamento italiano, introduce una serie de medidas que han despertado todas las alarmas constitucionales, hasta el punto de que algunos expertos juristas hablan de la necesidad de buscar «formas de resistencia constitucional» frente a las posibles violaciones de derechos fundamentales.

La ley no solo limita los derechos fundamentales de los inmigrantes que viven y trabajan legalmente en Italia y criminaliza al inmigrante ilegal como delincuente (se crea el delito de «inmigración y estancia clandestinas»), sino que legaliza las denominadas «patrullas de ciudadanos», creadas para denunciar posibles delitos, situaciones de desorden social o alteraciones del orden público y delatar a sus autores, incluyendo muy especialmente a los sin papeles y a todos aquellos que se ubican en ámbitos de vulnerabilidad social. Esta medida autoriza al ciudadano privado a asimilarse a las fuerzas de policía y legitima, en la práctica, peligrosas tendencias de la gente a tomarse la justicia por su mano. Es decir, que esta ley propicia un claro retroceso en uno de los pilares básicos del Estado de derecho: el del legítimo monopolio del uso de la fuerza.

Medidas legales de este tipo ponen de manifiesto una clara deriva xenófoba y autoritaria en la acción política italiana, que puede tener consecuencias muy negativas en el funcionamiento democrático de las instituciones políticas y trascender sus fronteras. En el fondo, se está produciendo una instrumentalización de las emociones de los ciudadanos. El miedo, el racismo, el odio a los diferentes o el desprecio por el débil y las minorías son utilizados como coartada para buscar el consenso y la legitimidad de políticas populistas que atentan contra la estructura democrática de las sociedades europeas y provocan una falsa división de la ciudadanía en torno a temas básicos que tienen que ver con la dignidad de las personas y sus derechos. Abren, así, un combate cultural, cuyo objetivo es crear alarma social culpabilizando a los inmigrantes de los problemas económicos y de inseguridad que vive la sociedad italiana.

Y, en base a ello, se reclama una especie de poder ilimitado e incontrolado, un poder salvaje, a modo de encarnación de la voluntad popular, en el que se mezclan lo ideológico y los intereses económicos privados en una suerte de pulso de poderes fácticos frente al poder político. La apelación directa al «bienestar general del pueblo» se utiliza como fuente de poder, buscando la aceptación de los ciudadanos. La cuestión está en que las medidas que se han aprobado en Italia pueden tener un efecto bumerán contra los ciudadanos italianos y su «bienestar general», en tanto que toda limitación o retroceso en la defensa y garantía de los derechos humanos, en este caso de los extranjeros, y de la democracia acaba afectando a toda la población y causando conflictos inesperados y duros.

Las medidas contenidas en la ley italiana pueden generalizarse en otros países europeos. Y eso supondría una amenaza a los compromisos de libertad, igualdad y solidaridad del originario espíritu europeísta, y del carácter universal y generalizable de los derechos humanos, reafirmando la regresión mercantilista y nacionalista que se ha ido instalando en el funcionamiento de algunos países de la Unión Europea. En tiempos de crisis, las veleidades populistas, tanto políticas como económicas, afloran con más facilidad y pueden encontrar un seguimiento electoral en una ciudadanía desencantada políticamente, agobiada y resentida económicamente.

¿Cómo se pueden frenar estas tendencias? La izquierda y el pensamiento progresista han de asumir su responsabilidad frente a las mismas. No es suficiente con criticar de forma concreta las sucesivas actuaciones de xenofobia o racismo que se producen en algunos países europeos como casos residuales, ni tampoco sirve calificar de extremistas a sus promotores o mirar para otro lado cuando se aprueban leyes restrictivas con los derechos humanos.

Podemos estar ante una verdadera emergencia constitucional, que requiere un refuerzo de las instituciones democráticas para evitar su utilización o, incluso, su suplantación por parte de algunos partidos o líderes políticos que sirven más a poderes económicos y empresariales que a la ciudadanía.
Es urgente facilitar el ejercicio de los controles constitucionales y reforzar la legitimidad de los poderes públicos. Desde la izquierda se debería enviar un mensaje ético de recuperación de la hegemonía del poder político frente al poder económico y el poder ideológico que en los últimos años ha sido privatizado al servicio de aquél. El poder político, en tanto que poder regulador, no puede estar capturado por el poder regulado mediante redes clientelares y corruptas.Mientras esto sea así, las derivas populistas, tanto en política como en economía, encontrarán un terreno abonado para su desarrollo. El ejemplo paradigmático es lo que se ha consolidado como el berlusconismo en Italia, que debería constituir un claro aviso para navegantes, también para las instituciones de la Unión Europea.

María José Fariñas Dulce, Comité de Apoyo de Attac, El Periódico

Profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid.

La Unión Europea ante la crisis

Si hay un político español, y europeo, de quien no se puede pensar que reme contra Europa es Felipe González. Por eso creo que son especialmente significativas sus palabras recientes sobre el papel de la Unión Europea frente a la crisis: “EE UU está haciendo tres veces más esfuerzos que Europa, que no se está dando cuenta de que esto es una emergencia mundial. Hablo de toda Europa, no de un país u otro” (El País, suplemento Negocios, 19 de abril de 2009).

Pero incluso opiniones tan cualificadas y pocos sospechosas como esa, las reiteradas llamadas de Obama solicitando de Europa un mayor esfuerzo para poder enfrentarse con éxito a la crisis, o las del propio Fondo Monetario Internacional que ha señalado en varias ocasiones que Europa no responde como debería hacerlo, están cayendo en saco roto.

Mientras que en Estados Unidos no han tenido reservas a la hora de guardar para mejor ocasión los principios neoliberales de los últimos años en aras de poner en marcha amplios programas de intervención, aquí, y a pesar de que ya nadie va a poder oficiarla en la práctica, se sigue manteniendo la liturgia del mercado, de la estabilidad presupuestaria y de la austeridad pública. No solo se desaprovechan así recursos que serían fundamentales para poder evitar que la crisis vaya a más y para fortalecer un nuevo modelo productivo basado en la innovación y en la igualdad, sino que se renuncia a generar un nuevo discurso político más realista y eficaz a la hora de crear riqueza y de promover el progreso de modo sostenible, que es lo que no se ha podido garantizar con los principios y políticas neoliberales que se siguen defendiendo a toda costa.

La Reserva Federal de Estados Unidos se puso manos a la obra en cuanto que la crisis mostró sus dimensiones más negras y no está teniendo pudor a la hora de financiar los programas del gobierno, actuando en la práctica como si fuera una autoridad fiscal más, o al menos saliendo constantemente al firme apoyo de ésta. El Banco Central Europeo, por el contrario, reacciona tarde y contra corriente, no ha podido ejercer como supervisor europeo y sigue siendo esclavo de unos principios constitucionales de actuación que ahora vemos hasta qué punto lo hacen inoperante e inútil para enfrentarse con eficacia y fortaleza a problemas tan gravísimos como los que ahora tiene la economía europea.

Incluso la Comisión y el propio Parlamento se desacreditan cuando aparecen tan impotentes ante la sociedad, cuando desdicen aplicando medidas proteccionistas en provecho de los ricos los postulados de libre mercado con que han justificado hasta ahora sus políticas anti-sociales, o cuando los países entran en continuos conflictos entre sí a la hora de definir políticas o actuaciones que cabría esperar que se plantearan y resolvieran con más o menos dificultad pero mediante acuerdos a escala supranacional.

La consecuencia de todo ello es que el sistema financiero europeo se sigue degradando, que son ya varios los países europeos que han tenido que recurrir a financiación extraordinaria del Fondo Monetario Internacional (con las secuelas sociales que ello va a traer consigo) y que la actividad económica se paraliza en todos sus territorios. Si no se cambia de rumbo con rapidez será inevitable que lleguemos a las próximas elecciones no solo con unos registros económicos aún más deteriorados sino, lo que es peor, con unas instituciones muy debilitadas y puestas en tela de juicio por los ciudadanos europeos.

Los últimos resultados de la encuesta que realiza el Eurobarómetro lo indican claramente. La confianza en la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Banco Central Europeo cae, como no puede ser de otra manera, de forma generalizada y solo el 34% de los europeos afirma que votará en la próximas elecciones (y un 27% en España).

Se pueden dar muchas vueltas para explicar el desencanto ciudadano con el proyecto europeo pero lo cierto es que algo debe influir el que haya ido parejo con la profundización en las políticas neoliberales y con la pérdida de peso de las políticas sociales y de bienestar social en general.

Con tal de salvar en su día los intereses de los grupos financieros y empresariales más poderosos de Europa se cedió en la definición de principios de arquitectura institucional y de actuación política y esa cesión pasa ahora una factura que no sabemos si Europa podrá pagar sin contratiempos fatales: incrementos de las desigualdades y pérdida neta de bienestar social, cuasi inoperancia en materia político económica cuando los problemas son, como ahora, de especial envergadura, debilidad institucional que se hace estructural y una progresiva derechización de la sociedad europea que no puede dejar de darse cuando los partidos y gobiernos progresistas hacen suyas las ideas y las manera de actuar de la derecha neoliberal.

