sábado, 3 de diciembre de 2011

Porqué lo que ocurre en la Eurozona es indignante

Lo más indignante de la enorme crisis que está sufriendo la Eurozona es que todo lo que ocurre podría haberse evitado, y no se ha evitado porque el sistema financiero de tal área monetaria se diseñó para optimizar los intereses del poder financiero –y muy en especial de la banca- a costa del poder de la ciudadanía, cuyo único instrumento que podía protegerles, el Estado, fue debilitado para impedir que pudiera ayudar a la población. Si el lector cree que estoy equivocado, le aconsejo que lea los documentos que establecieron el Banco Central Europeo (BCE), que estudie la reglamentación de tal organismo y que mire los documentos producidos por tal institución.

Cuando el BCE se estableció, la banca alemana puso una serie de condiciones para que el marco alemán fuera sustituido por el euro, condiciones que favorecieron sus intereses a costa de la población de los países miembros de la Eurozona. La mayoría de estas condiciones fueron aceptadas. Una de ellas era que el BCE, en contra de lo que hacen los bancos centrales, no podía ayudar a los Estados miembros de la Eurozona comprándoles su deuda pública. Esto es lo que hace cualquier banco central cuando la deuda pública de su país está sujeta a los ataques de los mercados financieros especulativos. El banco central imprime dinero y compra deuda pública de su Estado. Y con ello se fuerza que los intereses de la deuda bajen.

El BCE tiene prohibido hacer esto. Imprime dinero y se lo transfiere a los bancos para que sean ellos los que compren deuda pública. A éstos les interesa que los intereses de tal deuda pública sean elevados. Y mientras tanto, los Estados están totalmente desprotegidos, ya que no pueden defender su deuda pública frente a los ataques especulativos. Y así ha ido ocurriendo país tras país. No hay país que tenga su deuda pública a salvo. Ni siquiera Alemania, como estamos viendo estos días. La manera de construir el euro es equivalente a que en EEUU se hubiera establecido el dólar sin un Estado federal y sin un banco central. El dólar y la deuda pública de los Estados se hubieran colapsado. Y esto es lo que está ocurriendo en la Eurozona. Éste es el primer problema, que podía haberse evitado si el BCE hubiera actuado como un banco central que, en contra de lo que anuncia su nombre, no lo es.

El segundo problema es que cuando lo ha hecho, forzado por el posible colapso de la deuda pública (que habría afectado negativamente a los bancos privados que poseen la deuda pública del Estado, en dificultades), lo ha hecho en cantidades muy menores y a posteriori, no a priori. Es decir, no se ha comunicado a los mercados que el BCE ayudaría y apoyaría la deuda pública (tal como hace el banco central estadounidense, el Federal Reserve Board), sino que ha comprado la deuda pública de los países en dificultades (ahora España e Italia) después, y no antes, de que los intereses se disparasen, conllevando un coste elevadísimo al país. Es más, lo hace sin anunciarlo, y a posteriori.

Según las declaraciones de miembros del consejo directivo del BCE, esta organización se ha comprometido a comprar deuda pública, unos 20.000 millones de euros a la semana, una cantidad menor, en comparación con la cantidad que sería necesaria. El BCE, que es el que imprime moneda, podría comprar cantidades mucho mayores. El que no lo haga es debido a que su mayor objetivo es el objetivo de la banca: que no aumente la inflación, pues si existe mucha moneda circulando podría aumentar la inflación. Pero la inflación no es en este momento un problema mayor en la Eurozona. El mayor problema es el bajo crecimiento económico. Pero el BCE da prioridad al control de la inflación (que es lo que desea la banca) sobre el crecimiento económico (que es lo que necesita la población).

Pero la aplicación de tales medidas excepcionales del BCE (la compra silenciosa de la deuda pública en cantidades menores) no está resolviendo la situación. Y mientras, el posible colapso de la deuda pública de algunos países puede crear un colapso de la banca alemana y francesa (que tienen gran parte de los bonos públicos) e indirectamente de toda la banca europea internacional. Los bancos alemanes y franceses poseen nada menos que 265.000 millones de euros de deuda pública. De ahí que la deuda pública de tales países no puede colapsarse. Y de ahí también que sea un absurdo creerse que el gobierno alemán intente expulsar a Grecia del euro. Es lo último que desea.

Como consecuencia, el BCE se encuentra en un dilema. Su lealtad a la banca alemana le hace pensar que algo debe hacerse para impedir que Grecia, Irlanda, Portugal, España e Italia no puedan pagar a los bancos lo que les deben, que ha alcanzado niveles astronómicos. Pero por otra parte, no quiere cambiar su norma de que el BCE no puede ayudar sistemáticamente a los Estados y a su deuda pública. La solución a este dilema ya estaba provista en su constitución. En su artículo 23 indica que el BCE puede prestar a instituciones internacionales (léase el Fondo Monetario Internacional, otro portavoz de la banca, FMI) lo que llama “ayuda” a los Estados de países terceros. Y esto es lo que está pensando hacer. El BCE prestará dinero al FMI para que éste “ayude” a los Estados a que paguen a los bancos, siempre y cuando estos Estados acepten condiciones leoninas, que consisten en un ataque frontal al mundo del trabajo y a la protección social (todo ello, en teoría, para aumentar la competitividad), aunque en la práctica su intento es desmantelar las transferencias públicas (como las pensiones) y los servicios públicos (como la sanidad) para privatizarlos, permitiendo la entrada del capital financiero en tales sectores. Lo que está ocurriendo en España, con la reducción del gasto social en sanidad, educación y pensiones (entre otros), es el intento de expandir el sector privado en pensiones y sanidad. En estos dos últimos sectores, por ejemplo, las aseguradoras privadas, dependientes de la banca, está beneficiándose de los recortes realizados en estos ámbitos. Esta es la realidad ignorada en los medios de mayor difusión del país.

Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC España
nuevatribuna.es

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