Monti y Rajoy, apoyados por Hollande,
tuercen el brazo de Merkel y abren la puerta a nuevos planes para salvar
el euro, estimular el crecimiento y reforzar la unidad europea. Con más
o menos palabras y acentos, esa es la tesis que domina los análisis de
la última cumbre europea.
Hay otra forma de ver lo sucedido. La
“Declaración de la cumbre de la zona del euro” de 29 de junio de 2012 no
mejora en nada la precaria situación y la inestabilidad que padecen las
economías del sur de la eurozona. Merkel aguanta el pulso. Y al cabo,
el rigor en las políticas de austeridad y la falta de pulso económico
seguirán dominando el escenario europeo y la salida de la crisis que
defienden e imponen las instituciones europeas y los mercados.
Entre medias de esas dos versiones, todo
tipo matices con los que hacerse una idea sobre lo aprobado en la
reciente supercumbre de 28 y 29 de junio de 2012 y todos los mimbres con
los que construir una opinión propia. En muy poco tiempo los mercados
darán o quitarán razones a propósito de las dosis de estabilidad y
confianza que aportan las medidas que se acaban de aprobar. Mejor no
apostar demasiado sobre lo que va a ocurrir. Lo más probable sigue
siendo que las deudas soberanas de Italia y, más aún, de España vuelvan a
ser sometidas en las próximas semanas a la presión y los vaivenes de
unos mercados capaces de convertir en negocio la fragilidad de la
eurozona y amenazar la supervivencia del euro. La pelota está en el
tejado y caerá por cualquier lado; puede, incluso, que siga ahí arriba
durante algún tiempo, prolongando riesgos e incertidumbres.
De hecho, los mercados celebraron con
euforia las medidas adoptadas y el viernes 29 de junio las bolsas de
Madrid, Milán, Fráncfort y París subían en torno a un 5%. Como en
cumbres anteriores, la fiesta duró muy poco. A partir del lunes 2 de
julio las aguas volvieron a su viejo cauce. Tras el negocio realizado
por los más avispados y los méritos con los que adornaban a sus
respectivos líderes nacionales los medios de comunicación a su servicio,
los mercados marcaban su territorio y se atrincheraban tras viejas y
nuevas desconfianzas y contradictorias exigencias. Antes o después, los
inversores terminan dándose cuenta de que los acuerdos adoptados en
sucesivas cumbres no protegen suficientemente la deuda pública de las
economías más frágiles ni mejoran en nada la precaria situación de sus
especializaciones y capacidades productivas y, como consecuencia, de sus
cuentas exteriores.
Los mercados pueden valorar de forma
equivocada, como ya lo hicieron antes de la crisis, los riesgos en
presencia. Y pueden volver a asignar de forma ineficiente y con escaso
juicio, como ya lo hicieron antes de la crisis, la financiación
disponible. Pero los mercados no pueden dejar de apreciar, sea de forma
errónea o acertada, los riesgos que asumen al financiar a los agentes
económicos públicos y privados de determinado país. Por eso, lo más
probable es que en las próximas semanas la economía española vuelva a
enfrentarse a dificultades extremas para poder financiarse. Y por eso,
lo previsible, es que el Banco Central Europeo (BCE) se vea obligado a
actuar de nuevo para salvar la situación. Volverá a demostrarse que los
acuerdos adoptados en la reciente cumbre no están a la altura de los
problemas de la eurozona ni menguan su gravedad y potencial destructivo.
Tras las grandes palabras, unos acuerdos bien orientados pero muy limitados
La cumbre ha aprobado una hoja de ruta
de fortalecimiento de la unidad europea, plagada de menciones a la unión
bancaria, fiscal y hasta política que son poco más que una declaración
de intenciones. Faltan la letra pequeña y la letra grande. Y está por
ver la voluntad política y el ritmo con el que esas intenciones acaben
concretándose en medidas listas para ser aplicadas.
El mayor logro conseguido por Rajoy,
gracias al apoyo de Monti y Hollande, es la recapitalización directa de
los bancos españoles en apuros, sin que el Estado haga de intermediario
obligado y, como consecuencia, sin que los préstamos recibidos engrosen
la deuda pública española. La dinámica de contagio de los problemas de
financiación de bancos y emisores soberanos se debilita, pero no
desaparece.