Europa ha sido en estos últimos años una pieza esencial en la consolidación de la estrategia neoliberal en todo el planeta y es natural que cuando ahora ésta está en crisis y los propios grandes poderes se plantean nuevas formas de actuación y regulación, lo esté también el actual proyecto europeo porque es un proyecto que nadie puede negar que está impregnado hasta los tuétanos de neoliberalismo. ¿Puede seguir basándose el proyecto europeo en la desregulación, en la sacralización del mercado, en la generalización de directivas que solo persiguen dar más libertad y facilidades al capital, en la convivencia con los paraísos fiscales de dentro y fuera de sus fronteras, en la política de mirar a otro lado frente a los bancos y los mercados financieros… cuando cae lo que está cayendo en la economía mundial?, ¿puede sobrevivir sin instrumentos fiscales efectivos ni armonizados en todo el territorio, con una política presupuestaria de mínimos y sin apenas posibilidad de ser usada discrecionalmente, con un banco central responsable de la política monetaria que se desentiende de lo que suceda con el empleo, con el nivel y calidad de la actividad económica y productiva, con cualquier manifestación de la estabilidad macroeconómica que no sea la evolución de los precios? ¿puede permitirse el lujo de basarse en instituciones que se anulan una a la otra y que en conjunto no conforman un entramado institucional ni plenamente democrático ni suficientemente operativo?

Es imprescindible que Europa, sus ciudadanía, reflexione sobre todo esto. Es evidente que los sectores más reaccionarios del poder constituido están repensando Europa, aunque en la línea de mantenerla como un espacio cada vez más inerme frente al capital: el creciente apoyo del que goza la derecha más extrema, la insistencia en medidas como la de las 65 horas o las antisociales de servicios, el discurso diluyente que se difunde sin descanso y la propia inexistencia de un amplio debate social sobre la responsabilidad que las políticas europeas han tenido en la generación de la crisis son prueba de ello. La alternativa no puede ser la de enrocarse en un modelo que está condenado a caer por sí mismo y que de esa forma puede arrastrar con él el proyecto europeo sino dar pasos adelante con nuevas propuestas imaginativas y capaces de dar la vuelta al desencanto que hoy día amenaza a Europa. Y es también evidente que ese encantamiento solo podría darse si la izquierda despierta y se sacude de la tentación liberal para defender ante los ciudadanos un proyecto propio en lugar de seguir confundiéndose con los otros.

Artículo publicado en Temas para el Debate.
www.juantorreslopez.com

Democracia decorativa a la europea

Durante la última legislatura, las sedes europeas han albergado un buen número de exposiciones. La más sonada fue una en la que cada país aparecía representado por un tópico: una pelota de fútbol simbolizaba a los italianos, una tableta de chocolate a los belgas, una gran plasta de hormigón definía a España. En el Parlamento Europeo (PE), dos exhibiciones más han reforzado la imagen de este país ante sus 26 socios: una sobre el Real Madrid y otra a mayor gloria de la tauromaquia. Aparte de esas dos significativas muestras, el papel del Estado español en Bruselas ha sido puesto en entredicho con motivo del Informe Auken, precisamente a cuenta de la construcción, y también merced a la Directiva de tiempo de trabajo, ya que éste es uno de los pocos países europeos en los que las excepciones u Opt out legalizan jornadas semanales de hasta 72 horas.

Al margen de esos episodios, el ciclo termina con una constatación, y es que el efecto del “Ya somos europeos” parece haberse diluido: el propio presidente de la Comisión Europea (CE), José Manuel Durão Barroso, al mostrar su preocupación por los bajos índices de participación en las elecciones, se lamentó de que “hasta España, uno de los Estados miembros más ‘euroentusiastas’, parece haber perdido su favor electoral”.

El analista político Gustavo Búster considera que el divorcio entre las élites que dirigen la UE y la ciudadanía “responde al déficit democrático en el que se asienta el actual proceso de construcción europea y su estructura institucional”. En el mismo sentido, Attac denuncia que la representatividad del Parlamento cede el papel predominante “a otras instancias europeas que imponen sus criterios, generalmente de manera opaca”, instancias no electas como la Comisión, el Consejo Europeo o el Banco Central.

Lo que diga la Comisión

El organismo que preside Durão Barroso, miembro del Partido Popular europeo, se arroga las principales competencias. Ése es el parecer de los promotores de la campaña “UE pa’qué, pa’quién”, que subrayan el hecho de que el Consejo Europeo y la Comisión “mantienen la mayoría del poder legislativo y ejecutivo, mientras que el Parlamento sigue cumpliendo un papel subalterno”. En esta línea, Antonio Carretero, secretario de Acción Social de CGT, considera que “la toma real de decisiones no es cosa del Parlamento, sino de las instituciones diseñadas específicamente para dirimir las diferencias entre lobbies y bloques políticos dominantes: la Comisión, el Banco Central e incluso los tribunales de justicia de la UE tienen más capacidad real de incidir en las políticas que el Parlamento Europeo, reducido a mero órgano consultivo, informativo y de ratificación de lo pactado en las otras instancias”. Erika González, de OMAL-Paz con Dignidad, incide en que el Parlamento cumple sólo un papel de “maquillaje democrático”, mientras que la Comisión se ocupa de imponer los intereses comerciales europeos, reconocidos como fundamento de la UE en el Tratado de Lisboa. De este modo, la Comisión, “muy alejada de la población”, como denuncia González, es la encargada de defender las políticas de la UE como bloque comercial en las rondas de negociación de acuerdos de libre comercio como el que está a punto de ser rubricado con países de Centroamérica y el Caribe.

Desde Attac, sin embargo, se defiende que la Eurocámara ha servido al menos para “limitar algunos retrocesos sociales” en el caso de la Directiva de servicios (conocida como Directiva Bolkestein), y “oponerse a la Directiva portuaria”. No obstante, desde este grupo se reconoce el escaso poder decisorio del Parlamento, toda vez que esta cámara tiene competencias compartidas con el Consejo para la aprobación de reglamentos y directivas, algo que, de hecho, impide que la Eurocámara promulgue leyes. En lugar de eso, el Parlamento dota a los Estados miembros de Métodos Abiertos de Coordinación, considerados “leyes blandas”, que marcan las estrategias a los parlamentos nacionales. Erika González recuerda que casi todas las Directivas aprobadas por el Parlamento “han promovido la privatización de servicios públicos, generando ciudadanías de primera y segunda clase”. Para Carretero, esperar que un grupo de “políticos profesionales” vaya a mejorar las condiciones de las clases trabajadoras “no sólo es una ilusión, sino una causa cómplice en la creciente pérdida de derechos laborales, sociales e incluso civiles, como se demuestra en el tratamiento discriminador y represivo de la UE para con las poblaciones migrantes”. Asimismo, desde la campaña “UE pa’qué, pa’quién” se denuncia que las competencias comunitarias otorgan una coartada a los gobiernos locales que de esta forma “podrán culpar a instancias superiores ‘inalcanzables’ de los desarrollos legislativos claramente contrarios al bienestar ciudadano”.

El poder de Lisboa

Vaclav Klaus, presidente de República Checa, señaló en una intervención en la Eurocámara que el Tratado de Lisboa profundizará en “una alienación todavía más grande en las instituciones” y aumentará la distancia “no sólo geográfica” entre los ciudadanos europeos y los políticos de Bruselas y Estrasburgo. Pero Klaus, a pesar de ser un pope del neoliberalismo, es considerado uno de aquellos euroescépticos que, según Durão Barroso y el presidente de la Eurocámara, Hans-Gert Pöttering, se harán fuertes en el Parlamento –junto a “los extremistas”– si la participación en los próximos comicios es escasa. Y es que, pese a la llamada de los presidentes, el barómetro europeo muestra que la intención de voto actual es la menor desde que se elige el Parlamento. No obstante, si se aprueba el citado tratado, algo que depende de Irlanda y de la propia República Checa, aumentarán sustancialmente las políticas que quedarán sometidas a codecisión. El texto aumentará las competencias de un Parlamento que, por número de votos, representa a cada vez menos ciudadanos europeos. Según el eurobarómetro publicado por la cámara el 27 de marzo, el 53% de los encuestados se declaraba no interesados por los comicios y el 47% de los ciudadanos no sabía o creía que los diputados no son elegidos por sufragio universal. Mientras tanto, la Eurocámara sigue haciendo esfuerzos por recortar la distancia que les separa de la población. En los próximos días, una exposición sobre Volvo distraerá a los visitantes que se acerquen a la sede de Bruselas.

LAS ‘GRANDES DECISIONES’ DEL PARLAMENTO EUROPEO

Comercio

En las Disposiciones generales relativas a la acción exterior de la Unión, el Tratado de Lisboa explica que la UE aboga por “la supresión progresiva de los obstáculos al comercio internacional”. El objetivo, paralizadas las rondas de negociaciones en la OMC, es avanzar en tratados de libre comercio bilaterales.

Agricultura

La Política Agraria Común supone el 43% del presupuesto de la Unión, aproximadamente 55.000 millones de euros. En 2008, entre el 5% y el 10% de ese presupuesto fue a parar a millonarios como la reina de Inglaterra y las familias Martínez de Irujo o Fitz-James Stuart.

Fronteras

La Directiva de Retorno, aprobada en 2008, estableció cláusulas que, como denunciaron diversos organismos y grupos, vulneran los derechos humanos de las personas migrantes. Esta Directiva ha marcado la línea que han seguido los Gobiernos de la Unión a la hora de redactar y modificar sus Leyes de Extranjería.

Copyright

La defensa de los derechos de autor es una de sus grandes premisas en los últimos años. En abril, el pleno abogaba por ampliar la protección de los derechos de las grabaciones musicales hasta 70 años. También, en octubre de 2008 se aprobaron las “enmiendas Harbour”, pese a la oposición de los internautas.

