Lo más indignante de la enorme crisis que está sufriendo la Eurozona
es que todo lo que ocurre podría haberse evitado, y no se ha evitado
porque el sistema financiero de tal área monetaria se diseñó para
optimizar los intereses del poder financiero –y muy en especial de la
banca- a costa del poder de la ciudadanía, cuyo único instrumento que
podía protegerles, el Estado, fue debilitado para impedir que pudiera
ayudar a la población. Si el lector cree que estoy equivocado, le
aconsejo que lea los documentos que establecieron el Banco Central
Europeo (BCE), que estudie la reglamentación de tal organismo y que mire
los documentos producidos por tal institución.
Cuando el BCE se estableció, la banca alemana puso una serie de
condiciones para que el marco alemán fuera sustituido por el euro,
condiciones que favorecieron sus intereses a costa de la población de
los países miembros de la Eurozona. La mayoría de estas condiciones
fueron aceptadas. Una de ellas era que el BCE, en contra de lo que hacen
los bancos centrales, no podía ayudar a los Estados miembros de la
Eurozona comprándoles su deuda pública. Esto es lo que hace cualquier
banco central cuando la deuda pública de su país está sujeta a los
ataques de los mercados financieros especulativos. El banco central
imprime dinero y compra deuda pública de su Estado. Y con ello se fuerza
que los intereses de la deuda bajen.
El BCE tiene prohibido hacer esto. Imprime dinero y se lo transfiere a
los bancos para que sean ellos los que compren deuda pública. A éstos
les interesa que los intereses de tal deuda pública sean elevados. Y
mientras tanto, los Estados están totalmente desprotegidos, ya que no
pueden defender su deuda pública frente a los ataques especulativos. Y
así ha ido ocurriendo país tras país. No hay país que tenga su deuda
pública a salvo. Ni siquiera Alemania, como estamos viendo estos días.
La manera de construir el euro es equivalente a que en EEUU se hubiera
establecido el dólar sin un Estado federal y sin un banco central. El
dólar y la deuda pública de los Estados se hubieran colapsado. Y esto es
lo que está ocurriendo en la Eurozona. Éste es el primer problema, que
podía haberse evitado si el BCE hubiera actuado como un banco central
que, en contra de lo que anuncia su nombre, no lo es.
El segundo problema es que cuando lo ha hecho, forzado por el posible
colapso de la deuda pública (que habría afectado negativamente a los
bancos privados que poseen la deuda pública del Estado, en
dificultades), lo ha hecho en cantidades muy menores y a posteriori, no a
priori. Es decir, no se ha comunicado a los mercados que el BCE
ayudaría y apoyaría la deuda pública (tal como hace el banco central
estadounidense, el Federal Reserve Board), sino que ha comprado la deuda
pública de los países en dificultades (ahora España e Italia) después, y
no antes, de que los intereses se disparasen, conllevando un coste
elevadísimo al país. Es más, lo hace sin anunciarlo, y a posteriori.
Según las declaraciones de miembros del consejo directivo del BCE,
esta organización se ha comprometido a comprar deuda pública, unos
20.000 millones de euros a la semana, una cantidad menor, en comparación
con la cantidad que sería necesaria. El BCE, que es el que imprime
moneda, podría comprar cantidades mucho mayores. El que no lo haga es
debido a que su mayor objetivo es el objetivo de la banca: que no
aumente la inflación, pues si existe mucha moneda circulando podría
aumentar la inflación. Pero la inflación no es en este momento un
problema mayor en la Eurozona. El mayor problema es el bajo crecimiento
económico. Pero el BCE da prioridad al control de la inflación (que es
lo que desea la banca) sobre el crecimiento económico (que es lo que
necesita la población).
Pero la aplicación de tales medidas excepcionales del BCE (la compra
silenciosa de la deuda pública en cantidades menores) no está
resolviendo la situación. Y mientras, el posible colapso de la deuda
pública de algunos países puede crear un colapso de la banca alemana y
francesa (que tienen gran parte de los bonos públicos) e indirectamente
de toda la banca europea internacional. Los bancos alemanes y franceses
poseen nada menos que 265.000 millones de euros de deuda pública. De ahí
que la deuda pública de tales países no puede colapsarse. Y de ahí
también que sea un absurdo creerse que el gobierno alemán intente
expulsar a Grecia del euro. Es lo último que desea.
Como consecuencia, el BCE se encuentra en un dilema. Su lealtad a la
banca alemana le hace pensar que algo debe hacerse para impedir que
Grecia, Irlanda, Portugal, España e Italia no puedan pagar a los bancos
lo que les deben, que ha alcanzado niveles astronómicos. Pero por otra
parte, no quiere cambiar su norma de que el BCE no puede ayudar
sistemáticamente a los Estados y a su deuda pública. La solución a este
dilema ya estaba provista en su constitución. En su artículo 23 indica
que el BCE puede prestar a instituciones internacionales (léase el Fondo
Monetario Internacional, otro portavoz de la banca, FMI) lo que llama
“ayuda” a los Estados de países terceros. Y esto es lo que está pensando
hacer. El BCE prestará dinero al FMI para que éste “ayude” a los
Estados a que paguen a los bancos, siempre y cuando estos Estados
acepten condiciones leoninas, que consisten en un ataque frontal al
mundo del trabajo y a la protección social (todo ello, en teoría, para
aumentar la competitividad), aunque en la práctica su intento es
desmantelar las transferencias públicas (como las pensiones) y los
servicios públicos (como la sanidad) para privatizarlos, permitiendo la
entrada del capital financiero en tales sectores. Lo que está ocurriendo
en España, con la reducción del gasto social en sanidad, educación y
pensiones (entre otros), es el intento de expandir el sector privado en
pensiones y sanidad. En estos dos últimos sectores, por ejemplo, las
aseguradoras privadas, dependientes de la banca, está beneficiándose de
los recortes realizados en estos ámbitos. Esta es la realidad ignorada
en los medios de mayor difusión del país.
Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC España
nuevatribuna.es
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