La canciller alemana impuso que la
recapitalización directa de los bancos entre en vigor tras el
establecimiento de una supervisión única y efectiva del sistema bancario
europeo liderada por el BCE. No se sabe si la imposición de Merkel
pretende retrasar la recapitalización directa de los bancos españoles o
forzar la aceptación rápida de una supervisión bancaria europea. Aún no
está claro si la recapitalización directa será efectiva antes de que
acabe el año o, en caso de que se alargue el proceso, tendrá carácter
retroactivo para los préstamos europeos que se concedan a unos bancos
españoles que no pueden esperar mucho tiempo a ser recapitalizados.
La cuantía y las condiciones de la ayuda
financiera a los bancos españoles las decidirá el Eurogrupo en su
reunión del próximo 9 de julio. Y esas condiciones estrictas serán
específicas para cada entidad pero afectarán también, que nadie lo dude,
a todo el sector bancario y al conjunto de la economía española. La
austeridad se hará aún más severa y se aprobarán nuevos recortes de
gastos, inversiones y bienes públicos y más presión tributaria sobre las
rentas de la mayoría que generarán más obstáculos a la actividad
económica y provocarán mayor malestar social y más sufrimientos para los
grupos sociales de menor renta.
El segundo gran logro de Monti y Rajoy
consiste en que el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) y el
Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) puedan comprar deuda pública en
el mercado secundario con el objetivo de reducir los inasumibles costes
financieros que pagan ahora España e Italia y menguar hasta niveles
aceptables la dichosa prima de riesgo. El problema es que dado el
pequeño tamaño relativo de esos fondos, en relación con el tamaño de las
deudas públicas española e italiana, no podrían asegurar una compra
masiva de la deuda pública de estos países. En todo caso, hasta que esa
utilización flexible de los fondos de rescate (FEEF y MEDE) se ponga en
marcha, la gestión de cualquier crisis de liquidez o un nuevo
incremento insoportable de los intereses que deban ofrecer España e
Italia para financiar sus respectivas deudas públicas quedan en las
inseguras manos del BCE.
Si es necesario, el BCE volverá a
comprar en el mercado secundario deuda pública española e italiana, como
ya ha hecho en anteriores episodios agudos de crisis para relajar la
presión de los mercados e impedir la implosión del euro; pero los
problemas estructurales de la eurozona son otros y no tienen arreglo con
la garantía de compra de deuda pública con fondos europeos. Tal compra
es imprescindible para reducir durante unos meses o semanas los tipos de
interés y los consiguientes agobios para financiarse que sufre España,
pero no sirve para resolver los problemas productivos de carácter
estructural que debe afrontar la economía española y que son la causa de
fondo que determina las diferencias en los tipos de interés que
soporta.
La compra de deuda pública con fondos
comunitarios tampoco permite sortear la urgente y decisiva tarea de
superar las debilidades e incoherencias institucionales que contribuyen a
multiplicar la heterogeneidad productiva entre los socios de la
eurozona y provocan graves fracturas que no pueden ser tratadas con los
actuales y muy insuficientes mecanismos de cohesión y mutualización de
la deuda.
La fuerte heterogeneidad en las
especializaciones productivas que existe en la eurozona y las
consiguientes divergencias y desigualdades entre las economías más
avanzadas que obtienen superávit por cuenta corriente y las economías
desindustrializadas y deficitarias del sur de la eurozona no pueden, con
el actual diseño institucional de la eurozona, sino aumentar y terminar
impidiendo que compartan el euro.
¿Una nueva dinámica en la eurozona?
La otra gran medida aprobada en la
cumbre guarda relación con el compromiso de Hollande de completar las
políticas de austeridad con un impulso de la reactivación económica que
impida que la recesión haga totalmente ineficaces y contraproducentes
los recortes encaminados a equilibrar las cuentas públicas.
Tras la ruptura del dúo Merkozy forzada
por las urnas, Merkel pierde protagonismo y cede un poco de terreno a
Hollande y Monti. La situación aparece más abierta que antes. El relato
convencional de la crisis deja de estar monopolizado por la austeridad y
aparece un nuevo y aún débil hilo argumental que señala la necesidad de
impulsar la actividad económica y el empleo; pero aún falta mucho para
poder hablar de una nueva dinámica en la eurozona o de una nueva fase en
la gestión de la crisis menos marcada por la obsesión del equilibrio
presupuestario y el dogma de la austeridad.