Emisiones C02

En diciembre de 2008 la cámara aprobaba un plan para combatir el calentamiento global, en 2020 se debe reducir un 20% la emisión de CO2. Pero el Parlamento, a cambio, deja abierta la posibilidad de compra de derechos de emisiones a terceros, y se debate la vuelta a la energía nuclear como freno al CO2.

Pablo Elorduy / Redacción. Diagonal

Libro: Europa, Todo ó Nada

Este libro, editado por ATTAC Francia, analiza diversos temas relacionados con la Unión Europea, algunos de los cuales pocas veces son difundidos o contemplados en documentos o manifiestos de sectores críticos con sus politicas. Pero sobre todo y lo importante es, a la luz de un análisis altermundista, la ALTERNATIVA de Unión Europea que planteamos.

ATTAC es, tal vez, el movimiento ciudadano más implantado en Europa, y lleva años estudiando el modelo neoliberal que conforma a la UE, pero que tambien inspira su acerbo legislativo y acción internacional, también hoy a pesar de la Crisis Global.

Otra Europa es posible, os invitamos a leer y descargar y difundir este libro de ATTAC Francia.

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¿Qué pasa en la Unión Europea?

Todas las encuestas señalan que la abstención en las próximas elecciones europeas va a ser muy elevada. Tal abstención, por cierto, no es una novedad. En realidad, ha ido aumentando en los últimos años, y precede a la crisis económica y financiera actual. Las causas de esta elevada abstención son fáciles de ver. Para ello se tiene que entender qué está pasando en la Unión Europea. Veamos:

1. El desempleo en el promedio de los países de la Unión Europea de los Quince (UE-15) ha ido aumentando desde la década de los ochenta. Europa, que históricamente (1960-1980) se había caracterizado por tener un desempleo más bajo que EEUU, pasó a tenerlo más alto a partir de los ochenta.

2. Las condiciones de trabajo de la población activa se han ido deteriorando en la mayoría de países de la UE-15. El porcentaje de la población que dice trabajar en condiciones estresantes pasó a ser (en el promedio de los países de la UE-15) del 32% de la población trabajadora en el año 1991 al 44% en el año 2005.

3. La tasa de crecimiento anual del gasto público en transferencias y servicios públicos del Estado del bienestar (como pensiones, sanidad, servicios de ayuda a las familias, vivienda, y otros componentes de la protección social), utilizados predominantemente por las clases populares, ha ido descendiendo en el promedio de los países de la UE-15, pasando del 6,2% en 1990 al 4,8% en 2004. La tasa de crecimiento de las necesidades sociales, sin embargo, ha ido aumentando.

4. La cobertura e intensidad de los beneficios laborales (en caso de enfermedad, discapacidad o desempleo) ha disminuido en la mayoría de países de la UE-15. Esta disminución ha sido, en general, más acentuada en los países gobernados por partidos liberales y conservadores que en aquellos gobernados por partidos socialdemócratas. Pero, en todos ellos, tales derechos sociales han disminuido.

5. Las rentas del trabajo (lo que se llama masa salarial, que depende del nivel de salarios y del número de asalariados), como porcentaje de la renta nacional, han descendido en el promedio de los países de la UE-15 (y ello a pesar de que el número de asalariados ha aumentado), pasando de representar un 68% de las rentas nacionales en 1975 a un 58% en el año 2005.

Tales hechos son indicadores del deterioro de la situación social y laboral de las clases trabajadoras y otros componentes de las clases populares en la UE-15, lo cual ha estado ocurriendo a la vez que las rentas del capital han crecido de una manera exuberante. Los beneficios empresariales han crecido (en el periodo 1999-2006) un 33% en el promedio de los países de la UE-15 y un 36,6% en los países de la zona euro, mientras que los costes laborales han aumentado sólo un 18%. Consecuencia de esta situación es que las desigualdades sociales han crecido enormemente, alcanzando cuotas sin precedentes. A los ricos nunca les había ido tan bien, y ello a costa del bienestar de todos los demás, es decir, las clases medias y las clases trabajadoras que vieron sus estándares de vida disminuidos. Y las encuestas muestran que la población europea es consciente de ello. El 78% de la población en la UE-15 dice que las desigualdades sociales en su país son excesivas. Nunca se había visto un porcentaje tan elevado de desaprobación de las desigualdades sociales en la mayoría de países de la UE-15.

Esta polarización social de rentas ha sido facilitada por las políticas públicas promovidas por el consenso de Bruselas (que es la versión europea del consenso liberal de Washington), llevadas a cabo por las instituciones europeas, tales como la Comisión Europea (encargada de vigilar el cumplimiento del Pacto de Estabilidad, que ha sido responsable de la austeridad del gasto público) y el Banco Central Europeo (cuyas políticas monetarias han beneficiado enormemente al capital financiero a costa del estímulo económico y la producción de empleo). Y la población es consciente de ello. Tanto la Comisión Europea como el Banco Central Europeo están entre las instituciones europeas menos valoradas. El establishment europeo (el conjunto de instituciones que lideran la Unión Europea) ha estado promoviendo políticas liberales, que incluyen desde la desregulación de los mercados laborales y financieros a la reducción del gasto público y de los impuestos. De ahí la decepción, cuando no enfado, de las clases populares hacia la Europa que se está construyendo y que afecta más a los partidos de centroizquierda que a los partidos de centroderecha y derecha, puesto que los grupos sociales más afectados negativamente por estas políticas liberales han sido las bases electorales, históricamente más fieles a los partidos de centroizquierda, tales como las clases trabajadoras.

La identificación de los partidos de centroizquierda gobernantes con las políticas liberales ha sido la causa de su enorme crisis. No hay que olvidar que la mayoría de gobiernos europeos habían sido de centroizquierda. La decepción creada por su liberalismo ha sido la causa de que sus bases electorales se hayan desplazado a partidos más radicales (de izquierda y de derecha), aun cuando la mayoría se ha ido absteniendo, quedándose en casa. Tales partidos de centroizquierda tendrán que hacer una autocrítica muy fuerte, abandonando el socioliberalismo si quieren recuperar el voto perdido.

En cuanto a las derechas, su éxito se debe a la lealtad de sus bases electorales, constituidas por los grupos de renta superior, beneficiados por las políticas liberales, y la de aquellos sectores de las clases populares atraídos por el mensaje nacionalista y anti inmigrante, consecuencia de su gran inseguridad. No es racista el más ignorante sino el más inseguro, y hay mucha inseguridad en la UE. Por otra parte, son estas mismas derechas (como el Partido Popular Europeo, al cual pertenece el PP español) las que trasladan a la Unión Europea (que tiene un enorme déficit democrático) aquellas medidas impopulares, como son el retraso de la edad de jubilación, que bien saben no podrían aprobar en sus parlamentos.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y ex catedrático de Economía
de la Universidad de Barcelona.

Fuente: Diario Público

Reinventar Europa

Europa nunca ha sido un proyecto integrado por las poblaciones europeas en su identidad profunda. Para las clases dirigentes, la construcción europea ha significado una extensión de sus intereses económicos con la conquista de un vasto mercado libre y solvente y, de paso, un medio con el que los modelos sociales del siglo pasado podían ser (y lo fueron) cuestionados. Para las nuevas clases medias, que fueron el auténtico vector de la idea de Europa, ésta ha desempeñado un papel de cómodo sustituto de las ideologías de futuro, más o menos socialistas, que obstruían el campo político desde principios de siglo XX. En cambio, para las clases populares, Europa no ha representado ni un destino, ni tampoco un proyecto movilizador. Su bajo nivel de participación en las elecciones europeas desde que se instauró el sufragio universal es una prueba elocuente de ello en toda Europa.

La impotencia de Europa ante la crisis deslegitima la construcción europea ante las capas populares.

Este profundo desinterés popular no ha hecho, desde entonces, más que crecer. Hoy se ha transformado en desafección política y, un hecho más grave aún, se está convirtiendo en un rechazo a Europa, en un repliegue nacional debido a las políticas concretas que ha materializado la Europa liberal. Pero hoy, la evolución más preocupante afecta a las propias clases medias: si analizamos sociológicamente los resultados de diversos referendos que han tenido lugar sobre el futuro institucional de Europa, todo parece transcurrir como si las clases medias estuvieran abandonando progresivamente el sueño europeo. La crisis está deslegitimando la construcción europea a los ojos de esos estratos sociales, poniendo en evidencia la impotencia de Europa.

Esta crisis ha revelado varias cosas. Tenemos, en primer lugar, la sorprendente impotencia de la Comisión Europea en Bruselas. Impotencia que se debe principalmente a su dogmatismo librecambista, el cual se ha visto reforzado desde la llegada de los países del Este. Los dirigentes de la Comisión no las ven venir, no se percatan de nada, no prevén nada. Esta institución vive en una suerte de sueño liberal de la política de la competencia: a pesar de las propuestas adelantadas en el Libro blanco de Jacques Delors hacia finales de los años ochenta, nunca ha reflexionado sobre lo que podría ser una política de empleo y de crecimiento. Se ha opuesto siempre tajantemente a toda coordinación entre las políticas económicas de los países de la zona euro; no ha hecho nada, bajo pretexto de no tocar el sacrosanto principio de la competencia para proteger el mercado europeo de las agresiones destructoras de empleos venidas de fuera. Podríamos añadir otras cien debilidades...

Pero, en segundo lugar, tampoco es justo que sólo culpemos a la Comisión de esta imprevisión: ha hecho lo que los Estados y los grandes partidos políticos le pedían que hiciera. Ahora bien, es evidente que desde el Acta Única de 1986 existe una alianza objetiva, potente, cómplice, entre la derecha y la izquierda europeas para apoyar el dogmatismo liberal de la Comisión (impulsado desde la entrada de Reino Unido). Esta alianza ha dañado considerablemente a la izquierda europea: le ha impedido plantear la cuestión del contenido social de la Europa en construcción, del modelo de desarrollo alternativo al liberalismo, del papel de Europa en el mundo.

Finalmente, el eje franco-alemán, motor de la construcción europea, está hoy en crisis. Parece que a Alemania ahora le interesan más los países del Este, inmenso mercado para sus exportaciones, que la Europa occidental. Las peticiones de Francia para poner en marcha una política coordinada en la zona euro, en concreto para vigilar la estrategia del Banco Central, son sistemáticamente rechazadas por Alemania y sus aliados. Hacía tiempo que no conocíamos una crisis tan profunda entre Francia y Alemania, a pesar de los abrazos entre Sarkozy y Merkel ante la galería. La reunión del G-20 en Londres, en abril, fue, para los que leen atentamente los comunicados internacionales, una victoria absoluta de Alemania, ya que ésta enfrió las peticiones del presidente Obama para desarrollar una política mundial coordinada ante la crisis, y negó a Francia, una vez más, una estrategia europea común de reactivación del consumo.

Esta situación conlleva graves peligros para el futuro de la construcción europea. Se debe restablecer la confianza entre los principales socios de la Unión, en concreto, desarrollando estrategias de cooperación en materia de empleo, medioambiente, y de protección de los modelos sociales basados en la justicia y la solidaridad. La actual crisis mundial sella el fracaso del liberalismo económico. Las elecciones europeas deberían ser el momento ideal para plantearse estas preguntas, y contribuir así a formar una verdadera opinión pública europea.

Sami Nair

Fuente: El País
Traducción de M. Sampons.

Dividida en la adversidad

Desde el punto de vista de la situación actual de la UE, el Día de Europa, que se celebra hoy, no está viviendo sus mejores momentos. Si alguien visiona en Internet el vídeo de la firma del Tratado de Lisboa, podrá ver algo aparentemente normal pero –atendiendo a los antecedentes– bastante sorprendente: los líderes de los distintos Estados se ponían en pie mientras sonaba el himno de la UE y ondeaba la bandera de Europa. Lo sorprendente es que esos líderes habían suprimido los símbolos del Tratado de Lisboa y que –como reacción– la mayoría (16 sobre 27) suscribieron una declaración afirmando que esos símbolos (junto con la celebración del Día de Europa el 9 de mayo y la divisa “unida en la diversidad”) seguirían siendo, para ellos, los símbolos de la pertenencia común de los ciudadanos a la Unión Europea y de su relación con esta.

La polémica sobre los símbolos ha terminado por convertirse en una metáfora de la confusión institucionalizada que se ha instalado en la UE. Por un lado, se rechaza incorporarlos a los tratados que –sin embargo– se firman bajo los emblemas que representan a la Unión. Por otro, se reafirma por la mayoría de Estados que siguen siendo, para ellos, los símbolos de la UE. Sin embargo, ambas operaciones son perfectamente inútiles, porque su incorporación a los tratados no es necesaria para que continúen siendo, como hasta ahora, los símbolos de la UE y, por ese motivo, su aparente defensa numantina tampoco resulta procedente.

Esta confusión contribuye a fomentar el desapego de la ciudadanía europea, pero hay motivos más profundos: a pesar del esfuerzo desplegado por algunas instituciones para acercar Europa a la ciudadanía, el permanente intento de instrumentalización de la UE por algunos Estados para adoptar medidas claramente regresivas sigue siendo un lastre muy pesado. En los últimos tiempos hemos tenido ocasión de comprobarlo desde la ya tristemente famosa Directiva Bolkestein hasta la Directiva de retorno, pasando por la –por fortuna fracasada– pretensión de ampliar la semana laboral a 65 horas.

La Europa social sigue retrocediendo y, mientras tanto, a través de la niebla generada por la confusión avanza una visión de Europa que parece haber trastocado todos los símbolos, situando en el lugar de la Oda a la alegría a una Marcha fúnebre, contemplando la celebración del Día de Europa como una jornada de luto y cambiando la divisa “unida en la diversidad” por el lema “divida en la adversidad”. Quizás haya que oponerle las consignas adaptadas del 68 francés: en lugar del “seamos realistas, pidamos lo imposible”, habría que decir “seamos europeístas, pidamos lo imposible”. Pero lo que pedimos no es, en absoluto, imposible. Se trata sólo de caminar en la dirección adecuada y de reforzar lo mejor de la identidad europea: el modelo social que nos diferencia de las otras regiones económicas del mundo. Un modelo que, por cierto, no ha sido nunca una concesión graciosa de los grupos dominantes, sino el resultado de una lucha histórica por la igualdad que se renueva cada día.

Francisco Balaguer Callejón es Catedrático de Derecho Constitucional

Fuente: Público

ATTAC ante las movilizaciones europeas del 14 de mayo

Comunicado de ATTAC España

Attac se dirige a todas y todos los ciudadanos del Estado Español preocupados por la situación de crisis económica y que contemplan con preocupación como suben los precios de los productos básicos o se preocupan por su empleo, o simplemente están con serias dudas acerca del fuego cruzado entre políticos profesionales, entidades bancarias o representantes de los grandes sectores empresariales, que tratan de sacar tajada.

Attac España en primer lugar desea denunciar que con muy pocas excepciones la situación socioeconómica no se esta explicando, correctamente en ningún medio de comunicación. En el fondo todos ellos defienden recetas ultraliberales y de rebajas de impuestos que solo benefician a las capas más pudientes, pero dejan al Estado sin recursos, para acometer las políticas necesarias para hacer frente a los problemas de índole económica que sin duda exigirán soluciones sociales.

Attac España, a través de comunicados propios, de otros Attac Europeos, de estudiosas y estudiosos, profesoras y profesores a nosotros vinculados y de su Consejo Científico, lleva más de un año denunciando lo que se nos venía encima. Es por ello que no entendemos la actitud del Gobierno de España, ocultando y maquillando la realidad de crisis mundial en la que hace ya muchos meses estamos inmersos. Los poderes económicos y los núcleos de poder real, en la Banca y las grandes empresas, así como de influencia en el Gobierno y el PSOE, o bien han fallado estrepitosamente, fruto de su orientación liberal y su prepotencia, o han jugado con todas nosotras y sus “asesorados”.

Attac España, entiende que lo primero que hay que hacer es analizar correctamente lo que está ocurriendo y decir claramente que todo es responsabilidad de las políticas neoliberales aplicadas e impuestas por diversos organismos económicos mundiales, los EE.UU., la Unión Europea y los Estados más poderosos y desarrollados.

El FMI el Banco Mundial y la OMC, están desautorizados moral y científicamente, para proponer recetas de “recuperación económica”, pues sus planes son los que han generado empobrecimientos, desregulación y privatizaciones de los Sistemas Públicos que garantizan las prestaciones sociales, la educación y la salud.

Los ultra conservadores y las distintas derechas mundiales, nos han conducido a guerras por el control de las materias primas, el petróleo y procurado criminalizar y desprestigiar a los pueblos y dirigentes políticos que están tratando de recuperar el control sobre riquezas de sus Estados y enfrentándose al neoliberalismo y los aspectos más negativos de la globalización.

Attac España, denuncia que todo lo que oímos y leemos o vivimos, es fruto de la total desregulación y descontrol público de los mercados, los movimientos de capital y la especulación. L a impunidad de los paraísos fiscales y la ausencia de impuestos justos y globales, hace el resto.

Los especuladores del dinero y del ladrillo, están ahora especulando impunemente con el petróleo y con los alimentos. Ante el pinchazo de la burbuja inmobiliaria en los EE.UU. y Europa en general y España en particular, ahora se invierte en reservas de crudo, agrocombustibles y en alimentos. Es por ello por lo que Attac España, propone que la Cumbre Petrolera de finales de junio en Madrid se convierta en el centro de nuestras protestas frente a las grandes compañías petrolíferas que son una parte importante del tinglado y se deja claro que no nos engañan con su falsa y pestilente publicidad.

Attac España, afirma que de todo esto los poderosos se enriquecen y sacan tajada. Es pues imprescindible en primer lugar, no hacer el juego a quienes defienden políticas neoliberales como el PP y pretenden engañar con su preocupación por la cesta de la compra. Pero también se debe hacer lo propio con la izquierda institucional y excesivamente moderada, por no enfrentarse a los problemas reales de los y las ciudadanas y las trabajadoras y sobre todo no ser capaces de analizar la actuación del capitalismo financiarizado y hacer caso solo a “expertos liberales” vinculados a grandes bancos o sectores empresariales.

Attac entiende, que solo desde una decidida acción pública y desde la recuperación de la Política y la Democracia, frente a la dictadura de los mercados, podemos encarar la situación.

Attac, afirma con contundencia que el actual modelo de crecimiento, no solo no es sostenible, sino que ya no es ni será posible en un futuro que ya ha llegado. Entendemos que la crisis, lo es del Sistema. El capitalismo en su fase actual de globalización, no puede generar ya más que empobrecimiento y solo sirve a unos pocos.

Attac cree que la ciudadanía debe tomar conciencia de los problemas y comenzar a tomar su destino en sus manos.