Lo mejor que puede decirse sobre las
medidas de reactivación económica aprobadas es que son muy
insuficientes. Se habla de la creación de un fondo para estimular el
crecimiento en el conjunto de la UE que, al modo utilizado por el Gran
Capitán para justificar sus gastos, podría alcanzar una cuantía de
120.000 millones de euros. Si fuera así, tal cuantía apenas supondría un
0,9% del PIB de la UE y superaría en poco los 100.000 millones
ofrecidos para recapitalizar a los bancos españoles. Lo peor es que, en
realidad, los nuevos fondos movilizados para ser inyectados en las
economías europeas apenas alcanzarían los 15.000 millones de euros. El
ruido de las declaraciones a favor de nuevos recursos financieros para
estimular el crecimiento se concreta en un minúsculo esfuerzo inversor.
El desglose de esos fondos destinados a
estimular la economía proporciona algo más de información. La medida más
importante consiste en aumentar en 10.000 millones el capital del Banco
Europeo de Inversiones (BEI) para favorecer un incremento de su
capacidad de financiación en 60.000 millones. Otros 55.000 millones se
conseguirían mediante una reasignación de fondos estructurales no
utilizados. Y, por último, 5.000 millones de euros serían aportados por
inversores privados (que completarían una aportación inicial comunitaria
de 230 millones de euros) en el marco de lanzamiento de una fase piloto
de la nueva figura de los “project bonds” que pretende captar capital
privado emitiendo obligaciones comunes de varios países europeos con
objeto de financiar determinadas infraestructuras europeas.
El discurrir de la crisis de la eurozona
va a seguir determinado por las políticas de austeridad y una estricta
disciplina presupuestaria sostenida en un mayor control y supervisión de
las cuentas públicas y del sector bancario y en la amenaza cierta de
unos mercados en permanente acecho para captar signos de debilidad y de
unas sanciones comunitarias que agravarán la situación de los socios
incapaces de cumplir sus compromisos en materia de equilibrio
presupuestario y consolidación fiscal. La eurozona seguirá caminando a
la pata coja, con la única pierna de la austeridad a la que se añade, a
partir de esta cumbre, el precario apoyo prestado por un pequeño paquete
de estímulo del crecimiento.
Subordinada a la austeridad y al
servicio de la aceptación social de nuevos recortes y más sacrificios,
se abre una pequeña vía que pretende impulsar el crecimiento. Antes que
una nueva dinámica caracterizada por la complementariedad entre
políticas de austeridad y de reactivación económica, los líderes
europeos echan unas gotas de aceite para estimular la actividad
económica que dan la impresión de que se toma nota del fracaso de las
políticas de austeridad y de que algo comienza a moverse en Europa.
Las nuevas medidas de estímulo pueden
contribuir en algo a impedir la intensificación de la actual fase
recesiva, pero su objetivo central parece más orientado a posibilitar
una mejor aceptación social de las insufribles e ineficaces medidas de
austeridad que van a seguir imponiéndose en toda la UE y, especialmente,
a los países del sur de la eurozona. Y, al tiempo, facilitan la rápida
aprobación de una supervisión europea que no contará con ninguna
legitimidad democrática en su labor de asegurar una inspección bancaria
que hasta ahora realizaban los bancos centrales nacionales. Las
políticas de rigor presupuestario aprobadas por los gobiernos seguirán
aplicándose al pie de la letra, bajo la estricta supervisión de
instituciones comunitarias, al margen de la valoración de sus resultados
que haga la ciudadanía y de lo que puedan decidir con posterioridad las
urnas.
¿Más Europa?
Tras la cumbre europea, sigue faltando
un mínimo acuerdo en torno a cualquiera de los varios instrumentos de
mutualización de la deuda pública que han barajado las instituciones y
los líderes europeos. Su aprobación es imprescindible para alejar la
posibilidad de implosión de la eurozona. Además, sigue siendo
prioritario revertir un deterioro de la actividad económica que impide
el aumento de los ingresos públicos, la mejora de las cuentas públicas y
el necesario incremento de las inversiones destinadas a modernizar las
estructuras productivas de las economías periféricas y a generar empleo
neto.
No hay, tampoco, ningún elemento
concreto que permita cimentar las bases de una unión fiscal. Por eso
resultan tan extrañas las piruetas que dan algunos analistas al
confundir el primer y limitado paso para aprobar una supervisión
bancaria europea con el resto de mecanismos que aún faltan para
construir una unión bancaria: un fondo europeo de garantía de depósitos y
una estructura común de liquidación y saneamiento de bancos
insolventes. Apenas se han producido algunas balbuceantes e imprecisas
declaraciones a favor de una unión bancaria sin mayores precisiones
sobre los pasos que aún faltan para lograrla, por mucho que dicha unión
bancaria resulte imprescindible para mejorar la gestión de la eurozona.