Mientras tanto, denunciar a los especuladores, las subidas de precios injustificadas y que los anteriormente citados crean y exigir a los gobiernos que tomen medidas políticas, sociales, solidarias e internacionales y no se dediquen a fomentar la xenofobia y el racismo al diferente como cortina de humo para tapar sus carencias intelectuales y su sumisión a los intereses de los mercaderes.

Attac apoya las movilizaciones de agricultores, pescadores y sectores populares en dificultades y exige a los Sindicatos que sean consecuentes, bien podrían las grandes centrales sindicales del Estado Español mirar un poco a sus compañeros franceses, suecos o noruegos, así como a otros Sindicatos de nuestra tierra, más concienciados con lo que está ocurriendo.

Elecciones Europeas: Una "campaña" que compromete a los futuros eurodiputados

Nota de prensa de ElectionCampaign.eu

Se ha lanzado una campaña en toda Europa para pedir que los candidatos a las elecciones al Parlamento Europeo que se celebran en Junio, presten su apoyo para que la Unión Europea anteponga los intereses públicos a los beneficios privados.

En http://www.electioncampaign.eu/, los votantes de los 27 estados miembros de la UE podrán “comprometer” a los candidatos a eurodiputado, pidiéndoles que expresen sus opiniones sobre temas como la transparencia en los procesos de “lobbying”, la responsabilidad de las grandes empresas, el comercio y la regulación de mercado financiero.

La iniciativa organizada por más de 400 grupos haciendo campaña en toda Europa , exhorta a los candidatos a Eurodiputado que firmen una serie de compromisos para promocionar asuntos como: un sistema obligatorio de registro e información de todos los que practican el “lobbying” e influyen en la elaboración de las políticas de la UE; un marco jurídico sólido de responsabilidad corporativa, una agenda de comercio europea que dé prioridad a la justicia económica y social en vez de a los beneficios de las grandes empresas y la promulgación de legislación sobre mercados financieros además de acabar con la evasión fiscal y luchar contra la corrupción.

Una página Web multilingüe permite que los votantes de los 27 estados miembros puedan hacer un seguimiento de los candidatos que se han comprometido sobre cuestiones con las que se han comprometido y anima a los ciudadanos a pedir a sus candidatos a que lideren el camino hacia la transparencia, rendición de cuentas y justicia social.

“El ultimo Parlamento votó demasiado a menudo a favor de propuestas que eran beneficiosas para el mundo de la empresa, pero negativas para las personas y el medio ambiente”, afirma Paul de Clerck de Friends of the Earth Europe. “Estas elecciones son una oportunidad clave para que los futuros parlamentarios ponga la democracia en la agenda política de la UE y promocionen los intereses del público”.

“En la actualidad, más de 15.000 lobbyistas influyen en la toma de decisiones de la UE, la gran mayoría de las cuales están al servicio de los intereses de las grandes empresas. Para colmo de males, se suele conceder acceso privilegiado a los lobbyistas de las grandes empresas a instituciones de la UE”, afirman los portavoces de la campaña. “Como primer paso decisivo para la resolución de estos problemas, se debería crear un sistema obligatorio de registro e información para todos los lobbyistas, lo que permitiría que todos los legisladores y ciudadanos europeos supiesen quien intenta influir en las políticas de la UE.”

“La actual crisis financiera tiene sus orígenes en las decisiones políticas que consideran la “libertad de los agentes financieros como un bien mayor que está por encima de la justicia social y ecológica de la UE. El Parlamento Europeo debería exigir que se creara una legislación que regule todos los agentes financieros en aras del bien público. Los elementos claves de dicha reglamentación deberían ser la desaparición de todos los paraísos fiscales y obligar a todas las empresas, incluidos los bancos a informar sobre sus transacciones, resultados y hojas de resultados, para aumentar la transparencia, controlar la elusión impositiva y la evasión fiscal además de luchar contra la corrupción” argumenta la Red Europea de Attac.

“El Parlamento Europeo del futuro debería de desempeñar un papel más importante para garantizar que las grandes empresas sean legalmente responsables del impacto social y medioambiental que producen. Los mecanismos voluntarios y no ejecutables no proporcionan soluciones adecuadas para las comunidades y trabajadores afectados. Se necesita un enfoque más vinculante para completar el conjunto de iniciativas de Responsabilidad Social Corporativa”; afirma Ruth Casals, coordinadora de ECCJ.

“Los miembros del Parlamento Europeo deberían alzar sus voces a favor de de la justicia económica y social y contra el predominio de las grandes empresas en la agenda comercial de la UE. Actualmente, la Unión Europea está negociando acuerdos comerciales con países de África, Asia, y America Latina. Gracias a la influencia de los poderes corporativos en las Instituciones de la UE, se asegurarán grandes beneficios para las empresas europeas a expensas de las personas y medio ambiente de estos países en el sur, pero también en Europa”, afirman los miembros de la Red Seattle to Brussels (S2B).

Cuatro redes pan-europeas de la sociedad civil: Four European-wide civil society networks - the Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation (Alter-EU), the European Attac network, the Seattle to Brussels Network (S2B), and the European Coalition for Corporate Justice (ECCJ). Amigos de la Tierra, miembro de tres de las cuatros redes citadas que representan a más de 400 organizaciones de la sociedad civil, ONGs y movimientos sociales de toda Europa lanzan conjuntamente la campaña “Compromete a tu candidato”. Los temas sobre políticas de la UE abordados por la campaña incluyen los temas y demandas expresados por cada una de estas redes.

Detalles de contacto:
Jose Antonio García Saez, Comisión de la Unión Europea Attac España
jogarsa3@gmail.com 687987558

En Bruselas:

Paul de Clerck, Friends of the Earth Europe, Ph: 32-494380959, Email: paul@milieudefensie.nl

El hueco discurso europeísta

El índice que se elabora periódicamente en la Unión Europea (UE) acerca de la confianza que los ciudadanos tienen en las instituciones de la UE, ha sufrido un descenso significativo desde que se inició la crisis económica. No me extraña en absoluto este dato dado a conocer recientemente, pues he venido denunciando, en varios artículos de esta página digital de la fundación sistema, la falta de respuesta de la UE ante la gravedad de la situación económica. La UE no ha estado a la altura de las circunstancias, y esto adquiere unos mayores grados de preocupación como consecuencia de la existencia del euro, y la pérdida por parte de los países de la zona euro de autonomía en la política monetaria y del tipo de cambio. Una moneda europea, pero no políticas europeas para ofrecer respuestas conjuntas y globales ante la crisis económica y del modelo de desarrollo actualmente vigente.

Todo ello no es sino un reflejo de las debilidades y carencias de la construcción de la integración europea, que se ha sustentado en un mercado, una moneda, pero no en instituciones políticas sólidas capaces de articular una Constitución Europea, una política social y una política exterior común, entre otras. No existe una integración política y social en la misma medida que tiene lugar la económica y la del mercado. El dominio del mercado sin que éste tenga mecanismos compensatorios suficientes, aún admitiendo la relativa importancia de los Fondos Estructurales, ha favorecido en la UE la hegemonía del capital transnacional sobre los derechos de ciudadanía. No tenemos, por tanto, una Europa de los ciudadanos, sino la de los mercaderes y financieros. No hay una cohesión social a escala global, sino que ésta queda en manos de los diferentes estados-nación. Este proceso ha debilitado el modelo social europeo, que tan buenos resultados dio desde finales de la segunda guerra mundial hasta la década de los setenta.

Es cierto que la mayor parte de los países que componen la UE han tenido, y aún conservan, a pesar de los recortes habidos en los últimos años, un adelantado estado del bienestar, pero las políticas sociales y educativas varían notablemente de un país a otro, dependiendo de las políticas internas y no de las comunitarias.

La situación es bastante desigual, así tenemos, por ejemplo, que en el Reino Unido se produjo un desmantelamiento del Estado del bienestar desde el gobierno de Thatcher, y que no ha sido reconstruido por los laboristas. Los países como España. Portugal y Grecia, tienen bastante más subdesarrollado el Estado del bienestar que los más avanzados, los nórdicos, pero también que Francia y Alemania. Los países del este europeo desmantelaron la red social heredera del régimen anterior, y sus dirigentes, en su mayor parte, se han convertido, como todos los conversos, en fervientes fundamentalistas de mercado y en enemigos del estado social.

No es extraño, por tanto, la pérdida de confianza que los ciudadanos tienen en las instituciones de la UE y el desapego hacia éstas, que se viene manifestando en las elecciones al parlamento europeo y los bajos niveles de participación en las votaciones, que se vienen dando en las últimas convocatorias, y en casi todos los países. Ante la próxima convocatoria de elecciones todo esto es bastante preocupante y pone de manifiesto ese gran déficit democrático que se padece. Un déficit que se viene ya denunciando hace ya bastantes años y que no se ha corregido, tal vez porque no interese ni a los dirigentes políticos conservadores, pero tampoco parece que a los socialdemócratas, ni mucho menos al capital.

Esta realidad trata de ser encubierta en numerosos discursos con alusiones constantes al europeismo, sin que se sepa muy bien que significa esto, y queda como un paquete que tiene un bonito envoltorio, pero en el que dentro no hay realmente nada. Por esto considero que la mayor parte de los discursos que escuchamos haciendo gala de europeismo, no dejan de ser sino planteamientos absolutamente huecos sin contenido de ninguna clase. En España se padece en bastantes círculos políticos y académicos, un papanatismo ante todo lo que se considera que es Europa, que no es sino un síntoma del aislamiento que sufrimos durante los años de la dictadura franquista, para no irnos más lejos, pero que en este periodo al no participar de esa Europa de posguerra que fue capaz de rehacerse, desarrollarse con libertades, y con Estado del bienestar, nos ha dejado un complejo de inferioridad bastante considerable y que aún padecemos.

Así parece que con sólo mencionar la palabra Europa todo es extraordinario, sin entrar a considerar qué Europa queremos y qué hacer para llevar a cabo ese proyecto. Esperamos que en las próximas elecciones los partidos nos ofrezcan algo más que un bonito envoltorio en una caja vacía de contenido y significados. Pero a veces se deposita demasiada confianza en una Europa que no existe como unidad política y social, sino sólo económica, y se espera que las soluciones vengan de fuera haciendo bueno lo de que Europa no es el problema sino la solución.

Un ejemplo de esto lo pudimos observar cuando se llevó a cabo la propaganda a favor del euro. Se dijo que era una gran oportunidad para progresar y cambiar al sistema productivo de la economía española. El euro al impedirnos devaluar se dijo sería un revulsivo para mejorar la productividad, pues ya los ajustes no se podían hacer a través de modificaciones del tipo de cambio y eso nos obligaría necesariamente a mejorar nuestra capacidad para innovar y competir. Los resultados se encuentran a la vista. Se ha perdido productividad, y en lugar de modificar el aparato productivo, España entera se ha convertido en un paisaje lleno de grúas construyendo por doquier, a diestro y siniestro. Se ha especulado y se ha degradado el medio ambiente. Los resultados de todo ello lo tenemos delante y las consecuencias las estamos padeciendo, sobre todo los desempleados.

Otro tanto, salvando las distancias se está produciendo, con el Espacio Europeo de Educación Superior, conocido vulgarmente como Bolonia. Escuchamos a los fervientes partidarios de este proceso decir con frecuencia que Bolonia es una oportunidad para cambiar la universidad española y de mejorarla. Es no cabe duda un fundamentalismo que confía en las fuerzas externas más que en las internas. Espero por el bien de todos que esta gran mejora que nos prometen los grandes predicadores de la buena nueva no sean como el equivalente del euro con relación a la mejora de la productividad de la economía española.

Huyamos, por tanto, de los falsos discursos europeístas, huecos, y sin contenido, y no esperar que los cambios vayan a venir sin más desde fuera. Dejémonos de eslóganes fáciles y construyamos una Europa de los ciudadanos, y no usemos el término europeismo para encubrir los grandes intereses financieros y empresariales, que son los que realmente son globales, y no los derechos.

Carlos Berzosa - Consejo Científico de ATTAC España

Fuente: Sistema Digital

¿Cuándo terminará el consenso de Bruselas?

En gran número de análisis de las posturas mostradas por los distintos dirigentes que participaron en la última reunión del G-20 se han resaltado las diferencias existentes entre las propuestas realizadas por el Presidente Obama de EE.UU., favorables a las políticas expansivas de gasto público, y las realizadas por el eje Alemania-Francia, representadas por la Canciller Merkel de Alemania, y el Presidente Sarkozy de Francia, que se opusieron a la propuesta de expansión de tal gasto. Uno de los argumentos aducidos por estos dos últimos gobernantes es que tal expansión incrementaría el déficit público de la mayoría de países de la Unión Europea, que según ordena el Pacto de Estabilidad, no debe sobrepasar el 3% de PIB. Esta postura ha regido el consenso de Bruselas que ha dictado las políticas económicas y fiscales durante estos años de construcción de la Unión Europea.

Este consenso es la versión europea del consenso liberal de Washington, que era hasta hace poco, el acuerdo existente en los establishments políticos, económicos y financieros del gobierno federal de EE.UU. (y de las instituciones afines a tal gobierno, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial) sobre la necesidad de promover políticas liberales (como la desregulación de los mercados laborales y financieros, la reducción del gasto público, la disminución de los impuestos y aumento de su regresividad), con el objetivo de disminuir el papel del Estado en las esferas económicas y financieras.

Había, sin embargo, una diferencia notable entre EE.UU. y la UE. Y es que los gobiernos federales promovían el liberalismo fuera pero no dentro de EE.UU. Como bien dijo con tono aprobatorio el gurú del consenso de Washington, el Sr. Williamson, “EE.UU. predica fuera lo que no hace en casa”. El gobierno federal de EE.UU. ha sido siempre (desde tiempos del presidente Roosevelt) profundamente keynesiano, es decir, el Estado ha sido profundamente intervencionista. Incluso Reagan, en contra de lo que creen sus muchos admiradores en España, incrementó enormemente el gasto público a costa del aumento más notable de impuestos conocido en EE.UU. en tiempo de paz (los impuestos que subieron fueron los de las clases populares, reduciendo espectacularmente los del 10% de renta superior del país) y a costa también de los incrementos de los déficits del estado federal más elevados desde la II Guerra Mundial. El gasto público, por cierto, fue militar (en EE.UU. un mecanismo de estímulo de la economía de uso frecuente).

En Europa, sin embargo, cuyos gobiernos habían sido también intervencionistas, dejaron de serlo a partir del establecimiento de la Unión Europea, la cual aplicó aquel consenso liberal con dureza. Políticas expansionistas de gasto público fueron desalentadas por el Pacto de Estabilidad, y el desarrollo de políticas monetarias por el Banco Central Europeo se convirtió en dogma en la UE. Los intereses bancarios del Banco Central Europeo fueron más altos que los del Banco Central Estadounidense (The Federal Reserve Board). A partir del desarrollo de estas políticas del consenso de Bruselas el desempleo en la UE aumentó notablemente pasando a ser más elevado que el de EE.UU. La masa salarial (como porcentaje del PIB) bajó considerablemente en la UE. Y los derechos laborales y sociales se debilitaron en gran parte de los países de la UE. De ahí la oposición de las clases trabajadoras a este proyecto de construcción de esta Europa, que se tradujo en el voto negativo a la Constitución Europea en Francia, Holanda e Irlanda. Las encuestas en los países que no tuvieron referéndums (Alemania, Grecia, Suecia y Dinamarca) mostraron también un rechazo por parte de sus clases trabajadoras a la Constitución Europea, rechazo que el establishment europeo atribuyó erróneamente al provincialismo, localismo o chauvinismo de las clases populares.

El consenso de Bruselas en España

Este consenso liberal se reprodujo también en los mayores círculos políticos y económicos del país incluyendo amplios sectores de las izquierdas. Así, en una reflexión sobre el futuro del socialismo español, el economista más conocido de la sensibilidad llamada Nueva Vía escribía: “¿Alguien puede defender a estas alturas del siglo que un programa socialdemócrata deba estar a favor de más impuestos y más gasto público?”, dicho en el país de Europa que, cuando tal filosofía económica y política se expresaba por escrito (en el año 2002) tenía el gasto público social más bajo de la UE-15 y la regresividad fiscal mayor. Ahora bien, tales políticas del consenso de Bruselas comenzaron antes. Las políticas de austeridad tienen fecha concreta, 1993, cuando el nuevo Ministro de Economía y Hacienda, el Sr. Solbes, comenzó a dirigir las políticas económicas y fiscales del país, con una reducción muy notable del gasto público, a fin de reducir el déficit del Estado durante el periodo 1993-1996. Mas tarde, el Sr. Solbes fue el guardián de la ortodoxia del consenso de Bruselas cuando fue el Comisario Europeo de Asuntos Económicos y Monetarios. En España tal austeridad fue continuada por el Sr. Rato, siendo responsables de que el gasto público y social en el año 2004 (cuando terminó aquel largo periodo de austeridad) fuera el más bajo de la UE-15. Durante el periodo conservador 1996-2004, el incremento del gasto público social por habitante fue mayor en el promedio de la UE-15 que en España, incrementándose el déficit social de nuestro país con respecto a la UE.15. Tal situación cambió del 2004 al 2008 cuando hubo una alianza de los partidos de izquierda, PSOE, IU-ICV y ERC, con una expansión notable del gasto público social. Ahora bien, tal expansión no fue suficiente para que el gasto público social por habitante alcanzara las cifras que le corresponden por el nivel de desarrollo económico que tiene, convergiendo con el promedio de la UE-15 (como el programa electoral del PSOE había prometido en 2004) debido a la resistencia del mismo Sr. Solbes, que declaró en una entrevista a El País (22.07.07) que “la política de la cual estaba más orgulloso durante su mandato era la de no haber incrementado el gasto público”. Los sindicatos atemorizados de que ganara el PP le apoyaron porque la alternativa a Solbes era Pizarro que pedía entonces, como continúa el PP haciéndolo ahora, la reducción del gasto público, políticas que si eran ya erróneas entonces en 2004, serían catastróficas ahora. Las propuestas económicas y fiscales del Sr. Rajoy, basadas en una reducción de impuestos y disminución de gasto público, son una nota de suicidio para la economía española.

El declive del consenso de Washington y la continuidad del consenso de Bruselas

En Estados Unidos la elección del Presidente Obama y un Partido Demócrata menos liberal, ha significado el entierro de importantes elementos del consenso de Washington. Pero el cambio más significativo ha sido el cambio de dirección del keynesianismo, pasando del keynesianismo militar al keynesianismo social y verde, un cambio de gran calado, aún cuando, como bien han señalado Stiglitz, Baker, Krugman, y otros, las cantidades que la Administración Obama propone para estimular la economía son todavía insuficientes. Este estímulo económico y el incremento de impuestos a los ricos para financiar la sanidad, educación e inversión verde explica la enorme popularidad (el 65% aprueba sus políticas, un porcentaje sin precedentes). Los súper ricos, hoy, en EE.UU. son muy impopulares.