Y qué decir del triple salto mortal que
se atreven a dar los publicistas que suponen que la futura puesta en pie
de una incipiente supervisión europea conducirá inevitablemente a la
unión fiscal, pese a los evidentes rechazos que despierta en los grupos
dirigentes europeos, y a una unión política que está a años luz del
horizonte que contemplan la mayoría de las fuerzas políticas y buena
parte de la ciudadanía europea. Hablar de una hoja de ruta de una unión
económica y política en las actuales condiciones y tomando como base los
acuerdos de la última cumbre europea es poco más que insustancial
cháchara y nada añade a la comprensión de las medidas adoptadas en la
cumbre o, menos aún, de la equivocada gestión de la crisis de la
eurozona en la que siguen empeñadas las instituciones europeas.
Merkel y las fuerzas conservadoras que
dominan la gestión de los asuntos comunitarios y marcan el paso y los
destinos de la UE también pretenden más Europa y una mayor integración
de las economías comunitarias mediante la instauración de mayores
niveles de competencia entre los socios y nuevos avances en la
liberalización de los mercados, sin contar con más apoyo regulador que
el sacrosanto dogma del equilibrio presupuestario y, para los socios
incumplidores, un régimen sancionador estricto. Cumplidas las anteriores
condiciones y al final de un recorrido que garantizaría y consolidaría
la hegemonía alemana en la UE y el predominio de los intereses del gran
capital europeo, Alemania y el bloque de poder que lidera podrían
admitir los eurobonos y hasta podrían estar dispuestos a reconsiderar
algunas de las líneas principales de su actual estrategia para salir de
la crisis.
No se sabe si en los planes de Merkel y
la Comisión Europea de reforzamiento de esta UE marcada por los dogmas
ultraliberales entra una Grecia que da testimonio diario y muestra de
forma irrefutable los límites y la ineficacia de las políticas de
austeridad impuestas y las formas insolidarias, antisociales y
escasamente democráticas que presiden la gestión de los rescates
financieros. Pero más allá de la crisis, lo que Grecia revela es la
precariedad de una construcción europea basada exclusivamente en las
oportunidades que brindan el crecimiento económico, la moneda única y
una confianza ciega en las virtudes de unos mercados liberados de todo
tipo de restricciones o regulación.
Han sido el euro y la unión monetaria,
no la crisis, las que han impulsado la fuerte heterogeneidad productiva
que existe hoy en la eurozona y la disparidad en las especializaciones
productivas que han consolidado la insostenible división entre países
con déficits exteriores estructurales y países con superávits. La crisis
ha permitido poner de manifiesto que la unión monetaria no puede
mantenerse sin solidaridad entre los socios y sin instituciones y fondos
federales adecuados para corregir con transferencias de renta los
déficits estructurales de algunos socios.
La izquierda puede reivindicar más
Europa como vía para solucionar la crisis, pero haría bien en
desmarcarse y precisar que sus propuestas de más Europa nada tienen que
ver con las intenciones e imposiciones de Merkel, que pretende
condicionar cualquier avance del proyecto europeo a su percepción de lo
que entiende como intereses nacionales alemanes y que cuando se refiere a
la necesidad de reforzar el proyecto de unidad europea está en realidad
hablando de más sanciones, más órganos supervisores y sostenedores de
los dogmas ultraliberales, más competencia entre los socios y menos
garantías en la oferta de bienes públicos, menos protección social y
menos derechos laborales y sociales.
Y al tiempo que clarifica sus ideas
sobre lo que significa su reivindicación de más Europa, la izquierda
debería proponer un proyecto solidario y federal de construcción de la
unidad europea basado en, al menos, cuatro aspectos que forman parte de
su razón de ser: primero, una mayor cohesión social y territorial;
segundo, más democracia, transparencia y control de la ciudadanía sobre
los órganos de poder nacionales y comunitarios; tercero, más políticas
cooperativas y de apoyo mutuo para corregir las deficiencias de la
oferta productiva de los socios menos avanzados; y cuarto, más
presupuesto común para financiar los objetivos y políticas en los que se
concretaría ese proyecto europeo solidario.
Gabriel Flores
EconoNuestra