¿Por qué el Presidente Zapatero, un admirador de Obama, no hace algo semejante? El gobierno del PSOE se merece un notable (con incluso algunos sobresalientes) en muchas políticas sociales desarrolladas desde 2004. Pero las políticas fiscales y presupuestarias dependientes del Ministerio de Economía y Hacienda han dificultado el desarrollo de tales políticas sociales. Un ejemplo de ello es la Ley de la Dependencia, y otro es la reforma de la financiación autonómica. En ambos casos, las cantidades de dinero que se han asignado a tales políticas son claramente insuficientes. ¿Por qué Zapatero no sube los impuestos de aquellos grupos y aquellas entidades, como los bancos, que consiguieron unos beneficios tan exuberantes durante los años anteriores, tal como hace el Presidente Obama? ¿Por qué no estimula la economía con una inversión de gasto público mucho mayor de lo que está haciendo? ¿Por qué no anula las reformas fiscales regresivas que hizo el gobierno Aznar, tal como ha hecho el Presidente Obama con algunas de las reformas regresivas del Presidente Bush? ¿Y por qué no toma el liderazgo en la UE y critica abiertamente tal consenso de Bruselas terminando con el mismo? Como bien ha señalado el Sr. Rasmussen, el dirigente del Partido Socialista Europeo en su crítica a las políticas apoyadas por el Sr. Barroso, Presidente de la Comisión Europea, el estímulo económico en Europa se ha basado más en ayudas a la banca y en la reducción de impuestos, que en medidas de creación de empleo (ver mi artículo “La respuesta insuficiente de la UE”, en Público, 16.04.09). Sería bueno para España y para Europa si el Gobierno Zapatero tomara estas medidas.

Vicenç Navarro - Consejo Científico de ATTAC España.

Artículo publicado en El Plural
www.vnavarro.org

Informativo Attac-Tv.

Informativo Attac-Tv.

Reforma de la Política Agraria Común (PAC)
http://www.vimeo.com/3936667

La reforma de la PAC ha sido aprobada mientras que sectores de la sociedad civil reivindican un modelo agrícola más social, sostenible y viable económicamente.

Edita: Attac País Valenciano

¡Frente a la crisis, cambiemos la Unión Europea!. Comunicado de los Attacs Europeos

Comunicado de los ATTAC de Europa

Llamamiento a los candidatos al Parlamento europeo en las elecciones del 2009

La crisis descalifica a las políticas y los tratados de la Unión

Al tiempo que los ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea van a ser convocados para la elección de sus parlamentarios, una crisis financiera, económica, social y ecológica sin precedentes, se abate sobre el mundo, sacando ala luz la debilidad de la Unión y la responsabilidad de sus dirigentes.

Otra Europa podría, con sus ventajas sociales, tecnológicas, educativas, diplomáticas, concurrir a la resolución de los desafíos del siglo XXI. Pero, encasillada en los principios y dogmas neoliberales de sus tratados -los mismos que han precipitado al mundo en la crisis global-, la Unión Europea se muestra incapaz de afrontar la situación. Son precisamente esas políticas liberales de la Unión y de los Estados las que, como nunca, conviene combatir.

Por una Europa solidaria

Los ATTAC de Europa consideran que no es posible ninguna construcción europea durable sin respetar los principios de dignidad humana, de democracia, de justicia económica y social, de solidaridad, de rechazo de toda forma de discriminación, de búsqueda de la paz y de un desarrollo ecológicamente sostenible. Y la actual construcción europea está en las antípodas de estos principios, al estar fundamentada, de tratado en tratado, en los principios del «mercado libre» y de la «libre y leal competencia» entre los sistemas sociales y fiscales de los países miembros de la Unión. A los cuales, los derechos sociales -limitados- están subordinados, mientras que los negocios, los movimientos de bienes, servicios y capitales gozan de una prioridad sin trabas. Consecuencia de ello es que el dumping salarial y social, la competencia fiscal y el abandono de los derechos de los trabajadores han ido articulándose y generalizándose.

Por una Europa democrática

Los ATTAC de Europa quieren que las próximas elecciones de junio del 2009 sean la ocasión de abrir un amplio debate ciudadano y de resaltar la necesidad de una refundación del proyecto europeo, con la urgencia que reclama la situación social en el seno de la Unión y de los retos ecológicos que conciernen al planeta en su conjunto.

Tras los referendos que rechazaron el Tratado constitucional en Francia y el los Países Bajos, los dirigentes europeos han redactado casi idénticamente el Tratado de Lisboa y sin consultar a sus pueblos ha sido ratificado. Los irlandeses, los únicos autorizados a pronunciarse mediante referendo, lo han rechazado, sin embargo desde el Parlamente Europeo se le obliga a votarlo de nuevo antes del fin de 2009. No obstante, vamos a elegir un nuevo Parlamento que será el garante de respetar la opinión expresada libremente por los pueblos.

Estas elecciones constituirán para los ATTAC de Europa un momento privilegiado para proponer las bases de «otra Europa», democrática, solidaria y ecológica.

El Parlamento Europeo

El Parlamento es la única institución de la Unión Europea fruto del sufragio universal, siendo sus miembros elegidos cada cinco años desde 1979. Esto habla de la importancia del voto y del debate ciudadano que la campaña puede crear.

El poder del Parlamento ha sido acrecentado, de un tratado al otro, mediante la extensión de la codecisión, aún así ese poder sigue siendo limitado, pues no alcanza ámbitos como la política extranjera y de seguridad, ni la política monetaria, ni el control de los movimientos de capitales, ni los derechos de aduanas. Además, no decide sobre los impuestos y carece de atribuciones para plantear iniciativas legislativas, cometido reservado a la Comisión Europea, a la que sólo puede presentar proposiciones de leyes.

Pensamos que la política social debe ser elaborada por el Parlamento, tanto a nivel nacional como europeo. Sin embargo, son casi siempre las otras instancias europeas, como la Comisión, el Consejo Europeo, el Consejo de Ministros, la Corte de Justicia… las que imponen sus decisiones, a menudo con gran opacidad. A pesar de todo, el Parlamento Europeo ha conseguido limitar los retrocesos sociales que suponía la Directiva sobre los «servicios» (Bolkestein), oponerse a la directiva portuaria y al actual proyecto de directiva sobre la jornada laboral, rechazado el 17 diciembre 2008.

Estos saludables sobresaltos no pueden ocultar que la mayoría actual del Parlamento apoya las políticas neoliberales y antidemocráticas. Así, en febrero 2008 votó contra una modificación que proponía respetar el resultado del referendo irlandés cualquiera que fuere, y más recientemente votó la llamada directiva “de la vergüenza” sobre la retención y expulsión de los inmigrantes.

NUESTRAS PROPUESTAS

I. Las finanzas

“Meterlas en vereda”

Rechazamos que las condiciones de vida de los pueblos estén sometidas a las exigencias de rentabilidad financiera de los accionistas y especuladores. ATTAC exige la derogación de las cláusulas que prohíben cualquier restricción a los movimientos de capitales (artículo 63 del Tratado de Lisboa, artículo 56 del Tratado de Roma consolidado) y la creación de un impuesto sobre todas las transacciones financieras (ej. Tasa Tobin). Los fondos especulativos que desestabilizan a los mercados deben ser prohibidos. Pedimos la creación de un fondo financiero público que cubra al conjunto del sector bancario, sometido al control democrático con objeto de responder a las necesidades económicas, sociales y medio-ambientales. Para tal propósito, la Banca Central Europea debe estar sometida a un control parlamentario, derivado de una agenda de cometidos que la obliguen a llevar a cabo una política monetaria adecuada a las necesidades sociales, y acabar con la prohibición de la financiación monetaria de los gastos públicos. Por último, pedimos un control de los movimientos de capitales (incluso para las inversiones directas en el extranjero) entre Europa y el resto del mundo, para adecuarlas a fines sociales y medio-ambientales, así como a objetivos de solidaridad internacional.

Clausura inmediata de los paraísos fiscales

Las jurisdicciones offshore juegan un muy conocido papel en la evasión fiscal que les ha valido el nombre de «paraísos fiscales», canalizan y distribuyen todas las operaciones financieras realizadas fuera de la jurisdicción y control de los Estados y de las autoridades financieras. ATTAC demanda a los partidos políticos, a los gobiernos y a la Comisión Europea que pongan fin a toda transferencia de capital de la Unión Europea a través de paraísos fiscales y que exijan a los bancos europeos, así como a las empresas con sede en Europa, que repatríen el conjunto de sus actividades que actualmente están fuera de control, con la perspectiva de suprimir las excepcionales jurisdicciones offshore.

II. Frente a la crisis: una Europa social

Medidas contra la pobreza

Millones de pobres y millones de mal alojados… La crisis golpea en un entorno muy degradado. Los ATTAC de Europa exigen una renta básica para cada una y cada uno, no importa cual sea su país, que les permita acceder a unas condiciones de vida decentes en cuanto a vivienda, sanidad, educación y una alimentación equilibrada. Los derechos fundamentales, tales como son recogidos en la Convención Europea de los Derechos del Hombre, en la Carta Social Europea y en el Código Europeo de Seguridad Social, deben poder ser apelados ante los tribunales nacionales y europeos, y primar sobre cualquier otra legislación, incluso la de la competencia. Y en particular, el derecho a un empleo debe estar garantizado.

Justicia social y armonización fiscal

Fuerte descenso de la rentas del trabajo en relación a las del capital en el reparto de la riqueza producida, explosión de las desigualdades sociales: este es el balance de 25 años de neoliberalismo. La justicia social reclama perentoriamente elevar la posición del trabajo en este reparto. Para ello, los salarios deben aumentar; las rentas más altas y las grandes fortunas deben contribuir financieramente a la protección social: sistema sanitario, jubilaciones, seguro de desempleo. Es necesario que Europa tome medidas para la armonización fiscal y ajustar los impuestos sobre las sociedades incrementándolos.

Una política de convergencia social

Para limitar los déficits públicos, Europa impone criterios de convergencia a las políticas económicas. Cuando estos criterios saltan por los aires tras los impactos de la crisis económica, es necesario llevar a cabo una convergencia social para que la Unión sea un espacio de justicia y de progreso social. Para ello deberá dotarse de un presupuesto específico para combatir la pobreza. Los fondos estructurales deben aumentar substancialmente, de forma que sean destinados no solamente a los últimos países ingresados, sino también a la financiación de medidas de convergencia social que redunden en una mejora para todas y todos, es decir, apoyándose en las leyes más ventajosas al respecto, existentes en Europa. Los ATTAC de Europa reclaman una convergencia hacia un salario mínimo, una armonización que mejore las condiciones de trabajo, particularmente la limitación de la jornada laboral y en tal perspectiva re-elaborar la Directiva Europea sobre el tiempo de trabajo.

Contra la discriminación

El Tratado de Ámsterdam asumió la igualdad entre hombres y mujeres como uno de los objetivos de la Unión Europea. Pero falta voluntad política, y las declaraciones de los Estados no son suficientes. Los ATTAC de Europa reclaman una solución legal de obligado cumplimiento que suprima la desigualdad salarial que alcanza hoy día una media del 17,4%. Entendemos, por supuesto, que la igualdad entre los géneros no podrá ser alcanzada sin una decidida política de lucha contra todas las formas de discriminación y violencia sufrida por las mujeres.

Servicios públicos reforzados

Los servicios públicos deben cubrir el conjunto de las necesidades fundamentales, como sanidad, educación, guarderías, cuidado de las personas ancianas o dependientes, justicia, vivienda, transportes, energía, agua, comunicaciones. Para ello, no deben estar sujetas a las leyes de la competencia. Los ATTAC de Europa se unen a los sindicatos europeos para exigir que se elabore y se vote una Directiva que incluya a los servicios públicos dentro del derecho europeo, garantizando su desarrollo durable y sus fines y los proteja contra la mercantilización. Se hace necesaria una política de inversiones en el sector público ante a la crisis financiera y los cambios demográficos: hay que permitir que todas las personas de edad avanzada puedan acabar sus vidas dignamente y crear un verdadero servicio público para la infancia.

III. Una política europea que limite los efectos de la crisis ecológica

Una política energética diversificada

La Unión Europea debe dotarse de los medios adecuados para constituirse en una zona ecológicamente sostenible. Sin embargo los objetivos de reducción del CO2 para 2020 están sistemáticamente revisados a la baja, y los de la reducción del consumo energético se mantienen como letra muerta. La Unión debe elaborar políticas que obliguen a opciones energéticas nuevas: ahorro energético, prioridad a las energías renovables y durables. Los presupuestos dedicados a la investigación deben repartirse según estas prioridades, lo que implica abandonar EURATOM como primer pilar de la Unión. La energía nuclear no es una solución para luchar contra el calentamiento climático a largo término; los desechos nucleares continúan siendo un problema no resuelto. Por último, deben aumentar los impuestos medio-ambientales pero evitando, sin embargo, penalizar a las poblaciones más pobres.

Una política del transporte

Para reducir las emisiones de gas con efecto invernadero se necesita una política del transporte que articule los niveles locales, nacionales y europeos. La carretera prima en las decisiones de la Unión, al tiempo que las medidas medio-ambientales, como la reducción de las emisiones de los nuevos coches, están siendo constantemente paralizadas por la presión de los industriales. En lugar de someter a la libre competencia los ferrocarriles nacionales parcialmente privatizados, Europa debe desarrollar una red ferroviaria pública común y adecentar el espacio aéreo.

Otra política agrícola

Hasta ahora, la política agrícola comunitaria (PAC) ha financiado casi siempre una agricultura intensiva altamente industrializada. Sin embargo, el desmantelamiento actual es igualmente condenable, pues conlleva a que las agriculturas del mundo obligadas a competir encarnizadamente entre ellas ocasionen la inestabilidad de los precios, la destrucción de la agricultura campesina, el empleo y los recursos naturales. Una política agrícola y alimentaria europea debe poder asegurar unos precios interiores estables y una renta decente para el campesinado. En contrapartida, los volúmenes de producción deben ser regulados y las ayudas reorientadas prioritariamente hacia labores de producción ecológicas y sociales, hacia los circuitos cortos, y hacia las regiones menos favorecidas. Las importaciones de alimentos transgénicos deben estar prohibidas, así como los cultivos de OGM en campo abierto (sólo serían aceptables en espacios estrictamente confinados para la investigación con aplicaciones medicinales). Por el contrario, los Estados y las regiones deben poder oponerse a las importaciones y a los cultivos de OGM en su suelo. La Unión Europea no debería imponérselos. El artículo 22 de la Directiva 2001/18/CE, que prohíbe a los Estados toda limitación de la circulación de OGM debe ser derogada.

IV. Democracia en Europa

Unas instituciones democráticas

Los ATTAC de Europa reclaman la redacción de un nuevo texto sobre las instituciones europeas y su funcionamiento que substituya a los precedentes tratados. Que sea redactado por una Asamblea elegida democráticamente por las ciudadanas y ciudadanos, tras un profundo debate en cada uno de los países miembros, discutido a su vez, en cada una de sus etapas por los parlamentos nacionales. En el nuevo Tratado, los poderes legislativo, ejecutivo y judicial deberían estar claramente separados, y ningún sistema económico impuesto. Dicho texto sería posteriormente sometido a referendo el mismo día en todos los Estados miembros. En ningún caso, podría ser impuesto a un pueblo que lo hubiere rechazado.

Transparencia de los lobbies

El poder de los lobbies y su opacidad minan el frágil espacio democrático europeo dada la presión que ejercen sobre las decisiones políticas. Es necesario controlar estrictamente sus actividades: todos los lobbies, y a fortiori los expertos llamados a participar en los grupos de trabajo de la Comisión, deben ser identificados, así como la naturaleza de su labor, para quiénes trabajan y el presupuesto preciso con el que cuentan para sus actividades, todo ello en un registro obligatorio y público. Igualmente, son necesarias reglas para suprimir ese «pantouflage», que permite a los funcionarios europeos y a antiguos comisarios vender al sector privado sus experiencias y sus contactos.

Justicia lingüística

La diversidad lingüística de Europa es una importante riqueza que no debe constituir un obstáculo en el desarrollo de los debates entre naciones. Todas las lenguas oficiales de los países miembros deben tener la misma consideración. Con la evidente preocupación por la democracia y la igualdad entre los ciudadanos, es indispensable que el conjunto de los documentos oficiales sean traducidos en las 23 lenguas de la Unión.

V. Una política exterior equitativa

Intercambios comerciales regulados

La legislación del comercio, incluso en el seno de la Unión Europea, debe estar subordinada al respeto de normas sociales y ecológicas. En tal sentido la Unión debe oponerse a las actuales negociaciones en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y en el Acuerdo General sobre el Comercio de los Servicios (AGCS). Promover una organización de los intercambios profundamente renovada, basada en la solidaridad, la satisfacción de las necesidades sociales y la preservación del medio ambiente.

La Unión renunciará a imponer a los países pobres, en nombre de un libre comercio que sólo beneficia a los más fuertes, los llamados acuerdos de partenariado económico (APE) al ser extremadamente desequilibrados. En su lugar, defenderá el principio de soberanía alimentaria que permite a las poblaciones tanto del Norte como del Sur, definir sus propias políticas alimentarias y agrícolas. Eliminará las subvenciones a las exportaciones alimentarias para evitar la destrucción de las agriculturas de los países pobres. Con los que negociará acuerdos de verdadera cooperación evitando cualquier privilegio comunitario, tan perjudicial para los países pobres como la desregularización del comercio.

La Unión Europea favorecerá las experiencias de comercio justo llevadas a cabo por asociaciones y redes de productores y consumidores cuya actividades se inscriben en la economía solidaria, tendentes a asegurar un precio justo para ambos, así como a respetar las condiciones de trabajo y el medio ambiente.

Solidaridad internacional

La Unión Europea debe llevar una política migratoria respetuosa con los derechos del hombre y conforme a las convenciones internacionales. Esto implica asegurar el derecho de asilo, cerrar los centros de retención, derogar la Directiva «regreso» (también llamada de la vergüenza), ampliar la ciudadanía europea a todos los residentes y en definitiva, acabar con la construcción de la Europa fortaleza.

La deuda exterior de todos los países pobres debe ser abolida por la Unión Europea y sus Estados miembros, y la ayuda al desarrollo elevada al menos al 0,7% del PIB europeo, de acuerdo con los compromisos que fueron adquiridos en la Naciones Unidas.

La reciente ampliación de las misiones militares bajo la égida de la UE está en contradicción con los tratados existentes y con la visión de una Europa como proyecto de paz. La UE deberá jugar un papel activo en el desarme mundial y rechazar toda utilización o producción de armas nucleares y de destrucción masiva, así como el recurso a la tortura. Su política de defensa debe ser independiente de la OTAN.